PALABRAS DEL SEÑOR EMBAJADOR DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DOCTOR LUIS IGNACIO GUZMAN RAMIREZ, ANTE LA CONFERENCIA POLÍTICA DE ALTO NIVEL PARA LA FIRMA DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN

Mérida, México diciembre del 2003

 

Excelentísimo señor Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Don Vicente Fox,

 

Señor Presidente de la Conferencia, Licenciado Luis Ernesto Derbez, Secretario de Relaciones Exteriores de México,

 

Señor Hans Corel, Representante del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas,

Señor Antonio María Costa, Director Ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito,

 

Señor Procurador de los Estados Unidos de México, Lic. Rafael Macedo de la Concha,

Señor Eduardo Vetere, Director del Centro para la Prevención Internacional del Delito de las Naciones Unidas,

 

Señores Jefes de Estado y de Gobierno,

 

Señores Ministros y Jefes de Delegación,

 

Señor Gobernador de Yucatán, Señora Presidente Municipal de Mérida,

 

Señores Delegados,

 

Señoras y señores,

 

Constituye una inmensa satisfacción dirigirme a esta plenaria.

 

Hoy me honra ocupar la Presidencia Honoraria de la Conferencia en ausencia del gran internacionalista colombiano HÉCTOR CHARRY SAMPER, quien fuera alma y nervio del documento que hoy firmamos en este recinto en representación de nuestros países.

 

En nombre de mi Gobierno, de la familia Charry Samper y de todo el pueblo Colombiano, permítanme manifestar nuestra eterna gratitud por los sentimientos de pesar expresados desde el momento de su muerte, y los reconocimientos a su labor y entrega para el fortalecimiento del Derecho Internacional en la lucha contra la corrupción y muy especialmente del documento que aquí suscribimos.

 

Que la comunidad internacional recuerde a Héctor Charry Samper cada año en esta fecha.

 

La importancia de este instrumento fue brillantemente plasmada en las palabras pronunciadas por el Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan ante la Asamblea General, señalando que "la Convención cambiará positivamente la vida de millones de personas ya que constituye un avance en el compromiso global de lucha contra la corrupción, mal endémico que afecta a todas las sociedades e incluso es percibido como el desencadenante de tantos otros males para las sociedades".

 

El Comité, gracias a la acertada dirección de toda la Mesa y el apoyo siempre incondicional y eficiente de la Secretaría, cumplió con creces las expectativas que habían sido en él depositadas, y que estaban consignadas en el mandato otorgado por la Asamblea General.

 

El número de delegaciones participantes en los siete arduos períodos de sesiones, la cantidad de propuestas presentadas, pero sobre todo la calidad de las deliberaciones y la altura de los debates arrojaron los resultados conocidos, que hoy nos alistamos a suscribir para iniciar el camino de su pronta entrada en vigor, como lo requiere la comunidad internacional.

 

A todos los miembros de la Mesa, de la Secretaría, de las delegaciones que participaron activamente mis felicitaciones y mis sentimientos de gratitud por la gran labor realizada.

 

Señor Presidente,

 

No en vano la Asamblea General en su sabiduría escogió a México con la belleza de su paisaje, la simpatía de sus gentes, la Grandeza de su República para ser sede de esta Conferencia. A lo largo de su historia esta Gran Nación nos ha demostrado la entereza, el temple de su raza y el liderazgo necesario para lograr causas comunes y nobles como en las que estamos empeñados: derrotar el cáncer de la corrupción que está socavando nuestras instituciones y así mismo empobreciendo a nuestros pueblos. En nombre del Gobierno y del pueblo de Colombia reciba, señor Presidente un fraternal saludo y el agradecimiento por la hospitalidad y la acogida en esta ciudad de Mérida, llena de una singular belleza histórica y cultural.

 

Señor Presidente,

 

Desde un principio Colombia ha venido participando activamente en la elaboración de esta importante herramienta de cooperación internacional. Cuando se negociaba la Convención de Palermo, presentamos una propuesta completa que buscaba ampliar el tema de la corrupción hacia otras conductas distintas a la del soborno. Tal fue el germen que dio origen a las resoluciones que en el seno de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal fueron aprobadas para allanar el camino que dio origen al Comité Especial que negoció esta Convención. De la misma manera participamos activamente en el Grupo de Expertos encargado de establecer el mandato de negociación y en la Reunión Preparatoria llevada a cabo en Buenos Aires donde presentamos un proyecto completo que sometimos a consideración del Comité. Allí se dio un paso fundamental al compilar las diversas propuestas en un solo texto que pudo ser presentado en el primer período de sesiones y que sin duda contribuyó a la agilización de las deliberaciones.

 

El haber sido elegido para ocupar la Presidencia, en cabeza de ese gran internacionalista colombiano, cuyo deceso constituyó una gran pérdida para la Nación, fue solo uno de los logros de la delegación colombiana. Fuimos, junto con México y el Reino de los Países Bajos, los precursores del proyecto al someter una propuesta completa a la consideración de los Estados en la reunión preparatoria llevada a cabo en Buenos Aires y que sentó las bases para las deliberaciones.

 

Lideramos posiciones regionales que permitieron la incorporación de algunas normas que ahora son consideradas elementos innovadores del instrumento, tales como la consagración de la asistencia técnica como uno de los objetivos de la Convención; la incorporación del enriquecimiento ilícito y otras conductas dentro del catálogo de actos considerados como de corrupción; la flexibilización, dentro del marco de las posibilidades, del principio de la doble incriminación para que no se convierta en un obstáculo a la cooperación internacional; la extensión de la aplicación al sector privado; y, tal vez, el mayor valor añadido de esta Convención: la posibilidad para los Estados de recuperar los fondos públicos malversados. Todo esto, en cumplimiento del compromiso inequívoco e inflexible del Gobierno del Presidente Álvaro Uribe en la lucha contra la corrupción en todos los frentes.

 

A la prevención del delito, que constituye un componente esencial del desarrollo social, se le dio el lugar destacado que merece al incluirse una serie de normas, que no por ser facultativas debe restársele la importancia. El enfoque decidido fue el más adecuado, partiendo de la base irrefutable de la diversidad de sistemas jurídicos, de enfoques y hasta de culturas.

 

A pesar de los esfuerzos desplegados no tenemos una definición de corrupción, pero contamos con un catalogo amplio de actos considerados corruptos que deberán ser tipificados por los Estados Parte en la Convención y que servirán de base para las solicitudes de extradición y asistencia judicial.

 

El debate en torno a la doble incriminación como requisito para prestar la asistencia judicial requerida, debe continuar. Si bien la armonización legislativa es un objetivo deseable aunque de difícil cumplimiento, insistimos en que la inexistencia de una conducta como ilícita en la legislación interna de un Estado Parte no debe constituir un obstáculo para brindar la asistencia solicitada.

 

Este, sin duda, debe ser objeto de análisis en los distintos foros internacionales dedicados a la lucha contra la delincuencia, como lo son la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal y el Undécimo Congreso de naciones Unidas que sobre la materia se llevará a cabo en Tailandia en el año 2005.

 

La cooperación internacional, uno de los objetivos de la Convención, cuenta con un capítulo donde se establecen normas para la extradición, el intercambio de pruebas, la comunicación directa interagencias y hasta la posibilidad de realizar operaciones conjuntas entre autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, mecanismos para asegurar que no existan refugios seguros para los delincuentes.

 

 

Para nadie es un secreto que los estragos de la corrupción, aunque generalizados, pesan más en los países pobres. Y que los dineros pertenecientes a sus gentes, a sus contribuyentes, una vez esquilmados, casi siempre son sacados y depositados en paraísos financieros con muy escasas o casi nulas posibilidades de acceder a ellos. En esto también los delincuentes han sacado ventajas de la globalización y los esfuerzos que se hagan para combatirlos son pocos, si es posible hacer más.

 

Por esto la recuperación de activos quizá puede ser considerada como una conquista de los países en desarrollo, ya que se menciona como un principio fundamental de la Convención. Es todo un catálogo de normas, de las que adolecía el derecho internacional, que permitirá a los Estados que hayan sido afectados patrimonialmente por actos de corrupción, perseguir esos fondos y lograr retornarlos a sus países de origen.

 

Hubiéramos querido avanzar más en el tema de evitar, hasta el máximo, el secreto bancario pero confiamos en que los Estados tomen las medidas apropiadas que permitan salvar todo obstáculo para la cooperación que pueda surgir de la legislación interna existente sobre la materia.

 

La asistencia técnica es uno de los componentes básicos de la Convención, no únicamente porque está incorporada dentro de la declaración de objetivos, sino porque sin una adecuada prestación, las obligaciones y los compromisos asumidos serán de muy difícil ejecución para muchos países.

 

En ese sentido la experiencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es invaluable. Es necesario iniciar a corto plazo la realización de seminarios para promover la ratificación de la Convención y su pronta entrada en vigor. Las actividades de promoción de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional mediante la realización de conferencias regionales, que dio tan excelentes resultados, deben repetirse.

 

Es necesario igualmente, manifestar en público el agradecimiento a los donantes del programa y efectuar un llamado para fortalecer el mecanismo de Naciones Unidas en materia de prevención y lucha contra el delito, mediante el sostenimiento en su financiamiento.

 

El cabal cumplimiento de lo estatuido en el artículo 62 de la Convención sobre su aplicación mediante el desarrollo económico y la asistencia técnica, es un requisito indispensable para su cumplimiento y desarrollo progresivo. Los Países Desarrollados y las instituciones financieras, incluyendo las de Breton Woods, tienen la obligación de ayudar a los países pobres a lograr los objetivos de la Convención.

 

El Banco Mundial cuenta desde 1996 con una estrategia en la prevención del fraude y la corrupción en los proyectos y programas financiados por el Banco, para ayudar a los países que lo soliciten y para contribuir a los esfuerzos internacionales de lucha contra la corrupción.

 

Es necesario fortalecer el componente de lucha contra la corrupción con que cuenta el Banco Mundial en especial en las dos últimas áreas que consideramos prioritarias. Deben estrecharse los lazos y la sinergia con la Oficina contra la Droga y el Delito.

 

Acertadamente el Banco Mundial ha sido invitado como observador a la Conferencia de los Estados Parte, con lo cual esperamos su compromiso de contribuir con su asesoría técnica y financiera en todas las actividades propias y en desarrollo de la Convención como lo ha hecho hasta hoy.

 

Esto ayudará a fortalecer el mecanismo de promoción, examen y seguimiento a lo establecido en esta Convención histórica, destinados a mejorar la capacidad de los Estados Parte y la cooperación recíproca para alcanzar sus objetivos.

 

Gracias.