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Un mundo más seguro: nuestra responsabilidad que compartimos -
Informe del Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio
Comunicado de prensa
El Grupo de alto nivel presentará un plan para hacer frente a las amenazas del siglo XXI, hacer más seguro al mundo y fortalecer a las Naciones Unidas
Más de 100 recomendaciones para el cambio abordan cuestiones como la lucha contra el terrorismo, la pobreza, las enfermedades infecciosas, las armas de destrucción en masa, la violencia civil y la reforma de las Naciones Unidas, entre otras.
Nueva York, 30 de noviembre: el Grupo designado hace un año por el Secretario General de las Naciones Unidas con el fin de elaborar propuestas para el fortalecimiento de la seguridad internacional, presentará oficialmente sus recomendaciones el próximo 2 de diciembre. En ellas, se insta a la adopción de reglas básicas de largo alcance para ayudar al mundo a afrontar las nuevas amenazas en evolución del siglo XXI y para fortalecer a las Naciones Unidas.
En las palabras del presidente del Grupo, el ex Primer Ministro de Tailandia, Anand Panyarachun, el informe de 95 páginas titulado Un mundo más seguro: la responsabilidad que compartimos «presenta una nueva visión de la seguridad colectiva, que abarca todas las principales amenazas a la paz y seguridad internacionales presentes en el mundo». El Grupo compuesto por 16 ex jefes de Estado, Ministros de Relaciones Exteriores, y oficiales de seguridad, militares, diplomáticos y de desarrollo, reafirmó el derecho de los Estados a defenderse, incluyendo las medidas precautorias cuando un ataque sea inminente. El informe también menciona que en el caso de «visiones apocalípticas», por ejemplo una combinación de terroristas y armas de destrucción masiva, el Consejo de Seguridad debería actuar de manera más proactiva, adoptando medidas resueltas y con mayor antelación.
Los cambios recomendados por el Grupo abarcan algunos de las cuestiones de ámbito mundial más controvertidas, tales como el uso justificado de la fuerza, y algunas de las más complejas, incluidos los esfuerzos para combatir la pobreza y las enfermedades. El informe sostiene que en el mundo actual, en la era del comercio mundial, el terrorismo y las armas de destrucción en masa, la amenaza contra una persona o nación es una amenaza contra todos, y que las naciones deben trabajar de consuno para mantener su seguridad. Si bien el Grupo subraya la necesidad de una seguridad colectiva, también señala que los Estados soberanos «siguen estando en la vanguardia de la respuesta a las amenazas actuales», a pesar de que muchos de ellos necesitan crear una mejor capacidad «para ejercer su soberanía de una manera responsable».
Hace un año, al establecer el Grupo, el Secretario General advirtió que las Naciones Unidas habían llegado a una encrucijada en el camino: podían ponerse a la altura de las circunstancias y conjurar las nuevas amenazas, o correr el riesgo de ir desapareciendo en vista de la discordia cada vez mayor entre los Estados y su actuación unilateral. El Sr. Annan considerará las recomendaciones del Grupo en el informe que presentará en marzo. Éste ayudará a fijar el programa de una cumbre especial de las Naciones Unidas que reunirá a los líderes mundiales en septiembre del año próximo.
El uso de la fuerza
El informe, reafirma el derecho a la legítima defensa y advierte que las «visiones apocalípticas» podrían requerir que el Consejo de Seguridad adopte medidas resueltas y proactivas. Además, respalda la idea de que la comunidad internacional tiene la responsabilidad colectiva de proteger a la población civil del genocidio, la limpieza étnica y otras atrocidades similares. Esta responsabilidad, indica el informe, recae primordialmente en los Estados soberanos, pero cuando éstos no puedan o no deseen proteger a su población civil, entonces la comunidad internacional debe intervenir, actuando de manera preventiva a ser posible, respondiendo a la violencia de ser necesario y trabajando para reconstruir las sociedades destruidas después de lo acaecido. El principal objetivo debe ser detener la violencia mediante la práctica de la diplomacia y proteger a las personas mediante acciones como el envío de misiones humanitarias, de derechos humanos o de policía. «La fuerza, si hay que usarla, debe constituir un último recurso», y bajo la autorización del Consejo de Seguridad.
El Grupo propone cinco criterios que deben guiar al Consejo cuando éste deba decidir si autoriza el uso de la fuerza: la seriedad de la amenaza, el uso adecuado de la fuerza, la fuerza como último recurso, la proporcionalidad de la acción y el balance de las consecuencias (por ejemplo, cuando la acción militar puede conducir a un daño mayor o menor que la inacción).
Consolidación de la paz
El informe también aborda los problemas que surgen durante un conflicto violento y después de él, incluyendo las capacidades necesarias para la imposición de la paz, el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz y la protección de los civiles. El informe señala que la oferta total en el mundo de personal disponible para el mantenimiento de la paz es peligrosamente baja y hace un llamamiento a los países para apoyar los despliegues militares. El informe señala que los Estados desarrollados en particular, deben esforzarse más para tener en sus ejércitos contingentes aptos para ser desplegados en operaciones de paz y para facilitar los recursos financieros y logísticos necesarios para la movilización de dichos contingentes en el momento y lugar en que sean requeridos. El Grupo también insta a la creación de un nuevo órgano de las Naciones Unidas, denominado Comisión para la Consolidación de la Paz, que identificaría a los países en riesgo de un conflicto violento, organizaría los esfuerzos de prevención e impulsaría y mantendría las iniciativas de la comunidad internacional para la consolidación de la paz tras los conflictos.
Prevención
El informe contiene diversas propuestas para prevenir los conflictos y otras amenazas mundiales, situando al desarrollo en la vanguardia. El desarrollo, afirma, «sirve para muchas cosas. Ayuda a luchar contra la pobreza, las enfermedades infecciosas y la degradación ambiental, que matan a millones de seres humanos y plantean una amenaza a la seguridad humana. El desarrollo es esencial para ayudar a los Estados a prevenir o remediar el deterioro de la capacidad estatal, que es crucial para hacer frente a casi todo tipo de amenaza. Y es parte de una estrategia a largo plazo para prevenir la guerra civil y poner fin a los entornos en los que florecen el terrorismo y la delincuencia organizada».
El Grupo hace una crítica a la reacción mundial ante el VIH/SIDA «que sorprendió por su lentitud y vergonzosamente sigue careciendo de recursos suficientes». En el informe se recomienda una importante iniciativa destinada a crear capacidad en materia de sanidad en todo el mundo, así como la vigilancia epidemiológica y la reacción oportuna. La iniciativa se plantea como un mecanismo de defensa ante las epidemias, tanto de origen natural como las ocasionadas por los terroristas que utilicen armas biológicas. También apunta a «la brecha entre el potencial del Protocolo de Kyoto y sus logros reales», e insta a que se lleven a cabo nuevas negociaciones para la elaboración de una estrategia a largo plazo con el fin de reducir el calentamiento atmosférico más allá del año 2012, fecha en que prescribirán las obligaciones fijadas en el protocolo.
El informe también enuncia recomendaciones detalladas para el fortalecimiento del régimen de no-proliferación nuclear, y plantea medidas adicionales para prevenir la propagación de las armas biológicas y químicas. Define los elementos principales de una estrategia global contra el terrorismo, que deberá estar encabezada por el Secretario General. El Grupo logró el consenso sobre una definición clara de terrorismo. La carencia de tal definición, afirma el Grupo, ha impedido que Naciones Unidas «ejerzan su autoridad moral y proclamen inequívocamente que el terrorismo no es jamás una táctica aceptable».
Reforma de la ONU
El Grupo consideró que las Naciones Unidas «han encarado las principales amenazas a la paz y la seguridad con una eficacia muy superior a la que se les reconoce, pero que, pese a ello, se necesitan grandes cambios» para que puedan «garantizar la seguridad colectiva de todos» en el siglo XXI. Entre los cambios más significativos recomendados por el informe, se encuentra la ampliación del Consejo de Seguridad de 15 a 24 miembros. El Grupo sugiere dos modelos: uno con seis nuevos miembros permanentes sin derecho a veto y otro con nuevos asientos por períodos renovables de cuatro años y distribuidos de manera regional.
Además, el informe recomienda cambios en la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y la Comisión de Derechos Humanos, así como en la relación de las Naciones Unidas con las organizaciones regionales. Asimismo, propone reforzar la función crítica que cabe al Secretario General en cuanto a la paz y la seguridad. El Secretario General, para actuar con mayor eficacia, debería tener mayor flexibilidad para administrar la Secretaría y al mismo tiempo se exigiría que rindiera cuenta de esa administración. También se recomienda la creación de un puesto adicional de Vicesecretario General que se encargaría de la paz y la seguridad, y que prepararía informes de alerta temprana y posibles estrategias para que el Secretario General tomase una decisión, complementando así los logros del puesto de Vicesecretario actual, creado en 1996, el cual ha logrado «mucha más coherencia a la labor de la ONU en los campos económico, social y de desarrollo».
El informe contiene 101 recomendaciones en total. Además del presidente, los miembros que constituyen el Grupo de Alto Nivel sobre las amenazas, los desafíos y el cambio son: Robert Badinter (Francia), Gro Harlem Brundtland (Noruega), Mary Chinery-Hesse (Ghana), Gareth Evans (Australia), David Hannay (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), Enrique Iglesias (Uruguay), Amre Moussa (Egipto), Satish Nambiar (India), Sadako Ogata (Japón), Yevgeny M. Primakov (Federación de Rusia), Qian Qichen (China), Nafis Sadiq (Pakistán), Salim Ahmed Salim (República Unida de Tanzanía), Brent Scowcroft (Estados Unidos de América) y Joao Baena Soares (Brasil). El profesor Stephen Stedman de la Universidad de Stanford guío la investigación y compiló el informe.