JUNTA DE AUDITORES
DE LAS NACIONES UNIDAS

Observaciones introductorias ante la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto formuladas el 20 de septiembre de 2010 por Imran Vanker, Director de Auditorías Externas de Sudáfrica y Presidente del Comité de Operaciones de Auditoría de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas

Señora Presidenta y distinguidos miembros de la Comisión Consultiva,

Buenos días. Les agradezco que me hayan invitado a presentarme ante la Comisión y por la flexibilidad que ha demostrado su secretaría para adaptarse a la disponibilidad de horario del Comité de Operaciones de Auditoría. Cada vez que nos reunimos con ustedes decimos que, como colaboradores en asuntos de supervisión, la Comisión Consultiva y la Junta tienen una relación especial, y ustedes dicen lo propio. Hoy es otra de esas ocasiones en que quisiera repetir eso. Para ponerlo en la perspectiva correcta, en los dos últimos años, hemos planeado auditorías, hemos visitado oficinas sobre el terreno, hemos revisado documentos de trabajo y hemos discutido para que se incluyeran cuestiones en nuestros informes diciendo cada vez que se trataba de cuestiones importantes que serían de interés para la Comisión. Hoy y en el curso de los próximos días tendremos la oportunidad de compartir con ustedes todo lo que hemos detectado, y estamos deseosos de oír su reacción a nuestras conclusiones.

Ahora quisiera presentar a mi equipo. Permítaseme empezar por presentar al miembro más nuevo del equipo. Su nombre es Hugh O’Farrell y representa al Auditor General del Reino Unido, y desde julio del presente año ha asumido las funciones que anteriormente desempeñaban nuestros colegas franceses. Quiero asegurarles que la Junta y el Comité de Operaciones de Auditoría han actuado con gran diligencia y sumo cuidado en el traspaso de funciones y que la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido ha asumido muy rápidamente un papel de plena gravitación en nuestra Junta. Sus equipos ya están avanzando considerablemente con sus auditorías. La Junta, en su período de sesiones de julio de 2010, recibió la confirmación del miembro entrante de que estaba enteramente satisfecho con los procedimientos de traspaso de funciones que habíamos establecido, con lo cual la Comisión Consultiva puede estar tranquila de que el cambio de auditores no provocará desfases.

Presentación del Sr. Myard, el Director saliente Sr. Hu, el Director entrante, Sr. Liu y el Sr. Goolsarran y sus equipos

Nos complace también reunirnos por primera vez con los recientemente nombrados miembros de la Comisión Consultiva, el Sr. Akira Sugiyama y el Sr. Anupam Ray, y estamos deseosos de trabajar con ellos de la misma manera que lo hicimos con sus predecesores.

Señora Presidenta,

Nos presentamos aquí como el único órgano de auditores externos independientes de las Naciones Unidas, condición que ha sido reafirmada muchas veces por la Asamblea General y de la cual, en los últimos 65 años, los sucesivos miembros de la Junta se han sentido orgullosos. Lo que esto significa es que en los informes que la Comisión tiene a la vista, y en las respuestas que obtendrán de nosotros hoy, pueden estar seguros de que hemos aportado el nivel más alto de apreciación experta e independiente para el examen de las diversas cuestiones de que nos hemos ocupado.

Muchos de los interlocutores con quienes hemos tenido relación en el curso del bienio nos han preguntado qué sucede con nuestros informes de auditoría una vez que los hemos firmado. Creo que el propósito de la pregunta es llegar a entender de qué manera se ejercen —en todo su alcance— las funciones de supervisión en las Naciones Unidas. Todos sabemos que la auditoría no termina con nuestro informe, ni con la revisión editorial y la publicación de dichos informes, sino que nuestra reunión de hoy con ustedes y nuestras reuniones posteriores con la Quinta Comisión contribuirán, de manera sinérgica, a que una supervisión efectiva redunde en una rendición de cuentas efectiva.

La manera en que respondemos a la pregunta de qué sucede con nuestros informes es diciendo ante todo que nuestros informes son examinados por la Comisión Consultiva. De modo pues, la reunión de hoy también es importante por esa razón, porque estas deliberaciones contribuyen a crear confianza entre los interlocutores de que existe un sistema ordenado de presentación de informes, que da lugar a las funciones de supervisión y, en última instancia, impone la rendición de cuentas.

Si bien nuestro propósito primordial es dar respuesta a las diversas preguntas que se nos planteen hoy, desde el punto de vista profesional tenemos la tendencia a aprovechar esta oportunidad para entender mejor los riesgos que la Comisión considera está afrontando la Organización, y para comprender las cuestiones que le interesan. Por lo tanto, debo decir que no sólo nos interesan sus preguntas, sino también reflexionar sobre las observaciones que ustedes hagan. Esas observaciones serán tenidas en cuenta durante la planificación de nuestras auditorías para el próximo bienio, que ya están en marcha.

Los informes que ustedes tienen a la vista hoy representan aproximadamente el trabajo de 2.200 semanas de auditoría, sin incluir el tiempo que pasamos efectuando las auditorías de operaciones de mantenimiento de la paz ni los informes que no se presentan a la Comisión Consultiva. Nos complace decirles que en el curso de este bienio no experimentamos ninguna limitación en el alcance de nuestra labor ni en el acceso a los registros ni los funcionarios competentes, y que, en general, contamos con un apoyo excelente de los administradores en cualquier parte del mundo en que trabajamos. En el anexo I del resumen conciso podrán observar la asignación de tareas entre los miembros de la Junta. Este cuadro indica quién es el auditor jefe de cada comprobación de cuentas y ayudará a dar a los miembros de la Comisión una idea de quién se encargará principalmente de responder a las preguntas que ustedes hagan sobre los distintos informes.

Habiendo hecho estas observaciones preliminares, tengo ahora el placer, en nombre del Presidente y de los miembros de la Junta, de presentar a su consideración los informes de la Junta de Auditores que figuran con su correspondiente signatura en el mismo anexo del resumen conciso. Se nos ha indicado que no presentemos el informe sobre el plan maestro de mejoras de infraestructura porque la Comisión lo examinará más adelante en el período de sesiones. Tampoco nos ocuparemos hoy de los informes que se presentan directamente al Consejo de Seguridad (el de la Comisión de Indemnización de las Naciones Unidas y la cuenta de garantía bloqueada del Iraq), ni algunos informes encomendados especialmente que contienen un subconjunto de conclusiones resultante de los informes que hoy tienen ante ustedes. Por ejemplo, preparamos un informe especial sobre el Departamento de Microfinanciación del OOPS, pero hemos incluido las conclusiones importantes de la auditoría en el informe sobre el OOPS que hoy tienen ante ustedes.

En estas observaciones introductorias voy a referirme a cuatro temas: los informes y las opiniones de auditoría de la Junta; el estado de aplicación de las recomendaciones; las cuestiones de interés general (tenemos siete en esa categoría) y por último las cuestiones importantes, respecto de las cuales voy a tratar diez aspectos.

Sobre la base de la auditoría de cada entidad de las Naciones Unidas, la Junta hace observaciones, examina las causas profundas y las posibles repercusiones, y luego formula recomendaciones para subsanar las deficiencias que haya observado. La atención que hayan recibido las recomendaciones de auditoría de la Junta y el estado de su aplicación es un indicador de la capacidad de la organización de efectuar cambios en los controles y procesos en los que hayamos detectado la necesidad de mejoras. Además, el seguimiento que hagan los auditores internos y el interés que demuestren los órganos legislativos respecto de las recomendaciones de auditoría es esencial para fortalecer las funciones de supervisión de las entidades de las Naciones Unidas.

La Junta ha evaluado la aplicación de sus recomendaciones en cada organización y ha incluido en un anexo de cada informe el estado de la aplicación de dichas recomendaciones en relación con el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2007. En el anexo II del informe conciso figura un cuadro en el que se resume el estado de aplicación de las recomendaciones en las organizaciones.

En total, la tasa de aplicación de las recomendaciones de la Junta disminuyó del 64% al 59%. Del total de 518 recomendaciones formuladas en el bienio 2006-2007 (2004-2005: 788 recomendaciones), 305 se habían cumplido totalmente (59%), 169 recomendaciones se habían cumplido parcialmente (33%), 16 recomendaciones no se habían cumplido (3%) y 28 recomendaciones (5%) habían sido superadas por los acontecimientos. En cada uno de los informes, la Junta ha puesto de relieve, cuando procedía, las razones y dificultades concretas relativas a las demoras en la aplicación de algunas recomendaciones.

Conforme a lo dispuesto en la resolución 47/211 de la Asamblea General, la Junta invita a la Administración a asignar la responsabilidad específica de la aplicación de todas las recomendaciones a las personas o divisiones competentes y a hacerlo dentro de un plazo determinado, de manera que haya un aumento en la tasa de aplicación de las recomendaciones.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 61/233 A de la Asamblea General, en lo que respecta a la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), la Junta evaluó el estado de aplicación de dichas normas en las entidades del sistema de las Naciones Unidas. La Junta observó que todas las entidades habían retrasado el inicio de la aplicación de las IPSAS, retrasos que van desde enero de 2010 hasta enero de 2012, en tanto las Naciones Unidas (y las entidades conexas) demorarían aún más su aplicación, hasta enero de 2014. La Junta está decepcionada por las demoras en sí y por el hecho de que se estén posponiendo los beneficios que se derivarían de la introducción de una mejora considerable en la presentación de los informes financieros. Aguardamos con interés compartir con la Comisión las demás opiniones que tenemos a este respecto.

Señora Presidenta,

Permítame ahora hacer algunas observaciones acerca de las cuestiones de interés general detectadas por la Junta durante el bienio, algunas de las cuales derivan de solicitudes de los órganos legislativos de examinar cuestiones concretas conforme a lo dispuesto en el artículo VII del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas.

IPSAS

En primer lugar, nos preocupa la cuestión de los progresos de las entidades en la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público (IPSAS), situación que la Junta siguió examinando con la máxima atención en el curso del bienio. Las IPSAS suponen una gran oportunidad, pero también un enorme riesgo para las organizaciones si no son aplicadas correctamente. De la flexibilidad que permiten las Normas de contabilidad del sistema de las Naciones Unidas (UNSAS) se pasará a las reglas mucho más estrictas que imponen las IPSAS, que son menos flexibles y requieren una mayor atención a los registros contables, la selección de las políticas de contabilidad y la reunión de datos para su inclusión en los estados financieros. En el futuro, estas cuestiones plantearán dificultades a las organizaciones para mantener o mejorar la opinión de auditoría que hayan recibido sobre sus estados financieros.

De conformidad con lo dispuesto en la resolución 61/233 A de la Asamblea General, y en respuesta a las observaciones de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que figuran en su informe A/61/350, la Junta realizó un análisis de deficiencias en la aplicación de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público, así como de los sistemas de gestión de los recursos institucionales nuevos o perfeccionados. Como parte del examen de los proyectos de aplicación de las IPSAS, la Junta analizó el estado de preparación de las organizaciones auditadas según podía desprenderse de sus planes de aplicación.

Del análisis de la situación, la Junta pudo concluir que las respectivas dependencias de finanzas tienen, en general, un alto grado de conciencia respecto de las IPSAS y una creciente preparación para aplicarlas, lo que la Junta acoge con beneplácito. El interés en contar con personal cualificado, la gestión del cambio, la capacitación, la diligencia en la planificación de los recursos institucionales y un alto grado de apoyo son todos elementos clave para una aplicación satisfactoria.

La aplicación de las IPSAS constituye sin duda una importante iniciativa de reforma que contribuirá a satisfacer las necesidades básicas de presentación de informes financieros de las organizaciones. En algunos casos, las IPSAS pueden ser también la antesala de la introducción de sistemas de planificación de los recursos institucionales, los cuales darán la oportunidad de mejorar o reestructurar varios procesos internos. Con todo, la Junta advierte que: a) la aplicación oportuna de las IPSAS y de los sistemas de planificación de los recursos institucionales, por sí solos, no bastarán para corregir los innumerables problemas de gestión que afrontan varias organizaciones; y b) los propios proyectos de aplicación crearán considerables problemas de gestión. La Junta subraya la importancia de que haya técnicas adecuadas de gestión de los proyectos durante todo el proceso de aplicación de las IPSAS a fin de asegurar que el proyecto y sus componentes accesorios se ejecuten puntualmente.

En cada informe, la Junta ha destacado algunas de sus conclusiones particulares, respecto de las cuales seguirá ocupándose, y, cuando proceda, presentará sus aportaciones sobre el particular.

En segundo lugar, está la cuestión relativa al seguro médico después de la separación del servicio y las obligaciones posteriores a la jubilación. De conformidad con lo dispuesto en las resoluciones de la Asamblea General 60/255 y 61/264, se ha encomendado a la Administración que deje de presentar las obligaciones relativas al seguro médico después de la separación del servicio y posteriores a la jubilación en las notas a los estados financieros y, en su lugar, las contabilice y presente en el cuerpo principal de los estados financieros.

En este bienio, observamos que todas las organizaciones de las que presentamos informes estimaron sus respectivas obligaciones respecto del personal que ha reunido las condiciones para recibir diversas prestaciones al separarse del servicio o después de la terminación del servicio. No obstante, como sucedió en el bienio anterior, las organizaciones de las Naciones Unidas siguieron consignando dichas obligaciones en distinta medida. En tanto algunas entidades han hecho asientos contables que suponen la totalidad de sus obligaciones, otras entidades no han consignado el costo total de las obligaciones pero han incluido la información pertinente acerca de la totalidad de sus obligaciones en las notas a los estados financieros. El monto global de las obligaciones estimadas ascendía a 3.900 millones de dólares (2007: 4.100 millones de dólares) al 31 de diciembre de 2009. Ello incluía: 3.100 millones correspondientes al seguro médico después de la separación del servicio, 225 millones correspondientes a las obligaciones por concepto de licencias y 356 millones de dólares correspondientes a las prestaciones de repatriación. Estos valores disminuyeron en comparación con los existentes al 31 de diciembre de 2007, principalmente a raíz de los cambios en las políticas contables y los métodos de estimación de las organizaciones.

En su resolución 64/241, la Asamblea General pidió al Secretario General que continuara validando el pasivo acumulado por concepto de seguro médico después de la separación del servicio con las cifras comprobadas por la Junta de Auditores y que incluyera esa información y los resultados de la validación en el informe que habría de presentarle en su sexagésimo séptimo período de sesiones. En respuesta a dicha solicitud, la Junta examinó la valoración actuarial del pasivo acumulado por concepto de seguro médico después de la separación del servicio, dentro de los límites de su propio mandato, establecido en el artículo VII del Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas y su anexo, y de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría.

En general, la Junta observó que la mayoría de las organizaciones todavía no habían adoptado una decisión acerca de la financiación de sus obligaciones futuras respecto de sus empleados. Además, en algunas organizaciones, el asiento de las obligaciones arrojó saldos negativos en los fondos y las reservas, por lo que la Junta considera que las organizaciones podrían no estar en una posición financiera que les permita cumplir plenamente sus obligaciones de seguro médico después de la separación del servicio y posteriores a la jubilación a medida que sea preciso costearlas.

En comparación con la metodología de valoración utilizada en el último bienio, hubo algunos cambios en muchas de las hipótesis actuariales utilizadas para calcular las obligaciones de seguro médico después de la separación del servicio. En particular, en el cálculo anterior de las obligaciones de seguro médico después de la separación del servicio, la mayoría de las organizaciones habían utilizado una tasa de descuento del 5,5%. El cálculo de las obligaciones de seguro médico después de la separación del servicio al 31 de diciembre de 2009 se basó en la mayoría de las organizaciones en una tasa de descuento del 6,0%, en función de las tasas de rendimiento de bonos de calidad emitidos por sociedades anónimas. La Junta reconoce que esta metodología se ajusta a la norma 25 de las IPSAS, pero considera que: a) el aumento en la tasa de descuento no refleja la tendencia en las tasas de interés, que por lo general han disminuido en el último período y b) el cálculo es únicamente una estimación del valor real del pasivo y los cálculos basados en normas que no tengan propósitos contables pueden arrojar resultados distintos. A este respecto, la Junta desea subrayar que la valoración financiera de las necesidades de financiación (es decir, la “valoración de la financiación”) arrojaría un valor diferente al resultante de una valoración contable, que suele ser más conservadora.

En lo que respecta a las obligaciones por concepto de licencias anuales, también llegamos a la conclusión de que, durante el bienio, las entidades de las Naciones Unidas, en general, hicieron algunos cambios en el método de estimación del pasivo. Si bien el pasivo por concepto de licencias anuales se había estimado anteriormente utilizando el método de los costos corrientes, la mayoría de las organizaciones cambiaron su política contable y calcularon dichas obligaciones sobre la base de una valoración actuarial efectuada por un consultor externo.

La Junta llegó a la conclusión de que el cálculo de las obligaciones por concepto de licencias anuales mediante valoración actuarial no era apropiado por cuanto: a) incluía días que se acumularían en el futuro; y b) se había aplicado un descuento. Por lo tanto, la Junta propuso que las organizaciones consideraran la posibilidad de revisar su política de cálculo de las obligaciones por concepto de licencias durante la aplicación de las IPSAS.

Un tercer motivo de preocupación para la Junta se refiere a las entidades regidas por el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas. Si bien puede haber otras esferas de armonización de las prácticas, los procesos y los procedimientos institucionales en las organizaciones de las Naciones Unidas, la Junta observó divergencias en varios aspectos que repercuten en los estados financieros de las organizaciones de las Naciones Unidas, divergencias que los reglamentos financieros de las respectivas entidades han contribuido a mantener o a acentuar, a saber, la organización de los estados financieros, las políticas contables, y las fechas de presentación de los estados financieros. La Junta ve con preocupación que esas discrepancias impiden establecer paralelismos importantes al comparar los estados financieros de las entidades de las Naciones Unidas. Además, las entidades podrían tratar de aprovechar esas normas diferentes para lograr ventajas comparativas a la hora de competir por los fondos de los donantes. La Junta considera que deberían examinarse las divergencias en las reglamentaciones cuando se apliquen las nuevas normas de contabilidad IPSAS.

En cuarto lugar, la Junta ve con preocupación la cuestión de la modalidad de ejecución nacional, consistente en efectuar anticipos de fondos a los asociados en la ejecución (gobiernos y organizaciones no gubernamentales) y estos presentan informes de gastos e informes de auditoría a las organizaciones de las Naciones Unidas para rendir cuentas de cómo han gastado los fondos. El PNUD, el UNFPA y el ACNUR utilizaron la modalidad de ejecución nacional, en tanto el UNICEF aplicó una modalidad similar a la ejecución nacional, según la cual prestaba a los gobiernos apoyo financiero directo, lo que se denomina asistencia en efectivo a los gobiernos.

La Junta observó diferencias en el modo en que las entidades aplicaban la modalidad de ejecución nacional por cuanto aplicaban distintos procedimientos y normas para la gestión del proceso de auditoría de los gastos de ejecución nacional, incluso en lo que respecta al monto de los gastos sujetos a una auditoría independiente y a la puntualidad en la recepción de los informes de auditoría de los gastos de la ejecución nacional.

En el UNICEF, la modalidad de asistencia en efectivo a los gobiernos no exige auditorías obligatorias similares al proceso de auditoría de la modalidad de ejecución nacional, por lo que este proceso por sí solo tal vez ofrezca menos garantías que el proceso que va acompañado de una auditoría. Las conclusiones de la Junta con respecto a las modalidades de los gastos de ejecución nacional y la asistencia en efectivo a los gobiernos ponen de relieve la necesidad de asegurar la uniformidad en los enfoques. La Junta toma conocimiento de la iniciativa de aplicar un enfoque armonizado a las transferencias de efectivo, y seguirá ocupándose de la cuestión.

En quinto lugar, la Junta ve con preocupación la gestión de las adquisiciones y los contratos, pues ha observado varias cuestiones derivadas del marco jurídico y de procedimiento impreciso que se aplica al apoyo que presta la Secretaría a las misiones políticas especiales. De resultas de ello, dichas misiones no tienen la delegación de autoridad apropiada en materia de adquisiciones, aunque igualmente realizan adquisiciones.

En varias entidades de las Naciones Unidas, la Junta detectó muchas instancias de incumplimiento de las normas sobre adquisiciones. La Junta observó además que existía una planificación insuficiente de las adquisiciones en algunas entidades, al tiempo que las prácticas de gestión de la base de datos de los proveedores de algunas entidades no eran adecuadas y debían mejorarse. Las adquisiciones siguen siendo un ámbito de alto riesgo en el que, de no haber una gestión apropiada, podría resultar menoscabada la integridad del sistema de las Naciones Unidas. Las esferas de preocupación sexta y séptima se refieren a la gestión de los bienes fungibles y no fungibles. Es importante señalar que, en el pasado, varias entidades han recibido informes con comentarios de los auditores debido a estas dos esferas. Preocupa a la Junta la continuación de esta tendencia en algunos de los informes sometidos al examen de la Comisión.

En tanto el concepto de bienes no fungibles se define de manera diferente en las Naciones Unidas y sus fondos y programas, la Junta considera que el valor agregado de los bienes no fungibles consignados por las entidades sobrepasaba con creces los mil millones de dólares. Dado que muchas organizaciones realizan verificaciones y evaluaciones físicas durante sus preparativos para aplicar las IPSAS, es probable que las cantidades consignadas cambien considerablemente. La Junta observó los esfuerzos realizados durante el bienio por las entidades de las Naciones Unidas por mejorar la gestión de los bienes no fungibles, pero aun así, persisten varias deficiencias que la Junta había señalado anteriormente.

En lo que respecta a los bienes fungibles, en el curso del bienio la Junta amplió sus comprobaciones de cuentas a este tipo de bienes, como parte del seguimiento de sus conclusiones de auditoría anteriores, el reconocimiento de los ingentes gastos que en ciertos casos suponían los bienes fungibles y como parte de los preparativos para atender a las necesidades de contabilidad y presentación de información con arreglo a las IPSAS. En varias entidades, el valor de los bienes fungibles no fue consignado en el cuerpo principal ni en las notas de los estados financieros. La Junta ha indicado en sus informes varios aspectos que pueden mejorarse en la gestión de los bienes fungibles.

En opinión de la Junta, la introducción de las Normas Contables Internacionales para el Sector Público también ofrecerá a las organizaciones la oportunidad de adoptar normas armonizadas para la gestión y la contabilidad de los bienes fungibles y no fungibles. La Junta ciertamente encontró que las normas vigentes aplicables a los bienes fungibles y no fungibles diferían de una organización a otra.

Señora Presidenta,

También he resumido algunas cuestiones importantes que pueden inferirse de nuestras comprobaciones de cuentas.

Las cuestiones relacionadas con los estados financieros se refieren a los rubros que no fueron consignados apropiadamente en los registros contables, o presentados o indicados adecuadamente en los estados financieros o en las notas a los estados financieros. La Junta detectó varias deficiencias en la gestión y el registro de las obligaciones por liquidar y los saldos de cuentas por cobrar y deudas por pagar. La Junta también observó casos en que las conciliaciones, que son una herramienta de control importante en la función contable, no se efectuaron apropiadamente.

La Junta observó que había un número considerable de fondos fiduciarios en las entidades de las Naciones Unidas. También encontró casos en que las entidades de las Naciones Unidas habían mantenido durante el bienio los saldos de los fondos fiduciarios sin que se realizaran actividades para utilizar los fondos o se devolvieran los fondos a los respectivos donantes.

De conformidad con la solicitud de la Comisión Consultiva que figura en su informe A/63/474, la Junta siguió prestando especial atención al examen de la presupuestación basada en los resultados. La Junta observó varias cuestiones en las comprobaciones de cuentas de las organizaciones, a saber: a) los planes de trabajo sobre la gestión no siempre se presentaban en los plazos previstos y no siempre se aprobaban; b) los indicadores de progreso no eran específicos, mensurables ni realistas, ni tenían plazos establecidos; c) la Junta no podía verificar algunos de los logros, dado que no toda la información que figuraba en los informes sobre la ejecución del presupuesto estaba respaldada por pruebas documentales; y d) a veces no era clara la relación entre los logros previstos y el objetivo correspondiente.

Al examinar las tenencias de efectivo e inversiones al 31 de diciembre de 2009, la Junta observó que había aproximadamente 18.000 millones de dólares de recursos en efectivo disponibles, como inversiones o como efectivo. Los saldos obedecían a distintas razones, por ejemplo, a contribuciones recibidas por adelantado (es decir, antes de que se llevaran a cabo las actividades correspondientes), fondos de operaciones, efectivo reservado mientras estuviesen en curso actividades de ejecución, y/o recursos (en efectivo) no utilizados correspondientes a períodos anteriores, y/o superávits.

La gestión de los recursos en efectivo es una responsabilidad importante que tienen las administraciones. A medida que aumentan los saldos de caja y crece el número de cuentas, transacciones y divisas de pago, también aumenta la necesidad de contar con sistemas y personal capacitado para poder gestionar adecuadamente los riesgos y sacar el máximo rendimiento de los recursos en efectivo. La Junta aprovecha esta oportunidad para presentar un panorama general de los saldos de caja, y seguirá examinando esta cuestión en el futuro. La Junta observó que el monto de los depósitos a la vista y a plazo, las inversiones y las cuentas mancomunadas se basaba en la aplicación de distintas normas y convenciones contables y que, por lo tanto, debía considerarse que era solo una estimación del valor total. La Junta observó también algunas deficiencias de menor importancia en la administración del efectivo en las entidades de las Naciones Unidas.

La Junta detectó varias deficiencias en lo que respecta a las prácticas de gestión de los programas y proyectos de las entidades de las Naciones Unidas, entre ellas la necesidad de armonizar los métodos contables para los pagos efectuados a los asociados en la ejecución del PNUMA, la conciliación de los montos abonados al PNUD por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para la ejecución de proyectos de ejecución nacional, el establecimiento de un manual de gestión de proyectos en la Universidad de las Naciones Unidas y la administración de los anticipos a los asociados en la ejecución que estaban pendientes de pago desde hacía largo tiempo en el PNUD.

En lo que atañe a los recursos humanos, la Junta volvió a observar que las vacantes no siempre se llenaban sin retrasos y que esta situación era común en las entidades de las Naciones Unidas. También se observó que los informes de evaluación del desempeño no siempre se preparaban y completaban dentro de los plazos establecidos, además de constatarse que había algunas deficiencias en el control y el proceso de administración y gestión de las licencias, como por ejemplo el mantenimiento de registros manuales de las licencias.

La Junta efectuó un examen general de los controles de la tecnología de la información en algunas de las entidades de las Naciones Unidas y constató que había deficiencias principalmente en los procesos de control de cambios y la gestión de las cuentas de los usuarios. La Junta observó también que el acceso físico y los controles ambientales a las salas de servidores eran inadecuados.

La Junta observó diferencias en las normas que regían la gestión de los viajes entre las Naciones Unidas y sus fondos y programas. La Junta observó una serie de deficiencias en la gestión de viajes en todas las entidades, a saber: a) las solicitudes de viaje no siempre se presentaban dentro del plazo establecido antes del viaje sino que a veces se presentaban después de la fecha del viaje; b) las solicitudes de reembolso de los gastos de viaje no siempre se presentaban después de la fecha del viaje; y c) en algunos casos, no se vigilaban los anticipos para viajes, lo que dejaba un gran número de cuentas por cobrar de larga data.

Las funciones de auditoría interna de las Naciones Unidas y las entidades conexas están a cargo de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna (OSSI) y la mayoría de los fondos y programas tienen sus propias funciones de auditoría interna.

En el curso del bienio, la Junta intensificó su coordinación con la función de auditoría interna en las entidades de las Naciones Unidas, lo que ha quedado de manifiesto en cada informe con la exposición mucho más ampliada de los asuntos de auditoría interna. La Junta ve con preocupación que los planes de auditoría interna no se hayan completado debido principalmente a las vacantes existentes en las respectivas dependencias de auditoría interna.

La Junta pone de relieve que los auditores internos tienen un conocimiento especial de las organizaciones al que habrá que recurrir en los próximos años durante la aplicación de las IPSAS, y que los auditores internos podrían ser los más indicados para integrar un grupo de orientación interno de importancia decisiva para la gestión durante la planificación de los recursos institucionales.

Hay otros asuntos relativos a organizaciones concretas que se han examinado en los respectivos informes de las entidades. Si incluyéramos esos asuntos en estas observaciones preliminares, referirnos a cada uno de ellos podría llevarnos un tiempo considerable. Espero, sin embargo, que estas observaciones le hayan presentado, a usted y a la Comisión, un rápido panorama del contenido de los informes de la Junta que están sometidos a su consideración.

Señora Presidenta, distinguidos miembros,

Muchas gracias.

Sección de Servicios de Internet, Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas