Financiación climática

Se necesitan recursos financieros e inversiones sólidas para hacer frente al cambio climático, tanto para reducir las emisiones como para promover la adaptación a los efectos que ya se están produciendo y fomentar la resiliencia. Sin embargo, los beneficios que derivan de estas inversiones superan cualquier coste inicial de forma drástica.

Los estudios e informes realizados antes de la pandemia de la COVID-19 mostraron que las inversiones en la acción climática bastarían para desarrollar una economía sostenible. Según los datos de octubre de 2019 del Banco Mundial , el mundo necesitará hacer en los próximos 15 años una inversión significativa en infraestructura cercana a los 90 billones de dólares estadounidenses para 2030. Pero puede recuperar esas inversiones. Se sabe que la transición a una economía ecológica puede abrir nuevas oportunidades económicas y de empleo. Una inversión de 1 dólar estadounidense, de media, se traduce en 4 dólares de beneficios.

El informe de New Climate Economy, publicado en 2018, revela que una acción climática audaz podría producir una ganancia económica directa de 26 billones de dólares estadounidenses hasta el año 2030, en comparación con la situación actual, siendo esta una estimación conservadora.

La COVID-19 no ha detenido el cambio climático y, aunque la pandemia produjo una disminución de las emisiones, la caída fue temporal y las emisiones han vuelto a subir hasta, más o menos, los niveles previos a la pandemia; un hecho que conduciría a aumentos de la temperatura mundial muy superiores a los 1,5 °C del Acuerdo de París, y que causaría grandes impactos devastadores.

Las decisiones de inversión ahora determinarán si creamos o destruimos la riqueza y las posibles vías hacia la prosperidad. Cada vez está más claro que el mundo no puede afrontar la quema de todas sus reservas de combustibles fósiles si queremos tener éxito en la limitación del cambio climático a niveles sostenibles y habitables. La realidad económica a largo plazo es que solo una fracción de las reservas probadas de combustibles fósiles puede ser quemada si queremos mantener el aumento de la temperatura en 1,5 °C.

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Esta transición requerirá políticas que conduzcan a los países hacia la neutralidad del carbono mucho antes de 2050. Esta es la razón por la que el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha establecido seis áreas prioritarias para la acción climática durante la fase de recuperación de la COVID-19, incluidas las siguientes: invertir en puestos de trabajo dignos; no realizar rescates a empresas contaminantes; suspender los subsidios a los combustibles fósiles; poner fin a la inversión en centrales eléctricas de carbón y a su construcción; tener en cuenta los riesgos y oportunidades climáticos en todas las decisiones financieras y políticas; aumentar la cooperación internacional; y garantizar una transición justa que no deje a nadie atrás.

Esto plantea la cuestión de los activos que se abandonarán mucho antes de la fecha prevista de jubilación y que no producirán los rendimientos esperados. Ya se están cerrando las minas de carbón a medida que el precio del carbón se encarece en comparación con las fuentes de energía renovables. La sustitución de los 500 gigavatios de capacidad de carbón más caros por energía solar y eólica reduciría los costes anuales hasta en 23.000 millones de dólares estadounidenses al año y daría lugar a un estímulo por valor de 940.000 millones de dólares estadounidenses, es decir, alrededor del 1 % del producto interno bruto mundial.

 

El objetivo del Acuerdo de París es movilizar la financiación para el clima

Los países reconocieron la necesidad de una financiación específica para el clima en el Acuerdo de París, en el que se pide que «las corrientes de financiación sean coherentes con una vía hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima».

Además de reducir las emisiones, al hacer más resiliente la infraestructura se evitan reparaciones costosas y se reducen al mínimo las consecuencias de gran alcance de los desastres naturales en los medios de vida y el bienestar de las personas, en particular las más vulnerables, así como en las empresas y las economías. Además, un cambio a economías resilientes y de bajo contenido de carbono podría crear más de 65 millones de nuevos empleos netos en todo el mundo hasta 2030.

Los esfuerzos realizados en el marco del Acuerdo de París se basan en el objetivo de hacer que las corrientes financieras sean coherentes con una vía hacia la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y un desarrollo resiliente al clima. La evaluación de los progresos en la prestación y movilización de apoyo también forma parte del balance mundial en virtud del Acuerdo. El Acuerdo de París también hace hincapié en la transparencia y la mayor previsibilidad del apoyo financiero.

En el propio Acuerdo se exige una implementación que refleje «la equidad y el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas, y capacidades respectivas, a la luz de las diferentes circunstancias nacionales».

La respuesta a la crisis climática requiere la acción colectiva de todos los países, ciudades, actores financieros, empresas y ciudadanos particulares. Entre esos esfuerzos concertados, los países desarrollados se comprometieron a movilizar conjuntamente 100 000 millones de dólares estadounidenses anuales para 2020, procedentes de diversas fuentes, para abordar la urgente necesidad de mitigación y adaptación de los países en desarrollo.

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Los Gobiernos también llegaron al acuerdo de que una parte importante de la nueva financiación multilateral, de varios miles de millones de dólares, debería canalizarse a través del Fondo Verde para el Clima. En la primera conferencia de reposición del Fondo, celebrada en octubre de 2019, los dirigentes demostraron una gran confianza en la capacidad del Fondo Verde para el Clima (GCF) para apoyar a los países en desarrollo en la elaboración y ejecución de ambiciosos planes de acción sobre el clima, conocidos como Alianza para las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN). El Fondo también tiene el mandato esencial de mantener un equilibrio uniforme entre la mitigación y la adaptación en su cartera, y de hacer participar al sector privado a través de su Servicio para el Sector Privado para movilizar la financiación privada hacia inversiones resilientes y de bajo carbono.

Pero ese equilibrio ha sido difícil de lograr hasta ahora. La financiación para la adaptación sigue constituyendo solo un pequeño porcentaje de la financiación para el clima en general. La iniciativa Climate Policy Initiative señaló en su informe 2019 Climate Finance Landscape que la gran mayoría de la financiación que se rastrea sigue fluyendo hacia las actividades de mitigación. Aunque la financiación anual para la adaptación alcanzó un promedio de 30.000 millones de dólares estadounidenses en 2017/2018, solo representó el 5 % de los flujos de financiación. A su vez, la financiación con beneficios tanto de mitigación como de adaptación fue del 2,1 % (de la cual la mayor parte se destinó a proyectos hídricos) del total (en comparación con el 93 % de los flujos para la mitigación). Además, la adaptación representó solo el 0,1 % de los flujos privados rastreados en el informe Landscape y, también, representa un pequeño porcentaje de la cartera del sector privado del GCF.

Estas tendencias se producen a pesar de las pruebas relativas al valor de la adaptación. La Comisión Mundial sobre la Adaptación, por ejemplo, estimó que la inversión de 1,8 billones de dólares estadounidenses de 2020 a 2030 podría generar 7,1 billones de dólares estadounidenses en beneficios netos totales en cinco áreas: sistemas de alerta temprana, infraestructura resiliente frente al clima, mejora de la producción agrícola de las tierras secas, protección mundial de los manglares y recursos hídricos más resilientes.

Para asegurar que se den pasos decisivos hacia la descarbonización y el desbloqueo de las inversiones en adaptación y resiliencia, los Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) y las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) deben adoptar medidas urgentes para, además de establecer objetivos de financiación climática, alinear todas las carteras con el Acuerdo de París y revelar el riesgo climático.

 

Un aumento del interés del sector privado

Ha aumentado el interés de las empresas y de algunos grandes inversores por adoptar planes comerciales sostenibles que sean compatibles con un futuro aumento de solo 1,5 °C gracias a que los órganos decisorios han reconocido las enormes oportunidades de crecimiento que presenta la transición mundial a una economía descarbonizada para 2050. Sin embargo, se necesita un progreso mucho más amplio y el recorrido de las empresas y los inversores, en total, está solo en sus primeras etapas.

Los principales fondos de pensiones y empresas de inversión, que reconocen que sus carteras están ahora más alineadas con un aumento futuro de 3,5 °C, están empezando a moverse en todos los niveles al trabajar con los gestores de activos y las empresas de sus carteras para descarbonizar y alinearse con los objetivos netos de valor cero.

Los esfuerzos para lograr que el sector privado participe en el cumplimiento de los objetivos de París están cobrando impulso. Una iniciativa propuesta durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática de 2019, la Alianza Net Zero Asset Owner, convocada por las Naciones Unidas, incluye en la actualidad a miembros que poseen aproximadamente 5 billones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión y demuestra que el número de agentes financieros dispuestos a «predicar con el ejemplo» va en aumento. La Alianza cuenta ahora con 29 miembros, entre los que se encuentran los fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos soberanos de inversión, y está trabajando en metodologías sustanciales para alinear las carteras con los objetivos netos de valor cero de París.

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Además, se necesitan medidas decisivas por parte de los inversores para utilizar su poder de voto en las empresas de las carteras y apoyar sistemáticamente las resoluciones sobre el clima en las juntas de accionistas para acelerar el proceso de descarbonización.

Los inversores también deberían añadir una prueba para «no causar daño» para garantizar que las inversiones contribuyan de manera efectiva a los objetivos climáticos, como propuso la Unión Europea en su reciente plan de recuperación.

Todavía se subestiman los riesgos

Muchos inversores, tanto los bancos como las empresas, siguen subestimando los riesgos del cambio climático y siguen adoptando decisiones poco previsoras para ampliar la inversión en activos de alto contenido de carbono. Una de las principales formas de romper el vínculo entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la actividad económica es cambiar la combinación de la oferta de energía, y pasar de los combustibles fósiles a las fuentes de energía renovable.

La identificación y gestión de los riesgos y oportunidades climáticos sigue siendo una tarea fundamental para fomentar un crecimiento con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. Los marcos de divulgación y presentación de informes sobre los riesgos climáticos, como el Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información relacionada con el Clima (TCFD por sus siglas en inglés), constituyen un marco sólido para que los agentes financieros y las empresas de la economía real aborden los riesgos climáticos y se beneficien de las oportunidades que ofrece la transición a economías con bajas emisiones de carbono y resilientes al clima.

Un nuevo sistema financiero para hacer frente a los riesgos climáticos

Según el enviado especial de las Naciones Unidas para la financiación del clima, Mark Carney, que hasta hace poco era gobernador del Banco de Inglaterra, se está construyendo lentamente un sistema financiero nuevo y sostenible que proporcionará financiación para las iniciativas e innovaciones del sector privado, que a su vez tiene el potencial de amplificar la eficacia de las políticas climáticas de los Gobiernos. Esto incluye el creciente esfuerzo por incluir los riesgos climáticos en la toma de decisiones, como el TCFD.

«Pero la tarea es grande, la ventana de oportunidad es corta, y los riesgos son existenciales» explicó. Y añadió: «Como prácticamente todo lo demás en la respuesta al cambio climático, el desarrollo de esta nueva financiación sostenible no se está moviendo lo suficientemente rápido como para que el mundo llegue al cero neto».

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Aunque marcos como el TCFD siguen siendo voluntarios, será esencial nivelar el terreno de acción mediante una reglamentación sustantiva sobre la divulgación y la notificación de los riesgos climáticos, de manera que se asegure que las diferencias de capacidad entre los países se reconozcan y se aborden debidamente.

El reto sigue siendo evitar la proliferación de normas y alentar a las autoridades financieras y a los reguladores a que colaboren para garantizar una reglamentación coherente y cohesionado. La Red para la Ecologización del Sistema Financiero reúne a bancos centrales, reguladores financieros y autoridades con el fin de mejorar el papel del sistema financiero en la gestión de riesgos y la movilización de capital para inversiones hacia inversiones resilientes y de bajo carbono.

Las pérdidas causadas por los activos bloqueados pueden poner en peligro la estabilidad financiera. Si las estimaciones son más o menos correctas, Carney dijo que «la gran mayoría de las reservas como el petróleo, el gas y el carbón quedarían "bloqueadas" y que serían, literalmente, imposibles de quemar ya que no se dispondría de la cara tecnología de captura de carbono, que por sí misma altera la economía de los combustibles fósiles».

"La inversión en soluciones climáticas con cero emisiones netas crea valor y recompensas"

Mark Carney Portrait

En una entrevista reciente, el Enviado Especial de la ONU para la Acción Climática y la Financiación, Mark Carney, habló de cómo la financiación privada está cada vez más alineada con la consecución de emisiones netas de gases de efecto invernadero.

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