Un análisis reciente desarrollado por la Escuela Europea de Administración y Tecnología (ESMT Berlín), una institución miembro de la iniciativa Impacto Académico de las Naciones Unidas (UNAI, por sus siglas en inglés) en Alemania, y la Universidad de Texas en Dallas (UTD), Estados Unidos, examina el modo en que los gobiernos informaron y comunicaron al público información acerca de la pandemia de COVID-19. El equipo investigador estaba compuesto por el profesor Francis de Véricourt, director del Centro de Decisiones, Modelos y Datos (DMD-Center) de la ESMT Berlín; Huseyin Gurkan, profesor adjunto de Ciencia de la Administración en la ESMT Berlín, y Shouqiang Wang, profesor asociado de Gestión de Operaciones en la UTD.
El estudio concluye que cuanto más desigual sea el impacto económico sobre la población de una enfermedad, es menos probable que los gobiernos sobrestimen la gravedad de la epidemia. El estudio pronostica que es más probable que los gobiernos intenten restar importancia a la gravedad de una epidemia si desean priorizar la salud de la economía frente a la salud pública. Por el contrario, aquellos gobiernos que den prioridad a la salud de la población frente a la de la economía tenderán a sobrestimar la gravedad de la enfermedad. En este sentido, aunque la eficacia de las restricciones depende de su aceptación a nivel individual, los líderes políticos pueden influir en dicha aceptación mediante la diseminación de información.
En función de cuál sea su objetivo y cuál la percepción del riesgo por parte de la población, los líderes políticos pueden no desear ser completamente transparentes, e intentar minimizar or sobrestimar la gravedad de la enfermedad. Los investigadores desarrollaron un modelo para analizar el modo en que los responsables políticos podrían intentar influenciar la aceptación por parte del público mediante distintas estrategias de comunicación. En particular, intentaron identificar en qué casos distorsionar la gravedad de la enfermedad, tanto sobrestimándola como minimizándola, podría resultar beneficioso. Informar en este contexto supone un desafío, porque cada individuo tiene una percepción diferente del compromiso entre su salud y su riqueza.
Esto puede causar variabilidad en la aceptación de las medidas de confinamiento. Los gobiernos se enfrentan a la tarea de garantizar el mayor grado de aceptación posible mientras mantienen la estabilidad de la economía. Puesto que cada gobierno puede tener distintas prioridades, en ocasiones esto puede ser un incentivo para que los líderes políticos tergiversen la información de la que disponen. Partiendo de esta base, el equipo de investigación desarrolló un modelo basado en la teoría de juegos que tuviera en cuenta los compromisos entre salud y economía a los que gobiernos e individuos se enfrentaron, la diversidad en las condiciones socioeconómicas dentro de la población y el impacto individual de las medidas de distanciamiento social.
El modelo considera también los factores externos que cada decisión individual de acatar o no las medidas crea para el resto de la población. Cuanto más se aísle cada individuo menos se expone la población en su conjunto, lo cual reduce los riesgos para la salud de todos. Sin embargo, esto reduce los incentivos de cada individuo para permanecer confinado, creando así nuevos desafíos. Las conclusiones de este estudio son pertinentes en cuanto que permiten identificar las estrategias que los gobiernos pueden desarrollar para lograr sus objetivos (aceptación masiva de las medidas preventivas), incluso si estos están más centrados en la economía que en la salud pública.
Las prioridades y consideraciones económicas pueden, de hecho, tener un peso importante en el modo en que la información se presenta y se pone a disposición del público. “La estrategia de comunicación de un gobierno es increíblemente importante para garantizar que los ciudadanos acaten cualquiera que sea su enfoque de la pandemia de COVID-19”, afirma de Véricourt. En ese sentido, los hallazgos del estudio “sugieren que las políticas de información de los gobiernos deberían ser completamente transparentes si se otorga el mismo valor a la economía que a la salud pública y se desea mantener el equilibrio entre ambos aspectos”.