The information below is based on the Report of the Secretary-General to the Security Council (S/2018/250) issued on 16 April 2018.
Ocho años después de la cesación de las hostilidades entre los Tigres de Liberación del Ílam Tamil y el Gobierno, Sri Lanka todavía no se ha beneficiado de un proceso amplio de justicia de transición para hacer frente a los delitos cometidos durante tres décadas de brutal guerra civil, incluidos los delitos de violencia sexual relacionada con el conflicto. En su resolución 30/1, de 2015, el Consejo de Derechos Humanos esbozó los elementos de un sistema de justicia de transición y subrayó los problemas de la violencia sexual, la tortura y los secuestros, así como el clima de intimidación de los defensores de los derechos humanos, todo lo cual forma parte del legado de la guerra. En 2017 prosiguieron los esfuerzos para promover la aplicación de la resolución mediante consultas nacionales sobre el diseño de mecanismos de justicia de transición, en las que se escucharon las voces de supervivientes de la violencia sexual. La cuestión de la violencia sexual relacionada con el conflicto ocupó un lugar destacado en el informe resultante (A/HRC/34/20). Sri Lanka se enfrenta a grandes dificultades para lograr que se rinda cuentas por los delitos de violencia sexual, en particular la falta de protección de las víctimas y los testigos y el atraso en la tramitación de los casos de violación, que como promedio tardan más de cinco años en resolverse. En el más reciente resumen anual de la Policía de Sri Lanka sobre delitos graves se relacionan 2.036 denuncias de violación y ninguna condena. Desde la promulgación de la Ley de protección de testigos y víctimas (2015), se ha establecido una división en el seno de la policía para salvaguardar los derechos de quienes denuncian delitos violentos. Sin embargo, se necesitan más agentes femeninos (actualmente el 9%) para mejorar la divulgación entre las mujeres, así como las tasas de denuncia y respuesta a la violencia sexual. Con el apoyo de las Naciones Unidas, el Gobierno puso en marcha un plan de acción nacional para combatir la violencia sexual y por razón de género en 2016 y un plan de promoción de los derechos humanos en 2017, que incluye medidas específicas para acelerar la tramitación de los casos de violencia sexual. El Consejo de Ministros aprobó una serie de propuestas para prestar apoyo a los hogares encabezados por una mujer, inclusive en las provincias fuertemente militarizadas del norte y el este. También se necesitan intervenciones estratégicas para hacer frente al estigma que sufren las supervivientes de la violencia sexual, que a menudo se ve agravado por el estigma cultural asociado a la viudez, así como la difícil situación de los niños concebidos durante violaciones en tiempo de guerra. Los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto proceden de los tres principales grupos de población, y los más afectados son las mujeres tamiles en el noreste, así como las mujeres musulmanas y cingalesas. El estigma se manifiesta de manera diferente en cada comunidad, lo que exige una respuesta adecuada a cada caso. Los patrones de violencia sexual contra hombres y niños por parte de miembros de las fuerzas de seguridad siguen siendo poco denunciados debido a los tabúes culturales y al temor a ser penalizados en un contexto en el que todas las relaciones entre personas del mismo sexo, consensuales o no, están tipificadas como delitos. Siguen apareciendo informes de violaciones, violaciones colectivas y torturas sexuales perpetradas por agentes de la policía y de los servicios de inteligencia militar, en ausencia de una rendición de cuentas y una supervisión rigurosas.
Recomendación
Exhorto a que se documenten sistemáticamente los casos de violencia sexual relacionada con el conflicto de conformidad con el mecanismo de justicia de transición propuesto, a fin de proporcionar una base empírica para los a la violencia, y a velar por que los autores de actos de violencia sexual rindan cuentas de sus actos.