El Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al Terrorismo de 2026 llega en un momento particularmente significativo para las Naciones Unidas. Este año se cumplen 10 años desde el lanzamiento del Plan de Acción del Secretario General para Prevenir el Extremismo Violento y dos décadas desde la adopción de la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo (EGCT).
Mientras los Estados Miembros de las Naciones Unidas se preparan para el noveno examen de la Estrategia, estos hitos ofrecen una oportunidad oportuna para reflexionar sobre una premisa central que ha guiado los esfuerzos de la Organización: las medidas de prevención a largo plazo deben abordar las condiciones que conducen al terrorismo, garantizando al mismo tiempo el pleno respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la buena gobernanza.
Esta premisa conlleva una implicación importante: la prevención requiere un compromiso nacional sostenido. Ninguna iniciativa multilateral, por robusta que sea, puede sustituir a las políticas impulsadas a nivel nacional, arraigadas en las realidades locales y propiedad de las comunidades a las que pretenden servir. Cuando los Estados lideran con decisión —alineando instituciones, recursos y voluntad política— los esfuerzos de prevención pueden tener un impacto real.
La prevención como imperativo de gobernanza y desarrollo
En todas las regiones, el surgimiento del extremismo violento ha estado estrechamente vinculado a los déficits de gobernanza; la fragmentación social; y las limitadas oportunidades económicas y cívicas, particularmente para los jóvenes. Las desigualdades persistentes, la discriminación, la corrupción, la debilidad en la prestación de servicios y los agravios no resueltos crean condiciones en las que las narrativas extremistas violentas pueden resonar, especialmente en medio de crecientes conflictos y emergencias relacionadas con el clima.
Dentro del marco de la EGCT, esta dimensión de gobernanza se refleja más claramente en el Pilar I de la Estrategia, que insta a los Estados Miembros a abordar las condiciones que conducen a la propagación del terrorismo. En la práctica, esto requiere construir instituciones receptivas y responsables; asegurar que los sectores de justicia y seguridad operen de acuerdo con los derechos humanos; ampliar el liderazgo y la participación de los jóvenes y las mujeres; y salvaguardar el espacio cívico. Requiere además la inversión en enfoques de consolidación de la paz —diálogo, reconciliación, desarrollo impulsado por la comunidad y protección social— que reduzcan las vulnerabilidades y amplíen las vías para la inclusión y la dignidad.
Al mismo tiempo, la implementación del Pilar I es inseparable de los principios de derechos humanos y el estado de derecho establecidos en el Pilar IV. La experiencia ha demostrado que las medidas contra el terrorismo que infringen los derechos o discriminan a las comunidades corren el riesgo de socavar su legitimidad y alimentar los mismos agravios que el extremismo violento explota. Los enfoques que involucran a toda la sociedad y la gobernanza basada en los derechos, anclada en el debido proceso, la rendición de cuentas y el acceso a la justicia, son, por tanto, indispensables para una prevención sostenible.
Centrar a las víctimas y las obligaciones de protección por parte del Estado
Las víctimas del terrorismo deben permanecer en el corazón de los esfuerzos de prevención. Sus voces y experiencias resaltan tanto los profundos costos humanos del terrorismo como las obligaciones de los Estados de proteger a quienes se encuentran bajo su jurisdicción. En virtud del derecho internacional de los derechos humanos, los Estados tienen deberes positivos de tomar medidas razonables para prevenir la violencia terrorista, proteger a las personas en riesgo y asegurar que las víctimas reciban justicia, reparaciones y servicios de apoyo que defiendan su dignidad.
Cumplir con estas obligaciones requiere más que responder tras los ataques. Implica fortalecer las capacidades de alerta temprana, invertir en sistemas de protección que no sean discriminatorios y estén centrados en la comunidad, y asegurar que las instituciones puedan actuar de manera efectiva manteniendo la confianza pública. También significa involucrar a las víctimas como socios cuyas perspectivas informen el diseño de estrategias nacionales, marcos legales y programas de prevención.
Contribuciones de la Oficina de Lucha contra el Terrorismo: innovación, redes y apoyo basado en evidencia
La Oficina de Lucha contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (OLCT) apoya a los Estados Miembros en la construcción de estrategias de prevención lideradas a nivel nacional y basadas en los derechos, que estén coordinadas, informadas por evidencia y alineadas con los cuatro pilares de la EGCT, incluidas las medidas bajo el Pilar II para prevenir y combatir el terrorismo y bajo el Pilar III para fortalecer las capacidades de los Estados. A través de su Programa Global de Prevención y Lucha contra el Extremismo Violento, la OLCT asiste a los gobiernos en la adopción de enfoques integrados que involucren a toda la sociedad, informados por las mejores prácticas globales y la experiencia técnica.
Reconociendo la rápida evolución de los entornos digitales, la Oficina también ha ampliado su trabajo sobre tecnologías emergentes, incluida la inteligencia artificial, las plataformas en línea y los espacios de juego. En respuesta, la OLCT colabora con desarrolladores, educadores y expertos en seguridad digital para promover la seguridad por diseño, elevar el contenido positivo y mejorar la alfabetización digital, garantizando al mismo tiempo estrictas salvaguardias de derechos humanos.
El Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando conduzca al Terrorismo de 2026, bajo el lema “Prevenir el extremismo violento en la era de las nuevas tecnologías y las tecnologías emergentes”, proporciona un recordatorio oportuno de por qué este trabajo es importante. Si bien las nuevas tecnologías ofrecen oportunidades significativas para fortalecer las estrategias de prevención y avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también son explotadas cada vez más por actores terroristas para difundir narrativas dañinas, facilitar el reclutamiento y la radicalización, y aumentar las vías hacia la violencia. La OLCT tiene como objetivo ayudar a los Estados Miembros y socios a aprovechar estas herramientas de manera responsable y asegurar que las nuevas tecnologías y las tecnologías emergentes contribuyan a la paz, la inclusión y la resiliencia.
Fortalecimiento de la coherencia a través del Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista de las Naciones Unidas
El Pacto Mundial de Coordinación de la Lucha Antiterrorista, un marco de coordinación que abarca a todo el sistema de las Naciones Unidas y reúne a docenas de entidades de las Naciones Unidas y socios, continúa sirviendo como base para la coherencia en todos los esfuerzos de las Naciones Unidas para prevenir y combatir el extremismo violento que conduce al terrorismo (PCVE, por sus siglas en inglés). A través de su Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre PCVE —copresidido por la OLCT, la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo— el Pacto ha ayudado a integrar la prevención del extremismo violento en los compromisos de desarrollo, consolidación de la paz, derechos humanos y acción humanitaria.
Un compromiso renovado con la prevención del extremismo violento que conduce al terrorismo
A medida que la EGCT se somete a su noveno ciclo de revisión, se necesita un compromiso global renovado. La prevención del extremismo violento cuando conduzca al terrorismo es una responsabilidad soberana y una inversión esencial en la paz y la estabilidad a largo plazo. Si bien las Naciones Unidas están listas para asistir, el liderazgo nacional sigue siendo indispensable.
Tres prioridades deben definir el camino a seguir:
- Reafirmar la prevención del extremismo violento como una responsabilidad nacional anclada en los cuatro pilares de la EGCT, incluidos los compromisos con los derechos de las víctimas.
- Fortalecer las estrategias de PCVE de propiedad nacional y con base local, apoyadas por un financiamiento predecible y la participación inclusiva de las comunidades, las mujeres y los jóvenes.
- Mejorar la coherencia e innovación del sistema de las Naciones Unidas para asegurar que el apoyo refuerce, en lugar de reemplazar, las capacidades nacionales y la resiliencia ante el terrorismo y el extremismo violento.
Diez años después de la introducción del Plan de Acción del Secretario General, el imperativo de prevenir el extremismo violento sigue siendo tan urgente como siempre. La prevención es un trabajo a largo plazo que requiere compromiso político, inclusión y confianza, pero también es el camino más sostenible hacia la paz, la seguridad y la protección y el empoderamiento de las generaciones futuras.
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