Asia
Timor-Leste
El punto culminante de la consideración del Consejo de Seguridad sobre la situación en Timor-Leste fue la finalización de la operación de mantenimiento de la paz conocida como Misión de Apoyo de las Naciones Unidas en Timor Oriental (UNMISET)—que había contribuido a mantener la estabilidad en la nueva nación desde su sangrienta, aunque exitosa, consulta popular celebrada en 1999 sobre la separación de Indonesia —y el posterior establecimiento de la Oficina de las Naciones Unidas en Timor-Leste (UNOTIL) como misión política especial de seguimiento de un año de duración que permanecería en el país hasta el 20 de mayo de 2006.
El 28 de febrero, Sukehiro Hasegawa, el Representante Especial del Secretario General y jefe de la UNMISET, comunicó al Consejo que, a pesar de los progresos tangibles en la construcción de las instituciones democráticas desde 1999, seguían persistiendo algunos de los mayores problemas, el más difícil de los cuales incluía las negociaciones con Indonesia sobre la demarcación de la frontera terrestre
Subrayando los progresos políticos, en seguridad y en otras materias, afirmó que se había llegado a un acuerdo a nivel técnico respecto a una línea de demarcación provisional de más del 95% de la longitud de la frontera pero que ni la resolución de los problemas restantes sobre la frontera ni el establecimiento de un corredor de transporte que uniese Oecussi con el resto de Timor-Leste habían sido posibles. Un problema de reciente aparición era la lucha contra la corrupción, que no sólo requería la formulación y la aplicación de la legislación, sino también el establecimiento de normas éticas y directrices.
Por el lado positivo, dijo que el Parlamento Nacional estaba listo para nombrar un Defensor de Derechos Humanos y Justicia largamente esperado. Además, había aprobado la ley orgánica del Consejo Superior de Defensa y Seguridad el 14 de febrero y el Presidente la había promulgado el 17 del mismo mes. Esa ley, junto con la ley orgánica del Consejo de Estado, representaba un paso más en la consolidación de los principales órganos de soberanía. El 9 de febrero, el Consejo de Ministros había aprobado leyes en materia de inversiones extranjeras y nacionales y se esperaba que se aprobase en cualquier momento un proyecto de ley sobre la libertad de reunión y manifestación. Otro logro notable fue la redacción de un proyecto de ley sobre un fondo del petróleo, que garantizaría la rendición de cuentas de la gestión de los ingresos derivados del petróleo.
En cuanto a la seguridad y estabilidad, afirmó que la situación en Timor-Leste se había mantenido tranquila y estable pero que el entorno operacional seguía siendo frágil. Los elementos armados posiblemente vinculados a grupos de ex milicianos habían realizado incursiones en enero y febrero. La frontera permanecía porosa y difícil de controlar. Seguían produciéndose actividades de comercio ilegal, contrabando y cruces ilegales de la frontera, lo que requería el aumento de la capacidad de gestión de la frontera.
En cuanto al procesamiento de los delitos graves, manifestó que los fiscales habían concluido todas las investigaciones en noviembre de 2004 y los juicios finalizarían en marzo de 2005, mientras que un número aproximado de 340 acusados permanecía fuera del país. El procesamiento de los delitos graves no satisfacería plenamente el deseo de justicia de todos los afectados por la violencia de 1999 y, en este sentido, el Secretario General había establecido una Comisión de Expertos para que evaluase los resultados de los dos procesos judiciales en Yakarta y Dili. La Comisión también examinaría formas en que su análisis pudiese resultar de utilidad para la Comisión de la Verdad y la Amistad establecida por Timor-Leste e Indonesia, que habían continuado mejorando sus relaciones.
José Ramos-Horta, Ministro de Relaciones Exteriores y de Cooperación de Timor-Leste, solicitó que se prorrogase el mandato de la UNMISET por un período final de seis meses o un año, señalando que era consciente de que había realizado la misma petición el año anterior. Si bien las Naciones Unidas habían realizado una aportación inestimable a uno de los episodios históricos de mayor éxito en el mundo, la realidad era que la paz en Timor-Leste era frágil, así como lo eran las instituciones que la habían hecho posible.
El representante de Indonesia afirmó que la reunión el 14 de diciembre de 2004 en Bali entre el Presidente Yudhoyono y el Presidente Xanana Gusmao era una ocasión histórica para las relaciones bilaterales, en la que los dos dirigentes habían reiterado su determinación de fortalecer en mayor medida una relación estable, amistosa y mutuamente beneficiosa. Asimismo, también habían señalado el constante y positivo aumento de sus relaciones en los últimos tres años, como se reflejaba en los considerables progresos en el tratamiento de cuestiones tales como la demarcación de la frontera terrestre, los refugiados, los cruces de la frontera tradicional y los acuerdos de regulación del mercado. El acuerdo por el cual se estableció la Comisión de la Verdad y la Amistad reflejaba de forma clara la madurez y el espíritu de lograr una solución aceptable para curar las heridas y borrar el peso del pasado con el fin de fomentar las relaciones bilaterales y la amistad entre ambos pueblos.
El 28 de abril el Consejo de Seguridad estableció la UNOTIL mediante la adopción unánime de la resolución 1599 (2005). Decidió que el mandato de la UNOTIL sería el siguiente: Prestar apoyo para el desarrollo de instituciones fundamentales del Estado, proporcionando hasta 45 asesores civiles; prestar apoyo para el desarrollo ulterior de la policía, proporcionando hasta 40 asesores de policía, y para el desarrollo de la Unidad de Patrulla de Frontera, proporcionando hasta 35 asesores más, de los cuales 10 podrían ser asesores militares; impartir formación sobre observancia del gobierno democrático y los derechos humanos, proporcionando hasta 10 oficiales de derechos humanos; y examinar los avances realizados en relación con las funciones anteriores;
Reconociendo la decisión del Secretario General de enviar una comisión de expertos a Timor-Leste y a Indonesia a fin de que examinase los procedimientos para hacer valer la responsabilidad por delitos graves, el Consejo reafirmó la necesidad de que se rindiesen cuentas verosímiles de las transgresiones de los derechos humanos cometidas en Timor Oriental en 1999.
Reafirmando que sigue plenamente comprometido con la promoción de la estabilidad duradera en Timor-Leste, el Consejo pidió que, en el ejercicio de su mandato, la UNOTIL prestase especial atención a la debida transferencia de pericia y conocimientos con el fin de preparar a las instituciones públicas de Timor-Leste para prestar sus servicios con arreglo a los principios internacionales de imperio de la ley, justicia, derechos humanos, gobernanza democrática, transparencia, rendición de cuentas y profesionalismo. Igualmente, alentó al Gobierno de Timor-Leste, a la UNOTIL, a la Secretaría de las Naciones Unidas, a los organismos de desarrollo y humanitarios de las Naciones Unidas y a las instituciones financieras internacionales a que comenzasen inmediatamente a planificar una transición rápida y fluida de una misión política especial a un marco de asistencia para el desarrollo sostenible.
Las delegaciones acogieron con beneplácito los recientes progresos en Timor-Leste, incluidos la celebración pacífica de elecciones locales, la aprobación por el Parlamento Nacional del primer Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia y la mejora en las relaciones con los países vecinos, especialmente con Indonesia. En ese sentido, los presidentes aclamaron la reciente visita del Presidente Yudhoyono de Indonesia a Timor-Leste, durante la cual las dos naciones habían firmado un acuerdo provisional sobre la frontera terrestre.
La Presidenta del Consejo Ellen Margrethe Løj (Dinamarca), hablando en su capacidad nacional, afirmó que los acontecimientos recientes habían demostrado que la democracia en Timor-Leste aún era frágil, aunque a la vez fuerte y eficiente. Al mismo tiempo, la falta de progresos en la lucha contra la impunidad era motivo de preocupación. La cuestión de los delitos graves cometidos en Timor-Leste en 1999 también era preocupante, no sólo para los dos países, sino también para la comunidad internacional en general. Los autores de esos delitos debían pasar a disposición de los tribunales.
El representante de Indonesia afirmó que la Comisión de la Verdad y la Amistad, el organismo bilateral creado por su país y por Timor-Leste, seguía siendo el mejor mecanismo para promover las relaciones bilaterales y la amistad entre los dos pueblos. Indonesia había invitado a la Comisión de Expertos a realizar una visita del 18 al 20 de mayo y esperaba sus aportaciones positivas al trabajo de la Comisión de la Verdad y la Amistad.
El representante de Timor-Leste mostró su agradecimiento a la UNMISET por sus aportaciones a la paz, estabilidad, justicia y fomento de la capacidad en su país y acogió con beneplácito la resolución 1599 (2005) por la que se establecía por un año el mandato de la misión de seguimiento. El Gobierno de Timor-Leste se mostraba comprometido con la paz y la estabilidad en el país.
Aunque destacó los progresos alcanzados en diversas áreas, también recalcó que Timor-Leste seguía siendo una de las naciones más pobres del mundo. No obstante, el Gobierno estaba decidido a proporcionar al pueblo una vida mejor, para lo cual era necesario el apoyo de la comunidad internacional.
El 29 de agosto, el Sr. Hasegawa, el Representante Especial del Secretario General y jefe de la UNOTIL, manifestó en una reunión informativa al Consejo que la situación general en Timor-Leste había permanecido tranquila y estable desde la solución pacífica en mayo de la controversia entre la Iglesia y el Gobierno. No se habían producido mayores incidentes relacionados con la seguridad o la frontera pero había habido algunos enfrentamientos aislados relativos a grupos de artes marciales y a grupos que perseguían intereses políticos. Los enfrentamientos entre los grupos de artes marciales habían incitado al Presidente Gusmao a reunir a 14 de ellos para firmar una declaración que los comprometía a erradicar la violencia. Asimismo, las actividades de los grupos que perseguían intereses políticos habían llevado a la policía a confiscar armas y a retener a algunos de los miembros para interrogarlos, en su mayor parte en el distrito de Bacau.
Con respecto al proceso político, afirmó que las elecciones locales celebradas durante el período al que se refiere el informe se habían desarrollado de forma pacífica y ordenada. Las elecciones parlamentarias presidenciales y nacionales se celebrarían dentro de 18 meses y tanto el Presidente Gusmao como el Primer Ministro Alkatiri habían pedido a las Naciones Unidas que les prestasen asistencia para la elaboración de las leyes electorales. Tanto el Consejo Superior de Defensa y Seguridad como el Consejo de Estado habían sido establecidos en mayo y el 28 de junio se había anunciado la reestructuración del Gobierno. Los nuevos miembros del Gabinete habían prestado juramento el 29 de julio.
Afirmó que, en el frente diplomático, la relación de Timor-Leste con Australia e Indonesia había seguido creciendo. Estaba a punto de firmar un acuerdo con Australia sobre el reparto de los recursos de petróleo y gas del Mar de Timor. En la Reunión de la Comisión Ministerial entre Indonesia y Timor-Leste celebrada en julio se había acordado que los dos países firmarían un acuerdo sobre el restante cuatro por ciento de la extensión de la frontera común.
En la esfera económica, manifestó que habían surgido nuevas oportunidades y desafíos. Los recursos de petróleo y gas del Mar de Timor habían comenzado a generar ingresos y el Gobierno había elaborado una legislación para dar cuenta de la gestión de los recursos de petróleo. Los consejeros civiles de la UNOTIL habían desempeñado un papel principal en la elaboración de la legislación y el establecimiento del Fondo del Petróleo. Las leyes sobre inversión nacional y extranjera se habían promulgado el 27 de mayo y se esperaba que potenciasen la inversión empresarial en el país.
En cuanto al estatuto del establecimiento del mandato de la UNOTIL recogido en la resolución 1599 (2005) 
, afirmó que el primer componente del mandato era prestar apoyo a las instituciones fundamentales del Estado, proporcionando hasta 45 asesores civiles. Como resultado de sus incansables esfuerzos, sus homólogos timorenses se habían responsabilizado más de sus deberes funcionales. No obstante, la eficacia de los asesores civiles en la transferencia de pericia y conocimientos seguía siendo entorpecida por la falta de capacidad nacional en áreas altamente técnicas y especializadas como los sectores judicial y financiero así como por la dificultad a la que se enfrentaban las instituciones estatales para establecer e implementar un buen sistema de promoción de las perspectivas de carrera. Esos desafíos requerían el apoyo bien coordinado de la comunidad internacional.
Afirmó que el segundo componente del mandato consistía en prestar apoyo para el desarrollo ulterior de la policía y para el desarrollo de la Unidad de Patrulla de Frontera, proporcionando hasta 60 asesores de instrucción policial y 15 asesores militares. Los asesores de instrucción policial y militar de la UNOTIL habían dirigido evaluaciones conjuntas de cada unidad con sus homólogos timorenses. La segunda reunión del Grupo de Consulta de todos los interesados se había celebrado el 26 de julio para examinar los cuatro pilares en torno a los cuales se estructura la estrategia conjunta para el desarrollo policial: la ética profesional; el desarrollo de la formación de dirigentes y de estrategias; la integración mediante actividades que cuenten con apoyo bilateral; y la gestión efectiva de la frontera. Los 15 asesores de instrucción militar estaban dirigiendo un programa de instrucción para la Unidad de Patrulla de Frontera, centrándose en una gran variedad de capacidades de gestión de la frontera que proporcionaría a la Unidad la capacidad y seguridad necesarias para relacionarse con sus homólogos militares indonesios.
Declaró que, recientemente, el Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia había prestado juramento al Parlamento Nacional, definiendo ese acontecimiento como un paso importante para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública, no sólo en el área de los derechos humanos, sino también en la lucha contra la corrupción. La UNOTIL prestaría el máximo apoyo para reforzar la capacidad técnica y operacional de la Oficina del Defensor, así como de las Oficinas del Inspector General y del Fiscal General.
Declaró que tras cuatro años de trabajo, faltaba poco para que la Comisión para la Acogida, la Verdad y la Reconciliación finalizase su último informe, que estaría listo a finales de octubre. En cuanto al proceso de los delitos graves, la UNOTIL había elaborado una copia de todos los expedientes reunidos por la Dependencia de Delitos Graves. El sistema judicial nacional había demostrado su capacidad de actuación al lograr el regreso de un antiguo miembro de la milicia que había sido acusado en el proceso de delitos graves.
Para concluir, afirmó que, careciendo de una fuerza de seguridad de las Naciones Unidas, la seguridad del personal de las Naciones Unidas seguía siendo una preocupación y un desafío primordiales para la UNOTIL. Se habían desarrollado las medidas de seguridad necesarias con los recursos existentes para garantizar la seguridad de todo el personal de las Naciones Unidas.
Bougainville
El Consejo celebró este año dos reuniones formales sobre la situación en Bougainville. En la primera, el 15 de junio, hizo pública una declaración de la Presidencia en la que acogía con beneplácito la celebración de las primeras elecciones generales para Presidente y miembros de la Cámara de Representantes de la Región Autónoma de Bougainville, que se celebraron del 20 de mayo al 9 de junio. El Consejo también acogió complacido el establecimiento el 15 de junio del Gobierno Autónomo de Bougainville en su plena capacidad. Felicitando al Gobierno Autónomo y al pueblo de Bougainville por ese logro, el Consejo destacó que las elecciones, que reflejaban la voluntad expresada por el pueblo de Bougainville, había significado un hito histórico en el proceso de paz.
El Subsecretario General de Asuntos Políticos, Danilo Türk, informando al Consejo el 6 de julio de los recientes acontecimientos, afirmó que el mandato de la Misión de Observación de las Naciones Unidas en Papua Nueva Guinea se había establecido por completo y que las partes habían dado el paso más importante para lograr un acuerdo de paz en Bougainville. Tras el establecimiento del Gobierno Autónomo—investido el 15 de junio—, dicha entidad y el Gobierno de Papua Nueva Guinea tratarían cuestiones relativas a la aplicación del acuerdo de paz y de la constitución nacional mediante procedimientos ya establecidos. Ya se habían puesto en marcha mecanismos para tratar cualquier discrepancia que pudiera surgir. Afirmó que, aunque correspondía al Gobierno Autónomo de Bougainville planificar sus prioridades, los dos gobiernos pretendían trabajar codo con codo para abordar futuros desafíos.
Tras una década de conflicto armado por la cuestión de la independencia de la isla del Océano Pacífico, Bougainville, el Gobierno de Papua Nueva Guinea y los dirigentes de Bougainville firmaron, el 23 de enero de 1998, el Acuerdo de Lincoln sobre la Paz, la Seguridad y el Desarrollo en Bougainville. El Acuerdo establecía un marco para un proceso de paz, garantizando una cesación permanente del fuego. Las principales partes implicadas en el proceso de paz en Bougainville son el Gobierno Nacional de Papua Nueva Guinea, el gobierno provincial de Bougainville dirigido por el Gobernador, el Congreso del Pueblo de Bougainville, el Ejército Revolucionario de Bougainville y las Fuerzas de Resistencia de Bougainville.
El 30 de abril de 1998, las partes implicadas en el conflicto firmaron el Acuerdo de Arawa sobre la aplicación de la cesación del fuego. El Equipo de Supervisión de la Tregua de carácter regional compuesto por supervisores de Australia, Nueva Zelandia, Fiji y Vanuatu se convirtió en un Grupo de Supervisión de la Paz. El 30 de agosto de 2001, las partes firmaron el Acuerdo de Paz de Bougainville y solicitaron a las Naciones Unidas y al Grupo de Supervisión de la Paz que les prestasen asistencia para su aplicación. La Oficina Política de las Naciones Unidas en Bougainville (UNPOB) comenzó sus operaciones el 1 de agosto de 1998. El 23 de diciembre de 2003, el Consejo resolvió establecer la Misión de Observadores de las Naciones Unidas en Bougainville (UNOMB), como misión de seguimiento de la UNPOB. La Misión consistía en finalizar las tareas pendientes de la UNPOB y facilitar un período de transición poco conflictivo que conduciría a la elección de un gobierno autónomo en Bougainville en un futuro cercano.
El contenido de esta página es una traducción no oficial, elaborada con la participación de la Facultad de Traducción de la Universidad de Salamanca.