III. Libertad para vivir sin temor
74. En la esfera del desarrollo, la ejecución es muchas veces deficiente, pero, en
lo que respecta a la seguridad, aunque muchos se sienten amenazados, carecemos
del consenso más elemental y cuando actuamos, esa actuación es muy a menudo
impugnada.
75. Salvo que podamos llegar a una evaluación común de esas amenazas y a coincidir
en la manera de entender nuestras obligaciones para afrontarlas, las Naciones
Unidas tardarán en brindar seguridad a todos sus miembros y a la población mundial.
En el mejor de los casos, tan sólo tendremos una capacidad parcial para ayudar a
quienes anhelan la libertad para vivir sin temor.
A. Una manera de enfocar la seguridad colectiva
76. En noviembre de 2003, alarmado ante la falta de acuerdo entre los Estados
Miembros acerca del papel que debían desempeñar las Naciones Unidas en materia
de seguridad colectiva, o incluso acerca del carácter de las amenazas más inminentes
que debemos afrontar, establecí un Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los
desafíos y el cambio. Dicho grupo presentó su informe: “Un mundo más seguro: la
responsabilidad que compartimos” (A/59/565), en diciembre de 2004.
77. Hago mío plenamente el enfoque general expuesto en el informe y los argumentos
allí formulados en favor de un concepto más amplio de la seguridad colectiva
que abarque las nuevas y las viejas amenazas y que tenga en cuenta los intereses
de todos los Estados en materia de seguridad. Creo que este concepto puede superar
las discrepancias entre ideas divergentes de la seguridad y darnos la orientación
necesaria para afrontar los dilemas de hoy en día.
78. Entre las amenazas a la paz y la seguridad en el siglo XXI se cuentan no sólo la
guerra y los conflictos internacionales, sino los disturbios civiles, la delincuencia organizada,
el terrorismo y las armas de destrucción en masa. También se cuentan la
pobreza, las enfermedades infecciosas mortales y la degradación del medio ambiente,
puesto que también pueden tener consecuencias catastróficas. Todas estas amenazas
pueden ser causa de muerte o reducir gravemente las posibilidades de vida. Todas
ellas pueden socavar a los Estados como unidades básicas del sistema internacional.
79. Según la riqueza, la geografía y el poder, consideramos que diferentes amenazas
son las más acuciantes. Pero la verdad es que no podemos permitirnos el lujo de
elegir. Hoy en día la seguridad colectiva depende de que se acepte que las amenazas
que cada región del mundo considera más urgentes tienen de hecho la misma
urgencia para todos.
80. En nuestro mundo globalizado, las amenazas que debemos afrontar están interconectadas.
Los ricos son vulnerables a las mismas amenazas que afectan a los pobres
y los fuertes son vulnerables a los débiles, y viceversa. Un ataque terrorista nuclear
contra los Estados Unidos o Europa tendría efectos devastadores para todo el
mundo. Lo mismo puede decirse de la aparición de una nueva pandemia virulenta en
un país pobre sin un sistema de atención de salud eficaz.
81. En vista de esta interconexión de las amenazas, debemos alcanzar un nuevo
consenso en materia de seguridad, cuyo primer artículo ha de ser que todos tenemos
derecho a vivir libres de temor y que todo lo que amenaza a uno amenaza a todos. Una vez comprendido esto, no tenemos otra opción que afrontar toda la serie de
amenazas existentes. Debemos hacer frente al VIH/SIDA con la misma determinación
que al terrorismo, y a la pobreza con la misma eficacia que a la proliferación de
armamentos. Debemos esforzarnos por igual para eliminar la amenaza de las armas
pequeñas y ligeras que para eliminar el peligro que representan las armas de destrucción
en masa. Además, debemos hacer frente a todos esos peligros de manera
preventiva, actuando con suficiente antelación con toda la panoplia de instrumentos
a nuestra disposición.
82. Tenemos que conseguir que los Estados cumplan los tratados de seguridad que
han firmado, de manera que todos puedan seguir recibiendo sus beneficios. Una vigilancia
más sistemática, una ejecución más efectiva y, en caso necesario, una aplicación
más enérgica son fundamentales para que los Estados confíen en los mecanismos
multilaterales y los utilicen para evitar los conflictos.
83. Estas no son cuestiones teóricas, sino de importancia vital. Si no llegamos a un
consenso este año y empezamos a actuar en consecuencia, quizás no tengamos otra
oportunidad. Este año o nunca debemos transformar las Naciones Unidas en un instrumento
eficaz de prevención de conflictos, que es la función para la que fueron
concebidas, adoptando medidas sobre varias prioridades políticas e institucionales
fundamentales.
84. Debemos actuar para impedir que el terrorismo catastrófico llegue a ser realidad.
Para ello se requerirá una nueva estrategia mundial, cuyo punto de partida es
que los Estados Miembros acuerden una definición de terrorismo y la incluyan
en una convención general. También será preciso que todos los Estados firmen,
ratifiquen, apliquen y cumplan las convenciones generales contra la delincuencia
organizada y la corrupción. Y se requerirá de ellos el compromiso de adoptar medidas
urgentes para impedir que las armas nucleares, químicas y biológicas caigan en
manos de grupos terroristas.
85. Debemos revitalizar nuestros marcos multilaterales para afrontar las amenazas
de las armas nucleares, biológicas y químicas. La amenaza de estas armas no se limita
a su utilización por terroristas. La existencia de instrumentos multilaterales para
promover el desarme e impedir la proliferación entre los Estados ha sido fundamental
para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales desde que se acordaron
esos instrumentos. Pero ahora corren peligro de erosión. Hay que revitalizarlos
para garantizar un progreso constante en el desarme y hacer frente al creciente peligro
de una espiral de proliferación, especialmente en el terreno nuclear.
86. Hemos de seguir reduciendo la prevalencia y el riesgo de guerras. Para ello
hay que hacer hincapié en los procedimientos esbozados en la sección II de este informe
y en el fortalecimiento de los instrumentos para prestar el apoyo militar y civil
necesario para prevenir y poner fin a las guerras y construir una paz sostenible.
Las inversiones en medidas y de prevención y en el establecimiento, mantenimiento
y consolidación de la paz pueden salvar millones de vidas. Si a principio de los años
noventa se hubieran aplicado con éxito dos acuerdos de paz: el de Bicesse en Angola
y el de Arusha en Rwanda, podríamos haber evitado la muerte de casi 3 millones
de personas.
B. Prevención del terrorismo catastrófico
Terrorismo transnacional
87. El terrorismo es una amenaza para todo lo que las Naciones Unidas representan:
el respeto de los derechos humanos; el imperio de la ley; la protección de los
civiles; la tolerancia entre los pueblos y las naciones y la solución pacífica de los
conflictos. Es una amenaza que se ha hecho cada vez más urgente durante los cinco
últimos años. Redes transnacionales de grupos terroristas pueden actuar a escala
mundial y hacer causa común para constituir una amenaza universal. Esos grupos
desean adquirir armas nucleares, biológicas y químicas y causar un gran número de
víctimas. Uno solo de esos ataques, y la concatenación de acontecimientos que
pondría en marcha, podría cambiar nuestro mundo para siempre.
88. Nuestra estrategia contra el terrorismo ha de ser global y basarse en cinco
puntos fundamentales: persuadir a la gente de que no recurra al terrorismo ni lo
apoye; negar a los terroristas el acceso a fondos y materiales; persuadir a los Estados
de que no patrocinen el terrorismo; desarrollar la capacidad de los Estados para
derrotar al terrorismo y defender los derechos humanos. Insto a los Estados
Miembros y a las organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo a que
adopten esa estrategia.
89. Es preciso adoptar urgentemente varias medidas que se describen a continuación.
90. Debemos convencer a todos aquellos que puedan sentirse tentados a apoyar el
terrorismo de que no es un medio aceptable ni eficaz para hacer avanzar su causa.
Pero la autoridad moral de las Naciones Unidas y su fuerza para condenar el terrorismo
se han visto afectadas por la incapacidad de los Estados Miembros de acordar
un convenio general que incluya una definición de este fenómeno.
91. Ya es hora de dejar de lado los debates sobre el denominado “terrorismo de
Estado”. El uso de la fuerza por los Estados está ya totalmente reglamentado por el
derecho internacional. Y el derecho a resistir a la ocupación debe entenderse en su
auténtico significado. No puede incluir el derecho a asesinar o mutilar deliberadamente
a civiles. Hago plenamente mío el llamamiento del Grupo de alto nivel
para que se adopte una definición de terrorismo que deje claro que, además de las
acciones ya prohibidas por los convenios y convenciones existentes, constituye terrorismo
toda acción encaminada a causar la muerte o un grave daño corporal a
civiles o a no combatientes con el fin de intimidar a la población u obligar a un
Gobierno o una organización internacional a hacer o dejar de hacer alguna cosa.
Creo que esta propuesta tiene una clara fuerza moral e insto encarecidamente
a los dirigentes mundiales a unirse para apoyarla y concertar un convenio
general sobre el terrorismo antes del final del sexagésimo período de sesiones
de la Asamblea General.
92. Es vital negar a los terroristas el acceso a materiales nucleares. Eso quiere decir
que hay que concentrar, poner a buen recaudo y, en lo posible, eliminar los materiales
peligrosos, y aplicar controles efectivos a las exportaciones. Si bien el Grupo de
los Ocho Países más Industrializados y el Consejo de Seguridad han adoptado importantes
medidas en este sentido, tenemos que asegurarnos de que esas medidas se
apliquen íntegramente y se refuercen mutuamente. Insto a los Estados Miembros
a que concluyan, sin demora, un convenio internacional para la represión de
los actos de terrorismo nuclear.
93. La amenaza del terrorismo biológico es distinta de la del terrorismo nuclear.
Pronto habrá miles de laboratorios en todo el mundo capaces de producir nuevos
microorganismos con un poder letal pavoroso. Nuestra mejor defensa ante este peligro
consiste en mejorar la salud pública, y las recomendaciones formuladas en este
sentido en la sección II del presente informe tienen una doble función: contribuirían
a hacer frente al azote de las enfermedades infecciosas naturales y fortalecerían
nuestra seguridad en caso de brotes causados por el hombre. Al comprometernos a
reforzar los sistemas locales de salud, tarea que nos ocupará durante una generación,
debemos asegurarnos también de que nuestra respuesta global actual sea apropiada.
La Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes Epidémicos de la Organización
Mundial de la Salud ha realizado un extraordinaria labor vigilando y tomando medidas
para contener brotes de enfermedades infecciosas mortales, de origen natural o
sospechoso. Pero lo ha hecho con muy pocos medios. Insto a los Estados Miembros
a proporcionarle los recursos que necesita para hacer este trabajo a fondo,
en bien de todos nosotros.
94. Los terroristas no responden ante nadie. En cambio, nosotros no debemos perder
de vista que hemos de rendir cuentas a los ciudadanos de todo el mundo. En
nuestra lucha contra el terrorismo, no hemos de poner nunca en peligro los derechos
humanos. Si lo hacemos, facilitamos el logro de uno de los objetivos de los terroristas.
Si abdicamos de nuestros principios morales, provocamos tensiones, odios y
desconfianza en los gobiernos precisamente entre esos sectores de la población en
que los terroristas esperan reclutar a sus colaboradores. Insto a los Estados Miembros
a nombrar a un relator especial que informe a la Comisión de Derechos
Humanos sobre la compatibilidad de las medidas contra el terrorismo con las
normas internacionales de derechos humanos.
Delincuencia organizada
95. La amenaza del terrorismo está estrechamente relacionada con la de la delincuencia
organizada, que va en aumento y afecta a la seguridad de todos los Estados.
La delincuencia organizada contribuye a debilitar a los Estados, obstaculiza el crecimiento
económico, alimenta muchas guerras civiles, socava regularmente las iniciativas
de consolidación de la paz de las Naciones Unidas y proporciona mecanismos
de financiación a los grupos terroristas. Los grupos de delincuentes organizados
tienen también un activo papel en el contrabando ilegal de migrantes y en el tráfico
de armas de fuego.
96. En los últimos años, las Naciones Unidas han realizado importantes progresos
en la construcción de una estructura de normas y criterios internacionales para la lucha
contra la delincuencia organizada y la corrupción, con la aprobación o la entrada
en vigor de varias e importantes convenciones y protocolos. Sin embargo, muchos
de los Estados partes en esos tratados no los han aplicado debidamente, a veces porque
carecían realmente de la capacidad para ello. Todos los Estados deberían ratificar
y aplicar estas convenciones, ayudándose mutuamente a reforzar sus sistemas
internos de justicia penal e imperio de la ley. Y los Estados Miembros
deberían proporcionar recursos suficientes a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito por el papel crucial que desempeña al supervisar la
aplicación de las convenciones.
C. Armas nucleares, biológicas y químicas
97. Las iniciativas multilaterales para controlar los peligros de la tecnología nuclear
y aprovechar al mismo tiempo sus ventajas son casi tan antiguas como las propias
Naciones Unidas. El Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares[12], que cumple 35 años este mes, ha resultado ser indispensable: no sólo ha reducido el
peligro nuclear, sino que ha demostrado el valor de los acuerdos multilaterales para
salvaguardar la paz y la seguridad internacionales. Pero hoy en día se ha producido
la primera retirada de una de las partes en el Tratado, que debe hacer frente a
una crisis de confianza derivada de las crecientes dificultades para su verificación y
aplicación. La Conferencia de Desarme, por su parte, se encuentra sumida en una
crisis en que debe demostrar su utilidad, debido en parte a procedimientos disfuncionales
de adopción de decisiones y a la consiguiente parálisis que provocan.
98. Es esencial lograr progresos tanto en el desarme como en la no proliferación y
ninguna de esas iniciativas debería ser rehén de la otra. Deberían reconocerse las recientes
medidas adoptadas en favor del desarme por los Estados poseedores de armas
nucleares. Algunos acuerdos bilaterales, como el Tratado sobre las reducciones de
las armas estratégicas ofensivas de 2002 firmado por los Estados Unidos de América
y la Federación de Rusia, han conducido al desmantelamiento de miles de armas nucleares
y a nuevos compromisos de seguir reduciendo drásticamente los arsenales.Sin embargo, la condición especial de los Estados poseedores de armas nucleares
entraña también una responsabilidad única. Esos Estados tienen que hacer más:
no deben limitarse a nuevas reducciones de sus arsenales de armas nucleares no
estratégicas, sino que deben tratar de concertar acuerdos de control de armamentos
que entrañen no sólo medidas de desmantelamiento sino la irreversibilidad
de esas medidas. También deberían reafirmar su compromiso de respetar las
garantías negativas de seguridad. Es esencial la rápida negociación de un tratado
que prohíba la producción de material fisionable. Asimismo, debe mantenerse
la suspensión de los ensayos nucleares hasta que consigamos que entre en
vigor el Tratado de prohibición completa de los ensayos nucleares. Aliento firmemente
a los Estados partes en el Tratado sobre la no proliferación de las armas
nucleares a que ratifiquen estas medidas en la Conferencia de Examen de 2005.
99. La difusión de la tecnología nuclear ha exacerbado una antigua tensión dentro
del régimen de no proliferación nuclear, derivada del simple hecho de que la tecnología
necesaria para obtener combustible nuclear para usos civiles puede utilizarse
también para fabricar armas nucleares. Las medidas para aliviar esta tensión deben
hacer frente a los peligros de la proliferación nuclear, pero también tener en cuenta
las importantes aplicaciones de la tecnología nuclear para el medio ambiente, la
energía, la economía y la investigación. En primer lugar, debe reforzarse la facultad
de verificación del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA)
mediante la aprobación universal del Modelo de Protocolo Adicional. En segundo
lugar, si bien no debe restringirse el acceso de los Estados no poseedores
de armas nucleares a los beneficios de la tecnología nuclear, debemos concentrarnos
en crear incentivos para que los Estados renuncien voluntariamente al
desarrollo de su capacidad interna de enriquecimiento del uranio y separación
del plutonio, garantizándoles al mismo tiempo el suministro del combustible
necesario para usos pacíficos. Una posible opción consistiría en que el OIEA
actuara de garante del suministro de material fisionable a precios de mercado a los
usuarios de energía nuclear con fines civiles.
100. Si bien el Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares sigue siendo
el fundamento del régimen de no proliferación, debemos acoger con beneplácito las
recientes iniciativas para complementarlo. Entre ellas figura la resolución 1540
(2004) del Consejo de Seguridad, concebida para impedir que agentes no estatales
tengan acceso a armas, tecnología y materiales nucleares, químicos y biológicos y
sus vectores, y la Iniciativa de lucha contra la proliferación, de carácter voluntario,
según la cual son cada vez más los Estados que cooperan para impedir el tráfico ilícito
de armas nucleares, biológicas y químicas.
101. La disponibilidad de misiles balísticos de mayor alcance y precisión preocupa
cada vez más a muchos Estados, al igual que la difusión de misiles portátiles que
podrían ser utilizados por terroristas. Los Estados Miembros deberían adoptar
eficaces medidas de control de las exportaciones nacionales de misiles y otros
vectores de armas nucleares, biológicas y químicas, cohetes y misiles portátiles,
así como la prohibición de transferir todos estos materiales a agentes no estatales. El Consejo de Seguridad debería considerar también la posibilidad de aprobar
una resolución encaminada a dificultar la adquisición o el uso de misiles portátiles
por parte de terroristas.
102. Deberían consolidarse los progresos realizados. En la Convención sobre la
prohibición del desarrollo, la producción, el almacenamiento y el empleo de armas
químicas y sobre su destrucción[13] de 1997 se prevé la completa eliminación y destrucción
de las armas químicas por todos los Estados partes, ofreciendo de este modo
una oportunidad histórica para completar una tarea iniciada hace más de un siglo. Los Estados partes en la Convención sobre las armas químicas deberían renovar
su compromiso de lograr la destrucción prevista de los arsenales declarados
de armas químicas. Hago un llamamiento a todos los Estados para que se
adhieran inmediatamente a la Convención.
103. La Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento
de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción[14] de 1975 ha gozado de un notable grado de apoyo y adhesión y se ha visto reforzada
en las recientes reuniones anuales. Los Estados partes deberían consolidar los resultados
de esas reuniones en la Conferencia de Examen de 2006 y comprometerse
a adoptar nuevas medidas para reforzar la Convención sobre las armas
biológicas y toxínicas. Hago también un llamamiento a todos los Estados para
que se adhieran inmediatamente a dicha Convención y que aumenten la transparencia
de sus programas de defensa biológica.
104. Se necesitan nuevas iniciativas para reforzar el régimen de seguridad biológica.
Debería reforzarse la capacidad del Secretario General de investigar el uso sospechoso
de agentes biológicos, según lo autorizado por la Asamblea General en su
resolución 42/37, a fin de incorporar las tecnologías y conocimientos más recientes;
y el Consejo de Seguridad debería hacer uso de esa capacidad, en consonancia con
su resolución 620 (1988).
105. Ciertamente, el Consejo de Seguridad debería estar mejor informado sobre todas
las cuestiones relacionadas con las amenazas nucleares, químicas y biológicas.
Aliento al Consejo a que invite regularmente al Director General del OIEA y al
Director General de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas a
que le informen sobre la situación de las salvaguardias y los procesos de verificación.
Yo mismo estoy dispuesto, en consulta con el Director General de la Organización
Mundial de la Salud, a hacer uso de la facultad que me confiere el Artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas para señalar a la atención del Consejo de Seguridad
cualquier grave brote de enfermedades infecciosas que ponga en peligro la paz y
la seguridad internacionales.
D. Reducción del riesgo y la prevalencia de la guerra
106. No hay tarea más fundamental para las Naciones Unidas que la prevención y
resolución de los conflictos armados. La prevención, en particular, debe ocupar un
lugar central en todos nuestros esfuerzos: desde la lucha contra la pobreza y el fomento
del desarrollo sostenible, pasando por el fortalecimiento de la capacidad de
los países para hacer frente a los conflictos, la promoción de la democracia y el imperio
de la ley y la reducción de la difusión de armas pequeñas y ligeras, hasta las
actividades operacionales de prevención, como el uso de buenos oficios, las misiones
del Consejo de Seguridad y los despliegues preventivos de contingentes.
107. Los Estados Miembros deben procurar que las Naciones Unidas tengan la
estructura apropiada y recursos suficientes para realizar estas tareas vitales.
Mediación
108. Aunque es difícil de demostrar, casi con toda seguridad las Naciones Unidas
han evitado muchas guerras gracias a los “buenos oficios” que ha interpuesto el Secretario
General para ayudar a resolver conflictos de manera pacífica. Durante los
15 últimos años, más guerras civiles han terminado gracias a la mediación que en
los dos siglos anteriores, en gran parte porque las Naciones Unidas han proporcionado
liderazgo, oportunidades de negociación, coordinación estratégica y recursos
para aplicar los acuerdos de paz. Pero sin duda podríamos salvar muchas más vidas
si tuviéramos la capacidad y el personal necesarios. Insto a los Estados Miembros
a que asignen más recursos al Secretario General para que pueda hacer valer
sus buenos oficios.
Sanciones
109. Las sanciones son un instrumento vital de que dispone el Consejo de Seguridad
para hacer frente preventivamente a las amenazas a la paz y la seguridad internacionales.
Constituyen un paso intermedio y necesario entre la guerra y las palabras. En
algunos casos, las sanciones pueden ayudar a lograr acuerdos. En otros, pueden
combinarse con la presión militar para debilitar y aislar a grupos rebeldes o a Estados
que violan de manera flagrante las resoluciones del Consejo de Seguridad.
110. La imposición de sanciones económicas y diplomáticas y de restricción de
armamentos, vuelos, viajes y productos básicos contra determinadas partes beligerantes,
en particular las personas más directamente responsables de aplicar políticas
censurables, seguirán siendo un instrumento vital en el arsenal de las Naciones
Unidas. Todas las sanciones del Consejo de Seguridad deberían aplicarse y hacerse
cumplir de manera efectiva reforzando la capacidad de los Estados para
aplicarlas, estableciendo mecanismos de vigilancia bien dotados de recursos y
paliando las consecuencias humanitarias. En vista de las difíciles circunstancias
en que a menudo se aplican las sanciones y de la experiencia adquirida en los últimos
años, los futuros regímenes de sanciones deben estructurarse con sumo cuidado a fin
de reducir al mínimo el sufrimiento que se causa a terceros inocentes —incluida la
población civil de los Estados objeto de las sanciones— y proteger la integridad
de los programas e instituciones interesados.
Mantenimiento de la paz
111. A lo largo de los decenios, las Naciones Unidas han hecho mucho para estabilizar
las zonas de conflicto, y en los 15 últimos años también para ayudar a los países
a salir de los conflictos, mediante el despliegue de fuerzas de mantenimiento
de la paz. Desde la publicación del informe del Grupo sobre las Operaciones de Paz
de las Naciones Unidas (A/55/305-S/2000/809, anexo), que dio lugar a importantes
reformas de la gestión de nuestras operaciones de mantenimiento de la paz, la renovada
confianza de los Estados Miembros en las actividades de mantenimiento de la
paz de las Naciones Unidas ha provocado un enorme aumento de la demanda,
con el resultado de que en la actualidad las Naciones Unidas tienen el mayor número
de misiones sobre el terreno de toda su historia. La mayoría de ellas están en
África, donde —lamento decir— los países desarrollados son cada vez más reacios
a aportar contingentes. Por este motivo, estamos trabajando al límite de nuestras
posibilidades.
112. Hago un llamamiento a los Estados Miembros para que redoblen sus esfuerzos
a fin de asegurar que las Naciones Unidas dispongan de una capacidad
efectiva de mantenimiento de la paz acorde con las exigencias que se imponen a
la Organización. En particular, les insto a que mejoren nuestras opciones de despliegue
creando reservas estratégicas que puedan utilizarse rápidamente, en el marco
de las disposiciones de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas no deben desarrollar
su capacidad compitiendo con los admirables esfuerzos que están haciendo
muchas organizaciones regionales, sino en cooperación con ellas. Por ejemplo, la
decisión de la Unión Europea de crear batallones en estado de alerta, y la de la
Unión Africana de crear su propia capacidad de reserva, son un complemento muy
útil de nuestras iniciativas. Creo ciertamente que ha llegado el momento de dar
un paso decisivo: el establecimiento de un sistema interrelacionado de medios
de mantenimiento de la paz que permita a las Naciones Unidas colaborar
con las organizaciones regionales pertinentes mediante alianzas previsibles y
fiables.
113. Como el imperio de la ley es uno de los elementos esenciales de una paz duradera,
los miembros del personal de mantenimiento y consolidación de la paz de las
Naciones Unidas tienen la solemne responsabilidad de respetar ellos mismos la ley,
y en especial los derechos de las personas a las que es su misión ayudar. En vista de
las recientes acusaciones de mala conducta formuladas contra administradores y
personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, el sistema de las Naciones
Unidas debe reafirmar su determinación de respetar, cumplir y aplicar el derecho
internacional, los derechos humanos fundamentales y las normas procesales
básicas. Tomaré medidas para reforzar la capacidad interna de las Naciones Unidas
de supervisar las operaciones de mantenimiento de la paz, y recuerdo a los Estados
Miembros su obligación de enjuiciar a cualesquiera miembros de sus contingentes
nacionales que cometan delitos o infracciones en los Estados donde han sido destacados. Me preocupan especialmente los casos en que se ha acusado a miembros
de las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas de haber explotado
sexualmente a menores y otras personas vulnerables y he adoptado la
política de no tolerar en absoluto tales delitos, que se aplica a todo el personal
que interviene en operaciones de las Naciones Unidas. Aliento firmemente a los
Estados Miembros a que tomen las mismas medidas con respecto a sus contingentes
nacionales.
Consolidación de la paz
114. Nuestro historial de éxitos en tareas de mediación y aplicación de acuerdos de
paz se ve tristemente empañado por algunos fracasos catastróficos. De hecho, algunos
de los episodios más violentos y trágicos de los años noventa ocurrieron tras la negociación
de acuerdos de paz: por ejemplo, en Angola en 1993 y en Rwanda en 1994.
Aproximadamente la mitad de los países que salen de una guerra vuelven a caer en
la violencia en un plazo de menos de cinco años. Estos dos hechos vienen a confirmar
el mensaje principal: para prevenir los conflictos, debemos asegurarnos de que
los acuerdos de paz se apliquen de manera sostenida y sostenible. Pero es precisamente
en este punto donde existe una enorme laguna en el mecanismo institucional
de las Naciones Unidas: ningún componente del sistema de las Naciones Unidas se
ocupa de ayudar a los países en la fase de transición de la guerra a una paz duradera. Por consiguiente, propongo a los Estados Miembros que establezcan una Comisión
de Consolidación de la Paz, de carácter intergubernamental, así como una
oficina de apoyo a la consolidación de la paz, en la Secretaría de las Naciones
Unidas, para alcanzar este objetivo.
115. Esta Comisión de Consolidación de la Paz podría desempeñar las funciones siguientes:
inmediatamente después de acabada una guerra, mejorar la planificación
de las Naciones Unidas para lograr una recuperación sostenida, centrándose al principio
en establecer las instituciones necesarias; ayudar a conseguir una financiación
previsible de las primeras actividades de recuperación, en parte proponiendo distintos
mecanismos posibles de financiación basados en cuotas, de carácter voluntario y
permanente; mejorar la coordinación de las múltiples actividades que desarrollan los
fondos, programas y organismos de las Naciones Unidas después de los conflictos;
proporcionar un foro en el que las Naciones Unidas, los principales donantes bilaterales,
los países que aportan contingentes, las entidades y organizaciones regionales
pertinentes, las instituciones financieras internacionales y el gobierno nacional o de
transición del país interesado puedan compartir información acerca de sus respectivas
estrategias de recuperación después de un conflicto a fin de lograr una mayor
coherencia; examinar periódicamente los progresos realizados en el logro de los
objetivos de la recuperación a plazo medio, y mantener la atención política en la fase
de recuperación después de un conflicto. No creo que ese órgano deba tener una
función de alerta o de vigilancia, pero sería útil que los Estados Miembros pudieran
disponer en cualquier momento del asesoramiento de la Comisión de Consolidación
de la Paz y solicitar asistencia de un fondo permanente para la consolidación de la
paz a fin de crear sus propias instituciones internas para reducir los conflictos, reforzando
también las instituciones que promueven el imperio de la ley.
116. Creo que este órgano ofrecería una combinación óptima de eficacia y legitimidad
si presentara informes al Consejo de Seguridad y al Consejo Económico y
Social sucesivamente, según la fase del conflicto. Debería evitarse la presentación
de informes simultáneos, porque producirían repeticiones y confusión.
117. Para ser verdaderamente eficaz, la Comisión de Consolidación de la Paz debería
estar integrada básicamente por un subconjunto de miembros del Consejo de Seguridad,
un número similar de miembros del Consejo Económico y Social, los principales
países que aportan contingentes y los principales donantes de un fondo permanente
para la consolidación de la paz. En sus operaciones en los distintos países,
la Comisión de Consolidación de la Paz debería contar con la participación de
las autoridades nacionales o de transición, las entidades y organizaciones regionales pertinentes, los países que aportasen contingentes, en caso de haberlos, y los principales
donantes al país en cuestión.
118. Es indispensable la participación de las instituciones financieras internacionales.
He iniciado conversaciones con ellas para determinar de qué manera podrían
intervenir mejor, manteniendo el debido respeto de sus mandatos y sistemas de
gestión.
119. Una vez terminadas estas conversaciones, antes de septiembre de 2005, presentaré
a los Estados Miembros una propuesta más detallada para que la examinen.
Armas pequeñas y armas ligeras y minas terrestres
120. La acumulación y proliferación de armas pequeñas y ligeras sigue siendo una
grave amenaza para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible. Desde la aprobación
en 2001 del Programa de Acción para prevenir, combatir y eliminar el tráfico
ilícito de armas pequeñas y ligeras en todos sus aspectos[15], se ha tomado mayor
conciencia del problema y ha habido diversas iniciativas para abordarlo. Hemos de
empezar a conseguir auténticos resultados aplicando rigurosamente los embargos
de armamentos, reforzando los programas de desarme de excombatientes y negociando
un instrumento internacional jurídicamente vinculante para reglamentar el
marcado y la localización de armas pequeñas y armas ligeras y otro para prevenir,
combatir y erradicar la intermediación ilícita. Insto a los Estados Miembros a que
acuerden un instrumento que reglamente el marcado y la localización, a más
tardar en la Conferencia encargada del examen del Programa de Acción que se
celebrará el año próximo, y a que aceleren las negociaciones sobre un instrumento
relativo a la intermediación ilícita.
121. Debemos seguir trabajando para eliminar el flagelo de las minas terrestres,
que, junto con otros explosivos remanentes de las guerras, todavía matan o mutilan
a personas inocentes en casi la mitad de los países del mundo, e impiden a comunidades
enteras escapar de la pobreza. La Convención sobre la prohibición del empleo,
almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su
destrucción16, complementado por el Protocolo Enmendado II1[17] de la Convención
sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que
pueden considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados[18], tiene
ahora 144 Estados partes y ha hecho sentir sus efectos sobre el terreno. Las transferencias
de minas prácticamente han cesado, se han desminado extensas zonas y se
han destruido más de 31 millones de minas almacenadas. Sin embargo, no todos los
Estados partes en la Convención la han aplicado plenamente y existen enormes cantidades
de minas en los arsenales de los Estados que están fuera del marco de la
Convención. Por consiguiente, insto a los Estados partes a que cumplan íntegramente
sus obligaciones y pido a los Estados que todavía no lo han hecho que
se adhieran tanto a la Convención como al Protocolo lo antes posible.
E. Uso de la fuerza
122. Por último, un elemento esencial del consenso que buscamos ha de ser un
acuerdo sobre cuándo y cómo se puede hacer uso de la fuerza para defender la paz
y la seguridad internacionales. En los últimos años esta cuestión ha dividido profundamente
a los Estados Miembros. Han discrepado acerca de si los Estados tienen
derecho a utilizar la fuerza militar de manera anticipatoria, para defenderse de amenazas inminentes, si tienen derecho a utilizarla de manera preventiva, para
defenderse de amenazas latentes o no inminentes, y si tienen el derecho —o quizás
la obligación— de utilizarla como protección, para salvar a los ciudadanos de otros
Estados de un genocidio o de crímenes comparables.
123. Es preciso llegar a un acuerdo sobre estas cuestiones para que las Naciones Unidas
sean, como estaba previsto, un foro para resolver diferencias y no un mero escenario
para representarlas. Y sin embargo, creo que la Carta de nuestra Organización, en
su forma actual, ofrece una buena base para llegar al entendimiento que necesitamos.
124. Las amenazas inminentes están plenamente previstas en el Artículo 51, que salvaguarda
el derecho inherente de los Estados soberanos a defenderse de un ataque
armado. Los juristas han reconocido hace tiempo que esto abarca tanto un ataque
inminente como un ataque ya ocurrido.
125. Cuando las amenazas no son inminentes sino latentes, la Carta concede autoridad
plena al Consejo de Seguridad para hacer uso de la fuerza militar, inclusive
de manera preventiva, para preservar la paz y la seguridad internacionales. En
cuanto al genocidio, la depuración étnica y otros crímenes similares de lesa humanidad,
¿no son también amenazas a la paz y la seguridad internacionales, contra las
cuales la humanidad debería poder buscar la protección del Consejo de Seguridad?
126. La tarea no consiste en encontrar alternativas al Consejo de Seguridad como
fuente de autoridad, sino en lograr que el Consejo funcione mejor. Cuando considere
si ha de autorizar o aprobar el uso de la fuerza militar, los miembros del Consejo
deben llegar a un acuerdo sobre cómo sopesar la gravedad de la amenaza; cuál es el
propósito de la acción militar propuesta; las probabilidades de que otros medios
distintos del uso de la fuerza permitan neutralizar la amenaza; si la opción militar
es proporcional a la amenaza en cuestión y si hay una posibilidad razonable de
éxito. Intentando justificar de este modo la acción militar, el Consejo daría una mayor
transparencia a sus deliberaciones y conseguiría con toda probabilidad que sus
decisiones fuesen más respetadas, tanto por los gobiernos como por la opinión pública
mundial. Por lo tanto, recomiendo que el Consejo de Seguridad apruebe
una resolución en la que establezca estos principios y exprese su intención de
regirse por ellos al decidir si ha de autorizar o prescribir el uso de la fuerza.
Notas:
12. Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 729, No. 10485. [Volver al texto]
13. Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo séptimo período de
sesiones, Suplemento No. 27 (A/47/27), apéndice I. [Volver al texto]
14. Resolución 2826 (XXVI) de la Asamblea General, anexo. [Volver al texto]
15. Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tráfico Ilícito de Armas
Pequeñas y Ligeras en Todos sus Aspectos, Nueva York, 9 a 20 de julio de 2001
(A/CONF.192/15), cap. IV. [Volver al texto]
16. CD/1478. [Volver al texto]
17. CCW/CONF.I/16 (Part I), anexo B. [Volver al texto]
18. Véase Anuario de las Naciones Unidas sobre Desarme, vol. 5: 1980 (publicación de las
Naciones Unidas, número de venta: S.81.IX.4), apéndice VII. [Volver al texto]
|
