La Ley Forestal No. 7575, del 16 de abril de 1996, se respalda en la Ley del Ambiente y establece como función esencial y prioritaria del Estado velar por la conservación, protección y administración de los bosques naturales y por la producción, el aprovechamiento, la industrialización y el fomento de los recursos forestales del país destinados a ese fin, de acuerdo con el principio de uso adecuado y sostenible de los recursos naturales renovables. En virtud del interés `público y salvo lo estipulado en el artículo 18 de esta Ley, se prohibe la corta o el aprovechamiento de los bosques en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales propiedad del Estado.

En asocio a los nuevos incentivos de índole económico, la Ley Forestal crea una serie de figuras administrativas que vienen a constituirse en ejes de apoyo e incentivo para la actividad forestal, tanto en lo que corresponde a la plantación de árboles como al manejo del bosque natural. Sobre ambos tipos de incentivos, se hace referencia a continuación:

A. Oficina Forestal: Como apoyo a la actividad forestal, se crea la Oficina Forestal como un ente público no estatal con personalidad jurídica propia.

B. Consejos Regionales Ambientales: En concordancia con lo establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, se retoman los Consejos Regionales Ambientales con amplia participación de la Sociedad Civil, destacando entre sus funciones el conocer y analizar los problemas forestales de la región donde están constituidos.

C. Certificado para la Conservación del Bosque (CCB): Como incentivo económico para la conservación, la Ley Forestal establece el Certificado para la Conservación del Bosque (CCB), financiados con recursos provenientes del impuesto selectivo de consumo a los hidrocarburos, con el propósito de retribuir, al propietario o poseedor, por los servicios ambientales generados al conservar su bosque, mientras no haya existido aprovechamiento maderable en los años anteriores a la solicitud del certificado ni durante su vigencia, la cual no podrá ser inferior a veinte años.

D. Fomento de las plantaciones forestales: Se permite que las plantaciones forestales, incluidos los sistemas agroforestales y los árboles plantados individualmente y sus productos, no requieran permiso de corta, transporte, industrialización ni exportación. Sin embargo, en los casos en que antes de la vigencia de esta Ley exista un contrato forestal, firmado con el Estado para recibir Certificado de Abono Forestal o deducción del impuesto sobre la renta, la corta deberá realizarse conforme a lo establecido en el plan de manejo aprobado por la Administración Forestal del Estado.

E. Fondo Forestal: Se establece el Fondo Forestal, cuyo objetivo será financiar programas de desarrollo forestal.

F. Fondo Nacional de Financiamiento (FONAFIFO): Se crea el Fondo Nacional de Financiamiento, cuyo objetivo es financiar a los pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, intervenido o no, los procesos de forestación, reforestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales.../

La Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los Países Afectados por Sequía Grave o Desertificación, en particular en África (was not ratified in 1996)

Observaciones adicionales pertinentes a este capítulo:

Si bien Costa Rica no presenta problemas de desertificación, por su ubicación en una área de grandes variaciones climáticas, sí presenta a su interior del territorio diferentes zonas propensas a la sequía y a las inundaciones como producto de la variabilidad climática, generalmente asociada al fenómeno ENOS (El Niño oscilación del Sur). Las consecuencias sobre la sociedad costarricense en los últimos años han sido significativas en términos de las pérdidas humanas asociadas a desastres naturales, los problemas de salud ante los cambios climáticos, el costo económico por la disminución en la producción, la destrucción de infraestructura, la pérdida de la biodiversidad y la misma desviación de los escazos recursos nacionales, para atender las zonas de emergencia.

En este sentido se ha incrementado la vulnerabilidad a los problemas de la sequía y a las inundaciones ante los procesos de urbanización, el crecimiento poblacional, el desarrollo de las actividades productivas, etc. En el caso de las zonas del país más afectadas por la Sequía (Región Chorotega y la Región Pacífico Central) los requerimientos de agua para consumo humano son mayores para ciertos usos, las actividades de riego, la producción energética y las demandas del sector turístico.

Para atender ésta situación, las acciones del país se han concentrado en la ampliación de la capacidad del Instituto Metereológico Nacional (IMN), con el próposito de desarrollar la capacidad nacional para mejorar los pronósticos de largo plazo. Actualmente bajo la rectoría y coordinación del IMN y de MIDEPLAN, se encuentra trabajando la Comisión Nacional del Fenómeno ENOS (COENOS), como marco de coordinación y cooperación interinstitucional, para promover las acciones que permitan posicionar la utilización de la información climática en la planificación nacional, por los diferentes segmentos de la sociedad costarricense. También es importante destacar los esfuerzos de la Comisión Regional de la Sequía de Guanacaste (Región Chorotega), en la promoción de procesos que ayuden a prevenir y mitigar los impactos de la sequía, reducir la vulnerabilidad en el largo plazo y proteger la base de los recursos naturales.

En ese sentido, los esfuerzos están dirigidos a establecer los siguientes puntos básicos:

1. Establecer políticas dirigidas a la capacitación y apoyo a especialistas para la sistematización de la información y el desarrollo del conocimiento de la variabilidad climática que permita desarrollar acciones para la identificación y la mitigación de los cambios climáticos (como el caso de las variaciones producidas por el fenómeno ENOS).

2. Establecer sistemas de monitoreo y alerta temprana que permita a los tomadores de decisiones ( gobierno, empresa privada, académicos y sociedad civil) contar con indicadores adelantados de la presencia de las sequías o de posibles inundaciones.

3. Contar con adecuados métodos y procedimientos para la valoración económica de dichos impactos; y

4. Establecer acciones de respuesta rápida para contrarrestar los efectos provocados por los fenómenos.

Los planes de trabajo de COENOS se han orientado a fortalecer éstas capacidades nacionales y de respuesta a la población para facilitar la mitigación de los problemas de la squía y las inundaciones.

A partir de 1970 con el inicio del proceso de creación de las áreas de conservación, gran parte de las zonas más frágiles de montañas que mantenían cierta protección natural fueron incorporadas como parques nacionales o zonas de reservas biológicas y forestales, principalmente en la Coordillera de Talamanca, las parte altas de la Cordillera Volcánica Central y algunos sectores de la Cordillera de Guanacaste (Volcanes). No obstante, un amplio sector de la población, sobre todo campesina, desarrolla sus actividades en zonas de ladera y es parte del paisaje tradicional que rodea a las principales cuidades y pueblos asentados en la Meseta Central y zonas como Puriscal, Los Santos, el Cerro de la Muerte, San Isidro de El General, Coto Brus, San Ramón, Zarcero, Tilarán, Monteverde, Turrialba, entre otras.

En la actualidad, como parte del manejo de las áreas de conservación y de utilización del recurso suelo, se desarrollan programas dirigidos al apoyo de las poblaciones ubicadas en zonas de ladera y al manejo de cuencas hidrográficas; por lo general estas áreas fueron incorporadas al desarrollo nacional sin ninguna restrición. En la actualidad se carece de programas especiales dirigidos al manejo de los recursos naturales y a la atención de las poblaciones ubicadas en zonas de montañas, salvo aquellas ligadas a las áreas de conservación.

Si bien son diversas las instituciones responsables de promover el desarrollo de las comunidades rurales del país (MAG, MINAE, IDA, CNP, IMAS M. de Salud; etc.), los programas son establecidos en foma general y se dirigen especialmente a mejorar las condiciones de los sectores de reciente colonización, ubicados en las áreas bajas de las regiones Norte, Guanacaste, la Atlántica y Osa-Golfito.

Con los recientes problemas ocasionados por los fenómenos climáticos, las zonas de montaña han presentado diversos problemas de erosión del suelo, avalanchas de sedimentos, destrucción de causes e infraestructura, lo cual ha generado incertidumbre y la necesidad de revisar las políticas de manejo de la tierra, que permitan el establecimiento de planes de ordenamiento territorial de aquella zonas que poseen recursos frágiles.

La transformación agropecuaria: Es el medio por el cual se articula la estructura productiva como mecanismo para obtener un mayor valor agregado en el uso de los recursos naturales y un mejor aprovechamiento de los mismos. Se busca promover formas de producción armónicas con la naturaleza a través del aumento de la industrialización de los desechos agrícolas, un uso más racional del suelo y el agua, incorporación de tecnologías que permitan producir con eficiencia, pero sin destruir los recursos renovables, entre otras. También se impulsan programas para el desarrollo de alternativas de producción más rentables para los productores agropecuarios.

El desarrollo rural: Se busca promover un estilo de desarrollo rural que permita la reducción de la pobreza, acelerar los procesos de ascenso social, reducir las brechas de desarrollo que existen en distintas partes del agro costarricense, fortalecer el papel de la mujer y rescatar la identidad cultural de las zonas rurales del país.

Eliminación de la pobreza rural: Se busca combatir la pobreza rural de manera integral a partir de tres ejes básicos que son la generación de nuevas fuentes de empleo, la elevación de los ingresos de los habitantes de las zonas rurales, y el garantizar un acceso real a la política social. Para ello se llevan a cabo el Programa de Equipos Básicos de Atención Integral de la Salud (EBAIS); Programas de Vivienda Rural; y programa para dotar a los niños y niñas de las zonas rurales los recursos para su nutrición, salud y educación (PROINFANCIA).

La política o estrategia nacional se orienta a:

Integrar a los pequeños y a los grandes productores, para que esta articulación sea el soporte de una modernización integral, que involucre a todos los sectores y a todas las regiones.

Integrar la producción y la comercialización, para posicionar mejor nuestros bienes y servicios en el mercado internacional.

Integrar la agricultura, la industria y los servicios, para generar producción con un mayor valor agregado y un alto contenido de conocimiento.

Integrar los ambiental y lo productivo, para promover una relación armoniosa entre recursos, población y territorio, tanto para el presente como para el futuro de nuestras generaciones.

Integrar lo económico, lo productivo y lo social, para lograr que el bienestar de la mayoría se convierta nuevamente en el centro y objetivo del crecimiento económico.

Algunas acciones que se han venido ejecutando:

El Programa de Agricultura Orgánica, a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cuyo objetivo es dictar las políticas y estrategias para fomentar, promover y controlar la producción y consumo de productos órganicos en armonía con el ambiente, mejorando el ingreso del productor y la salud del consumidor. Entre las acciones del programa destacan: i) la conservación de 3,300 hectáreas de suelos y 6,100 hectáreas con estudios de conservación de suelos y aguas; ii) reglamentar la Ley Orgánica del Ambiente # 7554 en lo que corresponde a agricultura órganica; iii) desarrollo de una campaña educativa a nivel Nacional sobre la importancia de la agricultura orgánica; iv) constitución de la Comisión de Agricultura Orgánica; y v) la caracterización de 20,000 hectáreas de suelos del Río Barranca.

El Convenio sobre la diversidad biológica fue firmado en 1992 y ratificado en 1994.

La Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres : No información.

Observaciones adicionales pertinentes a este capítul: Costa Rica posee en su pequeño territorio, una de las mayores concentraciones de biodiversidad del planeta. Por ejemplo, en sus 51,100 km2 de extensión se concentran 12 zonas de vida con variadas transiciones y 4 centros mayores de endemismo, estimándose que esas zonas en su conjunto contienen más de 12,000 especies de plantas, cerca de 850 especies de aves, más de 200 especies de mamíferos y aproximadamente 300,000 especies de insectos. En total, se ha estimado que entre 500,000 y un millón de especies están representadas en Costa Rica, y que el país posee al menos un 5% de la diversidad biológica que existe sobre la tierra.

El Estado Costarricense inició desde hace más de 20 años la creación de un sistema de áreas de conservación, que es hoy reconocido mundialmente. Dichas áreas se clasifican actualmente en siete categorías de manejo: parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, zonas protectoras, refugios de fauna silvestre, humedales, y un monumento nacional. Desde el punto de vista de manejo, estas áreas se dividen en dos categorías: áreas de protección total y áreas de protección parcial. Las áreas de protección total están enteramente dedicadas a la protección y conservación de la biodiversidad; incluyen los parques nacionales, las reservas biológicas y los monumentos nacionales, y abarcan cerca de un 16% del territorio nacional. Las áreas de protección parcial abarcan cerca de un 15% de territorio nacional e incluyen las reservas forestales, refugios de vida silvestre, y zonas protectoras; aproximadamente un 80% de dichas tierras son de propiedad privada. La preocupación conservacionista también se ha dado a nivel privado, con el involucramiento de organizaciones no gubernamentales en el manejo de importantes reservas privadas, dirigidas a la promoción del ecoturismo, la educación, la investigación y la protección de la biodiversidad. Estas reservas privadas están actualmente organizadas en una Red de Reservas Privadas.

La consolidación de dicho Sistema ha sido definida como una de las prioridades de la actual administración. El nuevo enfoque busca transformar la estructura tradicional de hace veinte años, en lo que se ha denominado el "Sistema Nacional de Áreas de Conservación" (SINAC). El concepto de Área de Conservación se refiere a una porción del territorio nacional que tiene como uso principal la conservación de la diversidad biológica silvestre. Es un espacio territorial, que agrega en una sola categoría de manejo distintos tipos de áreas silvestres protegidas, generalmente propiedad del Estado, que se han venido creando con el tiempo, y que históricamente han recibido diferentes nombres (parques nacionales, reservas biológicas, reservas forestales, zonas protectoras, refugios de fauna silvestre, humedales, y monumentos nacionales). La integración física de distintas áreas silvestres protegidas se logra mediante el establecimiento de corredores biológicos, zonas de amortiguamiento y similares. El modelo SINAC incorpora dos elementos, que se consideran fundamentales para promover un mejor manejo de los recursos naturales a nivel local: (1) la descentralización de la administración de las áreas de conservación; y (2) la incorporación de las comunidades vecinas y gobiernos locales en el manejo de los recursos y en la toma de decisiones. Se pretende que esas comunidades no solo contribuyan a las actividades de conservación sino que también sean partícipes de los beneficios derivados del uso sostenible de la biodiversidad y otros servicios económicos proveídos por dichas áreas, tales como la actividad turística.

El Plan Nacional de Política Ambiental (PNPA), elaborado por el actual gobierno de Costa Rica, ratifica como una de sus áreas prioritarias la protección, conservación y manejo de los recursos naturales, con el objetivo de garantizar la protección efectiva de la biodiversidad del país y promover su conocimiento y su uso sostenible, para el disfrute intelectual, espiritual y el desarrollo económico de la generaciones presentes y futuras de costarricenses.../

Mención especial merece la labor realizada por el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio), una institución no gubernamental de interés público, que tiene como misión promover la conservación, conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad del país. Entre los logros alcanzados por el INBio destacan:

La formulación de un marco conceptual en donde se establece, que la mejor manera de conservar la biodiversidad del pa's, es mediante su utilización para mejorar la calidad de vida de la sociedad costarricense, involucrando a los más diversos sectores de la sociedad en el proceso.

El desarrollo de una institución especializada en el conocimiento y utilización de la biodiversidad, que responde en todos sus aspectos a lo planteado en documentos internacionales como la Estrategia Global de Biodiversidad y en la Convención para la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas.

El desarrollo de un novedoso sistema de realización de inventarios de biodiversidad, que involucra principalmente a miembros de las comunidades rurales y trabajadores del Sistema de Parques Nacionales, que hacen el trabajo de campo, as' como a tcnicos, biólogos nacionales y expertos internacionales, los cuales en conjunto constituyen un equipo de una gran eficiencia, en su trabajo taxonómico.

El desarrollo de Sistemas de Información utilizando las más modernas tecnologías informáticas, que le permiten a la institución poner la información en formatos muy diversos, adecuados a los intereses y necesidades de los diversos sectores de la sociedad.

Un Programa de Prospección de la biodiversidad que utilizando enfoques científicos y tecnológicos modernos, busca nuevos productos derivados de organismos silvestres costarricenses, de interés en la industria química, farmacéutica, agrícola y biotecnológica, garantizando la mejora de la capacidad científica y tecnológica nacional y una participación justa y equitativa del país en las ganancias que potencialmente podr'an derivarse de la comercialización de dichos productos.

La promoción de la utilización de la información sobre biodiversidad para fines educativos, científicos, turísticos, legales, conservacionistas o recreativos, que contribuyan a la valorización de la biodiversidad por razones intelectuales y espirituales.

El INBio ha sido además identificado como una institución pionera y ejemplo para otros países. Ha firmado acuerdos con el Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE) de Panamá y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARENA) de Nicaragua, para la promoción de instituciones nacionales para la gestión de la biodiversidad; además, se han realizado actividades puntuales de cooperación horizontal en con Guatemala y el El Salvador.

Se han elaborado procedimientos, métodos, y regulaciones para el desarrollo y aplicación de biotecnología en el campo de la ingeniería genética, especialmente en lo que respecta a la introducción, transporte, y liberación en el campo de plantas transgénicas. Desde el punto de vista de bioseguridad se siguen las normas establecidas por parte de países desarrollados. Estos mecanismos, procedimientos y regulaciones facultan a los organismos gubernamentales para que refuercen sus capacidades técnicas-científicas en el control y la supervisión de las biotecnologías, mediante la capacitación y la implementación de políticas que promuevan el desarrollo de biotecnología.

La comercialización de biotecnologías y la adopción de medidas para su aplicación y gestión ecológicamente racionales han sido estimuladas por el creciente desarrollo agrícola del país, unido a una preocupación también creciente por la sostenibilidad del desarrollo en la elaboración de políticas agropecuarias, así como la introducción de tecnologías avanzadas en la producción de alimentos, y la introducción y establecimiento de proyectos y programas biotecnológicos por parte de la industria internacional.

Programas de biotecnología:

La conducción del desarrollo científico y tecnológico del país le corresponde al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICYT), institución que emite y coordina el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, en cuyo marco se contemplan actividades para la promoción del desarrollo de la biotecnológía en el país, las cuales son ejecutadas en coordinación con instituciones tales como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), y Universidades. Existe una Comisión Nacional de Biotecnología, creada mediante Decreto Ejecutivo (2106), con el objetivo de promover el desarrollo de la biotecnología en el país y de coordinar las acciones de distintas instancias nacionales en este campo. Entre los programas que se implementan actualmente destacan el proyecto de control biológico de plagas y el proyecto de desarrollo de cultivos de tipo vegetal, con énfasis en papa.

El proyecto de control biológico de plagas tiene como objetivo investigar y aplicar el conocimiento desarrollado en el campo de la biotecnología para manejar plagas sin el uso de productos tóxicos dañinos para la salud humana y del ambiente. El proyecto promueve la coordinación de esfuerzos entre los laboratorios de las universidades y de empresas privadas y la documentación de las investigaciones realizadas en ellos, así como la transferencia de las nuevas técnicas a usuarios potenciales. Entre los logros alcanzados destaca el trabajo realizado por las universidades para el manejo integrado de la mosca del mediterráneo, la mosca doméstica y la mosca del mango, que ha redundado en beneficios económicos importantes para los productores nacionales. También es importante destacar la documentación de la información para el programa de biotecnología de América Latina y el Caribe.

La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar fue firmada en 1982 y ratificada en 1994.

Véanse asimismo los cuadros adjuntos en las páginas siguientes.

Costa Rica posee en mares patrimoniales una extesión diez veces mayor a la de su territorio continental. Las áreas de conservación protegen aproximadamente 317.165 hectáreas en áreas marinas, lo cual evidencia los esfuerzos de conservación dirigidos al campo marino. Entre estas áreas destacan: Manuel Antonio; Cabo Blanco; Parque Nacional Marino Ballena; la Isla del Coco; Cahuita y Tortuguero.

Las áreas silvestres protegidas con ambientes marinos protegidos, son reductos que albergan los mejores reservorios de diversidad genética, de especies y de ecosistemas de país. Poblaciones silvestres de invertebrados (arrecifes de coral y los diversos organismos acompañantes, por ejemplo: en Isla del Caño y en Isla del Coco), de peces e invertebrados de importancia comercial (como pianguas y almejas en las costas de Corcovado y Sierpe-Térraba) y asociaciones naturales de gran belleza escénica (como las Islas Murciélago en Guanacaste), hoy sólo pueden ser encontradas en Parques y reservas que protegen ambientes marinos y costeros.

En las áreas silvestres protegidas se encuentran importantes zonas de reproducción y de diseminación de especies de importancia comercial (p.ej. cambute en Cabo Blanco); de esta forma, estas áreas no sólo protegen la diversidad biológica in situ, sino que se convierten en exportadores de especies hacia zonas aledañas no protegidas, ayudando así a mantener la estructura y diversidad de los ecosistemas marinos del país.

No obstante que se reconoce la importante función que cumplen estas áreas, la investigación que se ha realizado en ellas no es suficiente para garantizar esquemas adecuados de manejo. Para atender las necesidades de manejo y conservación de la zona costera y marina, a nivel de ecosistema más que de especies individuales, Costa Rica en 1995 propuso la creación de un Programa Nacional Marino Costero (PROMAR), que busca lograr una acción institucional coordinada, y garantizar, además, un balance adecuado entre los esfuerzos dedicados a los sistemas de transición -a nivel costero- y a los propiamente marinos.

En una etapa inicial los esfuerzos se centran en la consolidación y manejo de las Áreas Marinas de Uso Múltiple (AMUM). Estas áreas son: Golfo de Nicoya; Golfo Dulce; Atlántico Norte; Atlántico Sur; Pacífico Nortre e Isla del Coco. Con este esfuerzo se busca iniciar acciones de mayor proyección para la protección del patrimonio marítimo nacional, así como establecer una Unidad de Manejo Costero en el MINAE.

Con la aprobación de la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Pesca y Acuacultura (INCOPESCA), No. 7384 del 16 de marzo de 1994, se pretende generar todo el marco jurídico para estimular el desarrollo del sector pesquero, como uno de los de mayor potencial, riqueza e importancia dentro del modelo de desarrollo sostenible que impulsa el país.

No obstante, existen problemas importantes de manejo y tratamiento de aguas servidas, por la falta de mecanismos adecuados de recolección, tratamiento y disposición de aguas negras. Solo el 30.2% de la población urbana cuenta con servicios de alcantarillado sanitario y de estas sólo el 4.7% recibe tratamiento antes de su descarga en los cuerpos receptores, por lo que la mayoría de los ríos en zonas urbanas están siendo contaminados. En el caso del área metropolitana, donde se concentra la mayor parte de la población nacional, el 100% del alcantarillado descarga sin tratamiento previo a los ríos que la cruzan, todos los cuales forman parte de la Cuenca del Río Grande de Tárcoles. Esto produce problemas ambientales en áreas de riego de cultivos de hortalizas y vegetales, y sobre el litoral del Golfo de Nicoya, en donde se afectan playas y esteros, lo cual afecta negativamente actividades como el turismo y la pesca artesanal. En la actualidad se realizan estudios y programas de acción por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) y del Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE), orientados a revertir esta situación. Otras cuentas del país también presentan impactos ambientales, causados por actividades de desarrollo agropecuario y la extracción de recursos relacionados con el agua, el suelo y los bosques. Se tienen áreas de drenaje que constituyen potenciales sitios de aprovechamiento, ubicadas en diferentes sectores del país, en donde los cambios drásticos y la presión por el uso de las tierras, sumado a la intensidad de las actividades urbanas industriales y agroindustriales, agropecuarias y minerales provocan desequilibrios que afectan la cantidad y la calidad.

Actualmente, con el propósito de revertir los problemas de manejo de los recursos hidrícos, existe en la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Reestructuración del Sector Hídrico, en el que se propone una legislación que reconoce que el agua es un recurso de dominio público, definiéndose responsabilidades del Estado para garantizar su uso racional, con la participación de las comunidades.

Ligado a estas acciones, con la aprobación de la Ley del Ambiente y Energía en 1995, se establece al MINAE como ente rector del recurso hídrico. Esto ha permitido que dicho ministerio haya asumido paulatinamente funciones fundamentales que se encontraban en otras instituciones como el Servicio Nacional de Electricidad (SNE). También son importantes los esfuerzos que han emprendido diferentes ONG's y organizaciones locales comunales que desarrollan proyectos de rescate y conservación de importantes cuencas del país, como en el caso de la protección de los rios Virilla, Tempisque y Térraba.

Finalmente, es importante destacar que la Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos que se aprobó recientemente en la Asamblea Legislativa faculta la incorporación de consideraciones ambientales en la definición de las tarifas que se cobran por los distintos usos que se hacen de dicho recurso.

El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación fue firmado en 1988 y ratificado en 1994.

El último informe a la Secretaría del Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos de los desechos peligrosos y su eliminación fue preparado en 1996.

Observaciones adicionales pertinentes a este capítulo

La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó, como complemento al Convenio de Basilea, un Acuerdo Regional a nivel centroamericano que impide la importación de desechos y sustancias peligrosas al territorio.

El país ha avanzado en términos legales pero se ha quedado rezagado en el plano institucional ya que no dispone de la infraestructura necesaria y suficiente para inspeccionar los diferentes materiales declarados en las Aduanas. Además, no se han formado los cuadros técnicos y profesionales que brinden un servicio expedito para el trasiego de mercaderias en las aduanas y en los puertos de acceso al país.

Respecto a los desechos hospitalarios peligrosos, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) realizó un diagnóstico nacional de los centros de Salud, para conocer la sistuación de los hospitales con lo que se iniciaron acciones concretas como: la creación de un programa para el manejo de los desechos hospitalarios en 1995, que se amplió en 1996 a un programa institucional de saneamiento básico. Esta Oficina forma parte de la Dirección Técnica de Servicos de Salud, la cual depende a su vez de la Gerencia de la División Médica.

En 1995 se enviaron cuatro profesionales a México para un curso sobre manejo de desechos hospitalarios. Otro ingeniero está realizando una maestría en manejo de desechos en la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) con el apoyo financiero de la CCSS. Se han realizado dos cursos de capacitación para el personal encargado de la manipulación de los desechos hospitalarios.

Los desechos hospitalarios peligrosos son del orden de las 402 toneladas métricas por año, que en muchos casos se envian sin el tratamiento adecuado a rellenos sanitarios. La Caja Costarricense del Seguro Social ha tomado muy en serio esta situación, relativa al manejo integral de los desechos hospitalarios peligrosos y ha estructurado un programa para enfrentar esta problemática a efecto de minimizar su impacto, teniendo presente la Ley Orgáncia del Ambiente N 7554. Dentro de este programa, se tiene en estudio un proyecto de ubicación de un relleno sanitario de seguridad para los desechos hospitalarios peligrosos.

El tratamiento final de los desechos continua siendo un problema que involucra a la comunidad y los entes públicos. Las normativas existentes no establecen de manera clara y actualizada la clasificación, segregación, tipo de transporte, rutas y sitios donde enviarse los desechos precedentes.

Respecto a las aguas cloacales, se trabaja en proyectos de descontaminación de la cuenca más deteriorada del país, la del río Grande de Tárcoles.

También se han creado y puesto en funcionamiento formas creativas de financiamiento y cooperación para el desarrollo sostenible, tales como el Convenio Bilateral para el Desarrollo Sostenible entre Costa Rica-Holanda (CBDS) y la Iniciativa de Implementación Conjunta (IC). La operación del CBDS ha propiciado la organización y operación de espacios y mecanismos de participación y estructuración de la sociedad civil y la ejecución de proyectos específicos con enfoque de desarrollo sostenible. En materia de IC se ha logrado la aprobación de nueve proyectos por parte del Programa de IC del Gobierno de los Estados Unidos de América, que apoyan proyectos energéticos y forestales.

El Convenio Bilateral de Desarrollo Sostenible entre la República de Costa Rica y el Reino de los Países Bajos (CBDS) es un modelo novedoso en desarrollo que estimula una nueva modalidad de cooperación Norte-Sur. Está sustentado en los principios de la Equidad, la Reciprocidad, la Participación activa y efectiva, la Gradualidad de las acciones y el largo plazo de la Cooperación (véase capítulo 37).

CAMBIOS EN EL PRESUPUESTO NACIONAL PARA ATENDER AL DESARROLLO SOSTENIBLE:

No se han dado cambios fundamentales en la forma de elaborar el presupuesto nacional. Sin embargo, en el marco del Sistema Nacional de Evaluación (SINE), un programa del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica para el mejoramiento de la gestión del sector público, se desarrollan actividades que pretenden hacer del Presupuesto un instrumento de apoyo a las acciones estratégicas definidas en el Plan Nacional de Desarrollo.

Además, se ha buscado reorientar la cooperación internacional en función de las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo y otros planteamientos de política articulados alrededor del concepto de desarrollo sostenible.

NUEVOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS:

La Ley Forestal introduce el concepto de "servicios ambientales", que se refieren a los servicios que prestan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento de medio ambiente. La Ley del Ambiente incluye explícitamente la mitigación de emisiones de gases con efecto de invernadero, la protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico; la protección de la biodiversidad para su investigación y usos potenciales científicos, farmacéuticos, y de mejoramiento genético; y la protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos. Paralelamente, se crea un nuevo instrumento denominado "Certificados de Protección del Bosque" mediante el cual se retribuye dichos servicios ambientales a los dueños de las propiedades correspondientes. Este hecho es muy significativo tanto en términos de política ambiental como de política económica, pues por primera vez se reconoce en una ley nacional, que los bosques proveen muchos bienes y servicios, además de madera y tierra para la agricultura, para muchos de los cuales no existe un mercado, y que es necesario valorar adecuadamente.

Se hizo la primera emisión de Certificados Transferibles de Compensasión (CTE), un instrumento financiero por medio del cual se van a comercializar internacionalmente en los mercados bursátiles, los créditos por la captura de carbono provenientes de proyectos de implementación conjunta. El producto de la primera emisión por $2 millones será utilizado en el pago de servicios ambientales a pequeños y medianos propietarios privados de bosque que realicen actividades de reforestación o protejan voluntariamente sus bosques, en la forma de CPBs.

Se han realizado estudios para incorporar en las tarifas de agua potable el costo de protección de los acuíferos que se encuentran en áreas protegidas.

De los incrementos anuales en el precio de los hidrocarburos un tercio se destinará a promover actividades de reforestación que contribuyan a la fijación de gases que causan efecto invernadero.

ELIMINACIÓN DE LAS SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES QUE AFECTAN ADVERSAMENTE AL MEDIO AMBIENTE:

La reforma planteada en la nueva Ley Forestal se orienta a fomentar el manejo del bosque natural y la recuperación de tierras de aptitud forestal, en lugar de subsidiar la reforestación, complementada con la eliminación de barreras comerciales. La eliminación de los subsidios a la reforestación se sustenta en el argumento de que esta, al igual que cualquier otra actividad productiva rentable, debería poder subsistir sin subsidios.

También se ha avanzada en la eliminación de distorsiones económicas que han promovido la deforestación, tales como políticas agropecuarias que han favorecido el uso agropecuario de la tierra sobre el forestal; lo que se busca es promover políticas con incentivos que permitan capturar las externalidades positivas asociadas a los bosques, en lugar de promover políticas agropecuarias que exacerban las externalidades negativas asociadas con el uso de suelos de vocación forestal en actividades agropecuarias, tales como las políticas de crédito subsidiado y de subsidios directos para la ganadería que se aplicaron en el pasado.../

Como parte del nuevo enfoque de la política agropecuaria, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha iniciado la promoción de actividades de agroforestería, que permitan la reforestación de tierras de aptitud forestal actualmente abandonadas o dedicadas a la ganadería. Un ejemplo es un proyecto piloto de reforestación de fincas ganaderas en el Pacífico Central, donde se trabaja con 300 fincas para la implementación de árboles dispersos, regeneración natural, protección de nacientes, tapavientos, árboles en linderos, cercas vivas y bancos forrajeros.

Finalmente, es importante destacar que, como parte de los avances en materia de modernización de la política forestal, la Ley Forestal también establece que las tierras con bosque propiedad de particulares, servirán para garantizar préstamos hipotecarios ante el Sistema Financiero Nacional. El bosque servirá como criterio de valoración del inmueble, pero en ningún caso dará derecho automático de explotación forestal a los entes financieros ni a terceros, en caso de ejecución de la garantía.

Costa Rica es receptor de ADO. Sin embargo, en años recientes ha comenzado a jugar un papel importante en la provisión de cooperación técnica no financiera, especialmente en áreas en que el país a alcanzado avances importantes, tales como el manejo de área de protección, y en salud.

(en millones de dólares EE.UU.)

MEDIOS DE EJECUCIÓN: No se dispone de información.

MEDIDAS ADOPTADAS PARA PROMOVER LA COMPRENSIÓN CIENTÍFICA, MEJORAR LA EVALUACIÓN CIENTÍFICA A LARGO PLAZO, AUMENTAR LA CAPACIDAD Y LAS APTITUDES: No se dispone de información.

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En este contexto, las acciones estratégicas impulsadas por el Ministerio de Educación apuntan a: i) la universalización de la educación preescolar; ii) el mejoramiento de la calidad de la educación básica, que considera el fortalecimiento de la enseñanza de lenguas extranjeras en primaria y secundaria; iii) el programa de informática educativa; iv) el mejoramiento de la calidad de la educación y vida en las comunidades urbano-marginales y en las escuelas unidocentes; v) el suministro básico educativo (comedores escolares, útiles y uniformes escolares) para aumentar la retención de los estudiantes; vi) la educación ambiental y en desarrollo sostenible, y vii) el programa de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

En 1996, el Poder Ejecutivo ha sometido a conocimiento del Parlamento los Proyectos de Ley de Fundamentos y Garantías para el Desarrollo y Mejoramiento continuo del Sistema Educativo Nacional y el Proyecto de Reforma al Artículo 78 de la Constitución Política, los cuales tienen por objetivo establecer la base legal para la ejecución de una política educativa estatal que asegure y garantice el desarrollo y mejoramiento del Sistema Educativo Costarricense con una visión de sostenibilidad financiera y tecnológica. Por ello pretende garantizar constitucionalmente una asignación de un 6% del PIB para la educación.

a) reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible

De la estrategia educativa emanada del Plan Nacional de Desarrollo, uno de los aspectos claves para la implementación del desarrollo sostenible en lo que se refiere al componente educativo ambiental, es introducir cambios en los patrones de consumo y formas de producción adoptadas por la sociedad costarricense y que tienen un impacto sobre el medio ambiente y la base de los recursos naturales, así también su acción para la resolución de los problemas ambientales. En virtud de estas orientaciones, en 1995 se crea en el Ministerio de Educación Pública, en el marco de la Política Educativa hacia el Siglo XXI, la Gerencia de Educación Ambiental para el Desarrollo Sostenible, con el fin de integrar institucionalmente, además del ambiente, el concepto de desarrollo sostenible en todas las materias del curriculum, lo cual incluye aspectos poblacionales, sociopolíticos, económicos y demográficos, determinantes de la calidad de vida. A nivel operacional, se ha promovido también un Plan Nacional de Recolección y Reciclaje de Papel en las escuelas e instituciones públicas, se desarrolla un proyecto de protección de microcuencas, se ha financiado un programa de Educación Ambiental dirigido a la elaboración de materiales y guías didácticas de educación ambiental en apoyo a la temática de investigación y el desarrollo sostenible.../

En términos de la capacitación profesional, debe observarse que uno de los principales lineamientos de política del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) apunta a elaborar y participar en programas orientados al desarrollo de actitudes y valores en torno a la sostenibilidad, en el marco de una coexistencia racional y en equilibrio entre trabajo/producción y el medio ambiente. Para tal efecto, el INA ha desarrollado un proyecto de reestructuración institucional que apunta a la organización y coordinación de un Sistema Nacional de Capacitación y Formación profesional de todos los sectores de la actividad económica, de conformidad con las directrices del Poder Ejecutivo y con las disposiciones legales correspondientes. Ha desarrollado un conjunto de proyectos en el área de la sostenibilidad y ha emanado directrices para incluir los temas ambientales en los curricula que imparte el Instituto, así como la participación en un proyecto para la capacitación y formación profesional en desarrollo sostenible.

b) Aumento de la toma de conciencia

El desarrollo sostenible es un modelo que considera fundamental la capacidad de los pueblos para usar los recursos y así mejorar su calidad de vida, al satisfacer sus necesidades básicas sin aniquilar esos recursos, sino más bien garantizándolos para la sobrevivencia de las futuras generaciones. El éxito de las prácticas de desarrollo sostenible en las comunidades dependerá de si dichas prácticas satisfacen las necesidades de los individuos. En este proceso de cambio de actitud, la educación juega un papel preponderante. En este sentido, en Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública ha liderado un proceso de transformación e innovación en los planes curriculares de la enseñanza general básica, de tal manera que se está induciendo un proceso de concientización en la población estudiantil costarricense sobre la educación ambiental para el desarrollo sostenible y el mejoramiento de la calidad de la educación .

En el sector educativo, también el INA se encuentra adelantando iniciativas en el área de sostenbilidad, incorporando de manera sistemática los temas ambientales en los curricula de los programas que imparte; destaca además el proyecto para la capacitación y formación profesional en desarrollo sostenible.

El Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible (SINADES) como mecanismo de la adminstración pública, propicia la incorporación del enfoque de sostenibilidad en todas las acciones del Estado, considerando las dimensiones social, económica y ambiental. Para ello desarrolla actividades de capacitación dirigidas tanto a funcionarios públicos como a personal técnico de organizaciones de la sociedad civil, incluyendo organizaciones empresariales.

Las Universidades Estatales han incorporado en algunas de sus carreras el enfoque de la sostenibilidad y el de la educación ambiental, generando acciones de producción de material didáctico, investigación y promoción en las comunidades donde prevalece un enfoque pedagógico orientado hacia el logro de un desarrollo sostenido.

Paralelamente, organizaciones no gubernamentales y otros grupos de la sociedad civil, realizan acciones muy variadas tales como la producción de material didáctico y divulgativo, investigación y capacitación sobre variados tópicos ambientales y sobre desarrollo sostenible que han contribuído en los últimos años a incrementar al conciencia pública sobre la importancia de incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en el desarrollo de los programas, proyectos y actividades de desarrollo económico, social, cultural, etc.../