Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 de avril de 2018.
El prolongado conflicto en Somalia sigue exponiendo a las mujeres y las niñas a un acentuado riesgo de violencia sexual, en particular las que son desplazadas internas o repatriadas, ubicadas en zonas controladas por Al-Shabaab y miembros de clanes minoritarios. Ese riesgo se ve exacerbado por la arraigada desigualdad de género, la débil cohesión social y el limitado acceso a la justicia. De los tres sistemas de justicia de Somalia, a saber, la ley estatutaria, la sharía y el sistema de prácticas consuetudinarias conocidas como xeer, centradas en el clan y no en el superviviente, son estas últimas las que se aplican en la mayoría de los casos de violencia sexual. A menudo ello resulta en la doble victimización de las supervivientes, quienes pueden verse forzadas a casarse con su agresor, a la vez que no se imponen sanciones para disuadir futuros delitos, aparte de una multa nominal pagada a los familiares varones de la víctima. Para abordar esa situación, el Gobierno ha elaborado una política sobre la solución tradicional de controversias, que tiene por objeto encarar las prácticas que discriminan a la mujer y alentar a que los casos de violencia sexual se lleven ante los tribunales.
En 2017, las Naciones Unidas verificaron casos de violencia sexual relacionada con el conflicto perpetrada contra 329 niñas y un niño, atribuidos a agentes armados desconocidos (125), Al Shabaab (75), fuerzas del Estado del Sudoeste (26), fuerzas de Yubalandia (28), milicias de clanes no identificados (19), fuerzas de Galmudug (5), fuerzas de Puntlandia (3), Ahl al-Sunna wal Jama‘a (1), la Fuerza de Policía Somalí (1), la Policía Liyu etíope (10) y el Ejército Nacional Somalí (37). Tres miembros de las fuerzas armadas nacionales, que violaron a un niño de 11 años, han sido arrestados desde entonces. Se han observado los siguientes patrones en cuanto a la violencia sexual relacionada con los conflictos: esta afecta de manera desproporcionada a las mujeres y las niñas desplazadas de grupos marginados; la mayoría de los autores son descritos como hombres en uniforme militar; en la mayoría de los casos se trata de violaciones o violaciones colectivas, y Al Shabaab sigue perpetrando matrimonios forzados; los autores rara vez son investigados; y los supervivientes por lo general no reciben asistencia en apoyo de su recuperación. Las Naciones Unidas recibieron informes de que Al-Shabaab hacía víctimas de la trata a mujeres y niñas de las regiones costeras de Kenya a Somalia, donde eran sometidas a la esclavitud sexual y engañadas con falsas promesas de trabajo en el extranjero.
Algunas de esas mujeres habrían sido retenidas como esclavas sexuales, mientras que otras habrían sido obligadas a convertirse en “esposas” de los insurgentes. Muchas de esas “esposas” forzadas y sus hijos están profundamente traumatizados, pero son renuentes a buscar ayuda por temor a la persecución. La recriminación pública por parte de las autoridades ha exacerbado el estigma al que se enfrentan las esposas y exesposas de Al-Shabaab y sus hijos. El 9 de mayo, la policía de Baidoa, en el Estado del Sudoeste de Somalia, inscribió a las esposas de los militantes de Al-Shabaab y les pidió que abandonaran el campamento donde vivían. El 10 de mayo, el Comisionado de Policía de Distrito confirmó que la policía había convocado a un grupo de esposas de Al-Shabaab y les había dicho que persuadieran a sus maridos de que se rindieran o abandonaran la zona. El 29 de julio, el Ministro de Seguridad de Yubalandia amenazó en la televisión nacional con expulsar a las “esposas e hijos de Al-Shabaab” de las ciudades controladas por el Gobierno, calificándolas de “enemigas del Estado” por el supuesto acto de proporcionar información a la insurgencia.
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Somalia, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, prestó apoyo al Gobierno para la rehabilitación de mujeres que habían estado asociadas con Al-Shabaab. Ese proyecto experimental consistió en la provisión de alojamiento, alimentación, atención sanitaria y seguridad para 19 mujeres y los familiares a su cargo, así como en la prestación de apoyo a la reintegración, en particular mediante la formación profesional y la concesión de subvenciones para la creación de empresas. Una vez finalizado el proyecto experimental, el centro de acogida para mujeres cerró por falta de fondos. Existen tres centros de rehabilitación para hombres que se han retirado de Al-Shabaab, pero no hay establecimientos similares para mujeres. Entre los avances registrados durante el período que abarca el informe cabe mencionar los esfuerzos del Gobierno por acelerar la aplicación del Plan de Acción Nacional para poner fin a la violencia sexual en Somalia; en agosto, el Jefe de las Fuerzas de Defensa del Ejército Nacional de Somalia emitió una orden de mando que disponía la prohibición de la violencia sexual y postulaba una política de tolerancia cero con respecto a esos delitos; y en septiembre, Somalia estableció su primer laboratorio forense, que es fundamental para un enjuiciamiento eficaz, ya que muchos casos de violación se abandonan o se remiten a la justicia tradicional por falta de pruebas. El Gobierno ha ampliado la asistencia letrada, establecido tribunales móviles e invertido en el fomento de la capacidad de enjuiciamiento. La policía nacional ha establecido una Dependencia de Protección de la Mujer y el Niño, mientras que la Ofi cina del Fiscal General ha elaborado una política sobre el enjuiciamiento de los delitos sexuales, que incorpora un enfoque centrado en los supervivientes.
Recomendación
Reitero mis llamamientos al Gobierno para que promulgue el proyecto de ley sobre delitos sexuales, que clasificará la violencia sexual como un delito contra la víctima y no como un “delito contra la moral”, y para que refuerce los mecanismos de denuncia a fin de facilitar los enjuiciamientos. Aliento al Gobierno a que aplique su plan de acción nacional para combatir la violencia sexual mediante la capacitación, la rendición de cuentas y la supervisión del sector de la seguridad. Insto a las autoridades a que velen por que las mujeres y los niños separados de Al-Shabaab reciban apoyo como víctimas, en lugar de ser tratados colectivamente como amenazas.