The Special Adviser on the Prevention of Genocide, Adama Dieng, urges members of Congress in Guatemala to reject draft legislation to review the 1996 Law on National Reconciliation. He also expresses grave concern about the serious consequences that the approval of such draft legislation would have in the stability of the country and the cohesion of Guatemala’s society.

The draft legislation that is before the Guatemalan Congress would grant amnesty with retroactive effects to all those convicted or awaiting trial for international crimes committed in Guatemala during the country’s civil war from 1960 to 1996. This would include the crime of genocide and crimes against humanity. If approved in its current format, the draft legislation would also terminate ongoing investigations and judicial processes and prevent all future investigations into human rights violations and international crimes committed during that period.

The draft proposal is a clear violation of Article 46 of the Constitution of Guatemala and of the obligations Guatemala has voluntarily committed to under international law, including the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to which Guatemala is a party. Among other, the Convention establishes clear obligations to investigate, prosecute and punish the crime of genocide. Similar obligations in relation to other international crimes exist in international treaties to which Guatemala is a party.

According to the Special Adviser, “the draft proposal is a very serious retraction of the achievements Guatemala has made in the pursuit for justice for the crimes committed during a very dark period of its history”. He highlighted that despite many challenges and delays throughout the years, recent rulings in the cases of Sepur Zarco, Molina Theissen and Dos Erres have showcased how a country can work towards overcoming a legacy of war and impunity and, in this way, contribute to the prevention of future crimes.

The Special Adviser added that “the trial for genocide of former de facto Head of State Efrain Rios Montt in Guatemalan national courts a few years ago, sent a strong message to the world that justice can prevail and that no one is above the law. That was the first country where a national court held a trial of a former Head of State on charges of genocide. But what message and example will Guatemala be sending now if this draft legislation is approved? That impunity and not justice will prevail after all? This would constitute an affront to the victims, an infringement of their rights and a risk to their security”. 

The Special Adviser explained that accountability for past crimes is a basic right of victims and their families to obtain justice and other forms of redress for what they endured. Moreover, it is also a critical tool for peace and security. Accountability rebuilds the social fabric of societies and strengthens reconciliation processes. It recognizes the suffering of the victims and communities involved and prevents feelings of frustration, revenge and mistrust that could be politicized or used to incite or justify further violence.

The Special Adviser concluded by saying that “Guatemala needs to rebuild the confidence of the population in its State institutions. For that, Guatemala must strengthen the respect for the rule of law. Where there is accountability, populations can be hopeful that their State, which might have failed them in the past, will now protect them. A blank amnesty represents an erosion of that trust and could negatively affect ongoing efforts for reconciliation in the country. I urge all members of Congress to reflect very seriously about the impact of their decision, to make sure that Guatemala continues building upon its efforts to fight impunity, and that the country remains an example to the world in the pursuit of justice.”
 

Declaración del Asesor Especial del Secretario General para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, sobre el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de Guatemala.

El Asesor Especial para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, urge los miembros del Congreso de Guatemala a rechazar el proyecto de ley de revisión de la Ley de Reconciliación Nacional de 1996. El Asesor también expresa su profunda preocupación por las graves consecuencias que tendría la aprobación de este proyecto ley para la estabilidad del país y la cohesión de la sociedad guatemalteca.

El proyecto de ley en discusión en el Congreso de Guatemala otorgaría una amnistía con efectos retroactivos para todos aquéllos condenados y a todos aquéllos acusados en espera de juicio por crímenes internacionales graves cometidos durante la guerra civil de Guatemala entre 1960 y 1996. Esto incluiría el crimen de genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Si se aprueba en su formato actual, el proyecto de ley también pondría fin a todas las investigaciones y procesos judiciales en curso e impediría investigaciones futuras sobre violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales cometidos durante ese período.

La propuesta de revisión constituye una clara violación del artículo 46 de la Constitución de Guatemala y de las obligaciones legales a las cuáles Guatemala se ha comprometido voluntariamente en virtud del Derecho Internacional, incluida la Convención sobre la prevención y la sanción del delito de genocidio, de la que Guatemala es parte. Entre otras, la Convención establece obligaciones claras de investigación, persecución, enjuiciamiento y sanción del delito de genocidio. Obligaciones similares en relación a otros crímenes internacionales están previstas en tratados internacionales de los que Guatemala es parte.

Según el Asesor Especial, "el proyecto de ley representa una retractación muy grave de los logros que Guatemala ha alcanzado en la búsqueda de la justicia por los crímenes cometidos durante un período muy oscuro de su historia". El Asesor Especial destacó que, a pesar de los muchos desafíos y retrasos que se han presentado a lo largo de los años, las recientes decisiones judiciales en los casos de Sepur Zarco, Molina Theissen y dos Erres han demostrado cómo un país puede trabajar para superar un legado de guerra e impunidad, y de este modo contribuir a la prevención de crímenes en el futuro.

El Asesor Especial destacó que “el juicio por genocidio contra el ex Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt hace algunos años en los tribunales de Guatemala, envió un incuestionable mensaje al mundo de que la justicia puede prevalecer y de que nadie está por encima de la ley. Guatemala fue el primer país que enjuició en sus tribunales a un ex jefe de Estado por genocidio. ¿Qué mensaje y ejemplo enviará Guatemala al mundo si se aprueba este proyecto de ley? ¿Qué es la impunidad, y no la justicia, lo que prevalece después de todo? Esto constituiría una afrenta a las víctimas, una violación de sus derechos y un riesgo para su seguridad ".

El Asesor Especial declaró que la rendición de cuentas por delitos del pasado ​​constituye un derecho básico de las víctimas y de sus familias a obtener justicia y otras reparaciones. Además, la rendición de cuentas es una herramienta fundamental para la paz y la seguridad. La rendición de cuentas reconstruye el tejido social de las sociedades y fortalece los procesos de reconciliación. La rendición de cuentas reconoce el sufrimiento de las víctimas y las comunidades involucradas y contribuye a evitar sentimientos de frustración, venganza y desconfianza que pudieran ser utilizados con fines políticos o para incitar o justificar más violencia.

El Asesor Especial concluyó diciendo que “Guatemala necesita reconstruir la confianza de la población en las instituciones del Estado. Para eso, es necesario que Guatemala fortalezca el respeto al Estado de Derecho. La determinación de responsabilidades por lo sucedido en el pasado fortalece la esperanza de aquéllos que esperan que su Estado les proteja después de haberles fallado en el pasado. Una amnistía general representa una erosión de esa confianza y podría afectar negativamente los esfuerzos de reconciliación que se han hecho en el país. Insto a todos los miembros del Congreso a reflexionar muy seriamente sobre el impacto de su decisión, a asegurar que Guatemala continúe avanzando en sus esfuerzos por combatir la impunidad, y que el país siga siendo un ejemplo para el mundo en la búsqueda de la justicia ".