CONFERENCIA POLITICA DE ALTO NIVEL

Mérida, México, 9 a 11 de diciembre de 2003

Los datos que en los ámbitos político, económico y social se conocen sobre los efectos negativos derivados de la proliferación de actividades corruptas afianzan la idea de la oportunidad e idoneidad de esta Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. La elaboración de esta Convención en un tiempo tan reducido da buena prueba, además, de la importancia que la comunidad internacional ha concedido a este fenómeno.

La corrupción proviene de un conjunto de factores de índole económica, institucional, política, social e histórica. La corrupción y los comportamientos desprovistos de ética socavan los principios básicos de los regímenes democráticos, disminuyen los niveles de confianza de los ciudadanos en esos regímenes y atentan contra el Estado de derecho. La corrupción dificulta y distorsiona la inversión, impide el crecimiento económico y el desarrollo sostenible y destruye los sistemas legales y judiciales. Para contrarrestar estos nocivos efectos es indispensable afianzar y promover la integridad y la confianza en las administraciones y en los mercados económicos.

Otra circunstancia preocupante sobre el fenómeno de la corrupción se deriva del hecho de que sus efectos tienen repercusiones más allá del ámbito nacional. Las actividades corruptas traspasan las fronteras de los países y por ello la comunidad internacional debe actuar de manera coordinada y planificada abordando todas las aristas del problema: diseñando campañas de concienciación, creando una cultura de rechazo ante las prácticas corruptas, fomentando medidas preventivas, reforzando las medidas de control doméstico y dotándose de un cuerpo legislativo adecuado.

Ante este reto, es de vital importancia que desde los ámbitos público y privado y con la participación ineludible de la sociedad civil se trabaje conjuntamente para minimizar la corrupción así como sus efectos perversos y para reforzar y asentar aspectos tales como la buena gobernabilidad y la transparencia en los asuntos de interés común.

La Oficina contra la Droga y el Delito (ODD) ha llevado a cabo durante estos pasados años una labor muy meritoria para el establecimiento de un entramado jurídico internacional que busca poner freno a la proliferación y al cada vez mayor peso específico de organizaciones delictivas organizadas, a quienes la sociedad considera como uno de los mayores peligros a los que se enfrenta la comunidad internacional para mantener la estabilidad y la paz social. Junto a la elaboración y reciente entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y dos de sus protocolos anexos sobre migración y tráfico de personas, esta Convención contra la corrupción cierra el círculo de una serie de instrumentos jurídicos internacionales que se nos antojan puntuales para abordar con garantías de éxito los retos que este tipo de comportamientos delictivos plantea.

España se congratula de la posibilidad de poder contar con un instrumento jurídico internacional que va a suponer una herramienta con evidentes aspectos positivos. Nos hallamos ante un instrumento amplio y genérico que aborda el problema de la corrupción desde todos los ángulos.

Constituye además la expresión de un sopesado equilibrio entre las indispensables medidas de prevención y concienciación de la magnitud del problema y las no menos indispensables medidas que incluyen la tipificación de conductas cuyo rasgo distintivo y esencial es la utilización abusiva del poder o la competencia que se detenta, destinándolos a la consecución de beneficios particulares o alejados del bien común.

En el entendimiento de que la manera de mejor afrontar el problema de la corrupción es la cooperación internacional, la Convención se dota asimismo de un conjunto de medidas destinadas a reforzar este aspecto, además de contemplar la posibilidad de prestar la asistencia técnica adecuada en aquellas instancias necesitadas de medios, información o conocimientos.

El fenómeno de la corrupción, como el de otras actividades ilícitas, tiene una metodología de actuación cambiante. La Convención es un cuerpo legal que contempla, a través de la creación de una Conferencia de las Partes, un sistema que permitirá su adecuación a estos cambios en la metodología de actuación. En efecto, la Conferencia de las Partes se erigirá en la institución que asegurará el correcto cumplimiento de las disposiciones de la Convención y además podrá ser objeto de modificaciones si las circunstancias así lo aconsejan y los países así lo deciden.

En lo que sin duda hay que felicitar especialmente al Comité que elaboró la Convención es en haber consensuado un capítulo relativo a la recuperación de activos que, a modo de presentación del mismo, se determina que es un principio fundamental de las Convención. Este capítulo es otra muestra del cuidadoso equilibrio obtenido para acoger todos los puntos de vista que sobre este capital asunto fueron presentados por numerosas delegaciones.

El interés y la atención que España otorgó a la elaboración de este instrumento jurídico internacional se vieron amplificados por el hecho de que el inicio de este proceso de elaboración de esta Convención contra la corrupción coincidió con la asunción por parte de España de la presidencia del Consejo de la Unión Europea.

La adopción y firma de está Convención contra la corrupción marca indudablemente un hito en relación con las medidas adoptadas hasta la fecha para acabar con la permisividad y facilidad en la comisión de actividades corruptas y para combatir eficazmente la comisión de otras actividades delictivas. Ahora se abre otro periodo también importante cuya finalidad consiste en que los distintos países inserten en sus legislaciones nacionales respectivas las disposiciones de esta Convención. La entrada en vigor de este instrumento jurídico le hará desplegar todo su potencial valor para abordar los problemas aue genera la corrupción.

El motivo por el que nos encontramos aquí ha de reforzarnos en la confianza de que estamos construyendo un camino, no sin dificultades, que va a empezar a dar sus frutos próximamente. España no escatimará esfuerzos para apoyar este proceso.