El acto de elegir un producto en el estante del supermercado suele representarse como la máxima expresión de la libertad de elección del consumidor o de la autonomía personal. Sin embargo, las opciones disponibles en ese estante se determinaron mucho antes del momento de la compra. En realidad, estas decisiones representan la etapa final de un proceso institucional más amplio, condicionado por las prioridades políticas y la gobernanza económica.
Las elecciones alimentarias también están influenciadas por la cultura. Comer no es solo una necesidad; está ligado a la tradición, la identidad y, a menudo, al placer o la costumbre. La comida siempre ha estado vinculada a valores sociales y políticos más amplios.
El sistema contemporáneo de producción de alimentos no es simplemente el resultado de preferencias individuales; también es consecuencia de marcos normativos, regímenes de comercio internacional y subsidios agrícolas estructurados por gobiernos e instituciones multilaterales. Estas dinámicas se reflejan en iniciativas de gobernanza global, como los marcos de seguridad alimentaria desarrollados por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y los compromisos más amplios del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero (ODS 2), que instan a la comunidad internacional a erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible.
Sin embargo, la inseguridad alimentaria persiste. Según las estimaciones incluidas en el informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2025, publicado por la FAO, aproximadamente 673 millones de personas padecieron hambre en 2024. Esta cifra sugiere que el acceso a los alimentos no es solo una cuestión de oferta, sino también de distribución, asequibilidad y gobernanza.
Este modelo globalizado coexiste con los sistemas alimentarios locales y resilientes de los pueblos indígenas, cuyas dietas tradicionales, a menudo desarrolladas en condiciones ecológicas únicas, incluso en regiones como el Ártico circumpolar, ofrecen valiosas perspectivas para el bienestar nutricional y la sostenibilidad, y refuerzan la importancia de proteger el derecho de los pueblos indígenas a la alimentación. Reconocer los sistemas alimentarios como marcos estructurales pone de relieve cómo las decisiones políticas influyen fundamentalmente en lo que llega a la mesa global.
La gobernanza del plato global
Desde la producción hasta la distribución, las decisiones institucionales determinan qué productos básicos reciben incentivos, cómo se mueven los alimentos a través de los mercados mundiales y quién puede permitirse consumirlos. Según el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Estado de las finanzas para la naturaleza 2026: La naturaleza en números rojos — impulsando la economía de transición de la naturaleza de un billón de dólares, los flujos financieros que perjudican a la naturaleza, incluidos los subsidios vinculados a la agricultura y el uso de recursos, alcanzaron aproximadamente 7,3 billones de dólares a nivel mundial en 2023, superando con creces las inversiones en sostenibilidad.
Los agricultores, en particular los pequeños productores, suelen asumir riesgos significativos y, al mismo tiempo, reciben una parte limitada del precio final de venta de los alimentos. El aumento de los costos de los insumos, como el combustible, los fertilizantes, los equipos y la mano de obra, ejerce una presión adicional sobre los agricultores, cuyos ingresos siguen siendo vulnerables a la volatilidad de los precios del mercado y a las condiciones climáticas cada vez más impredecibles. Como se destaca en el Informe de Política n.° 120: “Invertir en el futuro de las economías rurales no agrícolas” del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, la inversión en las economías rurales y la mejora del acceso de los agricultores a los mercados, la tecnología y los servicios financieros puede contribuir a mejorar los medios de subsistencia y reducir la pobreza en las comunidades rurales, al tiempo que se mejora la seguridad alimentaria.
La disponibilidad de alimentos también se ve afectada por las cadenas de suministro globales. Los productos agrícolas se mueven entre regiones a través de sistemas interconectados de transporte, procesamiento, envasado y distribución, respaldados por normas y regulaciones internacionales que garantizan la seguridad y el acceso al mercado.
El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y las normas de la Comisión del Codex Alimentarius establecen requisitos para la inocuidad, la calidad y las condiciones de importación y exportación de alimentos, garantizando que los productos cumplan con los estándares reconocidos internacionalmente. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece orientación sobre vigilancia y respuesta para detectar y gestionar los riesgos de enfermedades transmitidas por los alimentos, y un informe de 2020 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) destaca cómo la pandemia de COVID-19 perturbó el comercio mundial y las cadenas de suministro.
Los marcos normativos también van más allá de la producción y el comercio e incluyen las directrices dietéticas nacionales, que afectan a los patrones de consumo e influyen en cómo se entienden los alimentos.
En tiempos de conflicto, la gobernanza de los sistemas alimentarios cobra mayor importancia. La resolución 2417 (2018) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptada el 24 de mayo de 2018, reconoce explícitamente el vínculo entre los conflictos armados y la inseguridad alimentaria, y condena enérgicamente el uso del hambre de civiles como método de guerra.
Estas dinámicas están además sujetas a presiones ambientales, en particular las relacionadas con el cambio climático.
Sistemas alimentarios en un clima cambiante
Los sistemas alimentarios se ven afectados por el cambio climático y, a su vez, contribuyen a él. Si bien la variabilidad es un fenómeno natural del sistema climático de la Tierra, los cambios actuales se están produciendo a un ritmo acelerado, lo que ejerce una mayor presión sobre la producción y la seguridad alimentaria.
Los sistemas agroalimentarios representan una parte significativa de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Se estima que los sistemas alimentarios son responsables de aproximadamente un tercio de las emisiones globales,1 siendo la agricultura y el uso de la tierra los principales contribuyentes. Un informe especial de 2022 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) sobre el cambio climático y la tierra destaca la vulnerabilidad de los sistemas alimentarios ante los impactos climáticos, con consecuencias para los ecosistemas, las economías y el bienestar humano.
Estos impactos no se distribuyen de manera uniforme. Los pequeños agricultores suelen ser los más expuestos a los riesgos relacionados con el clima, como la reducción de las cosechas, la inestabilidad de los ingresos y el aumento de los precios de los alimentos. Los análisis de la FAO destacan que los pequeños agricultores enfrentan limitaciones para adaptarse al cambio climático, como el acceso limitado a recursos, infraestructura e información, lo que puede ralentizar la adopción de prácticas y tecnologías adaptadas al clima.
En consecuencia, la estructura actual de los sistemas alimentarios influirá no solo en la disponibilidad actual de alimentos, sino también en la capacidad de las futuras generaciones para acceder a alimentos suficientes, seguros y sostenibles. Los sistemas de conocimiento indígenas, que hacen hincapié en la adaptación y la resiliencia, ofrecen valiosas perspectivas para responder a estos cambios, especialmente mediante enfoques alineados con los ecosistemas locales y la sostenibilidad a largo plazo.
Para abordar estos desafíos interconectados se requieren respuestas políticas que tengan en cuenta tanto los aspectos ambientales como socioeconómicos de los sistemas alimentarios.
Recomendaciones políticas
Del análisis expuesto anteriormente se pueden extraer las siguientes recomendaciones:
- Reformar los subsidios perjudiciales para el medio ambiente y redirigirlos hacia una producción agrícola más sostenible y diversificada, lo que podría incluir la reducción del uso de fertilizantes, el fomento de la rotación y diversificación de cultivos, la mejora de las prácticas de gestión del suelo y el agua, y el establecimiento de corredores ecológicos protegidos para minimizar las alteraciones en la vida silvestre y sus patrones migratorios. Las políticas pueden promover un equilibrio entre las actividades agrícolas y el movimiento de la vida silvestre, especialmente en áreas donde la expansión del uso de la tierra ha alterado los hábitats naturales.
- Reforzar el apoyo a los pequeños agricultores mediante un mejor acceso a los mercados, la tecnología y los servicios financieros, lo que permitirá obtener ingresos más estables y la adopción de prácticas agrícolas resilientes al cambio climático.
- Mejorar la gobernanza de los sistemas de transporte y comercio de alimentos para garantizar la seguridad, la eficiencia y la accesibilidad de los alimentos en todas las regiones, al tiempo que se fomentan sistemas alimentarios más equilibrados a nivel regional que fortalezcan la resiliencia sin limitar los beneficios del comercio internacional.
- Apoyar la integración responsable de herramientas digitales e inteligencia artificial para mejorar el monitoreo de cultivos, la previsión de rendimientos y la gestión de la cadena de suministro, garantizando al mismo tiempo que estas tecnologías sigan siendo accesibles para los pequeños agricultores mediante soluciones asequibles y adaptadas a su contexto. Su uso debe complementar, en lugar de sustituir, los enfoques estructurales más amplios para fomentar la resiliencia.
- Es necesario integrar las consideraciones nutricionales de forma más directa en las políticas del sistema alimentario para garantizar que estos sistemas promuevan dietas sanas y equilibradas, en lugar de centrarse únicamente en la disponibilidad calórica.
- Reconocer los sistemas alimentarios indígenas y culturalmente específicos dentro de las directrices dietéticas nacionales y apoyar su integración en políticas más amplias sobre el sistema alimentario para promover enfoques más inclusivos y sostenibles de la nutrición, al tiempo que se refuerza el papel de las políticas en la configuración de los patrones dietéticos y las elecciones alimentarias.
Conclusión
En última instancia, la forma en que se gobiernan los sistemas alimentarios influirá no solo en lo que se produce, sino también en cómo las sociedades responden a los crecientes desafíos relacionados con la sostenibilidad, la desigualdad y la resiliencia. Analizar la alimentación desde esta perspectiva desplaza el enfoque de la elección individual a la responsabilidad colectiva, destacando el papel de las políticas en la configuración de un futuro alimentario más equitativo y sostenible.
Nota
1 M. Crippa y otros, “Los sistemas alimentarios son responsables de un tercio de las emisiones globales de GEI antropogénicos”, Nature Food 2, 198–209 (2021). Disponible en https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9.
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