La cooperación Sur-Sur ha sido una iniciativa clave de los países en desarrollo cuyo objeto es contribuir al logro del desarrollo económico y social de sus naciones y pueblos mediante el establecimiento de vínculos económicos y técnicos entre sí.
Los intercambios y las rutas de comunicación que unían la región austral se remontan hasta la antigüedad, pero la cooperación entre los países en desarrollo como proceso organizado es mucho más reciente y data de hace unos 5 o 6 decenios.
A este respecto, el Grupo de los 77, fundado en 1964 con ocasión de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) como mecanismo de negociación con el Norte en lo relativo a cuestiones económicas, se convirtió en la principal expresión de los países en desarrollo para promover la cooperación Sur-Sur con la aprobación en 1981 del trascendental Programa de Acción de Caracas, que llevó el concepto de la autosuficiencia colectiva a una fase operativa. Este concepto había sido formulado originalmente en 1970 por el Movimiento de los Países No Alineados.
A pesar de que con anterioridad a la aprobación del Programa de Acción de Caracas se habían acordado diversos programas de cooperación y de que estos se habían aplicado en distintas medidas por parte de agrupaciones subregionales, regionales e interregionales de países en desarrollo, el Programa de Acción de Caracas parece sintetizar el gran proyecto de cooperación Sur-Sur que se había venido gestando en todos los debates entre estos países y constituye el marco más apropiado y natural para la cooperación.
El Programa de Acción de Caracas identifica una serie de medidas prioritarias en las esferas del comercio, la tecnología, la alimentación y la agricultura, la energía, las materias primas, las finanzas, la industrialización y la cooperación técnica. En el Programa las medidas de estos sectores van acompañadas de la adopción de un conjunto de mecanismos sin precedente en la historia de la cooperación Sur-Sur, relativos a la coordinación, supervisión, seguimiento y evaluación, y que tienen por objeto proporcionar una base operacional y asegurar la aplicación eficaz del Programa. Estas medidas prioritarias se ampliaron con posterioridad en otros encuentros del Grupo, en especial en el Programa de Acción de La Habana aprobado en la primera Cumbre del Sur del Grupo de los 77, celebrada en el año 2000.
Las medidas de cooperación identificadas en el Programa de Acción de Caracas requerían apoyo financiero y a tal fin el Grupo de los 77 presentó la resolución 38/201, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1983, que dispuso la liquidación del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para Operaciones de Emergencia y la asignación del saldo restante. Tal como indicaba la resolución, el 12% del saldo se asignaba "a las actividades de cooperación económica y técnica entre los países en desarrollo de una importancia fundamental para estos países, de acuerdo con las prioridades establecidas por ellos".
Con el fin de canalizar estos recursos, en 1984 se creó un fondo fiduciario administrado directamente por el Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Su actividad fue limitada hasta 1986, año en el que, en la Conferencia de Alto Nivel sobre Cooperación Económica entre los Países en Desarrollo celebrada en El Cairo, se acordaron las principales características necesarias para iniciar las operaciones del Fondo, entre las que se incluía la definición de sus objetivos y de los criterios para la selección de proyectos, así como los arreglos operacionales para la presentación, evaluación y aprobación de las propuestas de proyectos. En la reunión de El Cairo se decidió que el Fondo llevase el nombre del difunto Manuel Pérez-Guerrero, por lo que en 1986 se convirtió formalmente en el Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero de Cooperación Económica y Técnica entre Países en Desarrollo, mediante la decisión 41/457 de la Asamblea General. Este Fondo recibió en 2011 la nueva denominación de Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero para la Cooperación Sur-Sur, mediante la decisión 66/549 de la Asamblea General.
El Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero se creó con un capital básico inicial de 5 millones de dólares de los Estados Unidos con la condición de que solamente se pudieran emplear para apoyar los proyectos los intereses devengados del Fondo, con el fin de preservar intacto el capital básico. En sus 27 años de funcionamiento, ha demostrado ser un mecanismo útil para proporcionar un apoyo financiero catalizador a las actividades de cooperación Sur-Sur de acuerdo con las prioridades establecidas por el Grupo de los 77. Hasta la fecha, ha asignado 12,4 millones de dólares en apoyo a 253 proyectos que han supuesto la participación directa de 124 países miembros del Grupo de los 77 y la participación colectiva de todos sus miembros. Los proyectos aprobados han abordado todas las cuestiones prioritarias identificadas en el Programa de Acción de Caracas, se han aplicado en todos los niveles geográficos —subregionales, regionales e interregionales— y han involucrado a numerosas instituciones del sur; a saber: 94 instituciones nacionales y 38 instituciones regionales e internacionales han tenido la responsabilidad primordial de la aplicación de los proyectos, y un número significativamente mayor de instituciones han participado en los proyectos o se han beneficiado de ellos, aunque no hayan tenido la responsabilidad primordial de su aplicación.
El Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero en un principio se concibió para funcionar únicamente sobre la base de los intereses devengados sobre el capital básico inicial, pero la considerable reducción de los tipos de interés que comenzó a principios de la década de 2000 y que se ha acentuado en los últimos años exigía tomar medidas para ampliar los recursos del Fondo. En 1997 se emprendió una campaña prolongada de recaudación de fondos que ha permitido preservar la capacidad de respuesta del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero, complementando los intereses devengados con las contribuciones de los países miembros del Grupo de los 77 y de las instituciones internacionales, y aumentando el efecto multiplicador de sus recursos mediante la financiación conjunta con otras instituciones. Hasta la fecha, los países miembros han contribuido con más de 1,8 millones de dólares y en los últimos 5 años los recursos adicionales movilizados aumentaron en un 75% los recursos disponibles procedentes de los intereses devengados del capital básico inicial.
Yo he tenido el privilegio de participar en los trabajos preparatorios y en las negociaciones que dieron lugar a la aprobación del Programa de Acción de Caracas en 1981 y, posteriormente, a la aplicación de una serie de medidas prioritarias identificadas en dicho Programa, así como durante toda la existencia del Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero, que abarca desde 1987 hasta la fecha, en calidad de Presidente del Comité de Expertos del Fondo y de Presidente del Fondo. De acuerdo con mi experiencia personal, son muchas y muy importantes las lecciones que se pueden extraer de estos dos relevantes mecanismos.
El Programa de Acción de Caracas y las decisiones posteriores tomadas por el Grupo en los encuentros de seguimiento y, particularmente, durante la primera Cumbre del Sur celebrada en La Habana constituyen una prueba fehaciente de la capacidad del Grupo de los 77 para identificar y acordar las cuestiones más fundamentales que se pueden abordar a través de la cooperación Sur-Sur, para identificar nuevas esferas de cooperación y para actualizar y ampliar las medidas prioritarias ya identificadas, en respuesta a la evolución de las circunstancias y a las necesidades de desarrollo.
El Fondo Fiduciario Pérez-Guerrero, además de representar un ejemplo de éxito del Grupo de los 77 en la financiación de las actividades de cooperación Sur-Sur, aunque sea a una escala muy modesta, demuestra a efectos prácticos la importancia de contar con fuentes de financiación independientes para asegurar que las actividades realizadas reflejen eficazmente las prioridades y los intereses de los países en desarrollo.
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