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Poder Ejecutivo Federal
Alianza para la Igualdad
Programa Nacional de la Mujer
1995-2000
1a. Edición, marzo de 1996
ISBN 970-628-142-8
(c)Secretaría de Gobernación
Derechos reservados conforme a la ley.
IMPRESO EN MÉXICO. PRINTED IN MEXICO
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN .............................................................................................. 5
I. SITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO ................................................... 9
1. La población femenina ......................................................................................11
2. Educación de la mujer ...................................................................................... 12
3. Salud de la mujer ..............................................................................................19
4. Participación económica de la mujer ................................................................. 25
5. La carga de la pobreza para la mujer .................................................................30
6. Mujer rural y mujer indígena ............................................................................. 33
7. Mujer joven y mujer de la tercera edad ............................................................. 37
8. Mujer y familia ................................................................................................. 43
9. Violencia contra la mujer .................................................................................. 49
10. Imagen femenina en los medios ....................................................................... 54
de comunicación
11. Participación de las mujeres en la toma de ...................................................... 57
decisiones
II. RETOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER . 59
III. OBJETIVOS ................................................................................................. 67
IV. ESTRATEGIAS ............................................................................................ 69
V. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS ........................................................................73
ANEXO ............................................................................................................. 109
INTRODUCCIÓN
El Programa Nacional de la Mujer, que aquí se presenta, reconoce que la población femenina desempeña un papel protagónico en el proceso de desarrollo y es sujeto fundamental del mismo. No debe pensarse, sin embargo, que el desarrollo implica automáticamente el mejoramiento de la condición social de la mujer, como si sólo fuera beneficiaria pasiva de este proceso. Por el contrario, debe reconocerse su papel estratégico, no sólo en la promoción del desarrollo económico y social, sino también en los avances democráticos y en la transmisión de nuestra cultura y valores. La mujer realiza asimismo una serie de actividades primordiales para el bienestar familiar y el desarrollo comunitario. A pesar de la importancia de sus aportes, éstos han sido sólo parcialmente reconocidos y valorados.
La Constitución Política de nuestro país, en su Artículo Cuarto, establece la plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer. No obstante, la realidad cotidiana dista de reflejar cabalmente este principio. La desigualdad entre hombres y mujeres permea aún la organización de muchas de nuestras instituciones sociales. Ello ocurre así, tanto en el medio doméstico y familiar, como en diversos ámbitos públicos, lo que contribuye a reproducir su situación de desventaja.
Diversos programas y acciones gubernamentales han sido puestos en práctica en los últimos veinte años para coadyuvar al mejoramiento de la condición de la mujer. En 1974 se llevó a cabo una profunda revisión de la legislación mexicana para eliminar cualquier forma de discriminación hacia la mujer. En esa oportunidad se reformó el Artículo Cuarto de la Constitución Política. En ese mismo año se estableció también el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó el Informe de México presentado en la Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en nuestro país en 1975. Más tarde, en 1980, se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo (PRONAM) dentro del Consejo Nacional de Población (CONAPO). Este Programa significó un importante avance, al proponer un conjunto de iniciativas específicas orientadas a promover el mejoramiento de la condición social de la mujer. Con posterioridad, en 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer para coordinar las actividades y proyectos sectoriales en la materia. Esta misma Comisión preparó también la participación de México en la materia en la III Conferencia Mundial sobre la Mujer, realizada en Nairobi en 1985, e impulsó el desarrollo de proyectos diversos en beneficio de la población femenina. En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México con vista a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, la cual tendría por sede la ciudad de Pekín, en septiembre de 1995. El resultado de los trabajos fue la elaboración de un informe detallado sobre la situación de la mujer en nuestro país, así como de un conjunto de diagnósticos temáticos que sirvieron de base para la participación de México en esa trascendental conferencia.
No obstante los innegables logros alcanzados por los diversos programas e iniciativas mencionados, persisten aún grandes desafíos. Por ello, el Gobierno de la República reconoce que es impostergable avanzar de manera decidida en esta tarea, lo que hace imperativo impulsar acciones efectivas en pro de la mujer. Un objetivo prioritario de la política social, tal y como lo señala el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, es el de promover la participación plena y efectiva de la mujer en la vida económica, social, política y cultural del país, lo que debe contribuir a consolidar las condiciones para que tome parte en las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el varón.
Se requiere, entre otras estrategias y acciones, alentar una amplia participación de la mujer en la formulación, puesta en marcha, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, cuidando que los programas atiendan sus demandas y necesidades específicas; llevar a cabo acciones de educación y comunicación con el propósito de crear conciencia entre la población acerca de la condición de la mujer; impulsar esfuerzos de sensibilización dirigidos a legisladores y funcionarios encargados de elaborar y operar planes y programas públicos; actualizar y fortalecer los mecanismos jurídicos y administrativos para asegurar el ejercicio íntegro de sus derechos ciudadanos y la eliminación de la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho, incluidas las reformas necesarias para hacer efectivo el precepto igualitario del Artículo Cuarto Constitucional; e impulsar un sistema de información, documentación e investigación sobre la mujer que permita conocer cabalmente sus necesidades, demandas y, asimismo, haga visibles sus aportes a la sociedad.
México necesita definir un conjunto de estrategias y acciones específicas que contribuyan a impulsar el avance de la mujer, incluida la apertura de espacios propicios para su desenvolvimiento personal. Llevar a cabo esta tarea es imperativo, tanto por consideraciones de ética, justicia, equidad y humanismo, como porque de ello depende la incorporación cabal del potencial creativo del que México dispone y requiere. El Gobierno de la República presenta este Programa para impulsar la formulación, ordenamiento, coordinación y el cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar y profundizar la participación de la mujer en el proceso de desarrollo, en igualdad de oportunidades con el varón.
El Gobierno de la República, mediante las directrices que traza este Programa Nacional, coadyuvará al mejoramiento de la condición social de la mujer, en ejercicio de su papel de agente promotor y coordinador de las iniciativas orientadas a este fin. Con ello busca atender las legítimas demandas, aspiraciones y anhelos formulados por las propias mujeres en el sentido de avanzar firme y decididamente en la tarea de eliminar los obstáculos para su participación en todos los órdenes y ámbitos de la vida social. Las estrategias propuestas no sólo persiguen cambios de índole material, sino también transformaciones en las actitudes, creencias, prácticas y conductas de hombres y mujeres, las cuales posibiliten el fortalecimiento de una cultura de la igualdad que, al preservar lo mejor de nuestros valores y tradiciones, sea también fuente de renovación permanente de relaciones sociales e interpersonales más equitativas e igualitarias.
El Programa es resultado de un amplio proceso de consulta y, asimismo, recoge las contribuciones realizadas en el seno de los grupos temáticos del Comité Nacional Coordinador para la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer. Incluye, además, propuestas emanadas tanto de consultas realizadas en las entidades federativas por instituciones gubernamentales, como de los foros promovidos por comisiones legislativas, incluidas las derivadas de múltiples reuniones impulsadas por diversos organismos no gubernamentales y foros ciudadanos. Las recomendaciones planteadas durante los foros de consulta popular para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 han sido también importantes insumos para la elaboración de este Programa.
I. SITUACIÓN DE LA MUJER EN MÉXICO
El balance sobre la situación de la mujer en México debe interpretarse a la luz de las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales que han tenido lugar en los contextos mundial y nacional en los últimos años. En el ámbito internacional, por ejemplo, algunos fenómenos globales han propiciado el tránsito de la economía mundial hacia una fase de globalización, lo que ha provocado que en este proceso ocurran profundos reacomodos económicos y geopolíticos, los cuales están sentando las bases para un amplio cambio estructural de la economía y de las relaciones internacionales.
Esta situación ha contribuido a acentuar en América Latina la urgente necesidad de emprender una amplia y profunda revisión de las estrategias y orientaciones políticas del desarrollo. La crisis de 1982, por su intensidad e impacto, asestó un duro golpe al modelo económico predominante en los países de la región, el cual hacía hincapié en la sustitución de importaciones y una fuerte intervención estatal, al tiempo que implicó la detonación de un proceso de cambios económicos radicales. Dicha estrategia fue reemplazada gradualmente, aunque con intensidad cada vez mayor a medida que avanzaba la década de los ochenta, por un nuevo paradigma inspirado en los principios liberales de la economía de mercado.
En México, los esfuerzos de transformación estructural de la economía nacional incluyeron cambios centrados en la liberalización del mercado, la apertura hacia el exterior y su integración estratégica en bloques comerciales, a la par que en la redefinición del papel y funciones del Estado en el proceso de desarrollo económico y social. El tránsito hacia un nuevo modelo no ha estado exento de dolorosos ajustes y costos económicos y sociales expresados, entre otras circunstancias, en caídas recurrentes del producto interno bruto y la insatisfacción de demandas sociales largamente postergadas.
Las nuevas realidades del país reclaman la activa participación y corresponsabilidad de los diferentes actores involucrados en el proceso de desarrollo, con el propósito de poner en práctica una política económica con perspectiva social, así como una política social con enfoque de género. Ello supone armonizar la promoción del crecimiento económico sostenido con los esfuerzos orientados a superar la pobreza, contener los efectos sociales de la crisis, e impulsar un conjunto de iniciativas orientadas a garantizar que tanto hombres como mujeres tengan oportunidades iguales para desarrollar sus capacidades y potencialidades. En este marco, la Reforma del Estado desempeña un papel central. El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 nace del reconocimiento de que la intervención estatal puede y debe contribuir a transformar y, en lo posible, erradicar las condiciones de discriminación que afectan a las mujeres.
El desarrollo de una nueva cultura política ha propiciado la búsqueda de consensos y nuevos términos de convivencia fincados en la democracia, la justicia y el federalismo, a la vez que ha alentado la revalorización de la ciudadanía y el respeto a la pluralidad ideológica y cultural, así como a la diversidad étnica. En este proceso ha quedado claro que la democracia no se agota en la definición de un régimen político caracterizado por la existencia de reglas compartidas por los diferentes actores, sino que también debe dar lugar a un orden social capaz de proporcionar los medios indispensables para el pleno desarrollo de las capacidades y potencialidades de naturaleza individual y social.
Una sociedad verdaderamente democrática debe asegurar la igualdad de oportunidades y los mismos derechos de participación a sus ciudadanos, así como reconocer la urgente necesidad de diseñar y poner en marcha políticas sociales que atenúen las inequidades sociales y de género, con el fin de asegurar la construcción de una sociedad más justa, formada por hombres y mujeres libres, iguales y corresponsables, más productivos en lo económico, más solidarios en lo social, así como más participativos en lo político. La profundización del proceso democrático exige la efectiva puesta en marcha de una política que permita a hombres y mujeres participar en un plano de equidad y disfrutar por igual de los frutos que se derivan de sus esfuerzos. La construcción de una sociedad basada en principios de justicia social e igualdad de género debe ser aspiración y anhelo de todos, viendo en ello uno de los pilares que los mexicanos hemos acordado para impulsar el proceso global de desarrollo de la sociedad mexicana.
La redefinición del papel y funciones del Estado, la vocación democrática de los movimientos sociales y el quehacer de los organismos no gubernamentales, entre otros factores, han dado lugar a una matriz de interrelaciones sociales cada vez más compleja. En este marco, es imposible pensar que el gobierno pueda dar respuesta por sí solo a las legítimas necesidades y demandas de las mujeres. Para diseñar y poner en marcha una política realmente eficaz que las respalde, es preciso que se combinen y potencien los esfuerzos de entidades gubernamentales con los de la sociedad: organizaciones no gubernamentales, del sector privado y social, de universidades y de centros de investigación, entre otras. El éxito de este Programa depende de la colaboración y el compromiso decidido de toda la sociedad.
Con el fin de presentar una visión de conjunto de la situación actual de las mujeres en México, se describe a continuación una serie de indicadores socioeconómicos que pone de relieve las diferencias entre hombres y mujeres, así como los avances y rezagos al respecto. Como se desprende de esta descripción, es claro que en el curso de las dos últimas décadas ha habido avances considerables en la impostergable tarea de mejorar la condición social de las mujeres mexicanas. Sin embargo, también es evidente que en el umbral del nuevo milenio permanecen fuertemente arraigadas en la sociedad las condiciones estructurales y culturales que reproducen la desigualdad entre hombres y mujeres.
1. LA POBLACIÓN FEMENINA
Las mujeres mexicanas suman actualmente 46.5 millones y representan poco más del 50 por ciento de los 92 millones de habitantes del país. En los últimos 25 años, como consecuencia del rápido descenso de la fecundidad y la transformación de los patrones reproductivos, se han producido cambios notables en la estructura por edades de la población, lo que ha dado lugar a un proceso gradual de envejecimiento de la misma, expresado en el continuo aumento de la proporción de adultos y ancianos en la población total.
Conviene señalar que, entre 1970 y 1995, el peso relativo de las mujeres menores de 15 años de edad, al igual que entre los varones, disminuyó significativamente (de 47 a 36 por ciento); el de las que tienen entre 15 y 64 años aumentó (de 49 a 60 por ciento); y el de las de la tercera edad (65 años o más) creció en el mismo periodo de referencia (de 3.7 a 4.2 por ciento). En números absolutos, las mujeres menores de 15 años sumaban alrededor de 16.3 millones en 1995, mientras la población femenina en edades productivas (de 15 a 64 años) ascendía a 27.8 millones, y las mujeres de la tercera edad constituían 2.4 millones. La transformación de la estructura por edades ocurrida entre 1970 y 1995 también se expresa en el incremento de la edad media de la población femenina (de 22.2 a 25.8 años), que en ambos años fue ligeramente superior a la de la población masculina (de 21.4 a 24.7 años).
Se prevé que al inicio del nuevo milenio las mujeres sumarán alrededor de 50.1 millones y para el año 2010 ascenderán a 56.6 millones. Los cambios en la composición por edades de la población femenina tienen importantes consecuencias en la conformación de un amplio espectro de demandas sociales. En los próximos años, el peso relativo de la población femenina menor de 15 años continuará disminuyendo y sus efectivos se reducirán gradualmente, para alcanzar 16 millones en el año 2000 y 14.7 millones en el 2010. Este hecho ejercerá una menor presión sobre la educación básica y permitirá continuar extendiendo la cobertura y mejorar la calidad de la educación primaria y secundaria. En contraste, se anticipan aumentos considerables en el volumen de la población en edades productivas y de la tercera edad. La población femenina entre 15 y 64 años se incrementará a 31.4 millones en el año 2000 y a 38 millones en el 2010, mientras que la de 65 años o más aumentará a 2.6 millones y 3.8 millones, respectivamente, lo cual se traducirá, entre otros factores, en fuertes presiones sobre la educación superior, el mercado laboral, el sistema de salud y las bases de financiamiento de la seguridad social del país.
2. EDUCACIÓN DE LA MUJER
El fundamento de una educación de calidad reside en la sólida adquisición de conocimientos, en el desarrollo de habilidades y destrezas para la actividad productiva, en la transmisión de lo mejor de nuestras costumbres y tradiciones, así como de los valores esenciales que propician el desarrollo integral y armónico de las personas. La educación contribuye a enriquecer y ampliar los horizontes de los individuos, así como modificar sus actitudes al infundir en ellos el convencimiento de que pueden influir en su propia conducta y en la manera en que desarrollan sus relaciones sociales e interpersonales. Por todas estas razones, la educación sobresale como un factor estratégico para lograr un mejor nivel de vida y es clave para impulsar el desarrollo personal y la participación plena de la mujer en la sociedad, así como para promover relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres.
En una sociedad que en su marco jurídico confiere iguales derechos al hombre y a la mujer, es inaceptable la desigualdad en materia educativa. Más aun si dicha inequidad contribuye a favorecer la transmisión intergeneracional de la pobreza y la marginación, dado el papel que desempeña la madre en la educación, la asistencia a la escuela y el aprovechamiento escolar, así como la salud y bienestar de los hijos. La inversión en educación y capacitación de la mujer repercute no sólo en su propio provecho, sino también en el de sus hijos, su familia y en el de la sociedad en su conjunto.
Los avances en el acceso de la mujer a todos los niveles y modalidades del sistema educativo nacional han sido notables. A pesar de ello, persisten elevados niveles de analfabetismo. Este es un fenómeno que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres que en los hombres (15.2 y 9.8 por ciento de la población femenina y masculina de 15 años y más, respectivamente). De hecho, casi dos de cada tres personas adultas que no saben leer ni escribir son mujeres. El analfabetismo es mayor a mayor edad y la brecha con respecto a los hombres se amplía de manera marcada a partir de los 35 años de edad (Gráfica 1). Las diferencias por sexo son especialmente importantes en las entidades federativas más pobres del país, donde el analfabetismo femenino llega a ser superior al 30 por ciento, en comparación con la población masculina que registra un nivel no mayor de 20 por ciento (Gráfica 2).
La matrícula escolar de los tres niveles que componen la enseñanza básica (preescolar, primaria y secundaria) ha registrado un extraordinario crecimiento en las últimas dos décadas. La educación preescolar ha recibido especial atención, y cada vez más se le reconoce como factor que estructura y da bases a los procesos educativos y al desarrollo integral de las personas. De hecho, el ritmo de crecimiento de esta matrícula, entre 1981 y 1992, ha sido de 8.5 por ciento anual para niños y niñas. Es así que, actualmente, la demanda atendida a nivel nacional es del 80 por ciento, tanto para niñas como para niños. Resulta relevante señalar que las diferencias por sexo, en lo que concierne a la asistencia en este nivel educativo, son mínimas. Sin embargo, persisten contrastes regionales que ponen de manifiesto la urgente tarea de extender estos servicios, enfocando su atención en la población de menores recursos económicos y en las zonas del país donde la inasistencia preescolar es elevada.
El ingreso a la primaria hoy en día es casi universal y no se observan diferencias significativas entre niñas y niños en el ámbito nacional. La asistencia escolar de la población de entre 6 y 14 años de edad sólo presenta pequeñas diferencias entre mujeres y hombres, y abarca alrededor del 90 por ciento de la población de ambos sexos. Sin embargo, a partir de los diez años y hasta los catorce es sistemático el incremento de las diferencias entre el alumnado masculino y el femenino. A los catorce años el 32.5 por ciento de las niñas y el 27.5 por ciento de niños ya no asiste a la escuela.
La creciente incorporación de la población femenina a la enseñanza básica, observada en los últimos decenios, se evidencia en la disminución del porcentaje de mujeres mayores de 15 años que no concluyó la primaria. Mientras que en 1970 el 72.3 por ciento no había concluido este nivel de enseñanza, veinte años después, el 39.4 por ciento se encontraba en esa situación. En 1990 por cada 100 hombres sin primaria completa había 120 mujeres. A pesar de esta evolución, debe reconocerse que la magnitud del rezago educativo continúa siendo mayor entre las mujeres. Más aun, la mayoría de ellas sólo cursó los primeros grados, mientras que, en contraste, una proporción importante de la población masculina logró aprobar el cuarto o quinto año de primaria. Es importante reconocer que el rezago es mayor en las entidades del sur del país (Chiapas, Guerrero y Oaxaca, principalmente) (Gráfica 3).
La matrícula de la enseñanza secundaria también ha crecido notablemente como reflejo del aumento del egreso de primaria y la diversificación de la oferta educativa, en especial de la telesecundaria y las modalidades técnicas. En este nivel, la matrícula ascendía, al inicio del ciclo 1994-1995, a poco menos de 4.5 millones de alumnos de ambos sexos. Aunque la asistencia de las mujeres a la secundaria continúa siendo inferior a la de los hombres, se muestran cambios importantes a favor de las primeras: en el periodo 1981-1994, la relación de mujeres por cada cien hombres pasó de 89 a 95. Al igual que en otros niveles de enseñanza, en la secundaria las diferencias inter e intraestatales siguen siendo muy notorias, lo cual expresa la persistencia de factores que aún mantienen la inequidad educativa entre hombres y mujeres. Basta señalar que los niveles de absorción de la enseñanza secundaria de los egresados de la primaria son menores para las mujeres, en comparación con los hombres, en todas las entidades del país.
La participación femenina en la educación media superior también se ha ampliado considerablemente en el periodo reciente, lo cual ha contribuido a reducir las diferencias por sexo en este escalón educativo. De acuerdo con los resultados del censo de 1990, del total de mujeres de 20 años o más, el 5.5 por ciento había cursado algún grado en este nivel de enseñanza. Hace más de 20 años esta proporción constituía poco menos del 1.0 por ciento. En relación con las carreras técnicas o comerciales (con secundaria terminada) está muy extendido el estereotipo de considerarlas como "carreras para mujeres", por lo que no sorprende constatar en ellas una considerable presencia femenina, muy superior a la de los varones. En 1990, el 6.4 por ciento de la población femenina de 20 años o más a nivel nacional había cursado algún grado de este tipo de instrucción, frente al 2.6 por ciento de hombres en las mismas edades. Otro ámbito con presencia predominante de mujeres es el de los estudios de normal básica, donde habitualmente la matrícula masculina representa sólo la mitad de la femenina
La incorporación de las mujeres en la educación superior también ha presentado un incremento continuo en los últimos años. Basta señalar que mientras en el ciclo escolar 1991-1992, por cada 100 hombres matriculados se registraban 76 mujeres, en el ciclo 1994-1995 esta relación se había elevado a 82. A pesar de que en este nivel educativo aún persisten desigualdades por sexo, el creciente acceso de las mujeres a las instituciones de educación superior ha contribuido a reducir dicha brecha profesional. Al respecto, es importante señalar que entre 1970 y 1990 aumentó de 19 a 37 por ciento la proporción representada por las mujeres en el total de personas de 25 años o más que habían aprobado al menos 4 años en el nivel de educación superior. A pesar de este incremento, la participación femenina sigue siendo relativamente baja y es minoritaria en distintas disciplinas y quehaceres profesionales, en particular en la investigación científica y tecnológica.
No obstante los rezagos señalados, los crecientes logros educativos de la mujer han propiciado mayores posibilidades de desarrollo personal e incorporación a la actividad económica. Es un hecho notable que las tasas de participación de la población femenina en el trabajo remunerado se incrementan a medida que su escolaridad es mayor (Gráfica 4). Asimismo, la educación se asocia directamente tanto con la calificación para el desempeño de las ocupaciones, como con mejores oportunidades para insertarse en actividades remuneradas y con prestaciones sociales. Sin embargo, conviene destacar que las actividades desempeñadas por las mujeres, incluso entre las que cuentan con grados profesionales, todavía se restringen a determinadas ramas, así como a ocupaciones específicas y, dentro de éstas, a ciertas categorías ocupacionales que, por lo general, son las menos valoradas social y económicamente.
Gráfica 4 Tasa de participación económica por sexo y nivel de instrucción, 1993
Aunque la brecha educativa se ha reducido significativamente, persisten múltiples barreras y obstáculos que es preciso remover y superar para garantizar la igualdad de oportunidades educativas para hombres y mujeres. Además de dedicar esfuerzos firmes y decididos para abatir el analfabetismo, extender el acceso y cobertura del sistema educativo en todos sus niveles y modalidades, mejorar la calidad de la enseñanza, incluido el logro de una eficiencia terminal cada vez mayor, es necesario promover una educación libre de prejuicios y discriminaciones, y que en sus contenidos, textos, materiales y métodos pedagógicos, transmita y refuerce valores, actitudes e imágenes no sexistas.
La difusión de imágenes estereotipadas incide negativamente en la educación temprana de las mujeres e influye tanto en su autoestima y desempeño a lo largo de todo el proceso escolar, como en la formación de sus expectativas acerca de los papeles sociales que pueden desempeñar en la edad adulta. Ello contribuye a que, aun dentro de una misma familia, a menudo se tengan mayores expectativas de escolaridad para los hijos varones que para las mujeres, lo que incide en sus elecciones vocacionales y profesionales, así como en su permanencia en la escuela, al tiempo que se traduce en una marcada segmentación por sexo del mercado laboral.
Uno de los retos fundamentales que enfrenta el sistema educativo es el de responder a las necesidades de una sociedad en rápido progreso y cambio. La transformación del paradigma productivo, el cambio tecnológico, la creciente necesidad de competir en un contexto de globalización, la acelerada urbanización y la profundización de la democracia, imponen la necesidad de que el modelo educativo del siglo XXI fortalezca el sentido de pertenencia, responsabilidad, iniciativa propia y capacidad creativa e innovadora de los educandos, así como su interés y aprecio por el conocimiento científico y técnico. Ello implica, asimismo, el desafío de fomentar valores, actitudes y comportamientos que contribuyan al respeto y vigencia de los derechos ciudadanos, propicien una mayor conciencia de la situación de la mujer y de sus potencialidades y una integración social más armónica en todos los ámbitos de la vida social, incluido el fortalecimiento de una cultura democrática y participativa, al margen de prejuicios y discriminaciones.
Para responder a los retos que plantea la creciente demanda de educación de hombres y mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, el gobierno ha establecido diversas estrategias. Entre ellas destaca el proceso de descentralización educativa, incluido en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. A su vez, la responsabilidad de ejercer una función compensatoria entre entidades y regiones con demandas educativas insatisfechas ha llevado a establecer programas para abatir el rezago educativo, los cuales funcionan en 24 estados de la república. De la misma forma, se han desarrollado modelos alternativos para llevar la educación básica preescolar y primaria a la población infantil de comunidades rurales dispersas y con alta marginación económica. Asimismo, la necesidad de actualizar y modernizar la currícula educativa ha conducido a renovar los planes y programas de estudio y con ello los libros de texto de la educación básica. La concomitante capacitación de los maestros para utilizar los nuevos contenidos educativos ha sido emprendida mediante el programa emergente de actualización magisterial.
3. SALUD DE LA MUJER
Hombres y mujeres presentan demandas distintas a los servicios de salud y acceden a éstos de manera desigual. Usualmente, las demandas de la mujer en ese ámbito no sólo se originan en su calidad de usuaria directa, sino también para buscar atención a los problemas de salud de sus hijos y de otros miembros de su familia. Diversos factores obstaculizan el acceso de las mujeres a los servicios de prevención y atención de la salud. En este sentido, se habla de una demanda insatisfecha y de problemas de adecuación de dichos servicios a las demandas y necesidades de niñas, adolescentes, mujeres adultas y de la tercera edad de diversos sectores sociales.
Desde 1930 se ha registrado en México un descenso sostenido de los niveles de mortalidad, lo que ha dado lugar a un incremento significativo en la esperanza de vida al nacimiento tanto para los hombres como para las mujeres, aunque con distinta intensidad. En 1930, los varones tenían una esperanza de vida de 35 años y las mujeres de 37; seis décadas más tarde, en 1995, este indicador prácticamente se duplicó, al alcanzar 69.8 y 76 años, respectivamente (Gráfica 5). En correspondencia con su mayor esperanza de vida, el descenso de la mortalidad en el primer año de vida ha sido más notable entre las niñas: en 1930, por cada cien defunciones infantiles masculinas ocurrían 90 femeninas; en la actualidad esta razón es de 79 por cien. No obstante los considerables logros alcanzados, persisten marcadas diferencias por regiones, entidades federativas y grupos socioeconómicos. Así, por ejemplo, la esperanza de vida femenina al nacimiento en Oaxaca, Chiapas y Puebla es inferior en más de 3.5 años a la de Baja California Sur, Nuevo León, Distrito Federal y Quintana Roo. Estas diferencias en la vida media de las mujeres se traducen en una sobremortalidad promedio casi 30 por ciento más alta en el primer grupo de entidades respecto al segundo.
Gráfica 5 Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1930-1995
La población de México se caracteriza hoy en día por un perfil de salud-enfermedad en rápida transformación, determinado por una paulatina disminución del peso relativo de las muertes atribuibles a padecimientos infecciosos, así como por una tendencia creciente de las causas crónico-degenerativas y de lesiones. La disminución del riesgo de muerte por enfermedades transmisibles contribuyó, entre 1979 y 1993, al incremento de la esperanza de vida en 2.9 años para los hombres y 3.2 para las mujeres.
Al analizar la información relativa al total de "años de vida perdidos" y la contribución de cada grupo de causas de muerte, se advierte, para el período 1990-1993, una mortalidad femenina marcadamente prematura en Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Zacatecas, donde se pierden casi 15 años potenciales de vida. Por el contrario, los estados del norte, junto con el Distrito Federal, pierden alrededor de 10 años. El aspecto más sobresaliente es que a los niveles de mortalidad más altos corresponden las mayores proporciones de fallecimientos causados por enfermedades transmisibles, mientras que las no transmisibles inciden casi por igual en todas las entidades (Gráfica 6). Ello significa que gran parte de la sobremortalidad femenina de los estados más pobres podría disminuirse de ser abatida la mortalidad por padecimientos infecciosos, que son los más factibles de prevenirse mediante intervenciones de salud pública.
Entre las mujeres de 15 a 64 años de edad, las principales causas de muerte en 1992 fueron, en orden de importancia: los tumores malignos (45 por cada cien mil mujeres; principalmente del cuello del útero y de mama); las enfermedades del corazón (23.6 por cien mil), la diabetes (22.4) y las lesiones (14.1). La incidencia relativa de la mortalidad debida a diabetes e hipertensión en los mayores de 50 años es más alta en las mujeres que entre los varones. Por el contrario, las lesiones y accidentes tiene menor importancia entre las mujeres en las diferentes edades.
La exposición de las mujeres a los riesgos de salud asociados al embarazo ha disminuido de manera sustancial en México, concomitantemente con el descenso de la fecundidad. La tasa global de fecundidad pasó de 6.8 hijos promedio por mujer a finales de la década de los sesenta a 3.0 hijos en 1994. Sin embargo, debe reconocerse que la reducción de los niveles de fecundidad no se ha dado con la misma intensidad en todos los grupos sociales y regiones del país. Los sectores más pobres, con menor escolaridad y residentes en las zonas rurales, todavía muestran un rezago importante. Así, por ejemplo, la población femenina sin instrucción tiene una tasa global de fecundidad de 5.6 hijos por mujer, que resulta superior en dos hijos a la de las que concluyeron la primaria, y tres hijos mayor respecto a las que cuentan con educación media o más.
El descenso de la fecundidad está estrechamente relacionado con la notable expansión de la cobertura de métodos anticonceptivos entre las mujeres casadas o unidas en edad fértil. Entre ellas, la prevalencia pasó de 30.2 por ciento en 1976 a un nivel superior a 66 por ciento en 1995. No obstante, persiste una elevada demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, especialmente entre las mujeres del medio rural y de contextos urbano-marginados.
Una consecuencia grave de los embarazos no deseados es la incidencia de abortos inducidos. En México no se reconoce el aborto como un método de planeación de la familia y se considera que su práctica pone en riesgo la salud de la mujer, más aún cuando hoy en día es la quinta causa de las muertes maternas en el país. Se estima que durante el periodo 1990-1992 ocurrieron alrededor de 220 mil abortos (espontáneos o inducidos) por año. Existen evidencias de que la práctica de los abortos inducidos ha venido disminuyendo, principalmente por el mayor acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos efectivos para cristalizar sus decisiones reproductivas. Sin embargo, muchas mujeres no tienen acceso adecuado a los servicios de planificación familiar y salud reproductiva, por lo que es preciso ampliar su cobertura y fortalecer las acciones encaminadas a prevenir los embarazos no deseados y, en consecuencia, abatir la incidencia de abortos.
Los riesgos de salud asociados al embarazo también han disminuido debido a los avances logrados en la atención prenatal y del parto. Entre 1987 y 1994, la proporción de mujeres que recibió atención médica durante el embarazo se elevó de 63.3 a 85.3 por ciento. Sin embargo, cabe hacer notar que el incremento en la cobertura de servicios no ha sido acompañado hasta ahora por acciones efectivas para enfrentar otros aspectos específicos de la salud femenina. Al respecto, destaca la necesidad de prevenir, detectar y atender de manera oportuna los tumores mamarios y cervicouterinos, los cuales provocan casi la mitad de las defunciones por tumores malignos entre las mujeres de 15 a 64 años de edad. Apenas una de cada cuatro mujeres entre 15 y 49 años de edad en 1994 se había practicado la prueba de Papanicolau (esta proporción era de sólo 17 por ciento en las localidades rurales).
La disminución de la mortalidad materna ha sido considerable y está vinculada a las acciones desplegadas por las instituciones de salud pública en el campo de la planificación familiar y la atención materna. No obstante, la mortalidad asociada al embarazo y el parto es todavía elevada en México: en 1994 se estimó en por lo menos 61 defunciones de madres por cada cien mil nacidos vivos, más del doble que la observada en los países desarrollados, donde hacia fines de los años ochenta se estimaba en 26 defunciones por cien mil. Sigue siendo un grave problema de salud pública que una mujer fallezca por causas relacionadas con el embarazo y el parto, pues en su gran mayoría no deberían entrañar riesgos para la madre, o bien, casi en su totalidad, deberían ser susceptibles de prevenirse y atenderse. Por ello, es impostergable seguir impulsando una maternidad sin riesgos como estrategia prioritaria de salud.
Las mujeres enfrentan también problemas específicos en relación con las enfermedades de transmisión sexual (ETS) y, en general, con las enfermedades del tracto reproductivo, debido a que tienen una mayor probabilidad de adquirirlas de una pareja infectada. Las ETS constituyen una amenaza para la salud de las mujeres y con frecuencia significan un importante deterioro funcional y fuente de morbilidad por las secuelas que provocan, incluidas la infertilidad y los dolores crónicos.
Un problema de salud femenina en ascenso es el VIH-SIDA. Su principal mecanismo de transmisión entre la población adulta es sexual y se ha presentado con mayor frecuencia entre homosexuales y bisexuales. Sin embargo, las tasas han tendido a estabilizarse en estos grupos y a mostrar un aumento progresivo de transmisión heterosexual. Si bien la enfermedad se presenta de manera más frecuente entre los hombres, ésta registra un aumento progresivo entre las mujeres y una tasa de crecimiento mayor que la de los varones. Para 1994, el 13.6 por ciento de los casos notificados en México correspondió a mujeres. Varios estudios señalan una creciente vulnerabilidad de la población femenina al contagio conforme avanza esta epidemia.
La transfusión sanguínea es la vía de transmisión más común entre las mujeres, y representa el 56.5 por ciento de los casos de SIDA entre mujeres adultas. Sin embargo, la transmisión sexual se ha transformado en un mecanismo importante de infección entre la población femenina, (4 de cada 10 mujeres con SIDA). Para prevenir y atender la creciente presencia de esta pandemia se han llevado a cabo acciones de educación, orientación y consejería, así como campañas de comunicación en medios masivos. En idéntico sentido, se han realizado acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal de salud. Es imperativo reforzar estas acciones por la vía de ampliar su cobertura y darles mayor continuidad.
La situación nutricional de las mujeres tiene consecuencias directas sobre su salud. Eventos como la menstruación, el embarazo y la lactancia hacen que aumenten los requerimientos nutricionales de las mujeres. Algunos estudios señalan que el bajo peso afecta de manera especial en las edades en que se presenta la menarca, en tanto refleja una inadecuada nutrición en la niñez y la adolescencia, con posibles consecuencias negativas durante el período reproductivo y en la vejez. Por ello, es impostergable fortalecer los esfuerzos de comunicación y educación que contribuyan a una mejor comprensión de los problemas que acarrea una inadecuada nutrición en las distintas etapas de la vida de las mujeres. Asimismo, hay que intensificar esfuerzos para romper con esquemas culturales que a menudo llevan a las familias a dar preferencia alimenticia y nutricional a los hombres, en detrimento de la salud de la mujer.
La presencia cada vez mayor de las mujeres en la actividad económica, que se concentra principalmente en algunas ramas manufactureras, en el sector servicios y en el mercado informal, las expone a factores específicos de riesgo laboral, que se traducen en accidentes y enfermedades profesionales femeninas. Asimismo, los múltiples papeles que desempeñan las mujeres, que con frecuencia se expresan en la doble jornada de trabajo, tienen efectos sobre su salud, y se reflejan en fatiga y fuerte desgaste físico.
Esta situación y las desigualdades que sufren las mujeres en los distintos espacios de sus vidas también pueden tener repercusiones en su estado emocional. Esto, aunado a la violencia de que son a menudo objeto, provoca pérdida de la autoestima, sentimientos de soledad y abandono, depresión u otros trastornos. Por todo esto, es de crucial importancia que en la atención a la salud de la mujer se tomen en cuenta los aspectos emocionales y psicológicos en las distintas etapas de su vida, y se contemplen tanto la atención de tipo preventivo y de apoyo como la de tipo curativo.
4. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LA MUJER
La incorporación de las mujeres a la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante los últimos 25 años. La tasa de participación femenina se incrementó de un nivel cercano a 17 por ciento en 1970 (del total de mujeres de 12 años y más) a 35 por ciento en 1995. Conviene recordar, sin embargo, que todavía una gran parte de las tareas económicas desempeñadas por las mujeres sigue oculta o subregistrada en las estadísticas, debido a la definición de las actividades económicas y las características de los procedimientos de registro de los censos y las encuestas, lo cual se vincula a su vez con consideraciones culturales sobre la división del trabajo entre hombres y mujeres.
La presencia cada vez mayor de la población femenina en el mercado de trabajo no sólo ha respondido a los procesos de modernización y reestructuración que han tenido lugar en la economía mexicana, sino que también constituye una expresión de su creciente nivel educativo y de la proliferación de estrategias generadoras de ingreso mediante las cuales las mujeres contribuyen a sostener el nivel de vida de sus familias, particularmente deteriorado con las crisis y los ajustes económicos.
A pesar de la favorable evolución de la tasa de participación económica femenina, la mujer sigue enfrentando múltiples obstáculos para insertarse en el mercado laboral. Así, por ejemplo, las oportunidades y opciones de trabajo de las madres a menudo se ven limitadas por la necesidad de que la jornada de trabajo fuera del hogar sea compatible con la crianza y el cuidado de los hijos. La eventual incompatibilidad entre la participación en la actividad económica y el ejercicio de la maternidad sigue influyendo, si bien cada vez en menor medida, en la apreciación que se tiene del trabajo remunerado de la mujer. No es casual que en el mercado laboral femenino predominen las mujeres solteras o sin hijos y sea considerable la proporción de la población económicamente activa femenina que des-empeña una actividad o trabajo de tiempo parcial (casi 38 por ciento del total). No obstante, las mujeres casadas y unidas han aumentado notablemente su participación económica. Sus tasas de actividad se incrementaron, entre 1991 y 1993, de 25.8 y 22.8 por ciento a 27.8 y 25.9 por ciento de las mujeres casadas y las unidas, respectivamente.
Los datos por edad indican que la participación femenina en la actividad económica permanece elevada hasta los 49 años, siendo que en el pasado disminuía marcadamente a partir de los 25 años de edad. Por lo general, las mujeres ya no abandonan el mercado de trabajo una vez que se casan y comienzan a ocuparse de tareas domésticas y del cuidado de los hijos, sino que, cada vez en mayor proporción, agregan a esta responsabilidad la del trabajo remunerado fuera del hogar (Gráficas 7 y 8).
Gráfica 7 Tasas específicas de participación en la actividad económica por sexo, 1970-1995
Es preciso reconocer que la incorporación de las mujeres a la actividad económica no es una condición suficiente para mejorar su condición social. La cristalización efectiva de los avances derivados de su creciente inserción en la vida económica depende, en el ámbito familiar, de una distribución más equitativa de las tareas y responsabilidades domésticas entre hombres y mujeres, del acceso a infraestructura y servicios de apoyo y del poder de uso y destino de sus ingresos. En el ámbito laboral, depende del tipo de ocupación que las mujeres desempeñan, de las características de los procesos económicos en los que participan, de sus formas y niveles de remuneración, de la duración de la jornada laboral, y de las prestaciones sociales a las que tienen acceso.
Gráfica 8 Tasas de participación femenina en la actividad económica por estado civil, 1991 y 1993
La mayor participación económica de las mujeres se asocia primordialmente con el trabajo asalariado, el trabajo por cuenta propia y el trabajo familiar sin pago. En el primer trimestre de 1995, de un total de 10.8 millones de mujeres ocupadas, 5.9 millones correspondieron a trabajadoras asalariadas; 2.4 millones a trabajadoras por cuenta propia; 2 millones a trabajadoras sin pago; 400 mil a trabajadoras a destajo y alrededor de 150 mil a empleadoras. Entre 1991 y 1995, el peso relativo de la población femenina ocupada en actividades no asalariadas se incrementó de 38 a 42 por ciento. El sector terciario ha sido el espacio más propicio para la expansión del autoempleo femenino, el cual está muy estrechamente conectado con estrategias familiares de vida, incluida la proliferación de pequeñas unidades económicas familiares que requieren poco capital y escasa tecnología.
En el incremento de la participación económica de la mujer están representadas tanto las ocupaciones tradicionalmente consideradas como femeninas (empleadas domésticas, secretarias, mecanógrafas, empleadas del comercio y comerciantes, educadoras, enfermeras y asistentes de servicios de salud, entre otras), como las obreras de la industria y las ocupaciones más calificadas de profesionistas y técnicas. Sin embargo, a pesar de los cambios observados, las mujeres siguen concentrándose en un reducido número de opciones ocupacionales y, dentro de éstas, en los niveles de menor jerarquía.
La expansión de algunas ramas particulares de actividad ha favorecido el aumento en la incorporación de las mujeres en la actividad económica. La población femenina ocupada se concentra principalmente en los servicios personales y domésticos, así como en el comercio mayorista y minorista, pero también ha aumentado significativamente su presencia en los sectores caracterizados por una organización flexible del proceso de trabajo, tanto en la industria como en la agricultura, aunque ello a menudo implica inestabilidad laboral, la sustitución del trabajo protegido y de tiempo completo por jornadas de tiempo parcial, la expansión del trabajo a domicilio y del pago por tareas específicas y la carencia de prestaciones sociales. Basta señalar que, entre 1991 y 1993, el peso relativo de las mujeres ocupadas que no tenían acceso a servicios médicos y sociales se incrementó de 54 a 59 por ciento. En ese mismo período, la proporción de hombres ocupados sin prestaciones sociales se incrementó de 64 a 66 por ciento.
La participación económica femenina presenta marcadas variaciones según las características de la economía regional. Se advierte, por ejemplo, que las mujeres participan en mayor medida en los mercados de trabajo urbanos más diversificados y en los mercados laborales donde florecen las actividades asociadas con la agroindustria y la mediana agricultura comercial, los talleres de maquila y los parques industriales ubicados en entornos rurales. En las ciudades de la frontera norte, por ejemplo, la incorporación de las mujeres está claramente vinculada a la expansión de las actividades manufactureras de exportación.
La "feminización" de algunas ocupaciones y ramas de actividad no se ha traducido en mejores condiciones laborales; éstas continúan caracterizándose por la discriminación salarial, la desigualdad de oportunidades de ocupación, ascenso y capacitación, así como por el incumplimiento de las leyes laborales. En algunos ámbitos continúan vigentes las prácticas de despido en caso de embarazo o la exigencia de un certificado de ingravidez para acceder a un empleo.
La mayor incorporación de las mujeres al mercado de trabajo no ha contribuido a cerrar la brecha entre sus remuneraciones y las de los hombres. En un contexto general de descenso de los niveles de retribución de la clase trabajadora, las mujeres siguen obteniendo ingresos más bajos en casi todas las ramas de actividad.
Si bien es cierto que las condiciones laborales de las mujeres tienden a variar de acuerdo al grupo ocupacional, existen algunos denominadores comunes que representan situaciones de desventaja para ellas y constituyen claros límites para su desarrollo como trabajadoras. Los más importantes son: (a) la segregación ocupacional, tanto horizontal como vertical, con su consiguiente desigualdad de oportunidades y discriminación salarial; (b) la doble jornada de trabajo que dificulta o impide a la mujer llevar a cabo actividades de capacitación, recreación o participación política y sindical; y (c) la insuficiencia o elevado costo de los servicios de apoyo, entre los que destaca el limitado acceso a guarderías y centros de atención y desarrollo infantil.
Las iniciativas gubernamentales en el terreno del empleo femenino se han encaminado tradicionalmente a apoyar estrategias generadoras de ingreso en algunos grupos específicos de mujeres. En general, las acciones institucionales no han favorecido la ejecución de programas laborales dirigidos a mujeres ni el desarrollo de instancias específicas que busquen corregir las prácticas discriminatorias que enfrenta la población femenina en el mercado de trabajo. Por ello, es impostergable promover una política de empleo específicamente dirigida a la mujer e impulsar oportunidades productivas y adecuadamente remuneradas para ella.
El Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 y la Alianza para la Recuperación Económica y el Empleo reconocen que la elevación de las condiciones de vida de hombres y mujeres sólo es posible con un crecimiento económico sostenido generador de empleos productivos y promotor de mejoras en los niveles de remuneración reales. Para generar el mayor número posible de éstos, estimular la productividad y mejorar las remuneraciones de los trabajadores, el Gobierno de México está impulsando reformas fiscales y financieras para promover el ahorro y la inversión, un sistema de apoyos a la pequeña y mediana empresa, esquemas de vinculación de las percepciones con los incrementos de la productividad mediante bonos e incentivos, bolsas de trabajo y programas de becas de capacitación para hombres y mujeres que se encuentran desempleados.
Sin embargo, en la actual coyuntura, caracterizada por severas adversidades económicas y restricciones financieras, la adopción de políticas de ajuste ha implicado elevados niveles de desempleo y una caída de los ingresos reales. Al igual que sucedió durante la crisis de los años ochenta, los hogares buscan incorporar en actividades remuneradas al mayor número posible de sus miembros para compensar la pérdida de ingresos familiares, circunstancia que implica una mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral y en ocupaciones autogestadas. Sin embargo, las posibilidades que ofrecen estas últimas se ven limitadas por un contexto dominado por la compresión de los niveles de inversión, producción y consumo.
5. LA CARGA DE LA POBREZA PARA LA MUJER
La pobreza constituye la forma extrema de exclusión de los individuos y las familias de los procesos productivos, de la integración social y del acceso a múltiples bienes, servicios y oportunidades. La pobreza es una condición que, además de la injusticia social que representa, tiene un elevado costo para el país, pues impide elevar la productividad, bloquea el crecimiento económico y es una fuente latente que amenaza la paz, la estabilidad y compromete la democracia.
En México, la pobreza está asociada con marcadas desigualdades en la distribución de la riqueza y el acceso socialmente diferenciado a las oportunidades y frutos del progreso. Se trata de un mal crónico que ha coexistido en nuestra sociedad con un proceso de modernización concentrado en ciertos ámbitos y que se ha agudizado por las crisis y los ajustes.
El conocimiento de la magnitud de la población en situación de pobreza, su evolución en el tiempo, sus características y las carencias que implica, constituye un insumo indispensable para las políticas y programas dirigidos a combatir este fenómeno. La proporción de la población pobre se redujo durante los años sesenta y setenta. No obstante, con la crisis de los años ochenta, esta tendencia no sólo se vio frenada, sino que incluso se revirtió. Paralelamente se observó una tendencia hacia la "urbanización" de este fenómeno, aunque continúa siendo en el campo donde la pobreza está más generalizada y es más aguda.
La pobreza es una condición que afecta gravemente a muy amplios sectores de la población, y atañe tanto a hombres como a mujeres, a jóvenes, a niños y a ancianos. Pero la pobreza femenina no puede ser entendida o abordada de la misma forma que la pobreza en general. Las desigualdades entre hombres y mujeres, al intersectarse con otras formas de asimetría social, provocan una acumulación de desventajas para las mujeres que las hace más vulnerables a situaciones de pobreza y privación.
La pobreza femenina abarca un amplio espectro de situaciones distintas, cada una de las cuales tiene causas específicas y es producto de una variedad de procesos diferenciadores, aspectos que a su vez influyen en las vivencias (objetivas y subjetivas) de las mujeres pobres y en las estrategias desplegadas por ellas y sus familias para enfrentar esa condición. Para comprender la complejidad de este problema, es necesario tomar en cuenta el papel que desempeñan las mujeres en la división del trabajo, los arreglos domésticos, su grado de dependencia respecto al varón y el tipo de oportunidades de trabajo que tiene a su alcance, entre otras.
Los hogares monoparentales (unidades con sólo uno de los progenitores e hijos solteros) dirigidos por mujeres son usualmente más pobres que los conyugales. Al respecto, se aduce que la ruptura de la unión o del vínculo matrimonial pone al descubierto, en una cultura que reproduce permanentemente la desigualdad de género, la dependencia de la mujer respecto del varón y la falta de ingresos propios o suficientes para satisfacer las necesidades del núcleo doméstico. De esta manera, los hogares monoparentales, al depender de manera casi exclusiva de las aportaciones monetarias de la mujer, se colocan en una situación de extrema vulnerabilidad. Al respecto, cabe destacar el bajo nivel educativo de las jefas de hogar en comparación con los jefes varones (Cuadro 1).
Cuadro 1 Niveles de instrucción* de jefes de hogar por sexo, 1990.
Niveles de Instrucción Jefas % Jefes % 100.0 100.0 Sin instrucción 25.3 15.2 Primaria incompleta 28.9 28.8 Primaria completa 17.0 19.6 Post Primaria 24.9 34.0 No especificado 3.9 2.4 * Porcentaje respecto al total de jefas y jefes de 12 años y más.
Si bien se reconoce que no todos los hogares monoparentales con jefatura femenina son pobres, se destaca que una proporción importante de ellos sí lo son. Los estudiosos del tema, sostienen que dichos hogares constituyen espacios proclives para la transmisión intergeneracional de la pobreza, por lo que este solo hecho justificaría brindarles atención especial en los programas orientados a combatir la pobreza.
En la década de los ochenta, diversas acciones gubernamentales se pusieron en marcha para apoyar actividades productivas generadoras de empleos e ingresos para las mujeres campesinas y de los sectores populares urbanos. Su diseño y puesta en marcha ha estado orientado a combatir la pobreza, racionalizar los recursos dedicados al desarrollo social, e impulsar la participación comunitaria. Un instrumento específicamente diseñado para atacar la situación de pobreza de las mujeres lo constituye el Programa Mujeres en Solidaridad. Este programa parte del reconocimiento de que para solventar sus necesidades básicas, personales y familiares, las mujeres requieren de apoyo y capacitación, tanto para el desarrollo de actividades productivas como para tener oportunidades de acceso a empleos remunerados.
Recientemente las acciones de combate a la pobreza han estado orientadas a apoyar proyectos productivos de carácter social con prioridad en subregiones, comunidades y grupos sociales con niveles críticos de alimentación, salud, vivienda y educación, así como promover el desarrollo de comunidades que registran una creciente expulsión de población. Las acciones dirigidas a superar la pobreza en los últimos años atendieron la demanda social y productiva de mujeres residentes en 4 449 localidades de 1 002 municipios del país, de los cuales el 75 por ciento se centró en el sector rural, el 15 por ciento en el indígena y el 10 por ciento en zonas urbano-marginadas. Los proyectos con mayor demanda fueron los concernientes a tortillerías, panaderías, granjas comunitarias, centros de producción artesanal, molinos de nixtamal y para la autoconstrucción de vivienda.
Diversas evaluaciones orientadas a explorar la potencialidad y efectividad de estos programas han identificado algunos de los obstáculos que limitan su impacto en el mejoramiento de la condición social de la mujer. Destacan el reducido monto de recursos destinados a su ejecución, la falta de continuidad de estos esfuerzos, aunado al predominio de proyectos productivos que trasladan el modelo doméstico al ámbito laboral (talleres de costura, conservación de frutas y alimentos, tortillerías, etc.), la carencia de estudios previos que permitieran valorar en cada caso su viabilidad económica, así como la insuficiente capacitación y asistencia técnica en los aspectos de producción, organización y administración, incluida la ausencia de canales adecuados de crédito y comercialización.
6. MUJER RURAL Y MUJER INDÍGENA
Mujer rural
En 1990, la población rural, definida como aquella que reside en localidades con menos de 2 500 habitantes, representaba alrededor del 28.7 por ciento de la población total. Esta población tiene en general un acceso limitado a los servicios básicos y la mayoría vive en condiciones de pobreza y marginación, las cuales inciden principalmente en las mujeres. La precariedad de las viviendas rurales y la falta de servicios repercuten en sus condiciones de vida y de salud, lo que hace más larga y ardua su jornada de trabajo.
En las áreas rurales los problemas de salud de las mujeres se vinculan a carencias nutricionales, excesivas cargas de trabajo, alta fecundidad y embarazos frecuentes, inadecuada atención prenatal y del parto, elevada mortalidad materna e infantil, así como condiciones de insalubridad en su entorno y en sus viviendas. Se estima que durante el periodo 1986-1990 la mortalidad infantil en las áreas rurales era de 46 por mil nacidos vivos, casi 60 por ciento más alta que la de las áreas urbanas. Asimismo, en 1990 la fecundidad de las mujeres rurales ascendía, en promedio, a 4.7 hijos, superior en más de dos hijos al nivel observado en las ciudades.
La educación de las residentes rurales se ve limitada por su marginación socioeconómica y cultural, además de las desventajas asociadas con su condición femenina. Así, 30 por ciento de las mujeres rurales de 15 años o más no saben leer ni escribir, proporción significativamente mayor que la de los hombres (20 por ciento). Mientras en el conjunto del país nueve de cada diez niñas de 6 a 14 años asisten a la escuela, en el medio rural sólo lo hacen tres de cada cuatro.
Las mujeres rurales tradicionalmente han tenido a su cargo las tareas domésticas, incluida la responsabilidad de alimentar, cuidar y proteger a los hijos, en ocasiones sin el apoyo del esposo (cuando éste es migrante o se encuentra separado de ella), razón por la que se ocupa de estas actividades en condiciones extremadamente precarias. Además, buena parte del trabajo que ejecutan (recolección de leña, acarreo de agua, cuidado de ganado y participación en las labores agrícolas, por sólo señalar algunos ejemplos) no se registra en las estadísticas. La adecuada contabilidad y registro de estas labores ayudaría a valorar la contribución del trabajo femenino en las comunidades rurales.
En el hogar, las mujeres del medio rural enfrentan también las consecuencias derivadas de la disminución del ingreso familiar, lo que usualmente significa para ellas un incremento de la carga doméstica, además de la intensificación del trabajo agropecuario familiar no remunerado que desempeña y la búsqueda de trabajo retribuido.
Las mujeres residentes en las zonas rurales se han insertado de manera creciente como trabajadoras en los cultivos comerciales, en las agroindustrias y las maquiladoras, así como en la construcción o en los servicios personales asociados con el trabajo doméstico. La ampliación de oportunidades laborales propiciadas por la expansión de la producción agroindustrial y el florecimiento de la mediana agricultura comercial (sobre todo en el cultivo de las hortalizas y los frutales), aunado a la necesidad de ingresos complementarios a la producción campesina, han contribuido a multiplicar la participación de las mujeres en los mercados laborales rurales. Asimismo, ha proliferado en numerosas localidades del país la producción industrial en pequeños talleres y maquila a domicilio, lo que posibilita la integración de la población rural femenina a la producción fabril, sobre todo en el ramo textil y de confección de prendas de vestir.
Las mujeres campesinas también participan activamente en la ejecución de proyectos productivos dirigidos a impulsar el desarrollo comunitario y el bienestar de las familias rurales. Uno de los principales instrumentos de la organización ha sido las Unidades Agrícolas Industriales para la Mujer Campesina (UAIM), originadas en 1972. Sus objetivos principales fueron la incorporación plena de las mujeres a las actividades económicas del ejido, así como alentar su capacitación para propiciar su participación en el desarrollo rural. A principios de la década de los noventa se tenían registradas 6,300 UAIM, de las cuales alrededor del 35 por ciento estaban activas. Su funcionamiento tendió a depender de la voluntad política de los funcionarios, la presión de la opinión pública o de los grupos organizados de mujeres. Estos últimos han demandado la integración de figuras jurídicas para obtener financiamiento y capacitación, con el propósito de desarrollar proyectos y administrar sus propias empresas.
Además de las UAIM, se han desarrollado otros programas gubernamentales, entre los que se pueden señalar el de Acción para la Participación de la Mujer Campesina en la Consecución del Desarrollo Rural, el de Apoyo a Proyectos Productivos de la Mujer Campesina, y el Programa de Desarrollo Comunitario con la Participación de la Mujer. Más recientemente, otras experiencias que buscan contribuir a elevar el bienestar de la mujer rural, son la de Mujeres en Solidaridad, el Fondo Nacional de Apoyo para las Empresas de Solidaridad y el Programa Rural de Abasto. Los principales problemas que han enfrentado estos y otros programas semejantes son su falta de continuidad, el limitado monto de recursos asignados a su ejecución, la ausencia de canales adecuados de comercialización, y los insuficientes apoyos para la capacitación de las productoras rurales.
Mujer indígena
La población indígena representa casi 8 por ciento de la población total de México, lo que corresponde a poco más de siete millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres. Esta población vive en su mayoría en localidades rurales dispersas. Comparte con la población rural la falta de acceso a servicios y bienes, aunque su situación de rezago es mucho más aguda. La mortalidad infantil entre la población que habla alguna lengua indígena es de 56 por mil nacidos vivos, casi el doble de la observada en el resto de la población. Es evidente que la elevada mortalidad infantil impide la consolidación de un marco de certidumbre para la planeación de la familia, lo que, aunado a los problemas de acceso a los servicios de salud en general y de salud reproductiva en particular, contribuye a propiciar un nivel elevado de fecundidad (5.7 hijos por mujer), superior en un hijo al registrado entre las mujeres rurales y en casi tres hijos respecto al promedio no indígena del país.
La mitad de las indígenas mayores de 15 años de edad no sabe leer ni escribir. Ello significa que el analfabetismo femenino es 1.7 veces mayor que el de los varones. Además, sólo dos de cada tres niñas indígenas de 6 a 14 años de edad asiste a la escuela, relación que es menor que la de los niños (3 de cada 4). En general, puede afirmarse que las mujeres indígenas tienen menor acceso que los hombres a los medios de vinculación y comunicación con las comunidades no indígenas. Basta señalar, por ejemplo, que una de cada cinco mujeres indígenas habla únicamente su lengua natal (propor-ción que se eleva por encima del 35 por ciento en los estados más pobres del país), mientras sólo uno de cada diez hombres presenta esa condición (Gráfica 9).
Gráfica 9 Porcentaje de la población indígena monolingüe por sexo y entidad federativa, 1990
Las mujeres indígenas concentran tanto las desventajas sociales y económicas de su grupo de pertenencia social y étnica, como las que se derivan de su condición femenina. A ellas les corresponde valerse de una gama de recursos y la forma en que lo hacen determina, en muchos casos, la subsistencia familiar. Además de atender la casa y los hijos, se hacen cargo de los animales, la confección de artículos para el autoconsumo, la fabricación y venta de productos artesanales, y la participación en las labores agrícolas. Sin embargo, la producción artesanal de la población rural e indígena, en la que toman parte de manera fundamental las mujeres, enfrenta hoy en día serios problemas ligados a su limitado acceso al crédito y la carencia de canales de distribución y comercialización. Ello ha llevado a muchas de ellas a abandonar sus actividades artesanales e incluso sus comunidades. De igual forma, la falta de servicios básicos, como la carencia de agua en la vivienda o de molinos modernos, aumenta la carga de trabajo doméstico y limita su participación en la esfera extradoméstica.
7. MUJER JOVEN Y MUJER DE LA TERCERA EDAD
Mujer joven
La población de entre 15 y 24 años de edad constituye una proporción considerable y creciente de la población total del país. En 1970, este grupo representaba alrededor del 18.2 por ciento de la población total, en tanto que en 1995 su peso relativo se incrementó a 21.2 por ciento, lo que corresponde a un total de 19.5 millones de personas, de las cuales la mitad son mujeres.
Los cambios biológicos y emocionales son elementos que permiten identificar a la adolescencia y la juventud como etapas con características específicas y distintivas en el proceso de desarrollo de los seres humanos. Sin embargo, la problemática de los adolescentes y jóvenes rebasa esas dimensiones y se manifiesta en su complejidad en los diferentes contextos sociales, económicos y culturales. Por ejemplo, se ha podido identificar, mediante la información proveniente de un servicio telefónico dedicado a la orientación y consejería para los jóvenes del área metropolitana de la Ciudad de México, que demandan respuestas y soluciones en materia de relaciones interpersonales, relaciones familiares, sexualidad, planificación familiar y salud reproductiva, adicciones, oportunidades educativas y de empleo.
La educación de los jóvenes es crucial desde el punto de vista personal y social, puesto que se trata de individuos en plena etapa de formación. La preparación que se ofrezca a las adolescentes y jóvenes les permitirá desplegar sus potencialidades y capacidades para participar en el desarrollo del país.
El analfabetismo de mujeres y hombres jóvenes se ha reducido significativamente, aunque todavía alrededor del 5 por ciento de la población de entre 15 y 24 años de edad no sabe leer ni escribir, sin marcadas diferencias por sexo. Entre las personas de 15 a 19 años, 64 por ciento tiene al menos un año de estudios de secundaria, porcentaje muy superior al observado en generaciones anteriores. Un porcentaje elevado de la población joven deja de estudiar tempranamente, de manera que, entre los 15 y 19 años, sólo una cifra ligeramente superior al 40 por ciento de los hombres y las mujeres continúan estudiando. Estos porcentajes descienden a poco menos del 20 por ciento en las edades comprendidas entre los 20 y 24 años.
La adolescencia y la juventud constituyen etapas decisivas de la vida que permiten al individuo prepararse para su incorporación a la vida adulta. Sin embargo, una proporción importante de jóvenes se ve obligado a abandonar la escuela tempranamente para insertarse en el mercado laboral o formar una familia. En 1990, del total de jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 19 años, 41.6 por ciento ya estaba trabajando, porcentaje que se eleva a 61 por ciento en el segmento de 20 a 24 años de edad. Las tasas de participación en la actividad económica de los hombres de esas edades duplica a las observadas entre las mujeres. Los jóvenes de ambos sexos enfrentan restricciones que entorpecen su incorporación constructiva y plena en la vida económica de la sociedad. En un contexto de crisis y de ajuste, así como de elevados niveles de desempleo abierto, sus posibilidades de inserción en ocupaciones productivas, estables y adecuadamente remuneradas, suelen ser restringidas. Esta situación afecta con mayor frecuencia a las mujeres.
En lo que concierne al matrimonio, acontecimiento trascendental en la vida de los individuos que marca la transición de la adolescencia y la juventud a la edad adulta, las mujeres mexicanas continúan estableciendo su primera unión marital a una edad temprana (18.4 años), situación que apenas ha variado en los últimos 15 años. En comparación, los varones se casan en promedio dos años más tarde. Las mujeres que viven en las áreas rurales tienden a casarse o unirse un año antes que las mujeres del medio urbano (17.6 y 18.7 años, respectivamente). Diferencias semejantes se observan entre la población femenina que no ha terminado la primaria y la que sólo ha completado el ciclo escolar básico (Cuadro 2).
Las conductas sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes han merecido una creciente atención debido al riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, además de los efectos que tienen los embarazos a temprana edad sobre las condiciones de vida de los jóvenes y sobre las de sus hijos en áreas como la salud, estabilidad de las uniones, la dinámica del desarrollo familiar y el tamaño de las familias, así como en el desarrollo personal y social del individuo. Estudios relativos a grupos de jóvenes de la Ciudad de México han mostrado que la actividad sexual premarital era, y presumiblemente sigue siendo, más frecuente entre los varones que entre las mujeres. Sólo una quinta parte de las adolescentes, de acuerdo a esos estudios, empleó métodos anticonceptivos durante su primera relación sexual, circunstancia en la que precisamente las mujeres con menor escolaridad y las pertenecientes a los grupos más desfavorecidos fueron las que mostraron mayor riesgo respecto a eventualidades de embarazos no deseados a edades tempranas.Cuadro 2 Edad a la primera unión por tamaño de la localidad, nivel de instrucción y sexo, 1992*
Mujeres Hombres Estados unidos mexicanos 18.4 20.2 Áreas rurales** 17.6 19.9 Áreas urbanas*** 18.7 20.4 Nivel de instrucción Sin instrucción 17.3 19.6 Primaria incompleta 17.9 20.0 Primaria completa 19.1 20.5 * Datos referidos a la población de 12 años y más unida antes de los 25 - años según su estado civil al momento de la entrevista. ** Localidades de menos de 2,500 habitantes. *** Localidades de 2,500 habitantes y más
Un rasgo relevante de la fecundidad adolescente es que constituye una proporción creciente de la fecundidad total. Si bien la fecundidad de las mujeres menores de 20 años ha disminuido, ésta todavía contribuye con alrededor del 13.8 por ciento de la tasa global de fecundidad, lo que en números absolutos representa 390 mil nacimientos cada año. Los nacimientos premaritales son más frecuentes cuanto más temprana es la edad de la mujer en el momento del primer embarazo.
Diversos estudios también han puesto de relieve el efecto que tiene un inicio temprano de la reproducción sobre la fecundidad a lo largo de la vida. De acuerdo con éstos, las mujeres que tuvieron su primer hijo antes de los 18 años presentan, 10 años más tarde, una descendencia de 4.2 hijos, en comparación con las que tuvieron su primer hijo después de los 24 años, las cuales alcanzan, 10 años después, una descendencia de 3 hijos (Cuadro 3).
En cuanto a los riesgos para la salud de los menores, se ha encontrado que los hijos de las mujeres que dan a luz antes de los 20 años tienen una probabilidad de fallecer antes de los cinco años de edad 20 por ciento superior a la de los hijos de las madres que los tienen después de esa edad. Para atender esta problemática, el sector salud desarrolla actualmente programas de atención dirigidos a las madres adolescentes, a la vez que ha iniciado la ejecución de un programa de salud reproductiva expresamente dirigido a la población joven. A su vez, diversas instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales realizan programas de educación sexual integral entre los jóvenes para promover el ejercicio responsable de su sexualidad. Algunos otros proyectos gubernamentales centran sus acciones en la prevención de conductas antisociales, adicciones y farmacodependencia, incluida la atención a madres adolescentes, y promueven actividades deportivas, recreativas y de desarrollo personal.Cuadro 3 Promedio de hijos nacidos vivos por mujer según edad al primer nacimiento y número de años transcurridos después de ese evento, 1987.
Edad al primer nacimiento Años 17 o menos 18 - 20 21 - 23 24 o más 3 1.88 1.93 1.77 1.66 5 2.62 2.64 2.44 2.16 10 4.24 4.06 3.66 3.05
Mujer de la tercera edad
La reducción de la mortalidad ha permitido un aumento en la esperanza de vida, una mayor longevidad de las personas y una mayor presencia, tanto en términos absolutos como relativos, de personas de la tercera edad. Hoy en día, las mujeres constituyen el componente más importante de esta población, cuyo volumen asciende a 2.4 millones. De este total, una alta proporción de ellas son viudas, hecho atribuible a la mayor sobrevivencia femenina, así como a la más alta propensión de los hombres a contraer segundas nupcias. Asociado a esto, una mayor proporción de mujeres que de hombres viven solas en la tercera edad (Gráfica 10).
Gráfica 10 Estado civil de personas de la tercera edad por grupo de edad y sexo, 1994
El analfabetismo y la escasa escolaridad son factores que repercuten desfavorablemente en la condición social de las mujeres en la tercera edad. Alrededor del 40 por ciento de la población femenina de 60 años o más no sabe leer ni escribir, proporción que en los varones representa el 28 por ciento. Sólo una de cada cuatro mujeres de la tercera edad alcanzó una escolaridad de primaria completa o más.
La vejez a menudo se considera como una etapa de soledad, abandono, deterioro y desaliento. En contra de esta idea, cabe señalar que tres de cada cuatro mujeres de 60 años o más declara estar satisfecha o muy satisfecha con su vida (proporción prácticamente igual que la de los hombres). Esto no quiere decir, sin embargo, que estén libres de aflicciones. Una de cada tres señala, entre sus principales preocupaciones, la salud, la familia y la precariedad de su sustento económico. Los dos primeros aspectos son mencionados con menor frecuencia por los varones.
La preocupación de las mujeres por su condición de salud está asociada al hecho de que una alta proporción de ellas declara haber experimentado enfermedades, accidentes (principalmente caídas) y deterioro funcional para llevar a cabo sus actividades cotidianas. Una de cada cuatro mujeres de 60 años o más declaró, en 1994, que no podía salir de su casa o caminar tres cuadras sin ayuda, y una de cada tres no podía subir escaleras sin el auxilio de otra persona (los porcentajes correspondientes a los hombres son de 15 y 20 por ciento, respectivamente) (Cuadro 4).
Si bien es cierto que las instituciones gubernamentales han desplegado una variedad de acciones para promover el bienestar de personas de la tercera edad, proporcionándoles servicios de asistencia jurídica y orientación social, así como llevar a cabo actividades de cuidado asistencial y alimentario para personas en estado de abandono, incapacidad o marginación, su desarrollo ha sido en general limitado y por lo general han recibido escasa atención y baja prioridad.Cuadro 4 Proporción de personas de la tercera edad por estado funcional (% que puede realizar actividad sin ayuda ) y sexo, 1994
Actividad Hombres Mujeres Salir de casa 85.2 73.6 Caminar 3 cuadras 83.3 75.3 Subir escaleras 77.7 66.9 Desplazarse en habitación 95.9 91.9 Tareas domésticas ligeras 74.9 81.3 Cargar objetos pesados 64.3 54.4 Manejar su dinero 90.9 86.1 Tomar sus medicamentos 89.2 87.8 Bañarse 94.8 91.9 Vestirse 95.8 93.6
La mayor longevidad de las mujeres no ha estado acompañada de sistemas de prevención y atención de la salud y seguridad social con suficiente cobertura que propicien las condiciones para una vida digna durante la tercera edad. Más de la mitad de ellas no tienen acceso a servicios médicos y, en muchas ocasiones, éstos no cuentan con los recursos humanos o materiales para ofrecer una atención adecuada.
Ante la insuficiencia de servicios de seguridad social y de programas que den respuesta adecuada a sus necesidades, las personas de mayor edad generan demandas cuya atención recae básicamente en la familia, sobre todo en las mujeres, así como en las redes sociales de solidaridad y ayuda. En general, tanto hombres como mujeres de la tercera edad reciben apoyos familiares. Dos terceras partes de ellas reciben apoyo en dinero y un 60 por ciento en productos para la despensa. Las transferencias familiares a los hombres en estos rubros son menores, principalmente porque una mayor proporción de ellos continúa trabajando o tiene acceso a una pensión.
8. MUJER Y FAMILIA
La familia es el ámbito por excelencia para el desenvolvimiento de las relaciones y la interacción de personas emparentadas entre sí, quienes habitualmente conviven en un mismo espacio. La familia es también un ámbito privilegiado del proceso de socialización primaria de los individuos, opera como espacio productor y transmisor de pautas y prácticas culturales e inculcación de hábitos, y conforma un ámbito fundamental para la formación de identidades, en particular la de género y en lo relativo a los papeles asignados socialmente a hombres y mujeres.
Los mexicanos generalmente asocian con el vocablo familia significados altamente positivos: unión, hijos, amor, hogar, bienestar, padres, comprensión, casa, cariño, educación, felicidad y apoyo. Por esta razón, cuando en 1991 se les preguntó a hombres y mujeres por el grado de importancia que otorgan a algunos aspectos de su vida vinculados con la esfera pública (trabajo y política) y la esfera privada (familia, recreación y amistad), no debe extrañar que lo más decisivo para ambos sea la familia (85 por ciento considera que la familia es muy importante en su vida), en contraste con la política (12 por ciento), mientras el trabajo (67 por ciento), la recreación (28 por ciento) y los amigos (25 por ciento) se ubiquen entre los dos polos señalados. Sin embargo, el hecho de que las personas atribuyan mayor importancia a la familia no debe interpretarse como una satisfacción total con su vida en ese ámbito, pues cuando se les pidió calificar este aspecto en una escala de 1 a 10 lo hicieron de la siguiente forma: 62 por ciento le otorgó una calificación de entre 8 y 10, 31 por ciento le asignó entre 4 y 7 puntos, y 7 por ciento le otorgó entre 1 y 3 puntos.
El hogar suele ser el cuadro de referencia cotidiano donde se desenvuelve la vida familiar. En México, su número ha aumentado rápidamente. En poco más de veinte años su monto prácticamente se duplicó, totalizando en 1992 poco más de 18 millones. Quizá uno de los cambios más importantes en la composición de las familias mexicanas haya sido el descenso sostenido de su tamaño medio, el cual pasó de 5.3 a 4.7 personas durante el periodo 1970-1992, hecho que está asociado a la disminución de la fecundidad.
Otra característica relevante se refiere a la estructura de los hogares. La gran mayoría son de tipo familiar (95 por ciento) y sólo una reducida proporción de ellos (5 por ciento) corresponde a corresidentes sin vínculo de parentesco o a personas que viven solas. Los hogares de tipo nuclear son mayoritarios: en 1992 representaban alrededor del 69 por ciento del total de las unidades domésticas del país. Dentro de este conjunto destacan los hogares conyugales (parejas con hijos solteros) y los monoparentales (unidades con sólo uno de los progenitores e hijos solteros).
Los hogares no son unidades homogéneas. La prevalencia de los distintos tipos, sus características sociodemográficas y las formas de organización hogareña y familiar varían en el tiempo y de acuerdo con las transformaciones económicas, demográficas y culturales del contexto social. De ahí que presenten rasgos peculiares según regiones y espacios rurales y urbanos, grupos étnicos, así como de acuerdo con el sector social de pertenencia. Así, por ejemplo, los hogares nucleares conyugales representaban en 1992 alrededor del 60 por ciento en los estados de Querétaro y Aguascalientes, pero sólo concentraban el 50 por ciento en Veracruz o Guerrero. Por su parte, la presencia de hogares monoparentales tiende a variar desde el 9 por ciento en Tamaulipas, y el Distrito Federal, hasta un 4.7 por ciento en Yucatán (Gráfica 11).
Es ampliamente reconocido el hecho de que las familias mexicanas se sustentan, en su mayoría, en el matrimonio y que, en general, las parejas viven una cierta estabilidad reflejada en la relativamente baja prevalencia de la disolución de uniones. Sin embargo, poco se sabe acerca de las implicaciones que tienen los cambios observados en el predominio de los distintos tipos de hogares, así como de los patrones de formación y disolución familiar, sobre la situación social de las mujeres. Al respecto, un grupo de especial preocupación, desde la perspectiva de los programas de política social orientados al combate de la pobreza, es el de los hogares encabezados por mujeres. Ellas viven cotidianamente la condición social de ser mujeres y jefas de un hogar, lo que en algunos casos las enfrenta al conflicto derivado de la necesidad de obtener ingresos monetarios y atender la responsabilidad del cuidado y la crianza de los hijos, posición que a su vez condiciona su acceso al mercado de trabajo y las coloca en una situación de extrema vulnerabilidad. Estos hogares se calculaban en alrededor de 3 millones en 1992 y en ellos residían cerca de 10 millones de personas. Las jefas de hogar suelen tener mayor edad que los jefes varones (las edades promedio correspondientes son de 52 y 43 años, respectivamente). Además, en dos de cada diez hogares la jefa no sabe leer ni escribir y en cuatro de cada diez está al frente de un hogar monoparental (Cuadro 5).
Cuadro 5 Distribución porcentual de los hogares por tipo y sexo del jefe. 1992
Para las mujeres, las tareas domésticas y las responsabilidades en el cuidado de los hijos significan una importante dedicación e inversión de tiempo. Esta es mayor en los primeros años de vida de los hijos y, naturalmente, se incrementa cuando la descendencia es numerosa. Una parte importante de la vida reproductiva de las mujeres (entre los 15 y los 49 años de edad) transcurre con niños a su cargo. Se estima que la mujer mexicana pasa alrededor de 13 años de su vida con la responsabilidad del cuidado de al menos un hijo menor de cinco años, lo cual significa casi el 38 por ciento de su vida reproductiva. Este dato resulta relevante a la luz del hecho de que los cuidados maternos significan mayores responsabilidades para las mujeres, y una carga adicional para aquellas que desempeñan un trabajo extradoméstico.
Total
Hombres
Mujeres
FAMILIARES
NUCLEARES
68.4
73.2
44.0
Pareja sin hijos
6.4
7.3
1.8
Pareja con hijos solteros
55.0
64.9
5.0
Jefe con hijos solteros
7.0
1.0
37.2
EXTENSOS
24.4
21.9
36.3
Pareja sin hijos y otros parientes
3.4
3.9
0.8
Pareja con hijos solteros y otros parientes
12.6
14.8
1.5
Jefe con hijos solteros y otros parientes
3.9
0.8
19.3
Jefe con otros parientes
4.6
2.4
15.7
COMPUESTOS
1.2
1.2
2.6
Pareja sin hijos y otros no parientes
0.2
0.2
0.1
Pareja con hijos solteros y otros no parientes
0.6
0.8
0.0
Jefe con hijos solteros y otros no parientes
0.2
0.0
1.1
Jefe con otros no parientes
0.2
0.2
0.5
NO FAMILIARES
UNIPERSONALES
5.5
3.5
16.5
CORRESIDENTES
0.4
0.3
0.9
El contexto socioeconómico y la naturaleza de las políticas y acciones públicas afectan a las familias, no sólo en términos de su bienestar, sino también en su dinámica interna. En respuesta a las condiciones del entorno socioeconómico, las familias desarrollan una serie de estrategias de vida que con frecuencia trascienden el grupo doméstico y su espacio de residencia. Así, por ejemplo, en el contexto de las crisis económicas de los últimos años, se observa un incremento en la participación económica de los miembros del hogar, particularmente de las mujeres. Se registra también la proliferación de pequeños negocios o unidades productivas familiares y con ello la intensificación del trabajo doméstico, asociada a la sustitución de bienes y servicios que antes se adquirían en el mercado y que las familias en condiciones de carencia producen ahora en el hogar. Asimismo, se aprecia el incremento en el uso de redes familiares solidarias como medio para garantizar la satisfacción de las necesidades del hogar.
La mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo ha aumentado su contribución monetaria en los hogares mexicanos. En una importante proporción de familias, ésta es ahora indispensable. Basta señalar que en uno de cada tres hogares las mujeres contribuyen al ingreso monetario familiar. En uno de cada cinco hogares el ingreso principal lo genera una mujer y en uno de cada diez hogares una mujer es la única perceptora. Si bien no todas las unidades familiares donde la mujer es la proveedora exclusiva tienen un nivel de ingreso precario, sí comparten una situación común, que es la ausencia de varones en edades activas (el número promedio de mujeres en esas edades duplica al correspondiente de hombres), lo que hace recaer sobre ellas el peso de las responsabilidades económicas del hogar, además de las tareas domésticas, el cuidado de los hijos y, con frecuencia, la atención de familiares enfermos o ancianos.
La distribución por sexo de los principales perceptores de ingresos monetarios en los hogares, su relación de parentesco con el jefe, y la proporción que significa su aportación en el ingreso del grupo, confirman la creciente importancia de la aportación económica femenina en los hogares mexicanos. En uno de cada diez el jefe es hombre, aunque el principal ingreso monetario del hogar lo genera una mujer; en una proporción ligeramente mayor (el 11.1% del total nacional), tanto la jefatura como el ingreso principal corresponden a una mujer. Si bien en estos casos suelen estar ausentes varones en edad productiva, se observa la presencia de hombres adultos que por discapacidad o vejez no pueden ser el sostén económico de su hogar, lo que con frecuencia hace recaer esta responsabilidad en una mujer.
Los hijos también desempeñan un papel importante como proveedores de ingreso de los hogares (11.3% de los perceptores principales). Llama la atención que, aunque proporcionalmente las mujeres con ingreso principal son minoría, las hijas casi equiparan a los hijos como perceptores principales (4.7% contra 6.6% en el total nacional de hogares, respectivamente). Se advierte también que el número de miembros que trabaja es mayor en los hogares que dependen del ingreso femenino (15 por ciento más que en los de primacía económica masculina), aunque es menor su ingreso monetario per cápita, a pesar de que estas familias suelen ser de menor tamaño. Esto se debe a que, en estos casos, el ingreso por cada perceptor es casi 30 por ciento más bajo, no sólo por ser un ingreso mayoritariamente femenino, sino porque con frecuencia proviene del trabajo de las hijas e hijos jóvenes que han abandonado sus estudios y están poco calificados para participar en el mercado laboral.
La valoración de los papeles asignados a las mujeres muestra cambios importantes derivados, en gran medida, de su creciente incorporación al trabajo remunerado. Algunas encuestas recientes revelan que ocho de cada diez personas entrevistadas (tanto hombres como mujeres) están de acuerdo con que las mujeres trabajen. Cabe hacer notar que la proporción de personas que están a favor de la participación de la mujer en la actividad remunerada se incrementa a medida que es mayor la escolaridad y el nivel de ingreso de las personas.
Paradójicamente, la mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la creciente aceptación de su presencia en ese ámbito no se han traducido en una significativa disminución de sus responsabilidades domésticas. Las tareas que ocasionalmente realizan los hombres, con frecuencia consideradas sólo como una "ayuda" a las mujeres, siguen concibiéndose como una responsabilidad exclusivamente femenina. Al respecto, conviene mencionar que de acuerdo a encuestas recientes, alrededor del 2 por ciento de los entrevistados considera que las tareas domésticas deben ser responsabilidad exclusiva de los hombres, en tanto 63 por ciento declaró que de las mujeres, y 35 por ciento contestó que de ambos. Proporciones relativamente similares se registran al indagar acerca de quién debe hacerse cargo de las compras del hogar y el cuidado de los hijos.
Cuando no hay correspondencia entre los derechos y obligaciones de los diferentes miembros del hogar, pueden surgir dificultades que afectan la organización, funcionamiento y solidaridad familiares. La crisis económica, por ejemplo, al estimular una mayor participación de las mujeres en el trabajo extradoméstico, puede generar tensiones en las relaciones de pareja, dados los papeles tradicionalmente atribuidos a las mujeres y a los hombres.
A fin de cumplir con el principio del Artículo Cuarto Constitucional que señala la protección a la organización y el desarrollo de la familia, el Gobierno de México proporciona servicios asistenciales y enfoca sus acciones hacia los grupos más vulnerables de la población, con lo cual vincula la política de fortalecimiento de la familia con las acciones de combate a la pobreza. Las instituciones dirigidas al desarrollo integral de la familia han procurado impulsar espacios de diálogo, concertación y participación, desarrollando programas productivos, de salud, de rehabilitación, de apoyo a la integración familiar, de orientación educativa, recreativos y culturales, así como de prevención y eventual solución de conflictos intrafamiliares. Sin embargo, la cobertura de muchos de estos programas es limitada, se concentran en las ciudades, e incluso requieren del fortalecimiento de esquemas de coordinación entre los mismos y de mecanismos para asegurar su continuidad.
9. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La violencia contra la mujer atenta contra sus derechos, su integridad y su dignidad como persona y puede inhibir su desarrollo, además de provocarle daños irreversibles. Ésta adopta diversas formas: se manifesta mediante la agresión física, psicológica o sexual; puede ser un acto único o sistemáticamente reiterativo, incluso producirse en ámbitos diversos, en el medio familiar, en la calle o en el espacio laboral.
La violencia afecta a las mujeres de todas las edades, niveles educativos y clases sociales. Diversos estudios asocian este fenómeno con las creencias y conductas que refuerzan la idea de la superioridad del hombre y la subordinación femenina; la proliferación de imágenes agresivas y violentas difundidas a través de los medios de comunicación masiva; la socialización de los agresores en ambientes violentos; así como la impunidad de esos delitos y el desconocimiento que generalmente tienen las mujeres de sus derechos. Estos estudios también indican que, en gran parte, la sociedad condiciona a las mujeres a enfrentar el temor a la violencia mediante conductas de adaptación que las llevan a conformarse a vivir en esta situación y a considerarla como una parte intrínseca de sus relaciones humanas.
El fenómeno de la violencia contra las mujeres, por encontrarse enraizado en las relaciones sociales, no ha sido reconocido en toda su gravedad. En México, las estadísticas al respecto son deficientes. La vergüenza de las víctimas y el temor a desencadenar represalias de parte del agresor, provoca que estos delitos con suma frecuencia no sean denunciados o incluso no sean reconocidos como tales por quienes los padecen o quienes los cometen. Aunque las denuncias han registrado un constante aumento a partir de la apertura de agencias especializadas para atender tales agresiones, se estima que sólo una de cada diez violaciones es denunciada ante la ley.
La violación constituye una de las expresiones más graves de violencia contra las mujeres. En el Distrito Federal, entre los hechos de esa naturaleza denunciados durante el primer semestre de 1995, alrededor del 54 por ciento corresponde a violaciones, 8 por ciento a intentos de violación, 33 por ciento a abusos sexuales y el 5 por ciento restante a estupro, hostigamiento y adulterio. Alrededor de la mitad de los casos de violación y otros delitos conexos son cometidos contra niñas y adolescentes; cerca del 26 por ciento corresponde a menores de 12 años de edad y 28 por ciento a adolescentes. Una investigación publicada en 1993 documentó en 33 fuentes oficiales y no gubernamentales cerca de 10 000 casos de abuso sexual cometidos entre enero de 1990 y julio de 1991, de los cuales entre 70 y 80 por ciento, correspondió a abuso sexual en menores. Las diversas fuentes disponibles confirman que la gran mayoría de los delitos sexuales denunciados son perpetrados por familiares o personas conocidas de las víctimas. Se advierte que el padre o el padrastro, como reiteradamente lo señala la literatura sobre el tema, son quienes cometen con mayor frecuencia este tipo de delitos, seguidos por abuelos, tíos y hermanos.
Un asunto de vital importancia y del que no se tiene registro es el relacionado con los costos sociales y las consecuencias de la violación sobre la salud física, mental o psicológica de las víctimas. Los escasos datos disponibles revelan que una de cada diez mujeres que denuncia un acto de violación sexual queda embarazada como consecuencia de la agresión. Asimismo, existen evidencias de que el abuso sexual incrementa en las mujeres el riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA.
Los actos de violación pueden causar en las víctimas serios daños psicológicos, acompañados de severos problemas sexuales, con consecuencias que suelen perdurar. Además, la violencia contra las mujeres incide negativamente en diversas facetas de su vida social. Así, por ejemplo, algunos estudios señalan que la inseguridad que perciben o experimentan las mujeres restringe la amplitud de su movilidad. En muchos casos, por miedo a ser atacadas, evitan viajar en transportes públicos y limitan las horas de sus salidas y sus recorridos.
Un caso de violencia específica y singular es la que se ejerce contra las mujeres en el hogar, fenómeno que en el pasado era considerado como un asunto privado que debía resolverse en ese ámbito. Sin embargo, lo que hasta hace unos cuantos años era un hecho oculto ha pasado a ser un fenómeno con mayor visibilidad y de indudable trascendencia social. En el seno del hogar, la violencia permea con frecuencia las relaciones entre hombres y mujeres y entre generaciones, al tiempo que ésta puede ejercerse de maridos a esposas (el caso más frecuente), de padres a hijos y de hermanos a hermanas. Entre las modalidades asumidas por la violencia intrafamiliar se encuentran las agresiones verbales, el confinamiento en el hogar, la prohibición de tener contacto o comunicación con familiares o la de trabajar, así como las relaciones sexuales forzadas, el maltrato y las lesiones físicas, las amenazas de muerte o de represalias y, en última instancia, el homicidio.
Se sabe que en la gran mayoría de los casos denunciados de violencia doméstica en el Distrito Federal, las víctimas son mujeres casadas o separadas y el agresor es el esposo o compañero. Alrededor de ocho de cada diez mujeres que fueron atendidas en el Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar durante el primer semestre de 1995 sufrieron la agresión de sus cónyuges. Con frecuencia se señala que tales datos son apenas leves indicios de la magnitud del problema, ya que un número desconocido de mujeres se abstiene de denunciar los actos de violencia de que son objeto.
Los niños y niñas constituyen el siguiente grupo en importancia dentro de las víctimas de la violencia doméstica, caso en el que los agresores más comunes son los propios progenitores. El hecho que las víctimas sean los miembros más indefensos de la familia hace pensar que los agresores usan la violencia para reafirmar una autoridad y una jerarquía que, por diversos motivos, pueden sentir amenazadas, además de casos extremos y patológicos de abuso de autoridad.
Si bien es cierto que los datos son escasos y fragmentarios, son claramente indicativos de la gravedad del problema de la violencia intrafamiliar. Un estudio realizado en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México, revela que alrededor de una de cada tres mujeres unidas con edades comprendidas entre 15 y 60 años de edad afirmó sufrir maltratos serios y recurrentes de un familiar, de los cuales era el propio marido casi siempre el agresor. Asimismo, datos provenientes del estado de Jalisco indican que cerca del 57 por ciento de las mujeres entrevistadas residentes en zonas urbanas y 44 por ciento de las residentes en zonas rurales habían experimentado algún tipo de violencia intrafamiliar, siendo la gran mayoría de los agresores sus propios esposos.
El abuso ejercido sobre las mujeres por parte de sus parejas deja huellas tanto físicas como psicológicas. Las físicas incluyen quemaduras, golpes, fracturas y heridas graves. La violencia intrafamiliar también puede causarles severos daños psicológicos a largo plazo y manifestarse mediante el miedo y la ansiedad. Los lazos emocionales, legales y económicos que vinculan a las mujeres con sus agresores frecuentemente las conducen a un estado de baja autoestima, vulnerabilidad, aislamiento y desesperanza, circunstancias que dan lugar a problemas como el alcoholismo, la drogadicción y aun el suicidio.
El hostigamiento o acoso sexual constituye una práctica que las mujeres sufren reiteradamente en sus relaciones laborales o las que mantienen en otros ámbitos. En la mayoría de los casos, lo ejerce el hombre cuando existe una relación de subordinación de la mujer, lo que se convierte de manera implícita o explícita en un término o condición que se le impone. Al igual que ocurre con otras formas de violencia, existe escasa evidencia empírica que permita medir la dimensión real de este problema. En los informes estadísticos oficiales se reportan unas cuantas denuncias de actos de hostigamiento sexual. La escasa cuantía de denuncias de este tipo de delitos se atribuye con frecuencia a factores como los siguientes: el largo y tortuoso procedimiento penal que deben seguir las víctimas para confirmar su denuncia, la incierta garantía de éxito respecto a la posibilidad de que el agresor sea consignado y presentado ante una autoridad competente, así como la propia naturaleza del castigo, casi siempre benigno, que recibe el hostigador sexual.
Las actividades desplegadas por organismos gubernamentales y no gubernamentales han contribuido a hacer visible el problema de la violencia contra la mujer en todas sus formas de expresión, lo que ha influido en la puesta en marcha de acciones en la materia, entre las que destacan las realizadas en los ámbitos legislativo y judicial, en particular las siguientes:
En 1984 se modificó el Código Penal del Distrito Federal para castigar con mayor rigor el delito de violación.A pesar de éstas y otras acciones emprendidas por el gobierno y por la sociedad para frenar el fenómeno de la violencia, hacer más visibles sus consecuencias y brindar atención a víctimas y agresores, diversos factores siguen obstaculizando la efectividad de esos esfuerzos. Entre ellos se encuentran el desconocimiento de las mujeres sobre sus derechos y la legislación destinada a preservarlos, los obstáculos para establecer denuncias y dar seguimiento a este tipo de delitos en las instancias judiciales correspondientes, incluida la escasa capacitación del personal que las atiende, el incumplimiento de la legislación, así como la carencia o insuficiente desarrollo de mecanismos institucionales encargados de la prevención, asistencia directa o protección de los derechos de las víctimas potenciales o efectivas de la violencia. La lucha por erradicar la violencia contra la mujer, en todas sus formas de expresión, hace evidente la imperiosa necesidad de definir estrategias de acción que respondan de manera efectiva e integral a esta problemática.En 1989 se crearon las Agencias Especializadas del Ministerio Público para la atención de los delitos sexuales y atentados al pudor, que actualmente operan en el Distrito Federal y en varias entidades federativas del país. Además, con el objeto de fortalecer los programas de apoyo a las víctimas, se establecieron en ese mismo año el Centro de Terapia de Apoyo y el Centro de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar.
En 1990 se presentó la iniciativa que pretendió tipificar el delito de hostigamiento sexual en el Código Penal del Distrito Federal, estableciendo sanciones de 30 días de salario mínimo u ocho meses de cárcel a cualquier patrón, empleador o supervisor que, haciendo uso de su poder, busque obtener favores sexuales de trabajadoras subordinadas. Más tarde, en la reforma de 1991, se aprobó un texto más amplio referido no sólo a conductas del patrón, empleador o supervisor, sino a las cometidas por cualquier persona que posea una relación de autoridad sobre ellas.
En 1991 se llevaron a cabo enmiendas, adiciones y derogaciones al Código Penal y al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal en materia de delitos sexuales.
En 1993 se aprobaron reformas a la Constitución que establecen la obligación del Estado de brindar asistencia jurídica a las víctimas de delitos sexuales, derecho a recibir reparación del daño y atención médica de urgencia.
En 1994 se emprendió la creación de la Unidad Especializada de Atención y Orientación Legal y el Programa de Atención Integral para las Víctimas de Ataques Sexuales. Asimismo, se puso en operación un programa de Atención Integral para la Rehabilitación de Víctimas de Ataques Sexuales.
10. IMAGEN FEMENINA EN LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
La importancia de los medios de comunicación masiva resulta innegable a la luz de los procesos modernizadores y globalizadores que tienen lugar en la sociedad contemporánea. Los contenidos que difunden, así como su creciente penetración e influencia, los convierten en una de las principales instituciones propagadoras de modelos de comportamiento, aspiraciones sociales, de trayectorias de vida y visiones del mundo socialmente normadas.
Diversas investigaciones han demostrado que los mensajes difundidos por los medios de comunicación tienden a reproducir imágenes estereotipadas de la mujer y de los papeles que desempeña. La televisión es el medio de comunicación masiva que más ha atraído la atención de los estudiosos y críticos. Su capacidad para llevar los mensajes al ámbito privado y cotidiano de los hogares y modificar actitudes y creencias de las personas, son parte de su reconocido poder e influencia. Sin embargo, a menudo se señala que la televisión proyecta imágenes no equilibradas de las mujeres y los hombres. A ellas se les presenta usualmente como abnegadas, sumisas, débiles, sin confianza en sí mismas y condescendientes, o bien se les presenta como objeto sexual o de placer. En contraste, a los hombres por lo general se les proyecta como fuertes, valientes, agresivos, decididos y dominantes, en correspondencia con las tradicionales representaciones estereotipadas de la masculinidad.
En los horarios de mayor audiencia televisiva, generalmente ocupados por las telenovelas, se aprecia una profusa difusión de imágenes que refuerzan modelos y pautas sociales y culturales que confinan a la mujer a papeles y actividades tradicionalmente considerados como "femeninos". Esta circunstancia resulta agravada, además, por la publicidad, que es uno de los vehículos más efectivos para la construcción de imágenes sociales, la cual contribuye a reafirmar no sólo los papeles tradicionales, sino también la difusión de patrones ideales o modelos a seguir. Si bien se advierte en los programas de televisión una presencia cada vez mayor de personajes femeninos en papeles no tradicionales, el cambio se está produciendo lentamente y a menudo se ve reducido a personajes secundarios.
Por su parte, los programas radiofónicos tienden a presentar una más amplia variedad de enfoques y temáticas. Algunos son promotores abiertos de pautas y modelos tradicionales, pero otros han creado espacios dedicados a la discusión y el análisis de la condición y las situaciones de vida de las mujeres mexicanas, así como a la difusión de imágenes sobre su potencial para cristalizar sus aspiraciones personales. Desafortunadamente, estos espacios, en general conducidos por mujeres, constituyen más una excepción que la regla.
Los periódicos, diarios y revistas presentan una gran diversidad. Algunos diarios de circulación nacional cuentan con secciones orientadas hacia la mujer. Con algunas contadas excepciones, nuevamente el común denominador de estas publicaciones es la difusión de imágenes que reducen y estereotipan las diversas actividades y papeles que desarrollan las mujeres. Cuando se refieren a las profesionistas, casi siempre se les ubica en actividades u ocupaciones "feme-ninas" (por ejemplo, jefa de relaciones públicas, modelo de modas, trabajadoras o dueñas de clínicas de belleza, entre otras). Asimismo, en las revistas tradicionales de mujeres, que tienen una amplia circulación, el énfasis más recurrente está puesto en los "secretos de belleza" o en cómo "atraer", "ganar", "conservar" o "entender" al sexo masculino. En los últimos años ha surgido otro tipo de revistas en México, las cuales analizan los problemas de la condición y presencia de las mujeres en la sociedad y buscan la promoción de imágenes sociales más equilibradas de hombres y mujeres. Sin embargo, en términos generales estas publicaciones tienen una circulación relativamente reducida.
Un aspecto poco explorado hasta la fecha es el relativo a la condición de la mujer como trabajadora dentro de los medios de comunicación masiva. La presencia femenina en éstos se ha ampliado y diversificado gradualmente, pero las periodistas y comunicadoras todavía enfrentan marcadas desigualdades en el acceso a ellos. Aunque es cierto que la televisión cuenta con animadoras de programas y conductoras de series, la presencia femenina no es destacada en programas de debate o en el análisis de temas relacionados con la política, la ciencia o la cultura. Existe evidencia de cómo la participación de las mujeres en los niveles de decisión de los medios de comunicación es restringida, ya que por lo común se les ubica en niveles medios, inscritas en una estructura dominada básicamente por hombres. Del mismo modo, son pocas las directoras de periódicos, subdirectoras y jefas de información, directoras de estaciones de radio y televisión, así como dueñas de agencias de publicidad, lo que contrasta con la alta participación femenina en las escuelas de periodismo, ciencias de la comunicación y publicidad.
Diversos sectores insisten en la necesidad de que los medios de difusión masiva contribuyan al cambio de actitudes y pautas culturales que obstaculizan la participación y el desarrollo pleno de la mujer. Entre otras cuestiones, se señala la necesidad de promover y difundir mensajes que contribuyan a propiciar la igualdad de responsabilidades y reconocimiento entre mujeres y hombres, ampliar la participación de ellas en las instancias de decisión y en el diseño y ejecución de políticas y programas en materia de medios de comunicación, incluido el aumento de los recursos destinados a la investigación para profundizar en el estudio de los fenómenos de comunicación relacionados con la imagen de la mujer.
11. PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LA TOMA DE DECISIONES
Frente a lo ya señalado, en el sentido de que la brecha educativa que separa a la población femenina de la masculina ha venido disminuyendo y la presencia de las mujeres en el mercado laboral se ha incrementado rápidamente, la participación de la mujer en los puestos de decisión de los ámbitos ejecutivo, judicial y legislativo, en los partidos políticos, en las empresas y en los sindicatos sigue siendo reducida.
Desde 1953 a la fecha, sólo seis mujeres han sido Secretarias de Estado (en comparación con más de 180 secretarios varones), de las cuales dos de ellas ocupan este cargo en la actualidad. La presencia femenina en los puestos de alta dirección dentro de la estructura gubernamental representa menos del 10 por ciento del total, aunque debe señalarse que hay Secretarías de Estado donde alcanza una participación cercana al 20 por ciento.
En la esfera de la impartición y administración de justicia, la participación de las mujeres desde 1980 hasta 1994 es más alta que en otras áreas del sector público. En la Suprema Corte de Justicia han alcanzado una importante presencia en los puestos de mayor jerarquía: hoy en día, son mujeres alrededor del 20 por ciento de los ministros, 12 por ciento de los magistrados y 23 por ciento de los jueces de distrito. En conjunto, las mujeres ocupan alrededor del 19 por ciento de los puestos de mayor nivel.
En los últimos 15 años solamente tres mujeres han gobernado una entidad federativa del país. La participación de las mujeres en las alcaldías y presidencias municipales es muy reducida, pero ha mostrado un ligero incremento. Hoy en día, 89 municipios son presididos por mujeres, y la población de los mismos representa aproximadamente el 3.7 por ciento del total de los 31 estados de la República. En el Distrito Federal, de un total de 16 delegaciones políticas, 4 están dirigidas por mujeres (Gráfica 12).
En lo que concierne a la presencia de las mujeres en el poder legislativo, en la actual LVI Legislatura, correspondiente al periodo 1994-1997, de un total de 628 escaños ocupados por diputados y senadores, 13.7 por ciento corresponden a mujeres. El número de legisladoras aumentó significativamente en comparación con la Legislatura anterior, en parte gracias al incremento en el número total de escaños de ambas cámaras. Así, mientras en la LV Legislatura había 3 senadoras y 42 diputadas, la actual cuenta con 16 senadoras y 66 diputadas.
Gráfica 12 Proporción de presidentas municipales por entidad federativa*. 1995
La participación de las mujeres en los partidos políticos es un poco mayor que la observada en los cuerpos legislativos. En los tres partidos con mayor votación en el país, la presencia femenina en los comités directivos fluctúa entre 15.6 y 23.8 por ciento. Los esfuerzos y compromisos de los partidos políticos por incorporar a las mujeres en las posiciones de dirigencia y en los puestos de elección popular no se han traducido en una representación femenina significativamente mayor en esos ámbitos de decisión.
Por su parte, en las agrupaciones sindicales y sociales la presencia fe-menina es considerable. Se estima que aproximadamente dos millones y medio de mujeres trabajadoras pertenecen a alguna organización sindical. En algunas ramas de actividad su participación es significativa, como es el caso del sindicato de los trabajadores de la educación, el de la industria textil y del vestido, el de los telefonistas y el de los trabajadores bancarios. Sin embargo, dentro de estas organizaciones, la participación de las mujeres en los cargos directivos sigue siendo baja. En contraste, su presencia en los organismos no gubernamentales es significativa, lo mismo que en los puestos de dirección de las mismas, hecho que les ha permitido ganar terreno en los espacios públicos.
II. RETOS PRIORITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE LA MUJER
La sociedad mexicana experimenta rápidos y profundos cambios. Son evidentes los avances logrados en materia de salud, educación y participación en la actividad económica, entre otros. De manera concomitante, la población femenina ha ido ampliando su presencia en muy diversas esferas de la vida social, económica, política y cultural. No obstante, las mujeres todavía enfrentan obstáculos que limitan la realización de su potencial en la sociedad. En mayor o menor grado, el hecho de ser mujeres las expone a prejuicios ancestrales, y a prácticas de discriminación y opresión que a menudo las relegan a una condición desmerecida, de inferioridad y subordinación. De hecho, la desigualdad entre hombres y mujeres sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones sociales, lo que contribuye a reproducir y perpetuar su situación de desventaja.
Para realizar sus anhelos y aspiraciones y desarrollar su pleno potencial, las mujeres requieren tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como de espacios propicios para su participación integral en la vida política, social y cultural del país. Además, debe tomarse en cuenta que las mujeres enfrentan necesidades cambiantes a lo largo de su ciclo de vida, de manera que las problemáticas comunes a su condición femenina tienen expresiones específicas entre las mujeres de distintas edades. Las necesidades de las niñas no son las mismas que las de las adolescentes, como tampoco lo son las de las mujeres en edades productivas y reproductivas con respecto a las de la tercera edad. Es importante tomar en cuenta este hecho y ofrecerles más y mejores oportunidades en materia de educación, empleo, cultura, deporte y recreación, seguridad social y atención de la salud, pugnando por la puesta en marcha de acciones dirigidas a atender y responder a sus demandas y necesidades.
Para avanzar en esta tarea se requiere identificar los problemas más acuciantes que aquejan a las mujeres, entre los cuales se pueden mencionar el acceso desigual a los servicios de salud, educación, oportunidades laborales y espacios de toma de decisiones, la persistente y creciente carga de la pobreza femenina, la violencia que experimentan en distintos ámbitos, la difusión de imágenes sobre la mujer que ignoran la diversidad de papeles que desempeña en la sociedad, así como sus logros y aportaciones al desarrollo.
Si bien estos problemas se encaran hoy en día con mayor decisión en diferentes sectores de la sociedad, es necesario avanzar más firmemente en esta tarea y hacer frente a los obstáculos que les impiden tomar parte activa en todas las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el varón. Sólo de esta manera será posible que las mujeres desarrollen su pleno potencial en la sociedad, plasmando su vida de conformidad con sus propias aspiraciones, elecciones y proyectos. Del diagnóstico de su situación actual se desprenden los siguientes retos prioritarios:
1. Superar los rezagos educativos y mejorar las oportunidades de educación de las mujeres
La educación sobresale como un factor estratégico para impulsar el mejoramiento de la condición social de la mujer, promover relaciones más equitativas e igualitarias entre hombres y mujeres y lograr una mejor calidad de vida de la población. La educación, además de brindar conocimientos y contribuir a desarrollar destrezas y habilidades, inculca valores esenciales que propician el desarrollo integral de las personas, fortalecen su dignidad, fomentan el afán de logro y superación personal y abren nuevas opciones y perspectivas de vida. En especial, la educación y capacitación para la mujer repercute no sólo en su propio provecho, sino también en el de su familia. En este marco, son tareas prioritarias superar el analfabetismo, garantizar el acceso de las mujeres a las oportunidades educativas en todos sus niveles y modalidades, propiciar su permanencia en la escuela y alcanzar una eficiencia terminal cada vez mayor. Además, se debe mejorar la calidad de la enseñanza, e impulsar una educación que en su impartición y en sus contenidos y materiales esté al margen de discriminaciones y prejuicios sexistas.
2. Garantizar el acceso de las mujeres a servicios
integrales de atención de la salud
El derecho a gozar de plena salud es esencial para el bienestar y una condición indispensable para el ejercicio de otros derechos. Las mujeres suelen enfrentar obstáculos que limitan su acceso a los servicios preventivos y de atención de la salud. Además, diversos factores de riesgo para la salud pesan en exceso sobre la población femenina. La fuerte incidencia de la pobreza entre muchas mujeres, la violencia que se ejerce contra ellas y el control limitado que tienen sobre su vida sexual y reproductiva, por sólo mencionar algunos de los problemas acuciantes que viven, las hacen más propensas y vulnerables a determinados padecimientos. Para garantizar su derecho a disfrutar de salud, es preciso ampliar y facilitarles el acceso a los servicios en condiciones de calidad, que den respuesta a sus demandas y necesidades a lo largo de las distintas etapas de su ciclo de vida y que, asimismo, estén basados en un enfoque integral, incluido el acceso a los servicios de medicina preventiva, nutrición, planificación familiar y salud reproductiva, así como a los programas de educación, consejería e información en la materia.
3. Fortalecer las capacidades de las mujeres y
promover su participación en todos los niveles y
ámbitos de decisión
Las oportunidades para desarrollar las capacidades, destrezas y habilidades de las mujeres se han ampliado de manera considerable en el curso de las últimas dos décadas. Sin embargo, todavía existen serios obstáculos para que puedan desplegarlos en toda su potencialidad. Por ello, es necesario fortalecer los programas de formación gerencial y aliento al liderazgo, además de poner en marcha acciones orientadas a remover las barreras que obstaculizan su integración cabal en los distintos ámbitos y procesos de toma de decisión. Debe reconocerse que su presencia sigue siendo limitada en los puestos y funciones de dirección de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los partidos políticos, en las empresas y los sindicatos, y en los espacios organizados de la sociedad civil. La representación femenina en los procesos de toma de decisión en todos los niveles y en todas las instancias, no sólo es una cuestión de elemental justicia, sino también una condición necesaria para consolidar nuestra democracia y redefinir prioridades que atiendan y respondan a sus demandas e intereses.
4. Defender y proteger los derechos de las mujeres
Es innegable que el desarrollo de nuestra sociedad y el bienestar de todos sus miembros exigen la participación integral de la mujer en la vida familiar, económica, social, política y cultural del país. Por ello, la promoción y protección de los derechos humanos es una piedra angular de este Programa. Aun y cuando la Constitución Política de nuestro país establece la igualdad jurídica de hombres y mujeres, la realidad no refleja la aplicación cabal de este principio. Persiste la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho. La igualdad jurídica de hombres y mujeres debe traducirse en igualdad de oportunidades de todo tipo. Para lograrlo, es necesario impulsar un amplio proceso de educación, comunicación y sensibilización, así como fortalecer los instrumentos, mecanismos e instancias institucionales que contribuyan a garantizar el respeto a los derechos de la mujer en todos los espacios sociales. Un grupo que merece especial atención por su vulnerabilidad es el de las mujeres indígenas, cuyos derechos humanos, civiles y culturales deben ser respetados y protegidos dentro y fuera de sus comunidades.
5. Prevenir y eliminar la violencia contra
las mujeres
Una de las más graves violaciones a los derechos de la mujer, por su incidencia y sus repercusiones en la vida familiar y social, es la violencia a la que comúnmente está sujeta. Se trata de un fenómeno que afecta a las mujeres de todos los niveles educativos y de todas las clases y grupos sociales, y que ocurre tanto en el hogar, como en la calle, la escuela y los centros de trabajo. La violencia contra las mujeres es un problema de interés público y es deber del gobierno luchar contra esta práctica, profundamente arraigada en nuestra sociedad. Resulta imperativo hacer visible dicho problema social y desarrollar mecanismos institucionales, incluidas reformas legislativas y administrativas y acciones de información y educación para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas de expresión.
6. Combatir la pobreza que aqueja a las mujeres
La persistente y creciente carga de la pobreza que aqueja a las mujeres tiene efectos devastadores. Atenta contra su dignidad y limita su potencial, no sólo por las carencias materiales que implica, sino también porque les impide desplegar todas sus capacidades y potencialidades. Se hace necesario poner en marcha programas de combate a la pobreza que atiendan tanto las manifestaciones como las causas estructurales de este fenómeno, enfatizando la incorporación de las mujeres como sujetos protagónicos y beneficiarios de todas las acciones orientadas a este fin.
7. Apoyar a las mujeres trabajadoras
La participación de las mujeres en la actividad económica ha crecido de manera sostenida durante las dos últimas décadas y ha respondido tanto a los procesos de reestructuración que han tenido lugar en la economía, como a la proliferación de estrategias familiares generadoras de ingreso. Su creciente presencia en el mercado de trabajo y en el desempeño de actividades productivas ha coadyuvado a impulsar cambios en la organización de la vida cotidiana de los hogares y en la contribución económica de sus integrantes. La antigua creencia de que el trabajo femenino constituye sólo un complemento del presupuesto familiar ha empezado a ser cuestionada por las cifras disponibles: millones de hogares son sostenidos hoy en día por mujeres y en muchos otros aportan más que los hombres. Paralelamente, el trabajo doméstico no remunerado que ellas realizan se ha intensificado ante la carencia o reducción de ingresos familiares, el alza de precios de los artículos de primera necesidad y el deterioro de los servicios básicos. Estas transformaciones se han producido en un contexto dominado por las crisis económicas y la aplicación de programas de ajuste, cuyos efectos han sido significativos y con múltiples ramificaciones: aumento de los niveles de desigualdad, precarización del mercado laboral e incremento de la pobreza, entre otros. Frente a estas realidades, resulta indispensable fortalecer los mecanismos institucionales para:
Proteger los derechos de las trabajadoras asalariadas
La mayor presencia de las mujeres en el mercado laboral no se ha acompañado de la eliminación de prácticas discriminatorias y de situaciones de desventaja para ellas, lo que impone claros límites para su desarrollo como trabajadoras. Resulta prioritario apoyarlas, tanto en el campo como en la ciudad, protegiendo sus derechos laborales, incentivando el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y haciendo frente al deterioro de sus remuneraciones.
Apoyar el desarrollo de micro y pequeñas empresas
dirigidas por mujeres
Resulta de interés estratégico respaldar a las mujeres que encabezan micro y pequeñas empresas y a las que trabajan por cuenta propia o sin pago, incluidas las que desempeñan labores agropecuarias. La disponibilidad de créditos para que las mujeres puedan desarrollar microempresas es una alternativa promisoria para contribuir al mejoramiento de sus condiciones de vida. Por ello, se requiere impulsar acciones de capacitación, acceso a tecnologías adecuadas, información, canales de comercialización y asistencia técnica efectiva, así como de diseño y operación de esquemas de crédito apropiados, accesibles y ágiles.
8. Propiciar una distribución más equitativa de las tareas y responsabilidades domésticas y extradomésticas entre hombres y mujeres
Las mujeres han desempeñado tradicionalmente una función decisiva en la educación y crianza de los hijos, y en ellas ha recaído la realización de las tareas propias del hogar. Las funciones que llevan a cabo en la familia se han visto crecientemente acompañadas por el desempeño de papeles diversos en otras esferas de la vida social. Sin embargo, las tareas hogareñas siguen concibiéndose como una responsabilidad exclusivamente femenina. Para potenciar el papel de la mujer en la familia y la sociedad, es necesario promover la progresiva consolidación de un marco que propicie en los hogares la igualdad de derechos y responsabilidades de hombres y mujeres en las responsabilidades domésticas y extradomésticas.
9. Reconocer y valorar la contribución del
trabajo no remunerado de las mujeres para
la economía y el bienestar de la familia
Las mujeres del campo y la ciudad han realizado tradicionalmente una importante contribución al desarrollo, no sólo mediante su trabajo remunerado, sino también mediante actividades que son indispensables para la reproducción cotidiana de las unidades domésticas, tales como la crianza de los niños, el cuidado de las personas discapacitadas o de la tercera edad, la preparación de los alimentos para la familia y tareas como el acarreo de agua o la recolección de leña. Todas éstas a menudo se subvaloran o no se registran en las diferentes fuentes de datos sobre actividad económica. Para hacer visibles las contribuciones de las mujeres al desarrollo familiar y comunitario, se debe valorar el trabajo no remunerado que llevan a cabo, tanto en el hogar como en la comunidad, que hasta el momento no se contabiliza como parte de la riqueza nacional. El reconocimiento social a la naturaleza, tipo y alcance del trabajo no remunerado contribuirá también a que se compartan las tareas y responsabilidades domésticas y extradomésticas entre hombres y mujeres.
10. Propiciar la eliminación de imágenes estereotipadas de la mujer
Los mensajes que difunden los medios de comunicación masiva y los contenidos curriculares de la educación constituyen importantes mecanismos reproductores de nuestra sociedad. Muchos de estos mensajes proyectan imágenes parciales, negativas o estereotipadas de las mujeres. Estas instancias podrían realizar importantes contribuciones mediante la proyección de imágenes plurales, equilibradas y no discriminatorias, coadyuvando de esta forma a la promoción de cambios en las actitudes y pautas culturales que obstaculizan la participación y desarrollo pleno de la mujer.
III. OBJETIVOS
La Constitución Política establece en el Artículo Cuarto que "el varón y la mujer son iguales ante la ley". Asimismo, la Ley General de Población tiene como uno de sus objetivos primordiales promover la participación integral y efectiva de la mujer en los procesos económico, político, social y cultural, además de propiciar las condiciones necesarias para que tome parte activa en todas las decisiones, responsabilidades y beneficios del desarrollo, en igualdad de condiciones con el varón. El Reglamento de dicha ley establece también que deberá evitarse toda forma de abuso y discriminación tanto individual como colectiva hacia la mujer, así como impulsar medidas dirigidas a lograr la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.
El Programa Nacional de la Mujer, que se inscribe dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, recoge estos planteamientos y reconoce que para avanzar en la consecución de los mismos, es necesario formular objetivos claramente definidos, así como diseñar y poner en marcha un conjunto ordenado de estrategias y acciones para avanzar en el mejoramiento de la condición social de la mujer. Éstas constituyen un marco de referencia necesario para orientar las distintas iniciativas de las instituciones, organismos y sectores sociales involucrados, así como un instrumento para concertar recursos orientados al mejoramiento de la condición social de las mujeres.
El Programa Nacional de la Mujer, que se nutre de las experiencias y conocimientos acumulados en los distintos ámbitos e instancias sociales e institucionales, aspira a dar respuesta a las propuestas formuladas por las mujeres y sus organizaciones, así como a sus demandas y necesidades. En concordancia con ello, el Programa Nacional de la Mujer contempla los siguientes nueve objetivos generales:
* Acceso equitativo y no discriminatorio a la educación;
* Promover un sistema efectivo, oportuno y de calidad para el cuidado de la salud de las mujeres;
* Enfrentar la pobreza que aqueja a las mujeres;
* Ampliar las oportunidades laborales y protección de los derechos de las trabajadoras;
* Estimular la capacidad productiva de las mujeres;
* Fortalecer la familia como ámbito de promoción de la igualdad de derechos, oportunidades y responsabilidades para hombres y mujeres;
* Defender los derechos de la mujer y ampliar su acceso a todos los niveles e instancias de toma de decisión;
* Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres;
* Promover una cultura de la igualdad mediante imágenes plurales, equilibradas y no discriminatorias de la mujer.
Estos objetivos median entre los retos prioritarios y las líneas de acción que a continuación se proponen, al tiempo que sugieren una pauta para la asignación de recursos. La formulación y puesta en marcha de un conjunto de medidas sistemáticas y articuladas, que deben ser evaluadas permanentemente, tienen como propósito hacer más eficiente la gestión de las políticas públicas en la materia.
IV. ESTRATEGIAS
El Programa Nacional de la Mujer 1995-2000 requiere contar con un conjunto ordenado de estrategias que aborden de manera integral las diferentes dimensiones del desarrollo social, articulen las diferentes líneas programáticas, y establezcan las directrices que orienten a las políticas de apoyo a la participación económica y social de la mujer, buscando una más eficiente coordinación de los programas y acciones gubernamentales para estos propósitos.
El Programa Nacional de la Mujer se apoya en las siguientes cinco estrategias, como modo global de proceder para impulsar las líneas programáticas y las acciones del mismo.
Planeación con enfoque de género
En la formulación de las políticas públicas en beneficio de la mujer resulta indispensable identificar los obstáculos que limitan su participación plena en la sociedad, así como diseñar y poner en marcha las medidas necesarias para buscar soluciones a los problemas que la aquejan, sistematizando las tareas de planeación, programación y presupuestación del Programa Nacional de la Mujer. Para avanzar más firmemente en la superación de las barreras que impiden el mejoramiento de la condición social de la mujer y prever el impacto diferenciado de tales acciones, es preciso incorporar la perspectiva de género en el proceso legislativo, la planeación, el diseño y la ejecución de dichas políticas.
Coordinación y concertación
Tomando en cuenta la naturaleza multisectorial del Programa Nacional de la Mujer 1995-2000, resulta imprescindible desarrollar tareas de coordinación y concertación entre los diversos sectores involucrados. Estas tareas deberán estimular la participación firme y decidida tanto de las instituciones gubernamentales, del sector social y académico y los organismos no gubernamentales en el conjunto de acciones encaminadas a promover el avance de la mujer.
Profundización del federalismo
El nuevo federalismo favorecerá una mayor efectividad de las acciones en favor de las mujeres. La diversidad económica, social y cultural del país impone la necesidad de adecuar estrategias, programas y acciones a las condiciones, necesidades, demandas y prioridades de ellas en las regiones y entidades federativas del país. El Programa Nacional de la Mujer busca propiciar la colaboración y participación activa de los gobiernos estatales, autoridades locales y de la sociedad en su conjunto, en un marco de respeto a la soberanía de los estados y municipios.
Desarrollo jurídico e institucional
El Programa Nacional de la Mujer, al recoger e identificar prioridades y demandas y buscar dar respuesta a las mismas, no puede dejar de señalar las limitaciones de los marcos institucionales y jurídicos en la materia. Es menester identificar las instancias responsables de coordinar las iniciativas de los diferentes órdenes de gobierno, sectores y organizaciones sociales, y promover los mecanismos que lleven a revisar de manera permanente los códigos, leyes y reglamentos que puedan contener cualquier forma de discriminación por razones de género. A este respecto, el programa contará con un Consejo Consultivo para impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados en las acciones del mismo y para ampliar sus alcances. De igual manera, el avance de la mujer requiere apoyar el fortalecimiento de sus organizaciones, partiendo del reconocimiento de que éstas han sido y continuarán siendo actores fundamentales y motores del cambio social hacia la igualdad de género. El trabajo conjunto de las instituciones gubernamentales y de los sectores privado, académico y social, contribuirá a velar por la vigencia de los derechos de la mujer y a generar una mayor conciencia sobre los mismos.
Seguimiento y evaluación
Para una adecuada y eficiente implementación de las actividades en favor de la mujer, resulta indispensable consolidar las tareas de generación, difusión y análisis de información periódica y comparativa; desarrollar mecanismos que propicien el reforzamiento y la actualización de los sistemas de registro de las instituciones que participen en el Programa Nacional de la Mujer; y asegurar la disponibilidad de datos confiables y oportunos que permitan el análisis y seguimiento de las iniciativas que se realizan en beneficio de las mujeres. Asimismo se requiere contar con una adecuada evaluación del impacto de las acciones en beneficio de la mujer. Con este propósito el programa contará con una Contraloría Social que represente un amplio involucramiento de los diferentes sectores de la sociedad. Por último, es necesario verificar periódicamente, mediante un sistema eficiente de seguimiento y evaluación, el avance y resultados de tales acciones. El programa contará también con un Sistema de Información y Evaluación, como un elemento primordial para la reorientación oportuna de las líneas programáticas y acciones prioritarias y para propiciar su adecuación a las necesidades de los distintos grupos de población.
V. LÍNEAS PROGRAMÁTICAS
La complejidad, amplitud y diversidad de los esfuerzos sectoriales y regionales en beneficio de la mujer, incluida la atención a grupos vulnerables, imponen la necesidad de organizar las actividades del Programa en las siguientes nueve líneas programáticas:
1. Educación
2. Cuidado de la salud
3. Atención de la pobreza
4. Mujer trabajadora
5. Fomento productivo
6. Mujer y familia
7. Derechos de la mujer y participación en la toma de decisiones
8. Combate a la violencia
9. Imagen de la mujer
En este capítulo se introducen los elementos que justifican la inclusión de cada línea programática, así como el lineamiento general y las acciones prioritarias que le dan cuerpo. Cabe hacer notar que las acciones están formuladas con diferente grado de precisión, obedeciendo tanto a la variada prioridad de los problemas que aquejan a las mujeres mexicanas, como al desigual conocimiento del fondo causal de los mismos.
Educación
La educación es un derecho establecido en nuestra Constitución Política, y resulta una condición primordial para promover la dignidad, capcidad y aptitudes de las mujeres, y su acceso a mejores oportunidades de vida. La educación, incluidos los contenidos de la enseñanza y su forma de transmitirlos, moldea la comprensión que hombres y mujeres tienen de la sociedad, de sus normas de funcionamiento y convivencia, así como de los principios que organizan la interacción social. Asimismo, transforma los valores y actitudes de las personas, enriquece sus expectativas, motivaciones, autoestima, y contribuye a ampliar sus opciones y perspectivas de vida.
El Programa Nacional de la Mujer, en concordancia con el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, establece como reto prioritario la atención especial a la mujer en todas las modalidades y niveles del sistema educativo con el propósito de contribuir a ampliar tanto sus opciones y alternativas de vida, como sus expectativas acerca de los papeles diversos que puede desempeñar en todas las esferas de actividad. La igualdad de derechos y oportunidades para el hombre y la mujer constituye un imperativo de justicia del Estado mexicano que, entre otras vías, debe perseguirse mediante la educación. Para cimentar las bases sólidas que permitan enfrentar este desafío, es necesario transformar los espacios educativos en instancias estratégicas que promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres. Se requiere así brindar pleno acceso a las oportunidades educativas; que la educación sea de calidad y traspase los espacios de las aulas; que desempeñe un papel cada vez más prominente para ampliar las oportunidades de desarrollo integral y armónico de las personas; y que apoye la construcción de una ética social que combata las discriminaciones e inequidades socioeconómicas, de género y los autoritarismos generacionales.
El sistema educativo debe avanzar en la tarea de incorporar a sus actividades de planeación y normatividad los correspondientes mecanismos que favorezcan el acceso y permanencia de la mujer en todos los niveles del sistema escolar, la superación de los rezagos educativos, la reducción de la deserción y el ausentismo, así como la eliminación de contenidos que propicien la reproducción de prácticas sexistas e imágenes estereotipadas de la mujer. De igual manera, debe estar abocado a fortalecer en los profesores y maestros la conciencia y convicción de que su contribución es crucial para superar las desigualdades de género.
Lineamiento general
Promover medidas que contribuyan a garantizar el acceso y permanencia de las mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema educativo y, por esta vía, favorecer su participación plena en la sociedad, potenciar sus capacidades y habilidades y fortalecer su independencia, autonomía, autoestima y capacidad de decisión, así como su afán de logro y superación personal.
Acciones prioritarias
* Garantizar la igualdad de oportunidades de educación para hombres y mujeres en todos los niveles y modalidades del sistema escolar.
Coordinar, de manera conjunta con las Secretarías de Educación de las entidades federativas, programas orientados a disminuir las desigualdades entre hombres y mujeres respecto al acceso y a la permanencia en la escuela.
Fomentar acciones dirigidas a prevenir el ausentismo y la deserción escolar de las mujeres.
* Mejorar la calidad de la educación, velando porque los contenidos y materiales educativos promuevan la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres.
Revisar, desde una perspectiva de género, los planes, programas, libros de texto y otros materiales educativos, cuidando desterrar, donde los haya, contenidos e imágenes estereotipadas de la mujer, destacando como contraparte la importancia de su papel en la vida social del país y en el bienestar familiar.
Impulsar el desarrollo de materiales, transversales respecto a la estructura curricular del nivel de enseñanza básica, que sirvan de apoyo para que el maestro propicie la reflexión de los educandos sobre las contribuciones y los diversos papeles que desempeña la mujer en la sociedad.
* Desarrollar, conjuntamente con las Secretarías de Educación de las entidades federativas, programas específicos de educación inicial, ofreciendo a las madres estrategias para la formación de sus hijos, incluida su vinculación con programas de nutrición, salud y estimulación temprana.
Favorecer el desarrollo integral y armónico de las niñas indígenas menores de cinco años, mediante programas dirigidos a ampliar los conocimientos de las madres acerca del desarrollo y cuidados de los menores, desde el embarazo hasta su incorporación en el nivel de enseñanza preescolar.
Propiciar en las niñas el desarrollo de sus capacidades afectivo-sociales, físicas y cognoscitivas, con el apoyo de sus padres.
Fortalecer la enseñanza de la lengua materna en la educación preescolar indígena y elaborar materiales para el aprendizaje del español como segunda lengua. Capacitar a mujeres indígenas egresadas del bachillerato como docentes de educación preescolar, a fin de que desempeñen esta actividad en sus regiones y comunidades de origen.
Reforzar los programas de participación de la comunidad en el quehacer educativo mediante centros infantiles comunitarios.
Establecer estrategias de alfabetización para adultos con enfoque de género, vinculados con los programas de educación inicial y preescolar.
* Apoyar programas especiales de alfabetización dirigidos a las mujeres de acuerdo a su edad, especialmente en las entidades federativas con mayores índices de analfabetismo, e incluir contenidos que promuevan prácticas encaminadas al mejoramiento de las condiciones de vida de la población femenina.
Establecer estrategias que permitan incorporar, en los programas de educación para adultos, a las mujeres analfabetas o que no hayan completado su instrucción básica.
Promover alternativas de orientación a los padres de familia a fin de enriquecer sus experiencias, estimular el desarrollo integral de sus hijas, mejorar las prácticas de cuidado hacia ellas, y favorecer sus condiciones de vida tanto en el seno familiar como en la comunidad.
Desarrollar estrategias educativas integrales dirigidas a la población femenina menor de 20 años, que incluyan contenidos de salud reproductiva, educación para los hijos y capacitación para el trabajo.
Impulsar programas de alfabetización dirigidos a las mujeres de entre 20 y 44 años de edad, con contenidos educativos que contribuyan a ampliar sus opciones económicas y las de sus familias.
* Fortalecer los programas de educación compensatoria que contribuyan a ampliar el acceso y permanencia de las mujeres en la escuela.
Promover medidas tendientes a prevenir el ausentismo y la deserción escolar de las menores, las adolescentes y las jóvenes que no han concluido su educación básica.
Generar programas educativos pertinentes, alternativos e innovadores dirigidos a los sectores que han quedado marginados del sistema educativo formal.
Promover el crecimiento de los índices de absorción de las mujeres en la enseñanza secundaria mediante la generación de opciones creativas e innovadoras en el uso de los espacios educativos.
Impulsar medidas tendientes a fomentar la reinserción en el sistema escolar de las alumnas que han desertado, en especial de las madres adolescentes.
Fortalecer la educación primaria indígena mediante la producción de materiales en lengua materna (libros, audiocasetes y paquetes didácticos, entre otros), cuidando brindar igualdad de oportunidades a niños y niñas indígenas.
* Alentar la puesta en marcha de programas de orientación vocacional y escolar con una perspectiva de género, con el fin de incentivar a las niñas, adolescentes y jóvenes a seguir con sus estudios y ampliar tanto sus horizontes como sus criterios de selección de carreras.
Desarrollar y transmitir programas de televisión diseñados especialmente para las mujeres sobre orientación educativa y oficios no tradicionales, aprovechando para ello la red satelital.
Proponer contenidos específicos para la asignatura de Orientación Educativa en tercero de secundaria, poniendo especial énfasis en oficios no tradicionales para las mujeres.
Revisar y proponer contenidos de los programas educativos, con una perspectiva de género, con el propósito de enfatizar, entre otros temas, el cuidado y la prevención de la salud, el fortalecimiento de la autoestima y la lucha contra las adicciones, así como el conocimiento del mundo profesional y del trabajo.
* Incorporar la perspectiva de género en los cursos de formación y actualización de profesores y de orientadores vocacionales de todos los niveles y modalidades del sistema educativo, incluidas estrategias de capacitación al magisterio para evitar prácticas sexistas que reproducen actitudes y formas de interacción discriminatorias para las niñas.
* Fomentar la participación de las adolescentes y jóvenes en las actividades académicas, científicas y tecnológicas, así como deportivas y de creación artística y cultural, fortaleciendo los espacios para su desarrollo (por medio de concursos, muestras, exposiciones y conferencias, entre otros), estimulando el aprecio por estas expresiones como parte de la educación integral.
* Ampliar las oportunidades educativas para las mujeres en el nivel de enseñanza superior y de posgrado con base en los siguientes cinco criterios:
extender la cobertura con calidad donde existe un flujo consistente en la demanda;
poner énfasis en las entidades federativas con bajos índices de absorción de estudiantes de educación media superior y superior;
desalentar la creación de nuevas instituciones públicas en donde haya capacidad para absorber la demanda, conforme a los criterios de planeación nacional e institucional;
procurar el desarrollo equilibrado de la oferta educativa en relación con las necesidades sociales y las aspiraciones formativas de las mujeres; y
considerar, entre otros aspectos relevantes, la dinámica de los mercados laborales, los requerimientos del sector productivo, las necesidades tecnológicas, y las perspectivas del desarrollo regional y local.
* Revisar y actualizar los mecanismos de reconocimiento al trabajo científico y tecnológico, con el objeto de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres y hombres.
* Impulsar investigaciones que permitan identificar las barreras que impiden la igualdad de oportunidades en la educación y la producción científica y tecnológica.
Cuidado de la salud
El bienestar y el nivel de vida de la población se encuentran estrechamente relacionados con sus condiciones de salud. Una población sana es creativa y productiva. Por ello, el desarrollo de las capacidades y potencialidades de la mujer en la familia y en los ámbitos de la educación, el trabajo y la cultura sólo es posible en condiciones de buena salud. Esto contribuye a reforzar el círculo virtuoso entre salud y equidad.
En el país subsisten considerables problemas de salud, especialmente en los grupos, regiones y entidades más rezagados desde el punto de vista socioeconómico. La salud de la mujer se ve amenazada por los riesgos propios de su condición femenina y por factores económicos, sociales y culturales que interactúan a lo largo de su ciclo de vida con las desigualdades de género.
Para enfrentar los desafíos en materia de salud, las acciones del Programa Nacional de la Mujer deben estar orientadas por un enfoque amplio e integral que contemple, en la organización y funcionamiento de los servicios, todos los aspectos interrelacionados con la esfera de la salud: información, educación y comunicación, acciones eficientes y solidarias de promoción de la salud y prevención de enfermedades, y servicios de atención curativa. Estos deben considerar todas las etapas del desarrollo de las mujeres y no sólo las ligadas a su función reproductiva, distinguir grupos expuestos a riesgos de salud específicos, y atender las distintas necesidades de las mujeres según su sector social.
Lineamiento general
Garantizar el acceso de las mujeres a servicios integrales de atención de la salud en condiciones de calidad, asegurando que los mismos respondan a sus necesidades y demandas, y tomen en cuenta las características particulares de su ciclo de vida, su condición social y su ubicación geográfica.
Acciones prioritarias
* Asegurar el acceso de la población femenina a un Paquete Básico de Servicios de Salud, con especial énfasis en la provisión de servicios integrales y de calidad en materia de medicina preventiva, nutrición y salud reproductiva, acompañados de acciones de comunicación educativa y social.
* Impulsar la inclusión de la perspectiva de género en las actividades de planeación, normatividad, seguimiento, evaluación, educación y comunicación, así como en la prestación de los servicios de salud, con el objeto de atender de manera integral la salud de las mujeres en las diferentes etapas de su ciclo de vida.
* Reforzar de manera permanente la competencia técnica de los prestadores de servicios de salud, incluida la capacitación con una perspectiva de género y en comunicación interpersonal para garantizar una atención digna y respetuosa a las y los usuarios de los servicios de salud.
* Proteger el derecho de las parejas a decidir el número y espaciamiento de los hijos en un marco de respeto a la dignidad de las personas, así como la estricta aplicación de la Norma Oficial Mexicana de los Servicios de Planificación Familiar.
* Favorecer la maternidad sin riesgos, especialmente entre las residentes en zonas rurales, de concentración indígena y urbano-marginales, mediante:
el acceso a información, orientación y consejería;
fomento de una adecuada nutrición materna;
vigilancia prenatal temprana, sistemática y de calidad;
acceso a servicios obstétricos de emergencia;
prevención, manejo o referencia adecuada de los embarazos de alto riesgo;
atención institucional adecuada del parto y el puerperio;
manejo de las complicaciones posaborto;
atención del recién nacido;
anticoncepción postevento obstétrico; y
fomento de la práctica de la lactancia materna exclusiva en los primeros cuatro meses de vida del menor.
* Impulsar acciones eficientes de apoyo nutricional, mediante mecanismos efectivos de subsidio y distribución de apoyos alimentarios a menores, mujeres gestantes y lactantes en situación de pobreza y asimismo, dar seguimiento a su estado nutricional.
* Mejorar la calidad de los servicios de planificación familiar y salud reproductiva, adecuando su estructura y organización a las demandas y prioridades de las mujeres.
* Asegurar la disponibilidad de una amplia gama de métodos anticonceptivos en los servicios de planificación familiar y salud reproductiva, incluida la orientación sobre métodos naturales o de abstinencia periódica, así como información completa, comprensible y veraz sobre sus posibles efectos colaterales.
* Atender la demanda insatisfecha de métodos anticonceptivos, en especial entre la población rural dispersa y la de las comunidades indígenas y áreas urbano-marginales, a fin de reducir los embarazos no deseados, no planeados o de alto riesgo, prevenir el aborto y sus complicaciones, así como disminuir la morbimortalidad materna.
* Fortalecer las actividades orientadas a lograr una participación igualitaria de la pareja en las decisiones relativas a la planificación familiar, promoviendo que los hombres asuman su responsabilidad en las decisiones y prácticas relativas al comportamiento sexual y reproductivo.
* Establecer, en el contexto amplio de la salud reproductiva, la normatividad para garantizar la prestación de servicios a las parejas en riesgo preconcepcional, el tratamiento de las parejas infértiles y la atención del climaterio y la condición posmenopáusica, poniendo especial énfasis en la atención primaria.
* Reforzar los programas de educación, prevención y atención de las enfermedades de transmisión sexual, y en particular del VIH-SIDA, ampliando el acceso a los servicios de detección y tratamiento oportuno, así como a la información y consejería, que promuevan la adopción de prácticas preventivas que disminuyan el riesgo de contagio.
* Proteger el derecho de los adolescentes y jóvenes a disponer de información, educación sexual y servicios de salud reproductiva, así como proveerlos con una visión integral que favorezca, en el plano de la sexualidad, actitudes y prácticas responsables.
* Estimular la comunicación de los adolescentes y jóvenes con sus padres para abordar en la familia temas relativos a la sexualidad.
* Promover la capacitación de los profesores y maestros para impartir una educación sexual integral con el propósito de fomentar actitudes y prácticas responsables en el ejercicio de la sexualidad, el comportamiento reproductivo, así como en la prevención de los embarazos no deseados, las uniones precoces y la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA.
* Asegurar el acceso a la información apropiada y servicios de calidad para la prevención, tratamiento, diagnóstico temprano, manejo oportuno y/o referencia de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA, especialmente en los grupos poblacionales de alto riesgo.
* Diseñar e instrumentar mecanismos para facilitar el acceso y disfrute de las mujeres trabajadoras a los servicios de vigilancia y atención durante el embarazo, los periodos de incapacidad pre y posparto, así como horarios flexibles para amamantar a sus hijos
.
* Ampliar el acceso de las mujeres de la tercera edad a programas de seguridad social, promoción y atención de la salud y otros servicios sociales y culturales.
* Fomentar la participación de las mujeres de todas las edades en actividades deportivas como una medida estratégica de salud preventiva.
* Apoyar el desarrollo de campañas de comunicación y programas de información, prevención, detección y atención oportuna de tumores mamarios y cérvico-uterinos, así como el fortalecimiento de las acciones de educación y orientación sobre los factores de riesgo para la salud, como es el caso del tabaquismo, el alcoholismo y la obesidad.
* Intensificar las acciones de comunicación educativa y social para prevenir y detectar oportunamente neoplasias del tracto reproductor femenino, con énfasis en el cáncer cérvico-uterino y mamario desde el primer nivel de atención, incluido el fortalecimiento de los mecanismos de referencia y manejo de estos padecimientos.
* Estimular la participación de hombres y mujeres, la familia y la comunidad en el cuidado de la salud en general y de la salud materna e infantil en particular, impulsando acciones de información, educación y comunicación.
* Propiciar la participación de organismos de la sociedad civil en la formulación, seguimiento y evaluación de los servicios de salud, incluidos los de planificación familiar y salud reproductiva.
* Apoyar y poner en marcha investigaciones que permitan profundizar en el conocimiento de la variedad de problemáticas de salud que enfrentan las mujeres y utilizar sus resultados para enriquecer la formulación y ejecución de programas en la materia.
Atención de la pobreza
La carga de la pobreza constituye uno de los grandes problemas nacionales, cuyas adversas consecuencias afectan en forma diferenciada a la población urbana y rural. La pobreza es un fenómeno de raíces profundas y se origina tanto en la inserción precaria de la población en el sistema productivo, como en las asimetrías de acceso a los bienes y servicios.
La pobreza tiene consecuencias altamente nocivas, no sólo para los individuos y los hogares que la padecen, sino también para el desarrollo económico y social del país. Por una parte, impide el pleno desenvolvimiento de las capacidades humanas y limita el crecimiento económico; por la otra, origina tensiones que enturbian el desarrollo de un régimen democrático, plural y participativo. La pobreza se expresa, entre otras manifestaciones, en desnutrición, condiciones inadecuadas de vivienda, presencia de diversos problemas de salud y un mayor riesgo de morbilidad y mortalidad tempranas, así como en un acceso limitado a la educación y otros servicios básicos.
Las desigualdades entre hombres y mujeres interactúan con las inequidades económicas y sociales para acrecentar las limitaciones en el acceso de ellas a la educación, la capacitación, las oportunidades laborales y los servicios de salud, así como su participación plena en la toma de decisiones. Con frecuencia las mujeres se ven atrapadas en un círculo vicioso de privación y pobreza. Durante la infancia y la niñez, suelen recibir pocos alicientes para permanecer en el sistema educativo, lo que restringe sus perspectivas y opciones de vida. Más tarde, sus carencias de educación y capacitación no les deja más alternativa, frente a la urgencia de satisfacer las necesidades individuales y familiares, que la de desempeñar actividades de baja productividad y precaria remuneración. Los obstáculos que limitan el avance de la mujer, no sólo operan en el espacio educativo y laboral, sino que se extienden a muchos otros ámbitos de la vida social.
Las mujeres deben ser partícipes y beneficiarias de las acciones de combate a la pobreza, tanto por razones éticas y de equidad como por un imperativo de superación y progreso. Por ello, es menester ofrecer atención prioritaria a los sectores vulnerables y desprotegidos de la población femenina, en especial a las mujeres indígenas y las que habitan en zonas rurales y localidades con población dispersa.
Lineamiento general
Promover acciones de combate a la pobreza con una perspectiva de género. Dichas acciones deben estar dirigidas a enfrentar tanto las manifestaciones como las causas estructurales de este fenómeno, así como a otorgar especial atención a las mujeres rurales e indígenas.
Acciones prioritarias
* Incorporar a las mujeres de grupos vulnerables como sujetos prioritarios en los planes y programas de combate a la pobreza.
* Promover medidas para apoyar a los hogares encabezados por mujeres que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, incluido el desarrollo de proyectos de carácter productivo, empleo y generación de ingresos.
* Diseñar e instrumentar mecanismos para ampliar las oportunidades de participación económica de las mujeres que viven en situación de pobreza, incluido el acceso a recursos financieros y canales de comercialización.
* Promover la utilización de mano de obra femenina en la construcción, reconstrucción, mantenimiento y ampliación de caminos rurales, dando prioridad a la población local.
* Garantizar los derechos de las mujeres rurales e indígenas como titulares y usufructuarias de la tierra y como sujetos de crédito, independientemente de su estado civil.
* Reforzar las acciones orientadas a atender las demandas de educación y capacitación de las mujeres dentro de los programas de combate a la pobreza.
Promover el otorgamiento de becas a niñas, adolescentes y jóvenes que residen en comunidades pobres y dispersas para asegurar su asistencia y permanencia en la escuela, en los programas de alfabetización y en los de educación especial.
Impulsar el desarrollo de programas de educación y capacitación bilingüe y bicultural para las mujeres indígenas, incluido el diseño y operación de programas especiales de alfabetización para adultos.
Atender la demanda de educación básica de niños y niñas indígenas, tratando de que se adecúe a las características lingüísticas y culturales de sus comunidades.
* Propiciar el acceso a viviendas dignas para las mujeres que viven en condición de pobreza, mediante el desarrollo de mecanismos de crédito apropiados dirigidos a la población que no dispone de las fuentes tradicionales de garantías.
* Otorgar prioridad en los programas de combate a la pobreza a las acciones orientadas a dotar de servicios básicos a las viviendas, a fin de ampliar el acceso a los mismos, mejorar las condiciones de vida de la población, así como disminuir la carga de trabajo y el tiempo que las mujeres dedican a las labores domésticas.
* Promover subsidios para los servicios de agua potable, alcantarillado, saneamiento y energía eléctrica de las comunidades y grupos de población en condiciones de pobreza.
* Estimular la participación de instituciones gubernamentales y del sector privado, social y académico, en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y programas dirigidos a combatir la pobreza que aqueja a las mujeres.
* Apoyar la participación, organización y el trabajo comunitario para que sean los propios usuarios los que operen los servicios de agua potable y saneamiento, especialmente en zonas suburbanas y rurales con altos índices de marginación.
* Incentivar el desarrollo de investigaciones dirigidas a profundizar en el estudio de los mecanismos que generan y reproducen la pobreza, impulsando asimismo los esfuerzos de medición de la pobreza femenina, el conocimiento de los procesos que la originan, así como la identificación de grupos vulnerables y las características de quienes viven en esta situación.
Mujer trabajadora
A pesar del notable incremento de las tasas de participación femenina en la actividad económica, persisten obstáculos que limitan la realización de su potencial como trabajadoras. La segmentación ocupacional por sexo es un denominador común de los mercados de trabajo, en los que las mujeres suelen concentrarse en un reducido número de ocupaciones. A su vez, la concentración femenina en los niveles de menor jerarquía se traduce en la concentración de trabajadoras en los puestos de trabajo de menor calificación, productividad y reconocimiento, precariamente remunerados y más inestables.
La mujer suele enfrentar la carga que representa la doble jornada de trabajo, así como una mayor inestabilidad laboral e inferiores condiciones de trabajo que los varones. Adicionalmente, los niveles de escolaridad y capacitación condicionan, entre otros aspectos, sus posibilidades de acceso al mercado laboral, las remuneraciones que perciben y sus oportunidades de movilidad y ascenso laboral. Además, las trabajadoras a menudo se ven sujetas a prácticas discriminatorias, tanto en términos de contratación como de despido en caso de embarazo o lactancia.
Lo anteriormente señalado revela la necesidad de definir un conjunto de estrategias y acciones, no sólo para promover la participación femenina en la actividad económica, sino también para transformar las condiciones bajo las cuales se desempeñan en el ámbito del trabajo. Asimismo, es preciso fortalecer las normas y mecanismos dirigidos a prevenir y eliminar toda forma de segregación y discriminación laboral contra la mujer. La importancia que tiene el aporte de las mujeres a la riqueza y la economía del país, el potencial de sus contribuciones para el desarrollo, así como el papel que desempeñan en la familia, exige que se les otorgue un trato digno, justo y respetuoso.
Lineamiento general
Garantizar el respeto y protección a los derechos laborales de las mujeres y facilitar su acceso a las oportunidades de empleo y participación económica. Ello exige la formulación de normas para el mejoramiento de sus condiciones laborales y su capacitación para el trabajo, así como por la ampliación de sus alternativas ocupacionales.
Acciones prioritarias
* Impulsar programas de generación de empleo dirigidos a las mujeres, con atención a las características particulares de su ubicación regional y condición social.
* Establecer mecanismos para asegurar el respeto de los derechos de las trabajadoras y su acceso a los sistemas de previsión y seguridad social, en pie de igualdad con los varones, vigilando el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo para evitar la discriminación por sexo, edad, estado civil y gravidez, así como la segregación ocupacional y la correlativa disparidad por sexo en las remuneraciones y en las oportunidades de ascenso laboral.
* Brindar un trato igualitario a hombres y mujeres en la selección, contratación y promoción del personal de la administración pública, evitando toda forma de discriminación de los candidatos femeninos.
* Impulsar programas de capacitación y adiestramiento para el trabajo dirigido a las mujeres y propiciar la profesionalización del personal femenino dentro de la administración pública.
* Fortalecer acciones de capacitación y adiestramiento dirigidas a las mujeres jóvenes, las desempleadas y las que retornan al desempeño de una actividad remunerada, para que cuenten con los conocimientos y las destrezas necesarias y tengan mejores oportunidades laborales en ramas y actividades no tradicionales.
* Incrementar esfuerzos orientados a eliminar las diferencias en la remuneración de las mujeres y los hombres en tareas que exigen calificación y horarios similares.
* Promover la prestación de servicios de apoyo a las madres y padres que trabajan, tales como los servicios de guarderias y atención a los niños y niñas en edad preescolar y escolar, que sean eficientes, adecuados y de calidad, con horarios flexibles y que consideren las necesidades de los trabajadores de ambos sexos.
* Propiciar la revisión de las normas y horarios laborales con el propósito de que hombres y mujeres puedan compartir equilibradamente las responsabilidades familiares, incluidos los mecanismos para que obtengan licencias y prestaciones de maternidad o paternidad.
* Impulsar acciones de divulgación y orientación, así como instancias especializadas, para que las trabajadoras puedan defender sus derechos laborales, poniendo especial atención en aquellas que pertenecen a grupos ocupacionales más vulnerables.
* Llevar a cabo acciones de comunicación para contrarrestar el escaso valor que se asigna al trabajo femenino, además de combatir ideas y prácticas que ciñen la participación de las mujeres a las actividades de baja remuneración y productividad.
* Desarrollar metodologías de recolección de datos y generación de estadísticas laborales por sexo.
* Alentar el desarrollo de estadísticas que permitan reconocer y valorar cabalmente el trabajo remunerado y no remunerado de la mujer y todas sus aportaciones al bienestar de las familias y las comunidades.
* Promover investigaciones que contribuyan a profundizar en el conocimiento de las características de la participación laboral de los hombres y las mujeres en diferentes contextos.
Fomento productivo
La creciente participación de la mujer en la vida económica se ha producido en un marco de persistencia de las desigualdades en el acceso a las oportunidades de capacitación y a los recursos tecnológicos, productivos y financieros. A pesar de ello, las mujeres han logrado desempeñar un papel relevante en el desarrollo de las micro y pequeñas empresas, ya sea como propietarias, administradoras o trabajadoras. Aunque puede ser un sector dinámico, éste se caracteriza por operar con poco capital y escasa tecnología. Adicionalmente, muchos de estos negocios, talleres y pequeñas empresas se caracterizan por la insuficiente capacitación de sus trabajadores y la carencia de asistencia técnica en aspectos productivos, organizativos y administrativos, y raras veces cuentan con canales adecuados de comercialización. Por consiguiente, el incremento de su productividad y capacidad gerencial, mediante la introducción de procesos administrativos y de producción apropiados, podría beneficiar enormemente a la mujer, tanto mediante la creación de puestos de trabajo como a través del incremento de su productividad e ingresos.
Existe interés y necesidad de muchas mujeres por ver incrementada su capacidad productiva. Su escasa experiencia acumulada en relación con la gestión de micro y pequeña empresas y las dificultades de acceso a recursos económicos, tecnológicos y financieros, son factores que obstaculizan el desarrollo de su capacidad productiva. La creatividad y el talento de las mujeres son características invaluables que pueden y deben desarrollarse para su propia realización personal y en beneficio de la sociedad en conjunto. Su participación en la economía puede fortalecerse mediante el acceso a recursos productivos, crediticios, asistencia técnica y capacitación empresarial, del mismo modo que a canales apropiados de comercialización.
México cuenta con experiencias valiosas derivadas del funcionamiento de intermediarios financieros no bancarios creados por mujeres y dirigidos a apoyar microempresas administradas por mujeres. Este tipo de experiencias podría expandirse mediante el establecimiento de mecanismos financieros que dirijan sus acciones hacia las mujeres de bajos ingresos, buscando entregar créditos con términos de pago flexibles, procedimientos administrativos simplificados y con un mínimo de requerimientos de colaterales.
Lineamiento general
Respaldar a las mujeres de las micro y pequeña empresas, a las que trabajan por cuenta propia y a las no remuneradas, incluidas las que laboran en actividades agropecuarias, mediante el acceso a capacitación, tecnología, información, comercialización y asistencia técnica, así como a esquemas de crédito apropiados, accesibles y ágiles.
Acciones prioritarias
* Reforzar el papel crucial que desempeñan las mujeres en el uso y aprovechamiento eficiente de los recursos naturales del país, apoyando su capacitación y la efectiva apropiación de tecnologías adecuadas que redunden en el logro de un mejor nivel y calidad de vida para ellas y sus familias.
* Fortalecer las Unidades Agrícolas Industriales de la Mujer Campesina (UAIM).
* Estimular la participación de la mujer en el desarrollo de nuevas opciones productivas generadoras de empleos e ingresos que integren, de manera armónica, criterios ecológicos y ambientales, tecnológicos, económicos, sociales y regulatorios.
* Identificar, apoyar y poner en marcha proyectos viables que hagan un uso eficiente de los recursos naturales, fortalezcan la capacidad productiva de las mujeres y generen ingresos a los hogares rurales.
* Promover proyectos y acciones de fomento a la productividad y al cambio tecnológico en renglones productivos donde el papel de la mujer en el desarrollo rural comunitario está suficientemente acreditado, como la hidroponia rústica, la ganadería de traspatio y la ganadería lechera semiespecializada, buscando tanto mejorar la dieta de autoconsumo como generar excedentes para el mercado.
* Promover la actualización de los mecanismos legislativos y administrativos para que las mujeres tengan cabal acceso a los recursos económicos, incluida la posesión de tierras y otras propiedades, el crédito, los recursos naturales y las tecnologías apropiadas.
* Promover dentro de las instituciones financieras el desarrollo de mecanismos crediticios y la canalización de recursos para apoyar proyectos productivos viables que sean operados y administrados por mujeres.
* Explorar la viabilidad de mecanismos innovadores de promoción de crédito y otros procedimientos administrativos para propiciar una reducción de los costos de las transacciones y un mayor acceso a las mujeres que no diponen de fuentes tradicionales de garantía.
* Estudiar alternativas de apoyo a las instituciones y oganismos financieros que fomenten el desarrollo de las capacidades productivas de las mujeres.
* Evaluar la factibilidad de establecer disposiciones flexibles de financiamiento para apoyar instituciones intermediarias orientadas a la promoción de las actividades productivas de las mujeres mediante esquemas de créditos apropiados, accesibles y ágiles.
* Fortalecer la autosuficiencia y propiciar el incremento de la productividad y la rentabilidad de las empresas económicas que sean propiedad de mujeres.
* Consolidar y ampliar la asistencia técnica y financiera al sector de las micro, pequeñas y medianas empresas, incluido el desarrollo de la capacidad gerencial, el asesoramiento para el desarrollo y la creación de nuevos productos, la transferencia de tecnología y mecanismos de control de calidad, a fin de ampliar las oportunidades de participación económica plena de la mujer.
* Promover el otorgamiento de garantías a las microindustrias rurales que fomenten la participación productiva de las mujeres.
* Estimular el acceso a las mujeres, especialmente las jóvenes, a programas de capacitación que les permitan adquirir conocimientos gerenciales y técnicos y llevar a cabo procesos de gestión.
* Impulsar la participación de la mujer en el desarrollo rural mediante programas de capacitación y extensionismo que tomen en cuenta la problemática de género.
* Promover redes de propietarias de micro, pequeñas y medianas empresas para propiciar que las mujeres más experimentadas compartan conocimientos y apoyen a las mujeres de menor experiencia en la gestión de las mismas.
Mujer y familia
La familia es la institución social básica y constituye el ámbito por excelencia de la convivencia privada. Ocuparse de la familia desde la esfera de las políticas públicas significa reconocer que el mundo doméstico, incluida la división del trabajo y las relaciones familiares de hombres y mujeres y de padres e hijos, se encuentra estrechamente interconectado con otras instituciones sociales, con el marco jurídico y con los servicios públicos que proporciona y regula el Estado.
En la mujer han recaído tradicionalmente las tareas asociadas con las labores domésticas, la crianza y educación de los hijos, así como el cuidado de los enfermos, ancianos y personas discapacitadas. Un gran número de mujeres ha ampliado su presencia en otras instancias de responsabilidad, incluida la función de proveedora de ingresos, sin que hasta el momento ello haya redundado en una distribución más equitativa de las tareas y responsabilidades domésticas y laborales entre hombres y mujeres.
La creciente incorporación de la población femenina al mercado de trabajo, así como el incremento del desempeño de otros papeles sociales, requiere fortalecer a la familia en sus diversos arreglos y formas y asegurar su transformación en tanto ámbito privilegiado de expresión de la igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades entre hombres y mujeres. Ello implica promover, entre otros aspectos, una distribución más equitativa de los recursos disponibles en el hogar y de las tareas y responsabilidades domésticas y extradomésticas entre ambos sexos, con miras a fortalecer tanto el funcionamiento y organización de la unidad familiar como el desarrollo integral de sus miembros. Para ello se requiere elevar el establecimiento de servicios e infraestructura de apoyo que alivien la carga doméstica, y horarios de trabajo flexibles que permitan a hombres y mujeres compartir derechos y obligaciones familiares, así como oportunidades de participación social en los distintos ámbitos de su desarrollo. También es necesario desplegar acciones educativas y de comunicación que sensibilicen a la población acerca de los beneficios derivados de la cooperación y la distribución más equitativa de responsabilidades para la familia, la comunidad y la sociedad en su conjunto.
Lineamiento general
Promover una distribución más equitativa entre hombres y mujeres de los recursos del hogar y de las responsabilidades domésticas y extradomésticas, teniendo en cuenta las diferencias socioeconómicas y culturales de las familias, la diversidad de sus arreglos y formas de constitución, así como los cambios que experimentan a lo largo de su ciclo vital.
Acciones prioritarias
* Promover la revisión permanente de la legislación sobre la familia y llevar a cabo las reformas legislativas y las medidas administrativas necesarias para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en el ámbito doméstico y familiar.
* Facilitar el acceso de las mujeres a los beneficios de las diversas políticas sociales, incluidos los servicios de apoyo para aliviar la carga doméstica.
* Instituir acciones que promuevan la igualdad de derechos y obligaciones para hombres y mujeres en el seno de la familia y una mayor equidad en el acceso a los recursos.
* Estimular la participación familiar compartida en el trabajo doméstico y extradoméstico, en un marco de relaciones de corresponsabilidad.
* Impulsar el establecimiento de estancias comunitarias para mujeres y hombres de la tercera edad con jornadas de atención compatibles con los horarios laborales de los familiares que los tienen a su cargo.
* Poner en marcha medidas de fortalecimiento de la economía familiar, incluidos proyectos de carácter productivo, de empleo y generación de ingresos dirigidos a las familias, en especial las encabezadas por mujeres que se encuentran en situación de pobreza.
* Revisar las políticas de asignación de viviendas de interés social, eliminando toda forma de discriminación de las jefas de familia y mujeres trabajadoras motivadas por su estado civil.
* Alentar la adopción de medidas dirigidas a la inclusión del tema de la vida en familia en los procesos de educación escolar y extraescolar con el fin de fomentar decisiones libres, informadas y conscientes en relación con los derechos y obligaciones que adquieren las parejas al unirse en matrimonio, el número y espaciamiento de los hijos, el cuidado y atención de los menores, ancianos y discapacitados, entre otros.
* Desarrollar acciones de educación y comunicación que generen el ejercicio de la paternidad responsable y refuercen el mejor desempeño de los padres en la formación de los hijos, en especial los programas de educación inicial, con el propósito de enriquecer su papel en el desarrollo social, físico y emocional de los menores y en la transmisión de los valores familiares y cívicos.
* Apoyar investigaciones y generar información periódica sobre aspectos demográficos, económicos y socioculturales relativos a la mujer y la vida familiar, así como de los efectos que se desprenden de la aplicación de programas sociales sobre las pautas de interacción familiar, buscando contribuir a enriquecer la formulación y puesta en marcha de actividades en esta materia.
* Elaborar y difundir contenidos educativos que pongan de relieve los diferentes arreglos y formas de organización familiar, así como estimular actitudes de respeto y protección que merecen.
* Difundir campañas de comunicación que favorezcan las responsabilidades familiares compartidas y reivindiquen la valoración del trabajo doméstico, así como contribuyan a combatir los estereotipos e imágenes sociales que distorsionan las realidades familiares y atentan contra la dignidad de sus integrantes.
* Establecer mecanismos de coordinación entre las dependencias del sector público y concertar -con los sectores privado y social- acciones sistemáticas que propicien el desarrollo integral de la familia.
* Impulsar programas de orientación familiar que facilite la práctica de relaciones conyugales sanas y constructivas, que brinden información y consejería en materia de comunicación en pareja, que favorezcan una distribución más equitativa de las responsabilidades domésticas entre el hombre y la mujer, y que propicien una sana gestión y prevención de los conflictos y tensiones familiares.
Derechos de la mujer y participación
en la toma de decisiones
La Constitución Política señala al gobierno la responsabilidad de garantizar el ejercicio pleno y en pie de igualdad de los derechos de los mexicanos, independientemente de su sexo, origen étnico o condición social. En nuestro país, como en el resto del mundo, cuando se habla de derechos propios de la mujer se pretende abarcar un conjunto de normas cuya promulgación y aplicación está dirigida a asegurar que las diferencias entre hombres y mujeres no sean utilizadas para un trato desigual.
No es posible dejar de reconocer el largo camino recorrido en la lucha por la promoción, protección y defensa de los derechos de la mujer y por la igualdad jurídica y de oportunidades entre varones y mujeres. No obstante, aún persisten creencias arraigadas, así como estructuras y arreglos institucionales que reproducen las prácticas de exclusión y discriminación de género. Por ello, se hace evidente la necesidad de poner en marcha mecanismos efectivos para que el principio de igualdad que establece nuestra Constitución Política sea una realidad tangible.
Además de la promulgación de medidas legislativas y la puesta en marcha de acciones en materia de educación, salud y desarrollo económico y social, resulta indispensable contar con el apoyo firme y decidido de la sociedad. La mujer misma debe defender sus derechos, pero es necesario que existan los medios para que los conozca, sepa su significado y los ejerza plenamente. Sólo de esta manera será posible alcanzar la verdadera igualdad entre hombres y mujeres y el desarrollo pleno de todos los miembros de la sociedad.
La participación de las mujeres en los procesos de toma de decisión en todas las instancias y en todos los niveles no sólo es una práctica deseable, sino una necesidad para que ellas mismas contribuyan a impulsar de manera decidida la promoción, defensa y protección de los derechos propios de su condición femenina. Una mayor participación social y política de las mujeres constituye un paso importante hacia la igualdad efectiva de oportunidades. La participación fortalece a las mujeres, toda vez que contribuye a afianzar y extender la vida democrática en todos los ámbitos, a promover nuevas prácticas políticas e incorporar sus perspectivas, intereses legítimos y formas de solución a los problemas que las aquejan.
Lineamiento general
Fortalecer los mecanismos que aseguren la eliminación de la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho, incluida la revisión de la legislación para eliminar las disposiciones que obstaculizan la participación plena de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural de nuestro país.
Acciones prioritarias
* Asegurar a las mujeres el pleno disfrute de todos los derechos humanos reconocidos en los instrumentos nacionales e internacionales, lo que implica impulsar acciones para defenderlos y protegerlos y combatir las prácticas de violación de los mismos.
* Revisar las normas secundarias federales y las normas locales para asegurar su congruencia con el principio constitucional de igualdad jurídica del hombre y la mujer.
* Salvaguardar y proteger los derechos humanos, civiles y culturales de las mujeres indígenas, combatiendo todas las formas de discriminación étnica y de género.
* Impulsar el desarrollo institucional, así como fortalecer los instrumentos y mecanismos orientados a promover la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres.
* Promover la participación de las mujeres en los puestos de dirección y en las instancias de toma de decisión de los poderes ejecutivo y judicial, de los tres órdenes de gobierno, cuerpo legislativo, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos y de espacios organizados de la sociedad civil.
* Diseñar y poner en marcha programas de capacitación sobre gestión, organización y dirección que potencien las capacidades de las mujeres para desempeñar cargos de liderazgo en todo tipo de estructuras.
* Promover la colaboración entre la federación y los gobiernos estatales y municipales en la ampliación de los espacios de participación política de las mujeres.
* Desarrollar mecanismos que favorezcan la participación plena de la mujer en el proceso de reforma política.
* Impulsar un acuerdo interpartidista para ampliar la participación de la mujer en el proceso de reforma electoral y en los órganos electores correspondientes.
* Integrar criterios dentro de los acuerdos para la reforma del sistema federal con el propósito de favorecer el desarrollo de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la condición de la mujer.
* Propiciar el establecimiento de esquemas de modernización de la administración pública en los que queden integrados los intereses y opiniones de las mujeres.
* Impulsar la participación de las mujeres en los mecanismos de Contraloría Social.
* Desarrollar programas encaminados a promover nuevas prácticas políticas tendientes a incorporar las perspectivas e intereses de las mujeres.
* Velar porque a las mujeres involucradas en averiguaciones previas del fuero federal, en especial las indígenas y las que residen en el medio rural, se les brinde un trato adecuado, digno y respetuoso y se les proporcione información y orientación sobre los derechos y obligaciones que como ciudadanas mexicanas tienen frente al Estado.
* Respetar y proteger los derechos humanos y garantías constitucionales de las mujeres involucradas en la comisión de delitos del fuero federal, poniendo cuidado en atender las necesidades y características propias de su condición femenina.
* Contribuir a fortalecer el papel desempeñado por las organizaciones de mujeres.
* Promover la participación activa de las organizaciones que actúan en la promoción y defensa de los derechos de la mujer en las tareas de formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas y acciones públicas orientadas a estimular el avance de la mujer.
* Asegurar a las mujeres la correcta aplicación del principio de no discriminación en la impartición de justicia.
* Erradicar las prácticas de violencia física o psicológica contra la mujer que acude ante los órganos encargados de impartir justicia, así como castigar a quienes cometan esos delitos.
* Reforzar la educación y la capacitación en materia de derechos humanos que se brinda a los servidores públicos, cuerpos policiacos, personal médico y paramédico, trabajadores sociales y maestros de todos los niveles educativos para contribuir a la protección y defensa de los derechos de la mujer.
* Diseñar e instrumentar acciones de información, educación y comunicación para que mujeres y hombres conozcan sus derechos y puedan defenderlos.
* Sensibilizar y crear conciencia entre las mujeres acerca del ejercicio de sus derechos ciudadanos y promover su participación efectiva en todas las instancias y niveles de toma de decisiones.
* Apoyar el trabajo de las organizaciones y redes de mujeres a nivel local, regional y nacional, alentando la sistematización y difusión de sus experiencias, conocimientos y demandas.
* Impulsar investigaciones que contribuyan a identificar los factores que dificultan la incorporación plena de las mujeres en las instancias de toma de decisión en todos los niveles, así como la incidencia que tiene su participación en la orientación de las políticas y leyes del país.
* Diseñar un sistema de información que permita conocer de manera periódica la participación de hombres y mujeres en los puestos de dirección del sector público, privado, académico y social.
Combate a la violencia
La violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresión es un fenómeno muy extendido en nuestra sociedad, tanto en el ámbito doméstico y familiar como en muchos otros espacios de la vida social. Los actos violentos en contra de la mujer, ya sean manifestaciones aisladas o sistemáticas, abarcan la agresión verbal, las amenazas, los malos tratos, la agresión física, psicológica o moral, así como el hostigamiento y el abuso sexuales.
Debido a la variedad de mecanismos que contribuyen a reproducir la violencia contra la mujer, el enfoque obligado para avanzar hacia su prevención y erradicación, debe ser multidimensional, considerando acciones preventivas, la utilización de los medios de comunicación masiva como vehículos de sensibilización en torno a este problema social, así como acciones de alta prioridad en los ámbitos legislativo y jurídico.
Se reconoce que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos. Sin embargo, este problema, profundamente enraizado en las pautas culturales y la estructura social, ha sido con frecuencia tolerado e ignorado. De hecho, una de las principales dificultades para la prevención de la violencia contra la mujer es el silencio de las víctimas y su ocultación social. La falta de información, la ignorancia, la vergüenza y el sentimiento de impotencia con frecuencia impiden que se denuncien los casos y salga a la luz pública este problema en toda su extensión y gravedad. Por esta razón, su prevención y erradicación exige un esfuerzo de concientización que reafirme la dignidad de las mujeres. Asimismo, demanda de ellas un mayor conocimiento de sus derechos.
Lineamiento general
Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas de expresión, impulsando medidas que contribuyan a hacer visible este problema social y otorguen prioridad a su prevención, incluida la promoción de iniciativas de reforma al Código Penal que tipifiquen y castiguen, con mayor rigor, los delitos de violencia contra la integridad física y moral de las mujeres.
Acciones prioritarias
* Emprender iniciativas encaminadas a la revisión y, en su caso, actualización de códigos, leyes y reglamentos para prevenir y castigar con mayor rigor los delitos de violencia contra las mujeres en sus diferentes formas.
Impulsar la revisión de códigos penales y civiles mediante la cual se otorguen facultades a los jueces en materia de lo familiar para que intervengan en los casos de violencia doméstica por medio de órdenes de protección inmediata sobre los bienes de la familia.
Propiciar la revisión de códigos penales para contar con una tipificación más estricta y clara de los delitos sexuales.
Estimular la revisión de los códigos penales para tipificar como delitos el acoso y el hostigamiento sexuales, incluidas sanciones acordes a la naturaleza y gravedad del delito.
Incentivar esfuerzos dirigidos a la revisión permanente de la legislación sobre la familia, así como la adopción de reformas necesarias para prevenir, impedir y castigar la violencia, segregación y explotación ejercida contra las mujeres.
* Fortalecer el desarrollo de instancias pertinentes para que las mujeres puedan denunciar los actos de violencia cometidos en su contra, en condiciones de seguridad, confidencialidad y sin temor a represalias y castigos.
* Ofrecer atención, orientación y asistencia jurídico-social en las instancias correspondientes a las mujeres que son víctimas de hechos presumiblemente delictivos.
* Desarrollar mecanismos que garanticen la protección de las víctimas de la violencia y su acceso a procesos judiciales justos y eficaces, incluida la reparación de los daños causados, la indemnización y su curación.
* Incorporar la perspectiva de género en los programas dirigidos a prevenir, castigar o erradicar la violencia contra la mujer, propiciando la comprensión de sus causas y manifestaciones entre los responsables de los mismos.
* Revisar y actualizar el marco legal para sancionar con mayor rigor al personal de las instituciones gubernamentales que cometa actos de violencia contra la mujer en el desempeño de sus funciones, así como capacitar al personal policial, judicial, médico y social con el fin de prevenir los abusos de poder y los actos de violencia contra ella.
* Fortalecer los programas de asesoramiento, rehabilitación y apoyo terapéutico a las víctimas de violencia, así como aquellos dirigidos a rehabilitar a los agresores, mediante la creación de centros de atención especializados que incorporen una perspectiva de género en sus estrategias.
* Diseñar campañas de educación y comunicación que sensibilicen a la población acerca de la violencia contra la mujer en todas sus formas, así como sobre las repercusiones que este problema social ejerce sobre el desarrollo integral de la mujer y la familia.
* Impulsar acciones educativas que contribuyan a prevenir la violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones y fortalezcan en los menores, adolescentes y jóvenes una cultura de respeto a la dignidad de la mujer.
* Prevenir la violencia contra la mujer mediante la promoción de valores que realcen la dignidad de la persona, el respeto y la tolerancia a las diferencias, la solidaridad social y la igualdad de derechos.
* Difundir en los medios de comunicación mensajes dirigidos a prevenir la violencia en el seno de las familias.
* Apoyar y promover el papel desempeñado por los centros de atención primaria de salud, los servicios de salud de las escuelas y los centros de servicio para la familia, en materia de información y educación relativas a la violencia contra la mujer.
* Concebir y poner en marcha programas de información acerca de los derechos de las víctimas de violencia y de las instancias a que pueden acudir para obtener asistencia y apoyo.
* Impulsar las tareas de recolección de información y el desarrollo de investigaciones relacionadas con la violencia contra la mujer, su naturaleza, causas, gravedad y consecuencias, así como sobre la eficacia de las medidas aplicadas para prevenir este problema social y reparar sus efectos.
* Promover las investigaciones acerca de la función desempeñada por los medios de comunicación masiva en la formación de valores, actitudes y creencias de la población masculina y femenina frente a la violencia contra la mujer, así como en el debate público sobre este problema social.
Imagen de la mujer
Los avances en la comunicación y la informática han contribuido a facilitar el desarrollo de sofisticados sistemas de difusión de mensajes que trascienden las fronteras internacionales y tienen la capacidad de influir en las actitudes, valores y conductas de los individuos, en sus aspiraciones y expectativas, así como en sus percepciones acerca de las oportunidades que tienen a su alcance.
Los medios de comunicación masiva desempeñan un papel fundamental en la configuración de representaciones e imágenes sociales acerca de lo que es o debe ser la mujer. Las investigaciones disponibles indican que los medios proyectan modelos estereotipados y distorsionados de las mujeres, utilizando a menudo la imagen femenina de una manera discriminatoria y reduccionista, que es lesiva a la dignidad de las mujeres. En estos mensajes se suelen reforzar imágenes que no reflejan cabalmente sus aportes en diferentes ámbitos, así como la diversidad y pluralidad de los papeles desempeñados por ellas en la política, la economía y en la vida social y cultural del país. La identificación de las mujeres con esas imágenes constituye un obstáculo que impide su participación plena y efectiva en los más variados ámbitos de la sociedad, en pie de igualdad con el varón.
Los estudios disponibles también muestran que la escuela contribuye a transmitir imágenes estereotipadas de hombres y mujeres, tanto mediante las relaciones que se establecen en el proceso educativo, como de los contenidos, textos, materiales didácticos y métodos pedagógicos. En éstos, los hombres suelen ser centro y referencia predominante, y raras veces se reconoce a las mujeres como protagonistas sociales.
Es imprescindible, por tanto, que los medios de comunicación y la escuela contribuyan a impulsar el cambio cultural, proyectando una imagen femenina equilibrada que promueva el respeto por la dignidad de las mujeres y fomente una cultura contraria a la subordinación y la inequidad en los mensajes y contenidos que transmiten.
Lineamiento general
Contribuir a desarraigar de los medios de comunicación masiva y del sistema educativo la proyección de imágenes estereotipadas de la mujer, con el propósito de avanzar en el reconocimiento social a sus aportaciones, sus ámbitos de participación y su pleno desarrollo.
Acciones prioritarias
* Emprender en los medios de comunicación masiva campañas permanentes que difundan la diversidad de papeles que desempeña la mujer, poniendo de relieve la imperiosa necesidad de impulsar su participación en todos los ámbitos de la vida social, en igualdad de condiciones con el varón.
Desarraigar del ámbito político-comunicativo las imágenes estereotipadas de la mujer.
Promover el establecimiento de normas y códigos de conducta para los medios de comunicación que contribuyan a eliminar la difusión de imágenes reduccionistas de la mujer en las campañas de publicidad.
Proyectar imágenes plurales de la mujer en los mensajes y campañas realizadas por el gobierno hacia la sociedad.
* Revisar los programas, materiales didácticos, libros de texto y métodos pedagógicos para eliminar, donde las haya, imágenes estereotipadas de la mujer.
* Llevar a cabo campañas de sensibilización específicamente dirigidas a las mujeres que les permitan fortalecer su autoestima, sensibilizarlas sobre su valor y sus derechos y ampliar sus horizontes respecto a los papeles que pueden desempeñar en la vida social, política, económica y cultural del país.
* Realizar acciones sistemáticas de sensibilización, incluidos seminarios y talleres de capacitación, dirigidas a empresarios y profesionales de los medios de comunicación para propiciar la eliminación de imágenes estereotipadas de la mujer en esos medios.
* Ampliar los espacios de participación política de la mujer en los medios de comunicación masiva.
* Promover una más amplia participación de las mujeres en los puestos de dirección de los medios de comunicación, así como en el diseño y ejecución de políticas y programas en la materia.
* Impulsar una red de intercambio de información y análisis sobre las imágenes de la mujer en los medios de comunicación masiva.
* Diseñar y difundir investigaciones orientadas a profundizar en el estudio de los fenómenos de la comunicación relacionados con las imágenes de hombres y mujeres que proyectan los medios de comunicación masiva.
ANEXO.
FUENTES DE CUADROS Y GRÁFICAS
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Cuadros |
Fuente |
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Cuadro 1. Niveles de instrucción de jefes de hogar por sexo, 1990. |
XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. |
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Cuadro 2. Edad a la primera unión por tamaño de la localidad, nivel de instrucción y sexo, 1992 |
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. |
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Cuadro 3. Promedio de hijos nacidos vivos por mujer según edad al primer nacimiento y número de años transcurridos después de ese evento, 1987 |
Encuesta Nacional de Fecundidad y Salud, 1987. |
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Cuadro 4. Proporción de personas de la tercera edad por estado funcional (% que puede realizar actividad sin ayuda) y sexo, 1994
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Encuesta Nacional sobre la Sociodemografía del Envejecimiento, 1994. |
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Cuadro 5. Distribución porcentual de los hogares por tipo y sexo del jefe, 1992 |
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. |
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Gráficas |
Fuente |
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Gráfica 1. Porcentaje de la población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir por sexo y grupos de edad, 1992 |
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. |
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Gráfica 2. Porcentaje de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir por sexo y entidad federativa, 1990 |
XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. |
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Gráfica 3. Porcentaje de la población de 15 años o más sin primaria completa por sexo y entidad federativa, 1990 |
XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. |
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Gráfica 4. Tasa de participación económica por sexo y nivel de instrucción, 1993 |
Encuesta Nacional de Empleo, 1993. |
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Gráfica 5. Esperanza de vida al nacimiento por sexo, 1930-1995 |
Estimación del Consejo Nacional de Población con base en los censos de población y las defunciones registradas en el país. |
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Gráfica 6. Años de vida perdidos por grupos de causa de muerte y entidad federativa. Mujeres, 1990-1993 |
Estimación del Consejo Nacional de Población con base en las defunciones registradas en el país. |
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Gráficas |
Fuente |
| Gráfica 7. Tasas específicas de participación en la actividad económica por sexo, 1970-1995 | IX Censo General de Población y Vivienda, 1970 y Encuesta Nacional de Empleo, 1995. |
| Gráfica 8. Tasas de participación femenina en la actividad económica por estado civil, 1991 y 1993 | Encuesta Nacional de Empleo, 1991 y Encuesta Nacional de Empleo, 1993. |
| Gráfica 9. Porcentaje de la población indígena monolingüe por sexo y entidad federativa, 1990 | XI Censo General de Población y Vivienda, 1990 |
| Gráfica 10. Estado civil de personas de la tercera edad por grupo de edad y sexo, 1994 | Encuesta Nacional sobre Sociodemografía del Envejecimiento, 1994. |
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Gráfica 11. Proporción representado por los hogares monoparentales y conyugales por entidad federativa. 1992 |
Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, 1992. |
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Gráfica 12. Proporción de presidentas municipales por entidad federativa. 1995 |
Centro Nacional de Desarrollo Municipal. |
Alianza para la Igualdad: Programa
Nacional de la Mujer 1995-2000
se terminó de imprimir en marzo de 1996 en
los talleres de Publivisual S. A. de C.V.
Hernández y Dávalos No. 99
Col. Algarín C.P. 06880 México, D. F.
La edición constó de 1000 ejemplares
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