El 21 de marzo de 1960, la policía abrió fuego y asesinó a 69 personas durante una manifestación pacífica contra las “leyes de pases” del apartheid en Sharpeville, Sudáfrica. Este trágico suceso marcó un punto de inflexión y se conmemora anualmente para honrar a quienes perdieron la vida luchando por la democracia y la igualdad racial en Sudáfrica. Desde entonces, el 21 de marzo se ha convertido en un solemne recordatorio del alto precio de la lucha contra el régimen del apartheid y en un llamado a la comunidad internacional para eliminar todas las formas de discriminación racial.
La masacre de Sharpeville impulsó, cinco años después, la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD, por sus siglas en inglés), un logro histórico de las Naciones Unidas apenas dos décadas después de su fundación. Los visionarios que se reunieron hace 60 años para adoptar la Convención reconocieron la discriminación racial como una lacra para la humanidad que debe ser eliminada con suma urgencia por todas las naciones del mundo.
Hoy, con 185 países que han ratificado o firmado la Convención, esta se erige como uno de los tratados de derechos humanos más ampliamente adoptados, presente en todos los continentes, sistemas jurídicos, religiones y culturas. Sigue siendo la piedra angular de los esfuerzos de las Naciones Unidas para combatir el racismo y la discriminación racial. Al reflexionar sobre los avances logrados en virtud de la Convención, hay mucho que celebrar, pero antes, es importante recordar la magnitud y la complejidad de los desafíos que se afrontan.
El doloroso legado del racismo y la discriminación ha dejado cicatrices en las sociedades de todo el mundo. Millones de personas han perdido la vida o han visto sus sueños truncados o negados debido a la falsa ideología de que una vida es superior a otra.
Los pueblos indígenas de todos los continentes han sufrido siglos de despojo, asimilación forzada y discriminación sistémica.
Los horrores del comercio transatlántico de esclavos, que desarraigó a la fuerza a hasta 15 millones de africanos y los sometió a vidas de brutalidad únicamente por lucro económico, aún resuenan hoy en las experiencias vividas por las personas de ascendencia africana.
Las comunidades asiáticas en muchos países se han enfrentado a la explotación colonial, a leyes excluyentes y a la violencia basada en prejuicios.
Las comunidades romaníes han soportado siglos de intolerancia y exclusión.
Los niños que nacen hoy en día siguen viendo limitadas sus oportunidades en la vida por estructuras sociales basadas en la ascendencia.
Quienes simplemente buscan una vida mejor, que a menudo emprenden viajes arduos y se arriesgan a ahogarse en embarcaciones abarrotadas, se enfrentan a fronteras cerradas por la intolerancia.
Millones de personas sufren actos de violencia silenciosos y cotidianos debido a las oportunidades truncadas y los sueños frustrados. Se enfrentan a perspectivas limitadas de educación y atención médica, así como a un estancamiento en su desarrollo profesional. Luchan a diario por su identidad frente a prejuicios peligrosos y estereotipos odiosos, y se ven agotadas por las constantes batallas por el reconocimiento cultural. Estas heridas se acumulan a lo largo de generaciones, transformando las posibilidades de comunidades enteras.
El racismo y la discriminación no son conceptos abstractos; son profundas heridas infligidas al alma de las naciones y de la humanidad.
Estas injusticias no se limitan a ningún país o región en particular. En la tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada en Durban, Sudáfrica, en 2001, los gobiernos reconocieron que la discriminación racial existe en todas partes y que combatirla es una prioridad mundial.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés) tiene la misión de utilizar el derecho internacional para sanar estas heridas. Desde la adopción de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ICERD), se han logrado avances a nivel internacional, regional, nacional y local. Sin embargo, el progreso ha sido más lento y menos integral de lo esperado, y muchos de los logros alcanzados corren el riesgo de revertirse.
Lograr el mundo que soñaron los 69 valientes sudafricanos a quienes honramos cada 21 de marzo es una tarea demasiado grande para cualquier mecanismo institucional individual. Poner fin a la discriminación racial debe ser una prioridad para todas las instituciones y naciones.
Afortunadamente, el CERD cuenta con aliados fundamentales para afrontar este enorme desafío; entre ellos, destacan las personas afectadas por la discriminación racial. Gran parte del trabajo del Comité se basa en la información y los llamamientos constantes de las comunidades perjudicadas por políticas y estructuras de desigualdad, incluidas las comunidades afrodescendientes, romaníes, indígenas y otros grupos raciales y étnicos marginados. Su valentía y resiliencia inspiran continuamente al CERD, y su colaboración en la labor del Comité es esencial.
Otros actores de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos también desempeñan un papel crucial al presentar evaluaciones fundamentales al CERD. En muchos países, las instituciones nacionales de derechos humanos se han convertido en importantes organismos de seguimiento de los derechos humanos y la justicia racial, y el CERD les ha otorgado un reconocimiento especial para presentar informes cuando los gobiernos comparecen ante el Comité.
En el seno de las Naciones Unidas, el CERD se ha visto acompañado por organismos institucionales que conforman una “nueva arquitectura” de mecanismos contra el racismo: el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia; el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes; el Foro Permanente sobre los Afrodescendientes; el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes para Promover la Justicia Racial y la Igualdad en la Aplicación de la Ley; el Grupo de Expertos Eminentes Independientes sobre la Declaración y el Programa de Acción de Durban; y el Grupo de Trabajo Intergubernamental sobre la Aplicación Efectiva de la Declaración y el Programa de Acción de Durban. Estos socios son indispensables en la lucha contra el racismo.
Tras seis décadas de trabajo para implementar la Convención, han surgido conocimientos más matizados sobre la discriminación racial y cómo erradicarla.
Los desafíos globales, como las crisis financieras, la escasez de alimentos y el cambio climático, agravan los problemas que enfrentan las comunidades racializadas. En algunos casos, estas vulnerabilidades se derivan de una discriminación arraigada. La pobreza deja a las comunidades sin reservas para afrontar crisis o desastres. Las recesiones económicas suelen aumentar la presión social para culpar a los más vulnerables, alimentando así el discurso de odio, la violencia y las amenazas a la democracia mediante políticas o líderes racistas.
Actualmente, se reconoce que la discriminación es un factor clave de la pobreza. Los grupos raciales marginados se encuentran desproporcionadamente en sectores informales, poco cualificados y mal remunerados, como el trabajo doméstico, la agricultura y la venta ambulante, que a menudo carecen de protección laboral y seguridad social.
Las mujeres soportan complejas cargas de pobreza, prejuicios étnicos y restricciones basadas en el género, lo que crea profundos obstáculos.
Más allá de las consecuencias personales y desempoderadoras del racismo y la discriminación, es fundamental comprender su naturaleza estructural. En sociedades con prejuicios raciales endémicos, las instituciones perpetúan la desigualdad. Para abordar este problema, es necesario identificar y desmantelar las estructuras institucionales que mantienen las jerarquías raciales. Es preciso revisar las políticas y prácticas que afectan negativamente a las comunidades desfavorecidas, y transformar las culturas y tradiciones excluyentes.
Es fundamental contar con leyes integrales contra la discriminación e instituciones sólidas para su aplicación, con procedimientos que puedan ser iniciados por las propias víctimas o sus representantes.
Los gobiernos deben implementar medidas especiales contundentes para abordar las desigualdades en la participación económica, especialmente en empleo, educación, capacitación, servicios financieros, tenencia de la tierra y derechos de propiedad. La protección laboral y la seguridad social deben extenderse a los trabajadores con bajos salarios y a los trabajadores informales.
Las iniciativas de acción afirmativa deben formar parte de una estrategia de igualdad más amplia, que incluya iniciativas legislativas, presupuestos específicos, parámetros de referencia y cuotas.
Todas las decisiones políticas deben guiarse por una consulta significativa con los grupos afectados por la discriminación racial y basarse en datos desglosados que revelen las desigualdades.
Hoy, las manifestaciones por la justicia racial en todo el mundo exigen el derecho al trabajo, el derecho a la vivienda, el acceso equitativo a una educación y atención médica de calidad, y un salario digno. Estas demandas resuenan tanto en las economías en desarrollo como en las desarrolladas.
Existe un creciente consenso entre las instituciones de desarrollo global sobre la necesidad de abordar la desigualdad de ingresos y la pobreza. Sin embargo, muchos programas de desarrollo internacional no han logrado cambiar la realidad de las comunidades que sufren discriminación endémica. El lema esperanzador de “no dejar a nadie atrás” sigue siendo más una aspiración que una realidad.
El racismo evoluciona constantemente, infectando los sistemas globales y moldeando las realidades dentro y entre las naciones. No puede erradicarse con esfuerzos limitados a las fronteras nacionales. El racismo está arraigado en las políticas exteriores y oculto en los acuerdos comerciales; controla la distribución de vacunas que salvan vidas, la preparación y respuesta ante la crisis climática, los resultados en materia de salud materna y las políticas migratorias.
Las tres recomendaciones generales más recientes del CERD destacan prioridades urgentes: la recomendación general n.º 37 sobre el derecho a la salud, las recomendaciones generales n.º 38 y 39 sobre la erradicación de la xenofobia contra los migrantes y la recomendación general n.º 40 sobre reparaciones por la trata transatlántica de esclavos.
Sin embargo, quizás una de las mayores amenazas a los logros de los últimos 60 años sea el auge de gobiernos excluyentes en todo el mundo que utilizan el racismo como ideología política y plataforma electoral. En un contexto que cuestiona la utilidad del derecho internacional y de un orden basado en normas, el propio concepto de rendición de cuentas, fundamentado en un tratado internacional contra la discriminación racial, se ve desafiado.
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