Desde que escuchamos hablar de la COVID-19 por primera vez, hace ya nueve meses, la pandemia se ha cobrado la vida de más de un millón de personas y ha infectado a más de 30 millones en 190 países. El número de infecciones sigue aumentando y existen preocupantes indicios de nuevas oleadas.
Seguimos sin conocer a fondo el virus, pero hay algo que sí está claro: no estábamos preparados.
La pandemia ha dejado en evidencia sistemas de salud totalmente inadecuados, enormes brechas en materia de protección social y grandes desigualdades estructurales entre los países y dentro de ellos.
Todos debemos extraer arduas enseñanzas de esta crisis.
Una de ellas es que no invertir lo suficiente en salud puede tener un efecto devastador en las sociedades y las economías.
Esta enorme brecha en la cobertura sanitaria es uno de los motivos por los que la COVID-19 ha causado tanto dolor y sufrimiento.
La pandemia le está costando a la economía mundial 375.000 millones de dólares al mes. Hasta el momento se han perdido unos 500 millones de puestos de empleo. El desarrollo humano va en retroceso por primera vez desde 1990, cuando comenzamos a medirlo.
La COVID-19 ha demostrado que la cobertura sanitaria universal, unos sistemas de salud pública robustos y la preparación para emergencias son fundamentales para las comunidades, las economías y todas las personas.
Este es el contexto en el que se enmarca el informe de políticas que presentamos hoy.
Al menos la mitad de la población mundial no tiene acceso a los servicios de salud que necesita. Unos 100 millones de personas caen en la pobreza cada año por tener que afrontar unos gastos sanitarios catastróficos.
Esta enorme brecha en la cobertura sanitaria es uno de los motivos por los que la COVID-19 ha causado tanto dolor y sufrimiento.
Para lograr la cobertura sanitaria universal, los gobiernos deben aumentar la inversión en bienes públicos para la salud, como la vigilancia y la comunicación de riesgos, para que no volvamos a afrontar esta situación nunca más.
También es necesario que los programas de salud pública sean inclusivos y equitativos y que no impongan obstáculos económicos. Recibir tratamiento médico no debería estar supeditado al estatus económico.
Todos los países se han comprometido a trabajar para lograr la cobertura sanitaria universal en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
No obstante, no podemos esperar diez años. Necesitamos ya la cobertura sanitaria universal, que incluya la salud mental, para reforzar la lucha contra la pandemia y prepararnos para futuras crisis.
Esa es una de las cinco recomendaciones principales que figuran en este informe de políticas.
La segunda es frenar la transmisión de la COVID-19 mediante medidas de salud pública de eficacia demostrada y una respuesta mundial coordinada.
La tercera es proteger la prestación de otros servicios de salud durante la pandemia. De manera indirecta, la COVID-19 está matando a personas con cardiopatías y cáncer, además de a quienes infecta. Asimismo, el acceso a servicios de salud mental y programas de salud sexual y reproductiva no puede verse comprometido.
La cuarta es asegurar que todas las personas, independientemente de dónde vivan, tengan acceso a vacunas, pruebas y tratamientos relacionados con la COVID-19. Financiar el innovador Acelerador ACT es el modo más rápido de poner fin a la pandemia.
La quinta es fortalecer la preparación, para lo cual hay que implicar a todos los sectores de la sociedad e invertir en sistemas de alerta que desencadenen la acción de las autoridades sanitarias.
La preparación para una pandemia y la respuesta a ella son bienes públicos mundiales que requieren una inversión a gran escala.
La cobertura sanitaria universal no es gratis, pero cuesta poco en comparación con la alternativa.
Insto a que, con efecto inmediato, se aceleren e incrementen las inversiones en la cobertura sanitaria universal y en sistemas de salud más robustos.
