A María le pareció que el mundo se venía abajo cuando la enfermera de la clínica le dijo que estaba embarazada y que era seropositiva. Ella no había sido infiel, de modo que aquello significaba que José, su esposo, le había transmitido el virus. Sintió una oleada de temor cuando recordó el trato que habían recibido otras personas de la aldea cuyos exámenes habían dado por resultado que eran seropositivas.
Se sintió furiosa con José, no solo por haberla infectado con el VIH, sino además porque la empresa de camiones para la que trabajaba lo despediría cuando conociera su estado. Ella también perdería su empleo en la zona de procesamiento para la exportación de la fábrica, porque estar embarazada o ser seropositiva era suficiente para que la despidieran; en esa zona no se aplicaban las leyes laborales. Los empleadores sabían que era ilegal despedir a trabajadores porque tuvieran el VIH, pero apenas se velaba por el cumplimiento de la ley y siempre encontraban alguna manera de hacerlo sin sufrir consecuencias. No parecía muy lejano el día en que José comentó que su sindicato estaba tratando de poner en marcha un programa de prevención del VIH, pero que le resultaba difícil por falta de fondos.
La historia de José y María se repite una y otra vez en el mundo entero, y en algunos sentidos resume la prioridades fundamentales de la respuesta de las organizaciones sindicales al VIH/SIDA en el puesto de trabajo: en primer lugar, ilustra la manera en que pueden violarse los derechos de los trabajadores, y para el caso, los de cualquier persona, debido simplemente a su condición respecto del VIH; en segundo lugar, pone de relieve la necesidad de ampliar los programas de prevención del VIH, especialmente en el lugar de trabajo; y en tercer lugar, su mensaje constituye un llamado a la acción para detener tragedias similares y, sin embargo, enteramente evitables.
En junio de 2011, cuando los líderes mundiales acudan a Nueva York para participar en la Reunión de alto nivel sobre el SIDA de la Asamblea General, habrán transcurrido diez años desde la aprobación de la Declaración de compromiso en la lucha contra el VIH/SIDA de 2001. Hace cinco años el mundo se comprometió a lograr el acceso universal a los programas de prevención del VIH y los servicios de tratamiento, atención y apoyo para 2010, pero no ha cumplido ese objetivo. Si los líderes mundiales reactivan su compromiso de liderazgo y demuestran voluntad política para hacer realidad las palabras de la Declaración, también reafirmarán que existe esperanza para otros compromisos similares de alcance mundial. La Reunión de alto nivel de junio será un momento decisivo, no solo para la respuesta al SIDA, sino también para la credibilidad de los compromisos mundiales en general.
Por su parte, hasta que los derechos humanos de las personas que viven con el VIH se respeten y el acceso a los programas de prevención del VIH y los servicios de tratamiento, atención y apoyo sea universal, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tomará medidas prácticas para proteger las vidas de las personas que trabajan y abogará enérgicamente por la voluntad política sostenida y los recursos que se necesitan para derrotar al VIH.
Es inaceptable que después de 30 años de lucha por una respuesta al SIDA, las violaciones de los derechos humanos de las personas que viven con el VIH sigan siendo un elemento persistente de esa epidemia. Las investigaciones realizadas para el Indicador de estigmatización de las personas que viven con el VIH, una iniciativa de asociación que incluye al ONUSIDA y a prominentes organizaciones no gubernamentales, confirman que las personas de todas las regiones que viven con el VIH experimentan un elevado índice de pérdida del empleo y, por consiguiente, pérdida del ingreso y del acceso necesario para encontrar empleo a causa de su condición de seropositivas. Fuera del lugar de trabajo, los efectos perniciosos del estigma y la discriminación asociados al VIH constituyen claros impedimentos para casi todas las demás dimensiones de la respuesta al SIDA.
Los programas de remisión a servicios de prevención y tratamiento del VIH relacionados con el lugar de trabajo siguen siendo escasos y muy espaciados, aunque el 90% de las personas que viven con el VIH están en edad de trabajar. A pesar de su eficacia en función del costo, los programas de prevención carecen de recursos adecuados y en demasiados casos existen barreras políticas y jurídicas que se oponen al establecimiento de programas eficaces para contrarrestar los riesgos del VIH. No siempre fue así, pero hoy día la mayor tragedia es que todos los sufrimientos que provoca el VIH/SIDA son evitables.
Los representantes de los trabajadores reconocieron hace años que para proteger y ampliar los derechos de los trabajadores es preciso que los sindicatos se esfuercen por revertir una amplia gama de condiciones sociales, entre ellas los mismos agentes socioeconómicos que impulsan la epidemia del SIDA: la pobreza, la desigualdad entre los géneros, el desempleo, el estigma, la discriminación, la falta de protección social y las políticas de educación inadecuadas. También consideran que estos mismos obstáculos impiden avanzar en el logro de muchas prioridades que comparten con las Naciones Unidas, incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el programa sobre el trabajo decente, la seguridad alimentaria, el derecho a una atención de la salud asequible, el cambio climático y, desde luego, el acceso universal a los programas de prevención del VIH y a los servicios de tratamiento, atención y apoyo. Es por ello que la respuesta de los sindicatos al VIH/SIDA está estrechamente relacionada con su labor general en pro de la justicia social y económica. Es también por ello que procuran establecer vínculos entre estas cuestiones para crear alianzas que actúen con un propósito común.
Los sindicatos representan a decenas de millones de trabajadores de todas las regiones del orbe que comprenden desde profesionales de la más alta calificación hasta trabajadores migrantes que viven con salarios de subsistencia: se trata de un enorme caudal de recursos humanos que puede aprovecharse. La diversidad de los miembros ayuda a conformar estrategias dirigidas a la transformación de las prioridades mundiales en respuestas a nivel de país, adaptadas de manera que respondan a las condiciones locales. Las prioridades mundiales que requieren acción local incluyen las siguientes:
Asegurar los derechos humanos de las personas que viven con el VIH, en especial de los trabajadores: Los sindicatos ejercerán presión para que se establezcan planes nacionales destinados a la aplicación de la nueva recomendación de la OIT sobre el VIH y el SIDA y el mundo del trabajo. La aplicación de esta recomendación a nivel nacional coadyuvará en gran medida al establecimiento de un marco jurídico favorable para el aumento de los servicios de prevención y tratamiento del VIH y otros servicios esenciales. Reviste especial importancia el llamado que en ella se hace a los países para que integren programas relacionados con el lugar de trabajo en sus respuestas nacionales en materia de VIH/SIDA, desarrollo y protección social.
Ampliar la "revolución en la prevención" del VIH para que incluya el lugar de trabajo: Durante más de un decenio, el movimiento laboral ha pedido insistentemente la ampliación de programas de prevención del VIH con base en el lugar de trabajo. Es inaceptable que más de 7.000 personas sean infectadas diariamente por el VIH, de las cuales el 90% están en edad de trabajar. En apoyo a la exhortación a una "revolución en la prevención" formulada por la Comisión de Alto Nivel para la Prevención del SIDA, del ONUSIDA, los representantes de los trabajadores podrían:
• Promover un aumento gradual de las medidas de prevención y un firme compromiso de liderazgo para sustentarlas.
• Junto con los empleadores, maximizar la utilización del lugar de trabajo como un entorno de prevención del VIH y las enfermedades conexas.
• Hacerse responsables a sí mismos, así como a los dirigentes políticos y comunitarios y a los grupos no gubernamentales, de apoyar la financiación de las actividades de prevención y la eficaz ejecución de los programas.
• Ampliar la protección de los derechos humanos y esforzarse por lograr que se superen las desigualdades que exacerban la epidemia del SIDA a nivel mundial y local.
Realizar una labor de promoción en la que se pongan de relieve los derechos, los recursos y el reconocimiento de la necesidad de crear alianzas sectoriales que persigan un propósito común: La movilización realizada por las organizaciones sindicales fue esencial para lograr la aprobación de la Recomendación. Ahora se dedicarán a abogar por la creación de planes de ejecución nacionales y continuarán la labor que despliegan desde hace cinco años para lograr que los Estados Miembros del G8 mantengan su compromiso de asegurar el acceso universal y proporcionar los recursos necesarios para lograrlo. Estas actividades de promoción han creado nuevas alianzas y profundizado las existentes a escala mundial y nacional.
Las organizaciones sindicales nunca han dejado de reconocer que la necesidad de crear coaliciones mundiales y nacionales es fundamental para lograr cambios significativos y sostenibles. De ahí la importancia de que las fuerzas empeñadas en eliminar los obstáculos que frenan el avance en las prioridades clave de las Naciones Unidas, incluida la epidemia del SIDA, trabajen de consuno siempre que sea posible, y en especial a nivel de país.
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