INTERVENCION DEL REPRESENTANTE
PERMANENTE, EMBAJADOR DE EL SALVADOR
VICTOR MANUEL LAGOS
Mérida 10 de diciembre de 2003
Señor Presidente, Señores Delegados:
Permítame expresarle, en nombre del Pueblo y Gobierno de El Salvador,
nuestras más sinceras felicitaciones por su elección para conducir esta
Conferencia, así como nuestros agradecimientos al Gobierno de México y a las
autoridades y el pueblo de Yucatán, y en particular de su capital, Mérida por
sus cálidas atenciones como anfitriones de la misma.
Asimismo, expresamos nuestro reconocimiento a la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito y muy en particular al Comité Especial
encargado de elaborar y negociar la Convención de Naciones Unidas Contra la
Corrupción, que este día nos enorgullece suscribir en nombre de mi país.
Señor Presidente:
Luego de un dia de debates, coincidimos en afirmar que el fenómeno de la
corrupción involucra tanto al sector público como al sector privado, trasciende
fronteras y pone en riesgo a la sociedad internacional en su conjunto, sin
distinguir entre naciones desarrolladas o en desarrollo.
La corrupción afecta gravemente las estructuras de las sociedades, atenta
contra las democracias y genera desestabilización institucional, constituye un
grave obstáculo para la movilización y asignación eficiente de recursos y pone
en peligro el desarrollo social, económico y político de las naciones.
Por todo ello, la naturaleza transnacional del fenómeno de la corrupción
reclama una respuesta conjunta de los Gobiernos, los organismos
internacionales, los organismos no gubernamentales y la sociedad civil. Ahora,
con la Convención de Naciones Unidas, contamos con el instrumento para hacer
esto una realidad.
Con fundamento en este instrumento, para nosotros será posible continuar
identificando y formulando políticas de prevención, y posibilitará el adecuar o
crear normas nacionales, según sea el caso, para combatir eficazmente este
flagelo. Por otra parte se convierte en un firme compromiso ante la comunidad
internacional para hacer llegar ante la justicia a quienes incurran en delitos
de esa naturaleza.
Señor Presidente:
En mi país, después de diez años de la suscripción de los Acuerdos de Paz
que pusieron fin al conflicto armado interno y que dieron inicio a una nueva
realidad, nuestro proceso democrático se ha venido consolidando progresivamente
y se perfila en la consecución de una mayor transparencia en la gestión
gubernamental, lo que se fundamenta en el firme deseo de todos los y las
salvadoreñas.
El Gobierno de El Salvador comparte la convicción que es necesario prevenir
y reprimir el fenómeno de la Corrupción, en todos los ámbitos de la vida, a
través de estrategias y políticas de largo plazo basadas principalmente en la
transparencia y la probidad.
Ello nos ha llevado a mantener una férrea posición en contra de este
flagelo y que es manifestada en los diferentes foros a través del apoyo a las
iniciativas presentadas para combatirlo En lo regional, somos parte de la
Convención Interamericana contra la Corrupción y hemos venido ajustando la
legislación nacional de conformidad a lo establecido en ese instrumento
regional.
La Alianza por la Seguridad del Plan de Gobierno del Presidente Francisco
Flores, estableció un programa institucional denominado Seguridad Jurídica en
la Administración Pública, el cual incluye el combate a la Corrupción a través
de la creación de mecanismos innovadores en el accionar del Sector Público.
El combate a la corrupción es atendido desde la Vicepresidencia de la
República. La Fiscalía General de la República, cuenta con un departamento
especializado que atiende los delitos de corrupción. En la Policía Nacional
Civil se han creado unidades especializadas de investigación. En la Corte
Suprema de Justicia, funciona una Comisión de Probidad integrada por
magistrados de ese órgano y que trabaja actualmente en un proyecto de ley
destinado a evitar el enriquecimiento ilícito en el órgano Judicial.
Por otra parte, se cuenta con leyes nacionales cuya aplicación introduce
métodos y criterios modernos compatibles con la modernización del Estado,
adoptando nuevas formas de auditoria gubernamental como herramienta de control
de la hacienda pública con base a la independencia presupuestaria para el
cumplimiento pleno de sus atribuciones.
Se ha dictado legislación que regula un sistema coordinado de
administración financiera del sector público con criterios de probidad, a
través de un marco normativo básico y orgánico que contribuye a la consecución
permanente de la estabilidad macroeconómica y al control eficiente y correcto
del gasto público.
Señor Presidente:
Nuestra presencia en esta Conferencia de Alto Nivel, ilustra el alto
compromiso de mi Gobierno para adoptar como nuestro este nuevo instrumento
internacional. Nuestro principal objetivo será ahora proceder a dar los pasos
legislativos respectivos para que, junto a las declaraciones que de acuerdo de
a nuestro ordenamiento jurídico sean necesarios, la podamos ratificar cuanto
antes.
A partir de ahí, estableceremos con todas instancias nacionales
responsables, un Plan de Acción que asegure la implementación de la Convención
contra la Corrupción. Para ello, necesitaremos del concurso de toda la
comunidad internacional, por lo que todos los ofrecimientos de cooperación que
hemos escuchado durante esta conferencia son muy bienvenidos.
En particular, estamos seguros de poder contar desde ya con el apoyo de la
Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, a través de su
Representación Regional para México y América Central, con la cual siempre
hemos tenido una fructífera colaboración.
Muchas Gracias.