Protección de los civiles en los conflictos armados

Con el fin de proteger a los civiles en los conflictos armados, una declaración de la Presidencia de 15 de marzo identificó 13 objetivos primordiales para la protección de los civiles en situaciones de conflicto: acceso a las poblaciones vulnerables; separación de civiles y elementos armados; justicia y reconciliación; seguridad y orden público; desarme, desmovilización, reintegración y rehabilitación; armas pequeñas y medidas relativas a las minas; formación de las fuerzas de seguridad y de mantenimiento de la paz; efectos en las mujeres; efectos en los niños; protección y seguridad del personal de asistencia humanitaria y personal asociado; medios de comunicación e información; recursos naturales y conflictos armados; y consecuencias humanitarias de las sanciones.

Después de un debate abierto sobre el tema el día 10 de diciembre, el Consejo condenó enérgicamente, en una declaración de la Presidencia de 20 de diciembre, todas las agresiones y actos de violencia dirigidos contra civiles y otras personas protegidas en virtud del derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, en situaciones de conflicto armado. El Consejo hizo hincapié en la responsabilidad de los Estados de poner fin a la impunidad y de enjuiciar a los responsables del genocidio, crímenes de lesa humanidad y violaciones graves del derecho internacional humanitario. El Consejo reconoció además las necesidades de los civiles sometidos a ocupación extranjera y destacó también a ese respecto las responsabilidades que incumbían a la Potencia ocupante.

Los niños y los conflictos armados

En una declaración de la Presidencia de 7 de mayo, la víspera del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre la infancia, el Consejo condenó enérgicamente una vez más el abuso de los niños en conflictos armados, incluyendo el secuestro, el reclutamiento contra su voluntad, la mutilación, la obligación a desplazarse y el abuso sexual. Hizo un llamamiento a todas las partes en los conflictos para que abandonaran de inmediato esas prácticas y permitieran que la asistencia humanitaria llegara a los niños sin obstáculos. Con antelación a la publicación de la declaración, el Consejo fue informado por Olara Otunnu, Representante Especial del Secretario General encargado de la cuestión de los niños en casos de conflicto armado, quien habló ante el Consejo y pidió que se incluyese la protección y el bienestar de los niños como parte integral de las negociaciones de paz.

Las mujeres, la paz y la seguridad

El 31 de octubre, por medio de una declaración de la Presidencia, el Consejo reafirmó su compromiso de seguir aplicando plenamente su resolución 1325 (2000) sobre las mujeres, la paz y la seguridad en el segundo aniversario de su aprobación. En esta declaración, el Consejo condenó todas las violaciones de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado y reconoció la función esencial de la mujer en la promoción de la paz. El Consejo reconoció progresos en la incorporación de la perspectiva de género en las Naciones Unidas, aunque instó a que se incrementara el número de mujeres en puestos de representantes especiales y enviadas especiales del Secretario General.

La declaración se hizo pública después de las reuniones celebradas el 28 y 29 de octubre donde el Secretario General presentó su informe sobre el tema en el que se especificaban recomendaciones para aumentar la presencia de las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la paz y para reducir su sufrimiento en situaciones de conflicto y con posterioridad a los conflictos.

A su vez, estas reuniones tuvieron lugar después de una reunión el 25 de julio en la que el Consejo escuchó argumentos a favor de una participación más amplia y sistemática de las mujeres en las operaciones de mantenimiento y consolidación de la paz. Entre los participantes estaban Angela King, Subsecretaria General y Asesora Especial en Cuestiones de Género y Adelanto de la Mujer; Noeleen Heyzer, Directora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) y Jean-Marie Guéhenno, Secretario General Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz.

Ayuda alimentaria en el marco de la solución de conflictos

El 4 de abril, el último día de su mandato de 10 años como Directora Ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA), Catherine Bertini informó al Consejo sobre la ayuda alimentaria en el marco de la solución de conflictos y resaltó el Afganistán como el ejemplo más reciente de cómo la comunidad internacional había logrado impedir la hambruna. Dijo que la ayuda humanitaria salvaba vidas y ayudaba a reconstruir comunidades y a estabilizar países y regiones pero que era una labor peligrosa. Era escandaloso que sólo hubiera sido sometido a la justicia un escaso número de quienes habían cometido actos de violencia contra el personal humanitario.

Aun expresando un gran respeto por la labor de la Sra. Bertini y el PMA, los miembros del Consejo advirtieron que la asistencia alimentaria en situaciones de conflictos era sumamente delicada y que si se abusaba de ella podía tener un efecto directo en la dinámica de la violencia. Era preciso crear sistemas para minimizar los desvíos de la asistencia alimentaria que podían empeorar los conflictos y exacerbar las desigualdades en sociedades en conflicto o en etapas posteriores a los conflictos y era necesario definir claramente las estrategias de salida.

Refugiados

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Ruud Lubbers, informó al Consejo el 7 de febrero sobre la situación de más de 21 millones de refugiados, personas internamente desplazadas, apátridas y otras personas de que se ocupaba su Oficina. Dijo que tenía el firme propósito de avanzar durante este año en la búsqueda de soluciones duraderas para esas personas. A ese respecto, resaltó la importancia de terminar los conflictos armados y de evitar que se establecieran vinculaciones injustificadas entre refugiados y terroristas. En la discusión subsiguiente, los representantes de los Estados Miembros plantearon una serie de cuestiones como la financiación insuficiente de la Oficina del Alto Comisionado y la importancia de garantizar que la asistencia humanitaria no se convirtiera en un factor que fomentara el conflicto.

Armas pequeñas

Por medio de una declaración de la Presidencia de 31 de octubre, el Consejo pidió a los Estados que establecieran un registro nacional de intermediarios de armas e hizo un llamamiento a que sancionaran las actividades de intermediación ilícitas. La declaración reconocía la importante función de los embargos de armas y la responsabilidad del Consejo de encontrar estrategias innovadoras para terminar con el comercio ilícito de armas pequeñas ligeras.

La declaración fue difundida después de una sesión pública de un día celebrada el 11 de octubre y en la que los oradores expresaron su apoyo al Programa de Acción de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el tráfico de armas pequeñas celebrada en 2001. También propusieron sistemas por medio de los cuales el Consejo podría reforzar su labor para evitar que las armas pequeñas contribuyeran a exacerbar los conflictos.

En la apertura del debate, Jayantha Dhanapala, Secretario General Adjunto de Asuntos de Desarme, presentó un informe del Secretario General sobre este tema. Entre las recomendaciones de dicho informe que recibieron un amplio apoyo se encontraban las propuestas de mecanismos internacionales para identificar y rastrear armas y de un mecanismo permanente para vigilar los embargos y las sanciones que caen dentro del ámbito del Consejo.

Sanciones

En las exposiciones informativas sobre la situación en el Afganistán, Iraq y Kuwait, Angola y Liberia que formularon ante el Consejo el 18 de diciembre los presidentes salientes de los Comités de Sanciones, así como en las del Grupo de Trabajo especial sobre prevención y resolución de conflictos en África y del Grupo de Trabajo sobre las operaciones de las Naciones Unidas de mantenimiento de la paz, se destacó la importancia de la experiencia adquirida y de la continuidad de la labor. Los presidentes también discutieron las acciones del Consejo contra Estados o individuos que violaban las sanciones y discutieron, entre otras cosas, qué medidas debería tomar el Consejo contra los que habían violado las sanciones una vez que dichas sanciones se habían levantado.