Seis medidas favorables para el clima que ayudan a reconstruir las economías tras la pandemia de COVID-19

La COVID-19 ha tenido un efecto devastador en la vida y el trabajo de la gente. Mientras los Gobiernos destinan cantidades ingentes de dinero a la recuperación de la recesión económica causada por el coronavirus, el Secretario General ha sostenido que debemos lograr empleos y empresas nuevos por medio de una transición limpia y verde.

Se espera que la economía mundial caiga casi un 3,2 % este año, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que constituiría la mayor contracción de la actividad económica desde la Gran Depresión y un revés considerablemente más grave que la crisis financiera mundial de 2008-2009. Solo en 2020, millones de personas (entre 35 y 60 millones) podrían verse abocadas a la pobreza extrema, lo que supondría una reversión de la tendencia de descenso mundial que ha predominado durante más de 20 años. Se calcula que unos 1.600 millones de personas que trabajan en el sector informal, por ejemplo, muchas personas de la denominada “economía de ocupaciones transitorias”, correrán el riesgo de perder sus medios de subsistencia y muchas carecerán de acceso a cualquier clase de protección social.

El Secretario General puso de relieve las opciones ante los Gobiernos, al asegurar que podemos volver a donde nos encontrábamos o invertir en un futuro mejor y más sostenible; y que podemos invertir en combustibles fósiles, cuyos mercados son volátiles y cuyas emisiones dan lugar a una contaminación atmosférica letal, o podemos invertir en energía renovable, que es fiable, limpia e inteligente desde el punto de vista económico.

La transición a una economía de emisiones netas de valor cero producirá muchos más empleos nuevos, que también son más saludables y seguros que los trabajos en el sector de los combustibles fósiles. Según los hallazgos de la Organización Internacional del Trabajo (OIL), la acción climática, con un enfoque centrado en el sector energético, puede generar 24 millones de empleos nuevos para 2030. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que se podrían crear 9 millones de empleos al año durante los próximos tres años con las inversiones apropiadas en energía sostenible. El informe New Nature Economy reveló que un nuevo modelo económico basado en el trabajo con la naturaleza, en lugar de en contra de ella, podría generar hasta 10,1 billones de dólares en concepto de valor empresarial anual, además de crear 395 millones de empleos para 2030.

Hoy en día, aproximadamente 1.200 millones de trabajos, es decir, el 40 % del empleo total, depende de un medio ambiente saludable, al mismo tiempo que 44 billones de dólares de valor económico añadido, más de la mitad del producto interno bruto (PIB) total del mundo, dependen de forma moderada o alta de la naturaleza. Por ejemplo, la producción agrícola depende en gran medida de la polinización por parte de las abejas, en especial las frutas, las verduras, los cultivos de fibra y los frutos secos. Sin su contribución, nuestra capacidad de producir una cantidad suficiente de alimentos se vería gravemente obstaculizada.

El costo de las medidas climáticas ambiciosas se suele definir como una barrera para la acción, aunque los costos humanos y económicos de la pasividad son considerablemente más elevados. Por ejemplo, está previsto que el estrés térmico reduzca el horario de trabajo total en todo el mundo en un 2,2 % y el PIB mundial en 2,4 billones de dólares de los Estados Unidos en 2030. El gasto público en esferas clave puede ayudar a impulsar el crecimiento económico y del empleo, y reducir al mismo tiempo los efectos del clima. Entre las esferas listas para estas inversiones se encuentran las siguientes:

 

  1. Investigación y desarrollo para ayudar a las economías rurales a poner en práctica la agricultura sostenible, la regeneración de los ecosistemas o la aceleración de las instalaciones de energía renovable.
  2. Inversiones en infraestructura, que engloban desde activos de energía renovable (almacenamiento, hidrógeno sostenible y modernización de la red) a asistencia de salud y atención social, vivienda social y economía digital.
  3. Edificios que sean eficientes desde el punto de vista energético, como renovaciones y reconversiones con mejores sistemas de aislamiento, calefacción y almacenamiento doméstico de energía.
  4. Educación y capacitación con el objeto de ayudar a las personas que han perdido su trabajo por causa de la COVID-19 a encontrar otro empleo remunerado y de abordar los cambios estructurales necesarios para descarbonizar la economía.
  5. Inversión en la naturaleza en aras de la regeneración y la resiliencia de los ecosistemas, por ejemplo, restauración de hábitats ricos en carbono y agricultura inocua para el clima.
  6. Inversión en la naturaleza en aras de la regeneración y la resiliencia de los ecosistemas, por ejemplo, restauración de hábitats ricos en carbono y agricultura inocua para el clima.

Según declaró António Guterres, si el dinero de los contribuyentes se utiliza para rescatar empresas, debe crear empleos verdes y un crecimiento sostenible e inclusivo. No se debe emplear para rescatar a industrias obsoletas, contaminantes e intensivas en carbono.

Las empresas que entienden los riesgos del cambio climático para sus beneficios y que son capaces de encontrar oportunidades de reorientarse hacia modelos sostenibles de negocio probablemente sean más sostenibles en el plano financiero que otras y generarán más valor para sus accionistas, sus clientes y sus comunidades. En los últimos diez años, las empresas con actividades verdes han registrado una mayor rentabilidad que las acciones ligadas a combustibles fósiles, al mismo tiempo que las compañías con carteras más sólidas en términos ambientales, sociales y de gobernanza empresarial han resistido constantemente las crisis mejor que las carteras convencionales en los mercados financieros, cuyos resultados han superado.

La financiación gubernamental duradera, en forma de subsidios directos u otras formas de apoyo financiero, como garantías de crédito, debería, por tanto, estar supeditada a unos compromisos climáticos claros por parte de las empresas. Como mínimo, los “rescates” públicos podrían implicar determinadas obligaciones para las empresas. Podrían incluir la obligación de presentar declaraciones sobre los riesgos financieros relacionados con el clima, así como la obligación de fijar metas iniciales de descarbonización claramente definidas para 2030, de conformidad con un objetivo de emisiones netas de valor cero para 2050. Además, las empresas que reciban dinero de los contribuyentes deberían contar con un plan de inversión que describa cómo contribuirán las inversiones nuevas a su trayectoria de reducción de las emisiones.

En sectores clave con grandes cantidades de emisiones, se pueden poner en práctica determinadas medidas para mejorar las condiciones de los trabajadores y ayudar a poner a las empresas en el camino de las bajas emisiones de carbono. Por ejemplo, el apoyo al sector de las aerolíneas podría estar condicionado al compromiso de utilizar un combustible más sostenible en la aviación, o el apoyo a las actividades manufactureras con gran consumo de energía podría estar supeditado al compromiso de comprar el 100 % de la energía de fuentes renovables.

Según la AIE, en 2019 se destinaron 320.000 millones de dólares de los Estados Unidos a subsidios para combustibles en el plano mundial. De ellos, 150.000 millones de dólares de los Estados Unidos se destinaron a subvencionar productos del petróleo, 115.000 millones de dólares de los Estados Unidos a electricidad, 50.000 millones de dólares de los Estados Unidos a gas natural y 2.500 millones de dólares de los Estados Unidos a carbón. Estas estimaciones no representan íntegramente todas las demás formas de apoyo con financiación pública de este sector, además de los subsidios directos. En pocas palabras, esto quiere decir que el dinero que tanto les ha costado ganar a los contribuyentes se emplea para mejorar la rentabilidad de empresas multimillonarias. Por ello, el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido reiteradamente a los Gobiernos que apliquen impuestos a quienes contaminan, no a las personas.

La puesta en marcha de una reforma de la tarificación del carbono y de los subsidios a los combustibles fósiles puede desempeñar una función importante para impulsar los ingresos públicos o hacer un uso mejor del gasto. Los programas de tarificación del carbono, que tratan de velar por que el precio de los combustibles fósiles refleje su auténtico costo, incluidas las emisiones, generaron alrededor de 44.000 millones de dólares de ingresos públicos en 2018, según el Banco Mundial.

Al crear nuevas fuentes de financiación pública, la tarificación del carbono puede ayudar a los Gobiernos a invertir más en otras esferas prioritarias, como la atención sanitaria, la educación o la infraestructura, y a garantizar una transición justa de la fuerza de trabajo. Por ejemplo, los trabajadores cuyos empleos podrían verse afectados por una transición a un mundo alimentado por energía sostenible, como los que trabajan en la industria de los combustibles fósiles, no se deben dejar atrás. Por el contrario, deben recibir apoyo para encontrar nuevas y mejores oportunidades generadoras de ingresos.

Numerosos países están tomando medidas para reducir los subsidios a los combustibles fósiles, incluidos muchos países en desarrollo. Nigeria, por ejemplo, ha reformado hace poco su marco de subsidios a los combustibles fósiles..

En los últimos meses, los mercados de petróleo y gas han registrado una caída sin precedentes de la demanda, lo que, sumado a una guerra de precios, situó el precio del barril por debajo del punto de equilibrio para muchos productores. Por consiguiente, posiblemente los precios del carbón, el petróleo y el gas sigan siendo bajos en el futuro próximo. Esta situación brinda a los Gobiernos la oportunidad de eliminar de manera gradual los subsidios a los combustibles fósiles y acelerar la transición de la industria ligada a dichos combustibles.

En los países productores de petróleo y gas y las economías ricas en carbón, se podrían invertir de manera provechosa los estímulos fiscales en una primera fase de eliminación gradual de los activos menos competitivos, en una diversificación de la economía y en medidas de apoyo para los trabajadores y las regiones a los que afectará la transición.

La acción climática debe convertirse en el centro de atención, tanto para los Gobiernos como para las empresas. Las empresas y los inversores inteligentes ya están empezando a valorar mejor los riesgos climáticos. Sin embargo, los Gobiernos deben hacer más.

Según transmitió el Secretario General a los ministros, la crisis de la COVID-19 está teniendo efectos devastadores debido a nuestros errores del pasado y del presente.

Algunos de estos errores son no habernos tomado lo suficientemente en serio los Objetivos de Desarrollo Sostenible, desoír las advertencias acerca de los daños que estamos infligiendo a nuestro medio natural y asumir los riesgos de las perturbaciones climáticas. Según el Secretario General, toleramos desigualdades en el plano nacional e internacional que dejaron a miles de millones de personas a una sola crisis de distancia de la pobreza y la ruina financiera; no invertimos lo suficiente en resiliencia, es decir, en cobertura sanitaria universal, educación de calidad, protección social, agua potable y saneamiento; y todavía tenemos que enderezar los desequilibrios de poder que hacen que las mujeres y las niñas sean siempre las más afectadas por las crisis.

A fin de evaluar la envergadura de los riesgos relacionados con el clima para el sistema financiero, es necesario desarrollar nuevas herramientas analíticas que, por ejemplo, incorporen escenarios climáticos a las “pruebas de resistencia” habituales. Las autoridades reguladoras ya realizan pruebas de resistencia para evaluar la resiliencia y la fortaleza de las instituciones bancarias en situaciones adversas.

Los bancos centrales y los supervisores financieros deben velar por que los riesgos relacionados con el clima se integren correctamente en los procedimientos de gestión de riesgos y las estrategias de las distintas instituciones financieras. Si bien la declaración voluntaria de los riesgos ligados al clima conforme a las directrices del Equipo de Tareas sobre la Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima constituye un primer paso necesario, es cada vez más urgente que se convierta en un requisito obligatorio para fortalecer y sistematizar la integración de esos riesgos. Las instituciones financieras deben entender mejor los riesgos relacionados con el clima y tomarlos en consideración en sus procedimientos de gestión de riesgos y sus decisiones de inversión, así como en sus estrategias a más largo plazo. Los cambios en las políticas climáticas, las tecnologías nuevas y el aumento de los riesgos físicos darán lugar a nuevas evaluaciones de los valores de casi todos los activos financieros, y las empresas que ajusten sus modelos de negocio a la transición hacia un mundo de emisiones netas de valor cero serán recompensadas, mientras que las que no consigan adaptarse serán fuertemente sancionadas.

Ha habido un incremento del interés por parte de las empresas en la adopción de metas con fundamento científico y planes de negocio sostenibles que sean compatibles con un escenario de calentamiento de 1,5 °C, aunque con algunas excepciones notables; los mercados y las principales instituciones financieras todavía tienen que tomarse en serio los riesgos relacionados con el clima.

 

Al igual que el coronavirus, los gases de efecto invernadero no entienden de fronteras. Ningún país ni ninguna empresa puede prosperar por sí solo. El Acuerdo de París se basa en la cooperación entre los países. Las emisiones de cualquier lugar nos afectan a todos en todas partes, de modo que es imprescindible que los países colaboren para reducir las emisiones, aumentar la resiliencia y mitigar los peores efectos del cambio climático. En el Acuerdo de París, se reconoció que no todos los países disponen del mismo acceso a la misma tecnología y los mismos recursos financieros. En particular, los países de ingreso bajo y mediano que menos han contribuido al problema a menudo necesitan asistencia de los países de mayores ingresos para desarrollar fuentes de energía renovables más limpias y verdes, junto con medidas que les permitan adaptarse a los efectos del cambio climático. La asistencia internacional es fundamental para garantizar el desarrollo sostenible.

La cooperación internacional y el multilateralismo también son esenciales para la recuperación de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19. La mayoría de los países han sufrido un descenso de sus ingresos y, de forma simultánea, un aumento de los gastos debido a la pandemia. Para muchas economías en desarrollo, esto conlleva un aumento de la deuda pública y del déficit. La presión ejercida sobre los Gobiernos, sobre todo en los países en desarrollo, en lo que respecta al servicio de estas deudas externas cada vez mayores limita su capacidad de poner en marcha medidas normativas que promuevan las inversiones en activos sostenible productivos (como energía renovable o soluciones de transporte sostenibles). Es necesario hacer frente a esta crisis generalizada de la deuda soberana a fin de crear el margen fiscal y normativo necesario para que los Gobiernos inviertan en una recuperación sólida, descarbonizada, justa y resiliente.

Los bancos públicos de desarrollo de todo el mundo, en los planos nacional, regional y multilateral, tendrán que trabajar juntos para ayudar a los países a encontrar y financiar actividades con bajas emisiones de carbono y una productividad elevada y a diseñar políticas industriales apropiadas para ampliar sus recursos en infraestructura sostenible, así como para respaldar una transición justa para los trabajadores y las comunidades. Asimismo, serán esenciales a la hora de proporcionar financiación para aumentar la resiliencia y ayudar a los países a adaptarse al cambio climático.

Los efectos del cambio climático ya se están notando en todos los países, aunque no afectan a todas las personas del mismo modo. El cambio climático está perjudicando sobre todo a las personas más pobres y vulnerables, muchas de las cuales son mujeres. Se trata de personas que viven en zonas sujetas a inundaciones o al aumento del nivel del mar, o que son las más afectadas por el estrés térmico o la escasez de agua. En 2019, los fenómenos meteorológicos extremos y los desastres naturales causaron el desplazamiento del triple de personas que la guerra. Más del 95 % de los desplazamientos se debieron a peligros relacionados con el clima, como tormentas e inundaciones.

El apoyo a las iniciativas de adaptación, como protección contra crecidas y carreteras y edificios resilientes, y la mejora de la resiliencia de las comunidades deben constituir una prioridad en los paquetes de recuperación. Por ejemplo, los programas de obra pública diseñados para proporcionar ingresos a los hogares de renta baja podrían dar prioridad a los proyectos que brindan beneficios secundarios de adaptación, por ejemplo, protección contra inundaciones o incendios, restauración de ecosistemas o riego por goteo.

La transición hacia una economía neutra en carbono también podría afectar de manera negativa a las personas que se ganaban la vida en las industrias altamente contaminantes, que además son muy perjudiciales para la salud de las personas, como la minería del carbón. Por eso, necesitamos una transición justa que vele por las oportunidades de empleo de todas las personas. Por otra parte, las medidas encaminadas a encarar el cambio climático no deben crear costos nuevos para aquellas personas que no pueden sufragarlos, sin apoyo gubernamental para asumir dichos costos. Los costos de la lucha contra el cambio climático deben recaer en los responsables de la contaminación.

Las medidas destinadas a limitar el cambio climático son medidas destinadas a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos Objetivos se aplican a todos los países y a todas las personas. Todavía hay posibilidades de alcanzar esos Objetivos si los Gobiernos, las empresas, las ciudades, la sociedad civil y todos y cada uno de nosotros nos movilizamos plenamente para exigir resultados ya y pedir que nadie se quede atrás.