Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas
30 de agosto
Mensaje del Secretario General
Nueva York, 30 de agosto de 2014
La desaparición forzada de personas a manos de los Estados constituye una violación inaceptable de los derechos humanos. Los actos equivalentes a la desaparición forzada de personas cometidos por grupos armados y terroristas también constituyen una violación grave de los derechos humanos. Esta práctica abominable priva a las personas del amparo de la ley y, por tanto, puede conllevar un gran peligro de que sufran violencia física y, en ocasiones, una ejecución atroz. Además de causar una preocupación y una angustia inimaginables a las víctimas y sus seres queridos, esto crea un clima generalizado de miedo y terror en sociedades enteras.
En un tiempo las desapariciones forzadas fueron empleadas principalmente por las dictaduras militares. Cada vez más se han convertido en un instrumento utilizado por muchos Estados de todo el mundo, algunos dentro de estrategias de lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada y otros para aplastar la disidencia y el activismo en pro de los derechos humanos.
En este solemne día, quiero reiterar con la mayor firmeza que, con arreglo al derecho internacional, no debe someterse a nadie a una detención secreta. Toda persona privada de su libertad debe ser retenida en lugares reconocidos y supervisados oficialmente donde disfrute de seguridad y las garantías del estado de derecho. Los Estados deben informar plenamente sobre el paradero de las personas que han desaparecido. Y deben aplicar de manera efectiva el derecho a la verdad, la justicia y la reparación a todas las víctimas y sus familiares. Las desapariciones forzadas constituyen una práctica que no puede tolerarse en el siglo XXI.
Hasta la fecha, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que entró en vigor en diciembre de 2010, ha sido firmada por 93 Estados y ratificada por 43. La Convención proporciona una base sólida para luchar contra la impunidad, proteger a las personas desaparecidas y sus familias y fortalecer las garantías ofrecidas por el estado de derecho, entre ellas la investigación, la justicia y la reparación.
Insto a todos los Estados Miembros a que firmen y ratifiquen la Convención sin demora. Ha llegado el momento de que la Convención alcance la ratificación universal y se ponga punto final a todas las desapariciones forzadas.
