La lucha contra el terrorismo
Comité contra el Terrorismo
Ante la naturaleza continuada y en desarrollo de la amenaza terrorista durante el transcurso del año, el Consejo intensificó sus actividades de lucha contra el terrorismo a través de la revitalización de su Comité Contra el Terrorismo (CCT). Formalmente conocido como el Comité establecido en virtud de lo dispuesto en la resolución 1373 (2001) 
, el Comité Contra el Terrorismo se estableció para controlar la aplicación de dicha resolución a través de informes de los Estados sobre sus actuaciones a ese respecto, entre otras cosas.
Aprobada tras los ataques terroristas perpetrados el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos, la resolución 1373 exhortó a los Estados Miembros a prevenir y reprimir la financiación de todo acto de terrorismo, abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo a las entidades o personas que participen en la comisión de actos de terrorismo, y denegar cobijo a quienes financian, planifican o cometen estos actos.
Al informar al Consejo sobre el trabajo realizado por el Comité el 4 de marzo, el Presidente del Comité contra el Terrorismo, Inocencio Arias (España), observó que su propuesta para revitalizar el CCT, presentada a mediados de febrero, tenía su origen en una doble convicción, a saber, que el terrorismo es una de las mayores amenazas a la paz y la seguridad internacionales y que las Naciones Unidas deben mantenerse en la primera línea en la lucha contra esta amenaza, con el Consejo, a través del CCT, al frente de esta labor. En el período de sesiones que le siguió, unos 30 oradores apoyaron el plan que aumentaría la capacidad del Comité para evaluar la histórica resolución.
Subrayando la importancia de mejorar la supervisión de la aplicación de la resolución 1373, el Consejo, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1535 (2004) el 26 de marzo, reestructuró el Comité contra el Terrorismo y decidió que el Comité revitalizado estuviera integrado por el Pleno --compuesto por los Estados miembros del Consejo de Seguridad-- y la Mesa, asistido por la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo. La Dirección Ejecutiva se estableció como misión política especial por un período inicial que terminará el 31 de diciembre de 2007 y con sujeción a un examen amplio por el Consejo de Seguridad a más tardar el 31 de diciembre de 2005. El Director Ejecutivo de la recién establecida Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo, Javier Ruperez (España), ocupó su cargo en junio.
En una declaración del presidente, aprobada el 30 de marzo, el Consejo confirmó la continuación de las disposiciones en curso para la Mesa del Comité hasta el 4 de octubre. El 19 de julio, el Consejo, mediante la aprobación de una declaración del presidente, invitó al Comité contra el Terrorismo a agilizar la labor que lleva a cabo para evaluar las necesidades de asistencia de distintos países que podría dar a conocer a las organizaciones y los Estados donantes, y acogió con agrado el comienzo de los preparativos de la primera visita del Comité a un Estado Miembro.
El 8 de octubre, el Consejo, mediante la aprobación por unanimidad de la resolución 1566 (2004) , condenó en los términos más enérgicos todos los actos de terrorismo, que constituyen una de las más graves amenazas a la paz, y proporcionó los pasos concretos que se debían seguir para reforzar todos los mecanismos y las normas jurídicas para luchar contra el terrorismo. El Consejo recordó que los actos criminales, inclusive contra civiles, o tomar rehenes, con el propósito de provocar un estado de terror, no admitían justificación en circunstancia alguna. También en virtud de la resolución, el Consejo estableció un grupo de trabajo integrado por todos sus miembros para que estudiara y le presentara recomendaciones sobre las medidas prácticas que se habían de imponer contra las personas, los grupos y las entidades involucradas en actividades terroristas, además de las ya enunciadas por el Comité de Sanciones de Al-Qaida y los talibanes.
Tras la aprobación de la resolución, el representante de la Federación de Rusia, cuya delegación encabezaba la iniciativa, copatrocinado asimismo por China, Francia, Alemania, Rumania, España, el Reino Unido y los Estados Unidos, dijo que la muerte de rehenes, así como las recientes tragedias en Beslan (Federación de Rusia), ponían de relieve la necesidad de una actuación más firme por parte del Consejo y el desarrollo futuro de una estrategia mundial contra el terrorismo.
Aprobando una declaración del presidente relativa al trabajo revitalizado del Comité el 19 de octubre, el Consejo observó la importancia de que el Comité contra el Terrorismo siguiera procurando aumentar la capacidad de los Estados Miembros para luchar contra el terrorismo y, entre otras cosas: detectar y afrontar los problemas que encontraron al aplicar la resolución 1373 (2001) ; facilitar la prestación de asistencia técnica; alentar al mayor número posible de Estados a que sean partes de los convenios y protocolos pertinentes.
Ese acto siguió a un día de debates sobre la lucha contra el terrorismo y exposiciones informativas a cargo de Andrey Denisov (Federación de Rusia), que asumió la presidencia de España el 28 de mayo, y la primera exposición informativa del Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo.
Comité establecido en virtud de la resolución 1267 (1999)
El 30 de enero, el Consejo, con arreglo a la resolución 1526, mejoró el régimen de sanciones de los organismos del mundo contra Osama bin Laden, miembros de Al-Qaida y los talibanes y otros grupos asociados a ellos. El Consejo prorrogó un conjunto amplio de medidas que había aprobado en 1999, que exigía a los Estados, entre otras cosas, congelar los activos financieros, incluidos aquellos controlados por los talibanes, y asegurar que no fueran utilizados por el grupo. Los países también estaban obligados a congelar los fondos y otros activos financieros de Osama bin Laden y sus asociados en la organización Al-Qaida, e impedir la entrada en su territorio o el tránsito por él.
El Presidente del Comité establecido para supervisar la aplicación de las sanciones impuestas contra Osama bin Laden, Al-Qaida y los talibanes, también conocido como el Comité "1267", informó ante el Consejo el 12 de enero, el 25 de mayo, el 13 de septiembre y el 17 de diciembre. En su última exposición informativa ante el Consejo el 22 de diciembre, Heraldo Muñoz (Chile), destacó la necesidad de cooperación de largo plazo con aquellos países que así lo requirieran para fortalecer sus capacidades de lucha contra el terrorismo. Si bien la lucha contra el terrorismo había tenido avances, la comunidad internacional estaba lejos de ganar la guerra. Era necesario redoblar los esfuerzos de la comunidad internacional y entender que estaban ante un desafío que no era sólo militar, sino político e ideológico.
Otras Acciones
El 11 de marzo, a pocas horas de la serie de ataques terroristas coordinados que acabaron con multitud de personas que viajaban a bordo de trenes llenos de gente en Madrid, el Consejo aprobó la resolución 1530, en la que condenaba en los términos más enérgicos el acto terrorismo y lo consideraba una "amenaza a la paz y la seguridad". En una declaración del presidente el 10 de mayo, el Consejo condenó el ataque terrorista con bombas que tuvo lugar en Grozny el día anterior, como resultado del cual muchas personas perdieron la vida, entre ellas el Presidente de la República de Chechenia de la Federación de Rusia, Ahmad Kadyrov.
El 1º de septiembre, el Consejo aprobó una declaración del presidente condenando, en términos sumamente enérgicos, el atroz acto terrorista que incluye la toma de rehenes en una escuela secundaria de la ciudad de Beslan (Federación de Rusia) y exigía la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.
No proliferación de las armas de destrucción en masa
Retomando la cuestión de la posible adquisición de armas de destrucción en masa por agentes no estatales, especialmente los terroristas, el Consejo celebró un debate abierto el 22 de abril adelantándose a un proyecto de resolución sobre la materia liderado por los Estados Unidos. Los miembros acogieron el proyecto como una respuesta necesaria en la actual era de terrorismo en masa, en la que las tecnologías más peligrosas se habían vuelto asequibles y se traficaba con ellas. Sin embargo, se mostraron dudas sobre el contenido y las implicaciones del texto propuesto, que contenía varias medidas que tenían que llevarse a cabo a nivel estatal. En concreto, se expresó la preocupación en cuanto a la tendencia cada vez mayor por parte del Consejo de asumir poderes legislativos nuevos y más amplios.
El 28 de abril, el Consejo aprobó la resolución 1540 (2004) . En virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, decidió que todos los Estados debían abstenerse de suministrar cualquier tipo de apoyo a los agentes no estatales que trataran de adquirir, emplear o transportar armas nucleares, químicas o biológicas y sus sistemas vectores. De conformidad con la aprobación por unanimidad del texto, el Consejo también decidió que todos los Estados deberían instaurar controles nacionales a fin de prevenir la proliferación de dichas armas y sus sistemas vectores, incluso estableciendo controles adecuados de los materiales conexos y aprobando medidas legislativas.
El Consejo exhortó a los Estados, como primer paso, a que presentaran al Comité un primer informe, en un plazo no superior a seis meses desde la aprobación de la resolución, sobre las medidas que habían adoptado o tuvieran previsto adoptar para aplicarla. Además estableció para un período no superior a dos años, un Comité, integrado por todos los miembros del Consejo que le presentara informes sobre la aplicación de la resolución.
El Consejo se reunió el 9 de diciembre para asistir a una exposición informativa del Presidente del nuevo «Comité 1540», Mihnea Motoc (Rumania), que informó a los miembros de que el Comité se había centrado desde junio en lograr que fuera totalmente operacional antes de que comenzara a examinar los primeros informes nacionales. En el momento de la exposición informativa, el Comité había recibido informes de 86 Estados Miembros.
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.