20 de noviembre de 2023

Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de noviembre como Día Mundial de la Televisión en 1996, este medio de comunicación acababa de empezar a experimentar algunos de los desafíos relacionados con la aparición de las tecnologías digitales. Desde entonces, la televisión ha pasado de la radiodifusión analógica a la digital, de los televisores y monitores de ordenador de tubo a los de pantalla plana y de la transmisión nacional al alcance internacional mediante plataformas digitales por satélite, a la vez que ofrece una calidad de imagen y sonido cada vez mayor. Todo el contexto tecnológico de la televisión se ha renovado, pero a un alto coste para el sector de los medios de comunicación y los fondos públicos en general. Hoy en día, es difícil encontrar un canal de televisión que no tenga presencia en internet, la mayoría de las cadenas ya no dependen de las limitadas frecuencias de radio. De esta manera, la televisión tradicional ha sobrevivido a la dura competencia de los medios de comunicación basados en internet, especialmente de las plataformas en las que se comparten vídeos y de los servicios de medios audiovisuales no lineales a la carta.

Además, la televisión sigue siendo la mayor fuente de consumo de vídeos, puesto que el número de hogares con servicio de televisión en el mundo sigue aumentando. Además del entretenimiento, la televisión proporciona numerosas oportunidades para promover la educación, la comprensión y la cultura, a través de las fronteras y dentro de ellas, y para aumentar la sensibilización del público en cuanto a los acontecimientos mundiales importantes que rigen los titulares.

La televisión contribuye a que centremos nuestra atención en los principales problemas actuales, ya que somos testigos de la aparición de conflictos y amenazas para la seguridad política, económica y social en tiempo real. En muchos países, los servicios públicos de radiodifusión ―actualmente conocidos como medios de comunicación de servicio público― son los encargados de proporcionar el contenido de las noticias de televisión. En el mismo año que las Naciones Unidas decidieron celebrar el Día Mundial de la Televisión, el Consejo de Europa reconoció a los medios de comunicación de servicio público como “un factor esencial de la comunicación pluralista”. Su mandato suele incluir un cumplimiento estricto de las normas periodísticas profesionales, un enfoque equilibrado e imparcial para las noticias de actualidad, una pluralidad de puntos de vista políticos y culturales, y la presentación de programas destinados a diversos grupos de telespectadores. También atiende a las necesidades de los niños, las mujeres y diversos grupos minoritarios que, de lo contrario, podrían ser ignorados por los medios de comunicación comerciales.

Tradicionalmente, la confianza del público en los radiodifusores públicos se obtiene gracias al trabajo duro de los periodistas y editores televisivos que se esfuerzan para cumplir con las expectativas de los telespectadores. En la cacofonía moderna de mensajes contradictorios, la desinformación y las interpretaciones contradictorias de los acontecimientos, los medios de comunicación de servicio público son la voz de la calidad y el periodismo de investigación, de la verificación de datos, el contexto y la razón. En ese sentido, los medios de comunicación de servicio público son capaces de establecer un estándar para los medios comerciales en la divulgación de información oportuna y fiable al público, especialmente en situaciones de emergencia.

Por desgracia, en muchas de las denominadas "sociedades en transición" la televisión de servicio público ha llegado como un hijo pobre y no deseado, privado de los debidos cuidados y atenciones, que existe únicamente para dar una apariencia de reforma democrática.

En otros contextos, puede que los medios de comunicación de servicio público solo existan sobre el papel, puesto que se encuentran bajo el control del gobierno, tanto económica como administrativamente. En estos casos, se pierde la confianza en los medios de comunicación de servicio público, que pasan a depender del gobierno y a retransmitir los mensajes de quienes ostentan el poder político.

La imagen se vuelve desoladora cuando los medios de comunicación de servicio público controlados por el gobierno se complementan con otros canales que también son apresados por el Estado. La captura de los medios de comunicación tiene por objeto controlar al público mediante la propaganda y su principal arma: la desinformación. Al obtener una posición dominante sobre los medios audiovisuales y, por tanto, ejercer presión sobre los radiodifusores de televisión y, en última instancia, restringir su libertad editorial, el Estado determina la libertad de información, que está consagrada en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, adoptada hace 75 años, entre otras libertades. El control del Estado sobre la información masiva se traduce en su monopolio sobre la "verdad" y la eliminación del pluralismo de los medios.

Esto es motivo de preocupación para toda la comunidad internacional, ya que la opresión sistemática del derecho humano a la libertad de información dentro de las fronteras nacionales deriva en la existencia, más allá de las fronteras de un país, de agresividad y propaganda perniciosa contra "los demás".

El Convenio internacional sobre el empleo de la radiodifusión en interés de la paz, un tratado de la Liga de las Naciones de 1936, es especialmente relevante en este contexto, ya que obliga a los gobiernos a restringir la expresión que constituya una amenaza para la paz y la seguridad internacionales. El Convenio, del cual siguen siendo parte numerosos Estados miembros de las Naciones Unidas (al menos formalmente)1, obliga a los gobiernos a prohibir y detener cualquier radiodifusión dentro de sus territorios que sea de tal carácter que incite a la población de cualquier territorio a cometer actos incompatibles con el orden interno o la seguridad de un territorio. Recoge un mandato similar en lo que respecta a incitar a la guerra contra otra de las altas partes contratantes. Esta disposición no diferencia entre el discurso del Estado y el de un particular. Por otra parte, este Convenio también prohíbe la radiodifusión de noticias falsas. Si las partes no pueden resolver sus controversias en relación con la aplicación del Convenio a través de los canales diplomáticos, estas controversias pueden llevarse ante la Corte Internacional de Justicia, que fue precedida por la Corte Permanente de Justicia Internacional. Si las partes no son miembros de la Corte, el litigio puede remitirse para su revisión a un tribunal de arbitraje, constituido de conformidad con el Convenio de La Haya, de 18 de octubre de 1907, para la Resolución Pacífica de Controversias Internacionales, revisado por las Naciones Unidas en 1949.

Teniendo en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, y de acuerdo con los objetivos y principios de la organización, en 1970, la Asamblea General declaró que los Estados deben abstenerse de difundir propaganda a favor de la guerra de agresión. Por ese motivo, el 1 de agosto de 1975, los Estados que participaban en la Conferencia sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa (posteriormente denominada Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y Consejo de Europa), se comprometieron a abstenerse de difundir propaganda a favor de la guerra de agresión o cualquier amenaza o uso de la fuerza contra otro Estado participante.

El Día Mundial de la Televisión no es tanto una celebración de la tecnología, sino más bien de los nobles ideales que esta puede promover. Entre estos ideales se encuentran la paz y las relaciones amistosas entre naciones, el acceso del público general a la información como medio para cumplir la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y el desarrollo de una sociedad del conocimiento, así como de los derechos humanos y la democracia. Al conmemorar este día reconocemos y recordamos el impacto de la televisión en nuestras vidas, con la esperanza de que se aproveche su potencial para mejorar la sociedad e impulsar la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible para todos.

 

Nota

El último país en adherirse al Convenio fue Liberia en 2005.

 

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