Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización
F. Promoción de la justicia y el derecho internacional
La Corte Penal Internacional en La Haya, creada para juzgar los crímenes de lesa humanidad, sentencia al antiguo dirigente militar congoleño Germain Katanga a 12 años de prisión por crímenes de guerra en la zona oriental de la República Democrática del Congo. Foto: ICC-CPI
La promoción de la justicia internacional y del estado de derecho es de suma importancia para la labor de la Organización en sus tres pilares fundamentales. Otra prioridad radica en adoptar un enfoque coordinado en todo el sistema para evaluar la eficacia del apoyo que presta el sistema de las Naciones Unidas para promover el estado de derecho en situaciones de conflicto y posteriores a un conflicto.
La labor de reforma del sector de la seguridad y desarme, desmovilización, reintegración y rehabilitación de excombatientes que realizan las operaciones de mantenimiento de la paz sigue contribuyendo a la pronta consolidación de la paz y al fortalecimiento del estado de derecho en entornos posteriores a un conflicto. Sin embargo, los logros conseguidos en un primer momento en esos ámbitos deben consolidarse en cuanto se empiece a reducir la presencia de mantenimiento de la paz con actividades de estabilización a más largo plazo emprendidas por el sistema de las Naciones Unidas en general y otros asociados que puedan presentar ventajas comparativas. Llevar a cabo actividades complementarias bien planificadas dotadas de recursos suficientes en la fase de transición sigue siendo un elemento importante de la estrategia de salida de toda operación de mantenimiento de la paz que requiere el compromiso político y los recursos adecuados en aras de afianzar lo conseguido en las fases iniciales.
La célula conjunta mundial de coordinación de los aspectos policiales, judiciales y penitenciarios del estado de derecho en situaciones posteriores a los conflictos y otras situaciones de crisis ha logrado notables progresos en la prestación de asistencia en materia de estado de derecho en entornos posteriores a conflictos. La concepción de la célula conjunta mundial se basa tanto en una visión estratégica común como en las necesidades concretas de las misiones sobre el terreno: aúna a todo el sistema de las Naciones Unidas para sacar el máximo partido de los recursos, aprovechar las ventajas comparativas y evitar las duplicaciones en pos del objetivo común de fortalecer el estado de derecho.
Los tribunales especiales y los tribunales a los que las Naciones Unidas prestan asistencia han seguido contribuyendo a luchar contra la impunidad y promover la rendición de cuentas por los delitos más graves. En septiembre de 2013, la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial para Sierra Leona 
confirmó la condena del ex Presidente de Liberia, Charles Taylor, por complicidad y colaboración necesaria en la planificación y la comisión de crímenes internacionales. En 2013, el Tribunal Penal Internacional para Rwanda concluyó las actividades de primera instancia en sus causas sustantivas, lo que constituye un gran paso adelante de cara a su cierre, previsto en un futuro próximo. El Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia siguió adelante con las actuaciones de importantes juicios contra altos cargos políticos y militares. Las salas especiales de los tribunales de Camboya prosiguieron con las actuaciones judiciales contra los principales dirigentes del Khmer Rouge que aún viven y el Tribunal Especial para el Líbano trabajó para preparar el comienzo de los juicios de sus procesos más importantes hasta la fecha, que finalmente se iniciaron en enero de 2014.
Las Naciones Unidas han seguido promoviendo la rendición de cuentas por los delitos internacionales graves y abogando por la ratificación universal del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional 
. La Corte dictó su tercer fallo, en el que declaró culpable de cuatro crímenes de guerra y un crimen de lesa humanidad al exdirigente de un grupo rebelde de la República Democrática del Congo, Germain Katanga.
Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el genocidio y otras violaciones graves de los derechos humanos que constituyen delitos graves en virtud del derecho internacional socavan los cimientos mismos del estado de derecho a nivel tanto internacional como nacional. Si bien la Corte Penal Internacional se estableció para investigar y enjuiciar este tipo de delitos, la responsabilidad primordial al respecto sigue correspondiendo a los Estados Miembros. Por consiguiente, seguimos dando gran prioridad a las actividades que contribuyen a aumentar la capacidad nacional para luchar contra l a impunidad de esos delitos, en consonancia con las obligaciones derivadas del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y de los refugiados, y a que se ofrezcan vías de recurso y reparación a las víctimas.
La Organización ha seguido apoyando las iniciativas de los Estados Miembros para reforzar el régimen jurídico de los océanos recogido en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar . Los océanos han ocupado un lugar destacado en la labor del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en la labor preparatoria de la tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo . También se ha pedido a la Organización que apoye importantes iniciativas regionales, como la Estrategia Marítima Integrada de África para 2050, aprobada en febrero de 2014.
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