INTERVENCION DEL DR. JESÚS FÉLIZ
JIMÉNEZ, PRSIDENTE DE LA DELEGACION DOMNICANA ANTE LA CONFERENCIA POLITICA DE
ALTO NIVEL PARA LA FIRMA DE LA CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA
CORRUPCION, MERIDA, MEXICO, 9-11, DICIEMBRE, 2003.
Señor Presidente:
Dr. Luis Ernesto Derbez,
Secretario de Estado de Relaciones Exteriores de México;
Señor Hans Corel, Representante
del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas;
Señores Ministros y jefes de
Delegación; Señor Gobernador del Estado de Yucatán;
Señora Presidenta Municipal de
Mérida; Señores delegados;
Señoras y señores:
Constituye para mi un honor
dirigirme a este escenario histórico, y tener la oportunidad de compartir con
ustedes la firma de la Convención de las Naciones Contra la Corrupción.
La convocatoria y feliz
realización de este magno evento sella el compromiso de la comunidad
internacional para mostrar su voluntad y preocupación frente a los efectos
desastrosos que genera el fenómeno de la corrupción a nivel mundial.
Todos los presentes estamos
conscientes que este instrumento jurídico anti corrupción, de aplicación
universal, es el punto de partida que permite confluir la visión consensuada de
los Estados cobijados bajo la ONU, para combatir un mal común y erradicarlo de
nuestros respectivos países.
Señor Presidente, deseo
coincidir con la mayoría de los ponentes que me han antecedido en el uso de la
palabra, los cuales han destacado el tiempo récord utilizado por el Comité
Especial que tuvo a bien negociar este nuevo instrumento jurídico mundial, a
cuyos integrantes damos nuestras cálidas felicitaciones y agradecimientos.
Esta norma jurídica de alcance
internacional ha costado miles de horas de negociación, persuasión, comprensión
y trabajo colectivo de hombres y mujeres de todas las latitudes del mundo, lo
cual nos llena de regocijo al saber que este pacto, aunque trabajoso, ha dado
un nuevo y enriquecedor instrumento de derecho internacional, que corona a los
Estados participantes, porque sirve para afinar diferencias y unir similitudes
que obrarán en bien de la humanidad, sin distingo de raza, credo, religión,
ubicación geográfica o nivel de desarrollo.
Aún así, no se puede perder de
vista que nuestra alegría y triunfo es el inicio de un dolor de cabeza
permanente que le creamos a grupos minoritarios, que han hecho sus riquezas
usando los mecanismos del Estado, y desde de él, han articulado acciones
mafiosas, más peligrosas que las de grupos del bajo mundo, pues están unidos al
estamento público y a los partidos políticos, desde el cual actúan para el
diseño de las leyes, cooptando legisladores, funcionarios judiciales, y usando
el presupuesto para sus intereses particulares, en desmedro de los programas
sociales.
Este último razonamiento nos
induce a reflexionar, sobre todo a los que procedemos de países en vías de
desarrollo, con bajos niveles de institucionalidad, que esta jornada de la
firma de la Convención contra la Corrupción, es el primer paso en firme de un
trabajo arduo, el cual continuará con la ratificación de la misma por parte de
los Estados, y la conversión en normas de derecho interno para su aplicación
efectiva.
Señor Presidente, el continente
americano es la primera región del mundo que tomó la iniciativa de adoptar un
instrumento jurídico anticorrupción en el 1996, la Convención Interamericana
Contra la Corrupción (CICC), bajo los auspicios de la Organización de Estados
Americanos (OEA), la cual ha sido suscrita y ratificada por 29 países. Veinte y
dos (22) Estados crearon en el 2001 un Mecanismo de Seguimiento de la CICC,
compuesto por la Conferencia de Estados Partes y un Comité de Expertos, para
analizar su aplicación, encontrándonos en la actualidad en un interesante
proceso de análisis de la aplicación de la CICC. En este año se han analizado 4
países, y se espera que el próximo año se culmine esta evaluación.
De ese proceso de seguimiento de
la CICC, de las experiencias de Europa, entre otras, podemos aprender para la
puesta en práctica de esta Convención Mundial.
Señor Presidente, la Convención
de las Naciones contra la Corrupción, que lleno de júbilo he firmado en el día
de ayer en nombre del Presidente de República Dominicana y de mi pueblo, es un
instrumento jurídico integral, armonioso, que conjuga sabiamente experiencias
vividas en diversas regiones y naciones del mundo, asimilando disposiciones de
derecho interno para ser convertidas en normas de derecho internacional.
República Dominicana vive una
coyuntura oportuna para recibir y asimilar como buena y válida las
recomendaciones de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción,
porque se encuentra EN UN PROCESO DE REFORMA Y MODERNIZACIÓN del Poder
Ejecutivo, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas y el sistema financiero.
Señor Presidente, poseemos un
órgano especializado en la prevención y lucha contra la corrupción, el
Departamento de Prevención e Investigación de la Corrupción Administrativa,
ubicado en la más alta estructura del Ministerio Público; un reciente Estatuto
del Ministerio Público; la ley del Código de Ética del Servidor Público,
aprobado en el 2001; la ley Contra el Lavado de Bienes y Activos Provenientes
del Narcotráfico y Actividades Criminales, aprobada en el 2002; el Código
Monetario y Financiero; entre otras disposiciones.
Por disposición presidencial se
creó el Consejo Asesor en Materia de Lucha Anti Corrupción de la Presidencia de
la República, integrado por funcionarios claves del Ejecutivo, organizaciones
de la sociedad civil, incluyendo representantes de las iglesias.
La sociedad civil tiene una
activa participación en nuestras acciones, en especial en el diseño, aplicación
y evaluación del Plan Nacional de Lucha
contra la Corrupción 2001-2004. También participó en la elaboración del informe
del Estado dominicano ante el Mecanismo de Seguimiento a la aplicación de la
Convención Interamericana Contra la Corrupción.
Se encuentra en fase de
impresión el Manual de Ética Ciudadana, producido por nuestra oficina, un texto
a ser usado en los centros educativos del país. Con este Manual se busca
fortalecer la conciencia ciudadana y una cultura de rechazo a la corrupción a
todos los niveles.
Está en proceso de
implementación el Programa de Certificación en Ética y Transparencia en la
gestión pública, el cual evaluará la existencia o no de mecanismos,
procedimientos, medidas y normas de prácticas administrativas correctas,
eficientes y eficaces.
Por otro lado, y para concluir,
cursa en el Congreso Nacional variadas propuestas para una plataforma legal
anti corrupción, que incluye:
Un proyecto que crea la Oficina Nacional
de Prevención e Investigación de la Corrupción, aprobado ya en el Senado, la
cual tendrá independencia administrativa de los poderes del Estado;
Dos proyectos para perfeccionar
los mecanismos de control: uno toca a la Contraloría General de la República y
el otro a la Cámara de Cuentas, para hacer estos dos órganos más
independientes.
Un proyecto para mejorar el
sistema de declaración jurada de bienes.
Un proyecto de ley de acceso a
la información pública, entre otros.
Señor Presidente, nuestro
compromiso es agilizar la pronta ratificación de esta convención,
convirtiéndola en norma de derecho interno, así como de promover entre todos
los actores y actrices públicos y privados de nuestro país, la aplicación de la
misma, y ser parte del nuevo movimiento de la moralización de la gestión
pública a nivel mundial.
Muchas gracias.