El 50º aniversario del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ambos aprobados en 1966, es un momento idóneo para analizar el progreso realizado en materia de promoción de los derechos humanos y examinar la eficacia general del Consejo de Seguridad a la hora de protegerlos.

Las Naciones Unidas se crearon en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial con el objetivo principal de salvaguardar la paz y la seguridad en el mundo. Desde sus inicios, los fundadores eran conscientes de la estrecha relación existente entre la paz y los derechos humanos, puesto que únicamente en un contexto de paz sería posible que los seres humanos disfrutaran plenamente de sus derechos. Las personas no debían volver a verse perseguidas por las atrocidades, ni volver a ser víctimas de políticas tan genocidas como las que habían devastado sociedades de toda Europa.

La batalla que deben librar las mujeres en la actualidad no debería tener una meta personal, sino que debería liberar a las sociedades del miedo, la pobreza y la tiranía. La promoción y la protección de los derechos humanos, la libertad y la democracia son la vía adecuada para que las mujeres logren la igualdad de derechos.

Para lograr un mundo realmente justo e igualitario, se requiere una cultura de respeto y entendimiento mutuo. Un mundo interconectado requiere unas normas de comunicación que sean respetadas por todos. Tenemos un largo camino por recorrer para conseguir este objetivo.

En la actualidad existe una amplia estructura mundial para evaluar, vigilar y denunciar violaciones de los derechos humanos, que abarca desde la labor de los expertos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos, hasta el examen periódico universal del historial de derechos humanos de todos los países realizado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos.

Los derechos humanos han sido el agente de cambio más importante en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente desde el final de la Guerra Fría en 1989. En este artículo, explicaré el efecto que han tenido estos dos Pactos en el logro de los derechos humanos en todo el mundo, así como los próximos pasos que deben darse en un momento en que el sistema de derechos humanos se encuentra en una situación complicada.

Los refugiados se han visto obligados a dejar su hogar, todo lo que les era conocido, y se les ha despojado de todo lo que tenían, y ahora luchan por encontrar cualquier tipo de conexión con su tierra natal. A través del idioma y de la cultura, se aferran a los recuerdos de los seres queridos y los familiares que han perdido la vida. Cuando todo a su alrededor sigue cambiando, los refugiados solo pueden pedir que, en su corazón, sigan siendo la misma persona.

Durante el último decenio hemos aprendido que la acción colectiva y coordinada puede influir de manera decisiva. El próximo período de aplicación del principio de la responsabilidad de proteger debe basarse en los avances concretos ya realizados, y extraer las lecciones aprendidas en iniciativas de protección previas. Esta intensificación de nuestro compromiso colectivo garantizará que el principio siga inspirando y catalizando la acción, además de ofrecer una protección más eficaz para todas las poblaciones.

Para lograr los objetivos loables y ambiciosos previstos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en materia de salud antes de que se celebre su 100º aniversario, se requieren esfuerzos mucho más enérgicos y creativos para garantizar que todos los niños y jóvenes disfruten realmente del “más alto nivel posible de salud física y mental” durante toda su vida.

Fue con el objetivo de cumplir este compromiso por lo que, el 9 de diciembre de 1948, un día antes de que se aprobara la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Asamblea General aprobó la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. La aprobación de esta Convención estuvo llena de simbolismo, y reafirmó la gravedad de este delito. Pero también fue más allá. Demostró el deseo de la comunidad internacional de garantizar tanto la prevención del genocidio como el castigo de sus perpetradores en aquellos casos en los que no fuera posible evitarlo. La Convención definió “genocidio” como todo acto perpetrado “con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”.