La promesa perdurable de la Convención sobre la Prohibición de las Minas Antipersonal

La Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, también conocida como la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonal (APMBC), es un logro histórico en el desarme humanitario. Negociada en 1997 a través del Proceso de Ottawa y entrando en vigor en 1999, la Convención es el producto de una asociación única entre gobiernos, organizaciones internacionales, la sociedad civil y sobrevivientes de minas terrestres, con las Naciones Unidas como un convocante clave. La Convención prohíbe el empleo, la producción, el almacenamiento y la transferencia de minas antipersonal, al tiempo que obliga a los Estados Parte a limpiar las tierras contaminadas, destruir las existencias y ayudar a las víctimas. Con 166 Estados Parte en abril de 2025, sigue siendo uno de los tratados de desarme con mayor apoyo en la historia y una piedra angular del derecho humanitario.

El impacto de la Convención ha sido profundo. Se han destruido más de 53,1 millones minas almacenadas, millones de metros cuadrados de tierra se ha hecho seguros para la agricultura y el reasentamiento, y se ha dado voz a los sobrevivientes en la política global. Y lo que es más importante, la Convención ha establecido una norma global que rechaza las minas antipersonal por considerarlas armas indiscriminadas que no tienen cabida en la guerra moderna.

He trabajado en la acción contra minas en muchas regiones, incluyendo Afganistán, Camboya, Colombia, Sudán y, más recientemente, Ucrania. La historia es trágicamente familiar: comunidades que luchan por recuperarse, familias desplazadas, niños que recorren caminos peligrosos hacia la escuela y civiles mutilados o muertos por explosivos enterrados. Cada mina desmantelada no es solo un éxito técnico, sino también una restauración de la dignidad y la esperanza. La APMBC evitó que la crisis se intensificara; entre 1997 y 2012, se destruyó la mayoría de las minas almacenadas, no se produjo ningún nuevo uso a gran escala y se arraigó el estigma contra su despliegue. El marco de la Convención facilitó este progreso e inspiró otros tratados emblemáticos, como la Convención sobre Municiones en Racimo de 2008 y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares de 2017.

Hoy, sin embargo, la APMBC se enfrenta a una realidad que da mucho que pensar. Por primera vez en su historia, los Estados Partes han comenzado a retirarse en aras de la defensa nacional. En 2025, varios países de Europa del Este tomaron esta decisión, alegando el aumento de las amenazas a la seguridad en el contexto de la guerra contra Ucrania. La propia Ucrania ha manifestado intenciones similares, incluso cuando la contaminación por minas en su territorio alcanza niveles no vistos en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Estas son decisiones soberanas, pero marcan un punto de inflexión sin precedentes. Tras décadas de expansión y consolidación, la Convención debe ahora demostrar su resiliencia ante la presión de la renovada tensión geopolítica y la agresión no provocada.

Este momento de tensión hace aún más urgente recordar el propósito central de la Convención: proteger a los civiles. Busca proteger a las comunidades de armas que no distinguen entre combatientes y ciudadanos comunes. Esta protección es más difícil de lograr en conflictos activos, donde las minas se colocan a lo largo de frentes cambiantes y cerca de zonas civiles. Sin embargo, la obligación sigue siendo prevenir nuevos usos y preparar el terreno para la recuperación una vez finalizados los combates.

Para los Estados que se enfrentan a una invasión, la justificación del uso de minas como medida disuasoria puede ser convincente. Esta realidad no disminuye el coste humanitario, pero sí subraya la intensa presión que ahora pone a prueba la Convención y sus limitaciones. Cuando se despliegan minas en respuesta a una invasión armada, es difícil criticar las decisiones desesperadas tomadas en defensa de la soberanía nacional. También debe reconocerse que muchos de los ejércitos más poderosos del mundo, como China, India, Pakistán, la Federación Rusa y Estados Unidos, nunca se han adherido a la Convención. Si bien la APMBC crea un estigma global que disuade su uso más allá de sus miembros, su fuerza siempre se ha basado más en la autoridad moral que en la universalidad.

Lo que está en juego no es solo el progreso alcanzado en virtud de la Convención, sino también la norma humanitaria que representa: que los civiles deben estar protegidos de las armas que matan indiscriminadamente. Si ese principio falla en un país, también puede fallar en otros.

Lo que no debe olvidarse es la razón por la que se creó la Convención. Las minas antipersonal constituyen un atentado directo contra los derechos humanos. Matan y mutilan indiscriminadamente, a menudo décadas después del fin de los combates. Los sobrevivientes enfrentan consecuencias físicas, psicológicas y económicas de por vida. Las minas niegan la libertad de movimiento, bloquean la ayuda humanitaria y privan a las comunidades de los recursos esenciales para la vida. No es casualidad que la asistencia a las víctimas se convirtiera en una obligación fundamental en virtud de la APMBC, una medida pionera en el derecho internacional que situó a los sobrevivientes en el centro del desarme.

La acción contra las minas es un factor esencial para el desarrollo sostenible. El desminado no se limita a eliminar peligros; posibilita la recuperación y el crecimiento. En Angola, la limpieza de tierras agrícolas ha revitalizado la agricultura y el comercio. En Camboya, las familias han ampliado el cultivo de arroz en arrozales previamente contaminados. En Ucrania, la limpieza de minas es crucial para restablecer las exportaciones de cereales que alimentan al mundo y estabilizan los mercados, con consecuencias que repercuten en la seguridad alimentaria mundial y los costos energéticos. Al reducir la pobreza, fortalecer los sistemas de salud, facilitar la educación y los medios de vida, y promover la paz y la justicia, la acción contra las minas contribuye directamente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es un requisito previo para la recuperación y la resiliencia, sin los cuales otras inversiones no pueden consolidarse.

A pesar de los desafíos actuales, el pacto humanitario de la APMBC se mantiene sólido. Organizaciones humanitarias, autoridades nacionales y socios de las Naciones Unidas están desminado tierras contaminadas, educando a las comunidades sobre los riesgos y construyendo sistemas nacionales de acción contra minas. Las nuevas tecnologías también están transformando este campo. Los drones, la inteligencia artificial, la cartografía digital y los sistemas mecánicos avanzados están acelerando la prospección y el desminado, mientras que las nuevas generaciones de sensores mejoran tanto la eficacia como la seguridad de los desminadores. Los sobrevivientes influyen cada vez más en las políticas, garantizando que quienes han vivido las consecuencias de las minas tengan voz en la forma de abordarlas.

He visto estas colaboraciones en acción. En el óblast de Járkov, en Ucrania, los equipos de acción contra minas se esfuerzan por garantizar la seguridad de las tierras de cultivo en el marco de un programa de compensación financiado por el gobierno. En Sudán, los desminadores locales despejaron carreteras que permitieron a las fuerzas de paz y a los convoyes humanitarios llegar a comunidades remotas. En Afganistán, miles de hombres han encontrado empleo estable gracias a la limpieza de minas, lo que les permite mantener a sus familias, invertir en la economía local y evitar la radicalización. En Colombia, las redes de supervivientes ayudan a reintegrar a excombatientes y a fortalecer los procesos de paz. En Angola, escuelas y hospitales se alzan ahora en terrenos previamente minados. En Mozambique, la desminación de carreteras permitió a millones de refugiados regresar a sus hogares desde países vecinos.

Estos no son logros políticos abstractos, sino realidades vividas, posibles gracias a los compromisos consagrados en la Convención sobre el Control de Minas Antipersonal. A medida que algunos Estados Partes reconsideran su participación, la comunidad internacional puede responder con una diplomacia sostenida y apoyo a la acción práctica contra minas sobre el terreno. En lugar de aislar a los gobiernos bajo presión, los esfuerzos deberían encaminarse a mantener viva la cooperación de manera que se protejan los principios fundamentales de la Convención y se mantenga abierta la puerta a futuros compromisos renovados.

El camino a seguir exige valentía política y compromiso práctico. Los Estados Partes deben cumplir con sus obligaciones de limpieza y asistencia, no como una formalidad, sino como un recurso vital para los civiles que aún viven bajo amenaza. Los donantes deben mantener y ampliar su apoyo, especialmente en emergencias, donde la financiación es insuficiente. Es necesario reactivar el compromiso de los países no pertenecientes a la Convención, no solo mediante llamamientos morales, sino demostrando los beneficios de la acción contra las minas para el desarrollo y la recuperación. La innovación debe acelerarse en los temas tecnológicos, pero también en la forma en que financiamos, colaboramos y desarrollamos la capacidad local. Solo con un liderazgo audaz y visible de los Estados Partes, la Convención sobre el Control de Minas Antipersonal podrá seguir cumpliendo su promesa.

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