Tal y como señaló en 2008 Navi Pillay, la entonces Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es probable que la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, un documento breve de 30 artículos, haya sido el documento de la historia moderna que más impacto haya tenido para la humanidad.
Hace medio siglo, en diciembre de 1966, las Naciones Unidas tradujeron oficialmente las promesas retóricas de esta Declaración en obligaciones jurídicamente vinculantes al aprobar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Desde entonces, las labores mundiales destinadas a realizar un seguimiento y un control de las violaciones de los derechos humanos han aumentado exponencialmente.
Sin embargo, los abusos de derechos siguen siendo un fenómeno generalizado. Ahora que el sistema de derechos humanos basado en tratados celebra su 50º aniversario, ¿cómo podemos conciliar una estructura mundial para el seguimiento de las violaciones de derechos cada vez más sofisticada con la realidad de los abusos manifiestos que se producen constantemente en todo el mundo? ¿Está pasando el sistema por la crisis de los 50?
Parece que algunos Gobiernos se basan en sistemas totalmente contrarios a los derechos humanos individuales básicos. Los demagogos se aprovechan de la inquietud general, alimentan las divisiones y justifican políticas que violan los derechos como medidas necesarias para responder a la amenaza del terrorismo, reducir el consumo de drogas o frenar la migración. Y los abusos se intensifican en tiempo de guerra. En febrero de 2016, la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Árabe Siria informó sobre la tortura en masa de detenidos políticos llevada a cabo por el Gobierno sirio. La Comisión sobre los Derechos Humanos en Sudán del Sur, tras realizar en diciembre una visita a dicho país, concluyó que la violencia sexual había alcanzado dimensiones épicas.
Si bien Navi Pillay, en su declaración de 2008, auguraba el desarrollo de un sistema de derechos humanos basado en las normas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos actual, Zeid Ra’ad Al Hussein, ha manifestado inquietud por su erosión. “[L]os paladines del bien y la justicia se ven superados, en demasiados países, por fanáticos racistas que tratan de obtener el poder o de retenerlo mediante el uso de los prejuicios y el engaño, a expensas de los más vulnerables”, advirtió en el discurso pronunciado en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Refugiados y los Migrantes de septiembre de 2016.
El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, ha ido incluso más lejos y ha afirmado que, si bien las Naciones Unidas fueron creadas para evitar la guerra al unirnos a todos en el marco de un orden internacional basado en normas, en la actualidad ese orden se encuentra gravemente amenazado.
Es difícil no preocuparse si tenemos en cuenta que uno de los Gobiernos de los Estados Unidos de América aceptó la tortura, que en la campaña presidencial llevada a cabo recientemente en dicho país se explotó el odio y la intolerancia y que los partidos políticos nativistas ejercen una influencia cada vez mayor en Europa. Estos sucesos han hecho que el sistema de derechos humanos en su totalidad se encuentre en peligro. Cuando un ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura pidió recientemente a las autoridades de Gambia un permiso para visitar sus cárceles, la respuesta fue “¿Por qué no va a Guantánamo?”.
Sin embargo, es importante recordar que, al firmar y ratificar estos dos Pactos complementarios e interconectados, Gobiernos de todo el mundo se comprometieron a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos fundamentales e inalienables de todas las personas. Al adherirse a estos dos documentos, los líderes aceptaron rendir cuentas en función de las expectativas de sus propios ciudadanos, pero también en virtud del rasero de la comunidad internacional. El sistema internacional de seguimiento y control de la situación de los derechos humanos ofrece un instrumento importante para que los Gobiernos respeten este compromiso. De hecho, en los cuatro decenios que han trascurrido desde que los Pactos entraron en vigor en 1976, los mecanismos mundiales empleados para evaluar la situación en materia de derechos humanos se han convertido en parte integrante del panorama internacional.
En la actualidad existe una amplia estructura mundial para evaluar, vigilar y denunciar violaciones de los derechos humanos, que abarca desde la labor de los expertos de los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Comité de Derechos Humanos, hasta el examen periódico universal del historial de derechos humanos de todos los países realizado recientemente por el Consejo de Derechos Humanos.
En el plano regional, en Europa, América Latina y África existen mecanismos análogos para responsabilizar a los Estados en caso de que no cumplan sus obligaciones. Los activistas sudaneses han logrado presentar denuncias contra su Gobierno ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En julio de 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que Polonia debía pagar 100.000 euros a dos hombres como indemnización por el papel desempeñado en su detención arbitraria y tortura dentro de su territorio a manos de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos.
A nivel nacional, existen instituciones de derechos humanos, como la Comisión de Derechos Humanos de Australia y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica, que ayudan a integrar la protección y la promoción de los derechos humanos. Los tribunales nacionales, como el Tribunal Supremo de la India y el Tribunal Constitucional Federal de Alemania, también se han basado en las obligaciones internacionales fijadas en los Pactos para elaborar su propio razonamiento jurídico con miras a favorecer y ampliar la protección de los derechos humanos en el marco de sus sistemas nacionales.
Tal vez el avance más importante, incluso a nivel local, sea que los debates sobre derechos humanos se han convertido en un elemento habitual. La familia de Michael Brown, un hombre negro no armado que fue asesinado por un agente de policía en los Estados Unidos, decidió presentar una declaración escrita sobre la muerte de su hijo al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. Todos los grupos indígenas, como los u’wa de Colombia, las Primeras Naciones del Canadá y los ogoni de Nigeria, han adoptado el marco de derechos humanos para promover sus causas. Eleanor Roosevelt tiene una famosa cita que dice: “En definitiva, ¿dónde empiezan los derechos humanos universales? En sitios pequeños, cerca de casa, tan pequeños y tan cercanos que no aparecen en ningún mapa del mundo [...]. Si estos derechos no tienen ningún significado en esos lugares, no lo tendrán en ningún otro. A menos que la ciudadanía actúe con interés para defenderlos cerca de casa, buscaremos en vano su progreso en el resto del mundo”.
No cabe duda de que la defensa y la práctica del seguimiento de los derechos humanos se han convertido en un fenómeno arraigado, pero los Gobiernos abusivos también son cada vez más adeptos a aprovechar, manipular y explotar el sistema en beneficio propio.
Las empresas, a pesar de no estar directamente obligadas a cumplir los Pactos, tienen la responsabilidad de defender y proteger los derechos humanos. En algunos casos, el hecho de que una empresa domine las normas de responsabilidad social empresarial y trabaje con comodidad en el marco de esta estructura puede ayudarle a protegerse frente a denuncias justificadas. La Corporación Financiera Internacional (IFC), es decir, la rama del Grupo Banco Mundial encargada de los préstamos al sector privado, invirtió millones en el sector del té de la India a través del Grupo Tata, a pesar de que existían preocupaciones graves sobre la situación laboral y de derechos humanos existente en las plantaciones beneficiarias de la inversión.
Posteriormente, una investigación sobre el cumplimiento demostró que la IFC se había fiado demasiado de la reputación del Grupo Tata y de su intención declarada de cumplir las normas de certificación externas en lugar de realizar un examen independiente de las preocupaciones relacionadas con el medio ambiente y los derechos humanos, aunque la política de la IFC exigiera supervisión. Parece que, al menos en este caso, las salvaguardias incluidas en los sistemas de diligencia debida de la IFC se evadieron a través de una retórica sobre el cumplimiento que desmentía la realidad. Sucede lo mismo en el plano intergubernamental. Cuando la Arabia Saudita se presentó a las elecciones del Consejo de Derechos Humanos de 2013, su Gobierno prometió “[a]poyar a los órganos y mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y cooperar de forma constructiva con ellos, especialmente con el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos subsidiarios”. A modo de respuesta, Human Rights Watch y Amnistía Internacional pidieron a la Asamblea General de las Naciones Unidas que suspendiera la pertenencia de la Arabia Saudita al Consejo al señalar las violaciones de los derechos humanos manifiestas y sistemáticas que había cometido mientras era miembro de dicho órgano, e hicieron hincapié en que se había aprovechado de su condición de miembro para evitar rendir cuentas de sus violaciones en el Yemen.
Quienes hacen abuso de poder no necesitan formar parte de órganos mundiales para beneficiarse de la cobertura diplomática que ofrece el sistema. En el marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, la República Popular Democrática de Corea se ha protegido de las críticas por su terrorífico historial de derechos humanos. En diciembre de 2016, en respuesta a una solicitud presentada por nueve miembros del Consejo para que simplemente se organizara un debate sobre la situación de los derechos humanos en este país, un miembro permanente del Consejo obligó a que se realizara una votación de procedimiento sobre esta cuestión, argumentando que el Consejo de Seguridad no era un foro de debate para cuestiones de derechos humanos, y mucho menos para su politización. La oposición a este diálogo sobre derechos humanos ha limitado su seguimiento en el marco del Consejo de Seguridad a una sola sesión anual, y ha impedido todo tipo de resultado oficial.
Si bien resulta fundamental contar con un sistema de seguimiento basado en los tratados, la creación de normas tiene sus límites si no se tiene la firme determinación de aplicarlas. Los Estados que han ratificado los Pactos tienen la responsabilidad conjunta de evitar la erosión de estos principios fundamentales obligando a los Estados que cometen abusos a rendir cuentas y tendiendo puentes entre sus divisiones regionales y políticas, con miras a hacer frente a cuestiones generales como la migración, la lucha contra el terrorismo y el aumento de la xenofobia.
Al reflexionar sobre el sistema de derechos humanos basado en tratados ahora que cumple 50 años, se concluye claramente que la construcción de una estructura sofisticada para el seguimiento y el control de las violaciones de los derechos humanos no bastará para poner fin a estos abusos. Hay demasiados lugares en los que la teoría simplemente no coincide con la realidad. Después de colaborar con el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas durante un período de sesiones y de responder a las preguntas sobre las denuncias de actos de tortura cometidos por sus funcionarios, la delegación de Burundi no se presentó a la segunda reunión, en la que estaba previsto que facilitara respuestas. En su lugar, envió una nota verbal en la que reiteraba su deseo de cooperar con los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos y afirmaba que resultaba contraproducente realizar acusaciones de la forma en que lo había hecho el Comité. En otros lugares, se hace caso omiso de las recomendaciones de los expertos de los órganos creados en virtud de los tratados. A pesar de que los activistas sudaneses lograron presentar una denuncia y consiguieron que la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos dictara un fallo al respecto, todavía no se ha aplicado.
Parece que algunos de estos agentes que abusan de su poder no tienen escrúpulos e incluso intentan reafirmarlo aprovechando las condenas formuladas por el sistema internacional de derechos humanos para fines de adhesión, o utilizan su famosa brutalidad para lograr supuestos efectos disuasorios. No obstante, si no existieran estos sistemas de seguimiento y vigilancia de los abusos, las esperanzas de justicia y rendición de cuentas serían incluso más débiles. Si no se tomaran medidas para reunir pruebas e identificar comportamientos abusivos que violen las obligaciones internacionales, las víctimas no tendrían vías de reparación.
A pesar de su imperfección, el simple hecho de realizar un seguimiento de los abusos y de llamarlos por su nombre tiene un poder innegable.
Para obtener más información sobre Human Rights Watch, visite https://www.hrw.org/es.
