{"id":297141,"date":"2023-09-01T09:10:02","date_gmt":"2023-09-01T13:10:02","guid":{"rendered":"https:\/\/www.un.org\/unispal\/?post_type=document&p=297141"},"modified":"2024-08-06T10:04:17","modified_gmt":"2024-08-06T14:04:17","slug":"estudio-la-legalidad-de-la-ocupacion-del-territorio-palestino-ocupado-incluida-jerusalen-oriental","status":"publish","type":"document","link":"https:\/\/www.un.org\/unispal\/document\/estudio-la-legalidad-de-la-ocupacion-del-territorio-palestino-ocupado-incluida-jerusalen-oriental\/","title":{"rendered":"Estudio “La legalidad de la ocupaci\u00f3n del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusal\u00e9n Oriental”"},"content":{"rendered":"

\u0639\u0631\u0628\u064a<\/span>\/Arabic<\/a><\/p>\n

English<\/a><\/p>\n

Fran\u00e7ais<\/a><\/p>\n

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\"Estudio<\/p>\n

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Copyright \u00a9 Naciones Unidas, 2023. Todos los derechos reservados.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em>Esta es una publicaci\u00f3n independiente encargada por el Comit\u00e9 para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Los an\u00e1lisis y afirmaciones presentados en este informe no reflejan necesariamente los puntos de vista de las Naciones Unidas ni del citado Comit\u00e9.<\/em><\/p>\n

\u00a0<\/em>Cualquier consulta relacionada con la presente publicaci\u00f3n debe dirigirse a la Secretar\u00eda del Comit\u00e9, correo electr\u00f3nico: <\/em>unpalestinecommittee@un.org<\/em><\/a><\/p>\n

\u00a0<\/em>Se podr\u00e1 utilizar cualquier cita de un m\u00e1ximo de 500 palabras sin necesidad de autorizaci\u00f3n, siempre que se indique la fuente. Las citas de mayor extensi\u00f3n, los cap\u00edtulos completos o las secciones de este estudio no se podr\u00e1n reproducir ni transmitir en cualquier forma o por cualquier medio \u2014electr\u00f3nico, mec\u00e1nico, fotocopia, grabaci\u00f3n y otro\u2014 ni almacenar en cualquier sistema de recuperaci\u00f3n, sea cual sea su naturaleza, sin el permiso expreso por escrito de la Secretar\u00eda del Comit\u00e9.<\/em><\/p>\n

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<\/a>Pr\u00f3logo<\/h1>\n

Con un profundo sentimiento de responsabilidad, presento en nombre del Comit\u00e9 de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino este Estudio sobre la legalidad de la ocupaci\u00f3n del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusal\u00e9n Oriental, por parte de Israel. Como presidente del Comit\u00e9, es para m\u00ed un honor aprobar este completo examen, fruto de una meticulosa investigaci\u00f3n y redacci\u00f3n por parte del Irish Human Rights Centre de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway.<\/p>\n

Es preciso subrayar la pertinencia y la urgencia de este estudio. La ocupaci\u00f3n israel\u00ed, que comenz\u00f3 en 1967, es la \u00fanica realidad con la que han crecido varias generaciones de palestinos. Sus consecuencias en las vidas y los derechos del pueblo palestino siguen siendo trascendentales hoy en d\u00eda. Nos incumbe a nosotros, la comunidad internacional, profundizar en la comprensi\u00f3n de las cuestiones jur\u00eddicas que plantea esta prolongada ocupaci\u00f3n y sus profundos efectos en los derechos humanos, la paz y la estabilidad en la regi\u00f3n.<\/p>\n

En este contexto, el estudio sobre la legalidad de la ocupaci\u00f3n israel\u00ed llena un vac\u00edo de conocimiento crucial. Este detallado an\u00e1lisis jur\u00eddico aspira a contribuir a un discurso fundamentado, al empoderar a las personas y las instituciones con el conocimiento y las herramientas necesarias para abogar por la justicia, la rendici\u00f3n de cuentas y la realizaci\u00f3n de los derechos inalienables del pueblo palestino. Mediante el examen de los instrumentos jur\u00eddicos, convenciones y resoluciones internacionales pertinentes, el estudio ofrece adem\u00e1s una evaluaci\u00f3n pormenorizada de las obligaciones y responsabilidades jur\u00eddicas que incumben a la Potencia ocupante y a las partes implicadas.<\/p>\n

El estudio subraya asimismo la necesidad apremiante de una soluci\u00f3n justa y duradera de la cuesti\u00f3n de Palestina en todos sus aspectos, basada en el derecho internacional. Destaca el imperativo de defender los principios del derecho internacional, incluido el respeto de los derechos humanos, la libre determinaci\u00f3n y la prohibici\u00f3n de adquirir territorio por la fuerza. Esta visi\u00f3n es crucial para promover un entorno propicio que allane el camino hacia el fin de la ocupaci\u00f3n israel\u00ed y la realizaci\u00f3n de los derechos inalienables del pueblo palestino.<\/p>\n

Adem\u00e1s, no se puede pasar por alto el car\u00e1cter oportuno de este estudio en un momento en que Israel est\u00e1 profundizando en su colonizaci\u00f3n y anexi\u00f3n progresiva del Territorio Palestino Ocupado. Ante la r\u00e1pida evoluci\u00f3n del entorno mundial, en el que la din\u00e1mica geopol\u00edtica contin\u00faa influyendo en el debate sobre la cuesti\u00f3n de Palestina, el estudio ofrece un marco de referencia para que los responsables de la formulaci\u00f3n de pol\u00edticas, el personal diplom\u00e1tico, las organizaciones internacionales y los agentes de la sociedad civil se apoyen en un an\u00e1lisis jur\u00eddico exhaustivo y autorizado que permita la toma de decisiones fundamentadas, la promoci\u00f3n y la b\u00fasqueda de la justicia.<\/p>\n

Deseo expresar mi m\u00e1s sincero agradecimiento al Irish Human Rights Centre de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway por su compromiso inquebrantable y por la\u00a0rigurosa investigaci\u00f3n que sustenta este estudio.<\/p>\n

Por \u00faltimo, recomiendo este estudio a todas las personas dedicadas a lograr una paz justa y\u00a0duradera en Oriente Medio. Conf\u00edo en que las conclusiones y perspectivas expuestas en \u00e9l sirvan para estimular un di\u00e1logo con conocimiento de causa, una labor de promoci\u00f3n eficaz y\u00a0acciones \u00fatiles en pos de un futuro en el que se realicen los derechos y las aspiraciones de palestinos e israel\u00edes desde el pleno respeto del Estado de derecho.<\/p>\n

Embajador Cheikh Niang<\/strong><\/p>\n

Presidente del Comit\u00e9 de las Naciones Unidas para el Ejercicio de los Derechos Inalienables del Pueblo Palestino y Representante Permanente del Senegal ante las Naciones Unidas<\/strong><\/p>\n

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<\/a>Resumen<\/h1>\n

Parte I<\/strong><\/p>\n

En el presente estudio se examinan dos cuestiones centrales. En primer lugar, se pregunta si\u00a0las medidas de anexi\u00f3n aplicadas de facto<\/em> y de jure<\/em> por Israel, su asentamiento continuo en el territorio palestino y su prolongada ocupaci\u00f3n de este \u2014la Ribera Occidental, incluida Jerusal\u00e9n Oriental, y la Franja de Gaza\u2014 convierten dicha ocupaci\u00f3n en ilegal con arreglo al derecho internacional. En segundo lugar, el estudio examina las implicaciones derivadas de una conclusi\u00f3n de ocupaci\u00f3n ilegal. Si una ocupaci\u00f3n puede convertirse en ilegal, \u00bfqu\u00e9 consecuencias jur\u00eddicas se derivar\u00edan de ello para todos los Estados y para las Naciones Unidas, considerando, entre otros elementos, las reglas y\u00a0principios del derecho internacional, tales como la Carta de las Naciones Unidas, el Cuarto Convenio de Ginebra, el derecho internacional de los derechos humanos, las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad, de la Asamblea General y del Consejo de Derechos Humanos y el dictamen consultivo de la Corte Internacional de Justicia de 9 de julio de 2004?<\/p>\n

El estudio establece que, en el derecho internacional, hay dos criterios claros por los que se determina cu\u00e1ndo una ocupaci\u00f3n beligerante puede calificarse de ilegal. El primero es que, cuando una ocupaci\u00f3n beligerante se produce tras un uso prohibido de la fuerza equivalente a un acto de agresi\u00f3n, dicha ocupaci\u00f3n es ilegal ab initio<\/em>. De acuerdo con el segundo, si una ocupaci\u00f3n beligerante, inicialmente permitida en defensa propia seg\u00fan el art\u00edculo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, luego se hace ultra vires<\/em> los principios y reglas del derecho internacional humanitario e incumpliendo las normas imperativas de derecho internacional, puede equipararse a un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en defensa propia. El estudio examina la vulneraci\u00f3n por parte de Israel de las normas imperativas de derecho internacional, de la prohibici\u00f3n de adquirir territorio por la fuerza, del derecho a la libre determinaci\u00f3n y de la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n racial y del apartheid<\/em>, como se\u00f1ales indicativas de una ocupaci\u00f3n que incumple los principios de necesidad y\u00a0proporcionalidad del uso de la fuerza en defensa propia.<\/p>\n

Parte II. Naturaleza de la ocupaci\u00f3n beligerante<\/strong><\/p>\n

La parte II del estudio presenta una introducci\u00f3n tem\u00e1tica a la naturaleza jur\u00eddica de la ocupaci\u00f3n beligerante y el enfoque divergente de Israel con respecto a la ocupaci\u00f3n de\u00a0Palestina. En ella se examinan de manera amplia los principios que sustentan las leyes por las que se rige la ocupaci\u00f3n beligerante, se presenta la teor\u00eda de la ocupaci\u00f3n beligerante como ilegal en virtud del jus bello<\/em> y se destacan la pr\u00e1ctica y la jurisprudencia internacionales que clasifican las ocupaciones beligerantes como ilegales con arreglo al jus ad bellum<\/em>. Adem\u00e1s, el estudio presenta los principios centrales de las pol\u00edticas y posiciones de Israel sobre la naturaleza de la ocupaci\u00f3n beligerante de Palestina, su actividad de asentamiento y su anexi\u00f3n del territorio palestino.<\/p>\n

Las leyes que gobiernan la ocupaci\u00f3n beligerante establecen una serie de principios importantes, entre ellos la naturaleza temporal o de facto<\/em> de la ocupaci\u00f3n, consagrada en el art\u00edculo 42 del Reglamento de La Haya (1907), seg\u00fan el cual \u201c[s]e considera como ocupado un territorio cuando se encuentra colocado de hecho bajo la autoridad del ej\u00e9rcito enemigo\u201d. Como consecuencia de ello, si bien la autoridad gubernamental puede verse \u201cperturbada temporalmente o limitada territorialmente\u201d durante una ocupaci\u00f3n beligerante, \u201cel Estado contin\u00faa siendo el mismo ente internacional\u201d.[1]<\/a> Por lo tanto, la Potencia ocupante no adquiere soberan\u00eda sobre el territorio ocupado,[2]<\/a> pero en virtud del principio conservacionista limitativo,[3]<\/a> est\u00e1 obligada a administrarlo ponderando los mejores intereses de la poblaci\u00f3n ocupada con los de la necesidad militar. El presente estudio hace hincapi\u00e9 en un aspecto significativo: las posiciones de las principales autoridades con respecto al derecho internacional, que consideran que la pr\u00e1ctica de la \u201cocupaci\u00f3n prolongada\u201d se ha vinculado a\u00a0ocupaciones con una duraci\u00f3n no superior a cuatro o cinco a\u00f1os, como los cuatro a\u00f1os de ocupaci\u00f3n de B\u00e9lgica por parte de Alemania durante la Primera Guerra Mundial[4]<\/a> o los cinco a\u00f1os de ocupaci\u00f3n de Noruega, tambi\u00e9n por Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial.[5]<\/a> Michael Lynk, ex Relator Especial de las Naciones Unidas, se\u00f1ala que las ocupaciones modernas que cumplen los principios del derecho de la ocupaci\u00f3n, \u201cno han superado los diez a\u00f1os, como la ocupaci\u00f3n del Jap\u00f3n por los Estados Unidos, la ocupaci\u00f3n de Alemania Occidental por los aliados y la ocupaci\u00f3n del Iraq liderada por los Estados Unidos\u201d.[6]<\/a><\/p>\n

Que las ocupaciones beligerantes puedan considerarse ilegales no es exclusivo de Israel. Por ejemplo, en Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo<\/em> (2005), la Corte Internacional de Justicia dictamin\u00f3 que la ocupaci\u00f3n de Ituri por parte de Uganda \u201cviol\u00f3 el principio de la no utilizaci\u00f3n de la fuerza en las relaciones internacionales y el principio de no intervenci\u00f3n\u201d.[7]<\/a> Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conden\u00f3 la \u201cocupaci\u00f3n ilegal\u201d de Kuwait por Iraq[8]<\/a> y la \u201cadministraci\u00f3n ilegal\u201d de Sud\u00e1frica en Namibia.[9]<\/a> Entretanto, la Asamblea General de las Naciones Unidas inst\u00f3 a los terceros Estados a no reconocer \u201ccomo l\u00edcita la situaci\u00f3n creada por la ocupaci\u00f3n de los territorios de la Rep\u00fablica de Azerbaiy\u00e1n\u201d[10]<\/sup><\/a> y conden\u00f3 a Portugal por \u201cperpetuar su ocupaci\u00f3n ilegal\u201d de Guinea-Bissau.[11]<\/a> De manera similar, la Comisi\u00f3n de\u00a0Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunci\u00f3 la \u201cocupaci\u00f3n ilegal continuada de Kampuchea\u201d por parte de Viet Nam.[12]<\/a> En 1977, la Asamblea General expres\u00f3 su profunda preocupaci\u00f3n \u201cpor el hecho de que los territorios \u00e1rabes ocupados desde 1967 hayan continuado estando bajo ocupaci\u00f3n ilegal israel\u00ed durante m\u00e1s de diez a\u00f1os y porque el pueblo palestino, despu\u00e9s de tres decenios, a\u00fan se ve privado del ejercicio de sus derechos nacionales\u00a0inalienables\u201d.[13]<\/sup><\/a> De igual modo, los pre\u00e1mbulos de las sucesivas resoluciones del Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas hacen referencia a \u201clos serios efectos de la ocupaci\u00f3n ilegal que sigue imponiendo Israel y de todas sus manifestaciones\u201d.[14]<\/a><\/p>\n

Por \u00faltimo, la secci\u00f3n II concluye con una presentaci\u00f3n de las pol\u00edticas y posiciones de Israel sobre la naturaleza de su administraci\u00f3n del territorio palestino, la legalidad de los asentamientos y su anexi\u00f3n de Jerusal\u00e9n. Por ejemplo, el Ministro de Asuntos Exteriores de Israel considera que existen \u201creivindicaciones contrapuestas\u201d sobre la Ribera Occidental que \u201cdeber\u00edan resolverse en el marco de las negociaciones del proceso de paz\u201d, incluida la relativa a los asentamientos.[15]<\/a>\u00a0Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Israel, en el asunto Consejo Regional de la Costa de Gaza c. Kn\u00e9set de Israel,<\/em> dictamin\u00f3 que \u201cla perspectiva jur\u00eddica de todas las administraciones de Israel\u201d es que \u201cesas zonas se encuentran bajo el dominio de Israel por medio de la ocupaci\u00f3n beligerante\u201d.[16]<\/a> Sin embargo, Israel no aplica el Cuarto Convenio de Ginebra (1949) al territorio ocupado, dado que no lo ha traspuesto a su derecho interno; adem\u00e1s, desde el punto de vista pol\u00edtico, Israel se opone a la aplicaci\u00f3n de dicho Convenio bas\u00e1ndose en su teor\u00eda del \u201csoberano ausente\u201d. Mientras tanto, Israel considera la Jerusal\u00e9n ocupada como \u201cla eterna capital indivisa de Israel\u201d[17]<\/sup><\/a> y explica que Jerusal\u00e9n se \u201creunific\u00f3\u201d en 1967 \u201ccomo resultado de la guerra de seis d\u00edas declarada por el mundo \u00e1rabe contra Israel\u201d.[18]<\/a><\/p>\n

Parte III. Legalidad de la ocupaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n

En la parte III se presentan dos criterios independientes en virtud del jus ad bellum<\/em> por los que una ocupaci\u00f3n beligerante puede ser considerada ilegal, ya sea al comienzo de la ocupaci\u00f3n o en un momento posterior de esta. En primer lugar, una ocupaci\u00f3n derivada de un acto de agresi\u00f3n es ilegal ab initio<\/em>. El art\u00edculo 2, apartado 4, de la Carta de las Naciones Unidas establece que \u201c[l]os Miembros de la Organizaci\u00f3n, en sus relaciones internacionales, se abstendr\u00e1n de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia pol\u00edtica de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Prop\u00f3sitos de las Naciones Unidas\u201d. Los actos de ocupaci\u00f3n agresivos pueden dar lugar a responsabilidades penales; por ejemplo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg consider\u00f3 que Austria hab\u00eda sido \u201cocupada siguiendo un plan com\u00fan de agresi\u00f3n\u201d.[19]<\/a><\/p>\n

En segundo lugar, una ocupaci\u00f3n beligerante puede llevarse a cabo de un modo equivalente a\u00a0un uso innecesario y desproporcionado de la fuerza en defensa propia[20]<\/a>. En este punto, la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia proporciona orientaciones \u00fatiles con respecto a la proporcionalidad. En Nicaragua<\/em>, por ejemplo, la Corte Internacional de Justicia consider\u00f3 que \u201cla reacci\u00f3n de los Estados Unidos en el contexto de lo que consideraba leg\u00edtima defensa se prolong\u00f3 mucho tiempo despu\u00e9s del per\u00edodo en el que pod\u00eda contemplarse razonablemente cualquier presunto ataque armado por parte de Nicaragua\u201d.[21]<\/a> Adem\u00e1s, en Nuclear Weapons<\/em>, la Corte Internacional de Justicia sugiri\u00f3 que el uso de la fuerza debe cumplir \u201cen particular los principios y reglas del derecho humanitario\u201d para considerar que se ejerce l\u00edcitamente en defensa propia.[22]<\/a> El presente estudio sugiere que\u00a0la\u00a0vulneraci\u00f3n de los principios y reglas del derecho internacional humanitario y de las normas imperativas del derecho internacional por parte de la Potencia ocupante proporcionan un indicio s\u00f3lido de un uso desproporcionado de la fuerza. Tales vulneraciones incluyen de facto<\/em> y de jure<\/em> anexiones de territorio, adquisici\u00f3n ilegal de territorio mediante el uso de la fuerza y denegaci\u00f3n del derecho a la libre determinaci\u00f3n, as\u00ed como la administraci\u00f3n del territorio ocupado violando la prohibici\u00f3n de la discriminaci\u00f3n racial y del apartheid<\/em>.<\/p>\n

Una vez establecidos los dos criterios para determinar que una ocupaci\u00f3n es ilegal en virtud del jus ad bellum<\/em>, el estudio examina, como criterio espec\u00edfico y subsiguiente de ilegalidad, la vulneraci\u00f3n por parte de la Potencia ocupante del derecho externo a la libre determinaci\u00f3n de Palestina como territorio bajo mandato. El art\u00edculo 1, apartado 2, de la Carta de las Naciones Unidas establece el derecho a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos, una norma jus cogens<\/em> de derecho internacional[23]<\/a> que conlleva obligaciones para los Estados erga omnes.<\/em>[24]<\/a> El derecho a la libre determinaci\u00f3n tiene una resonancia especial para los territorios bajo mandato, cuyo derecho a la libre determinaci\u00f3n se considera internacionalmente como un \u201cencargo sagrado\u201d hasta la plena independencia. Como tal, solo puede considerarse que se ha puesto fin a un proceso colonial una vez que los habitantes de la colonia han ejercido el derecho a la libre determinaci\u00f3n.[25]<\/a> El dictamen consultivo sobre \u00c1frica Sudoccidental<\/em> ofrece el principal ejemplo de ocupaci\u00f3n ilegal de un territorio bajo mandato, considerado por la Corte Internacional de Justicia como ilegal ab initio<\/em>. \u00c1frica Sudoccidental era un territorio bajo mandato que qued\u00f3 ocupado al t\u00e9rmino de este, y se diferencia del caso de Palestina que es un\u00a0territorio bajo mandato ocupado mediante la ocupaci\u00f3n beligerante en el contexto de un conflicto armado internacional. No obstante, si la ocupaci\u00f3n se administra de un modo que niegue el ejercicio del derecho del pueblo a la libre determinaci\u00f3n y la soberan\u00eda externas, se puede considerar de igual modo una vulneraci\u00f3n de ese \u201cencargo sagrado\u201d. Dependiendo de\u00a0las circunstancias que den lugar a la violaci\u00f3n de la libre determinaci\u00f3n, la ocupaci\u00f3n podr\u00eda ser ilegal ab initio<\/em> o en un momento posterior.<\/p>\n

Parte IV. Pruebas que respaldan la conclusi\u00f3n de que la ocupaci\u00f3n israel\u00ed se ha convertido en\u00a0ilegal<\/strong><\/p>\n

En la parte IV se proporcionan los fundamentos de hecho que apoyan la conclusi\u00f3n de que la ocupaci\u00f3n israel\u00ed es ilegal. El estudio aporta pruebas claras y concluyentes de que Israel atac\u00f3 primero a Egipto, en un acto de agresi\u00f3n, convirtiendo as\u00ed la posterior ocupaci\u00f3n en ilegal desde su inicio. En la reuni\u00f3n del Consejo de Seguridad celebrada en 1967 en la que se trat\u00f3 este tema, el argumento de la leg\u00edtima defensa anticipatoria fue rechazado por ser incoherente con la Carta de las Naciones Unidas.[26]<\/sup><\/a> Israel bas\u00f3 su pretensi\u00f3n de leg\u00edtima defensa en dos argumentos: en primer lugar, que el bloqueo del estrecho de Tir\u00e1n por parte de Egipto constitu\u00eda un acto de agresi\u00f3n y, en segundo lugar, que sus acciones eran una respuesta a los ataques transfronterizos de las columnas de veh\u00edculos blindados egipcios. Sin embargo, el bloqueo del estrecho de Tir\u00e1n por parte de Egipto representaba en esencia un bloqueo de su propio mar en respuesta a la amenaza de un ataque de Israel, lo cual es distinto del \u201cbloqueo de los puertos o costas\u201d de Israel.[27]<\/sup><\/a> Como se\u00f1ala Schwarzenberger, \u201cel art\u00edculo 51 de la Carta permite la preparaci\u00f3n para la leg\u00edtima defensa\u201d.[28]<\/a> Las medidas preparatorias adoptadas por un Estado en consideraci\u00f3n de la leg\u00edtima defensa incluyen medidas cautelares especiales en sus aguas territoriales.[29]<\/a> Pese a ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel anunci\u00f3 p\u00fablicamente que hab\u00eda atacado Egipto de forma preventiva, afirmando que \u201cIsrael se adelant\u00f3 al ataque inevitable, atacando a las fuerzas a\u00e9reas egipcias cuando sus aviones se\u00a0encontraban a\u00fan en tierra\u201d.[30]<\/a> Dada la prohibici\u00f3n de perpetrar ataques preventivos, el de Israel contra Egipto puede representar un uso ilegal de la fuerza, en cuyo caso la ocupaci\u00f3n posterior ser\u00eda ilegal.<\/p>\n

El estudio examina adem\u00e1s el incumplimiento por parte de Israel de las normas imperativas de derecho internacional como indicios de que la ocupaci\u00f3n beligerante se est\u00e1 administrando de un modo que vulnera los principios de necesidad y proporcionalidad para la la leg\u00edtima defensa. En primer lugar, el estudio establece que, en 1967, Israel se anexion\u00f3 de jure<\/em> Jerusal\u00e9n Oriental con la adopci\u00f3n del Decreto de los municipios locales (modificaci\u00f3n n\u00fam. 6) 5727-1967; posteriormente, en 1980, en virtud de su \u201cLey b\u00e1sica: Jerusal\u00e9n\u201d, un instrumento legislativo cuasi constitucional, Israel formul\u00f3 una reivindicaci\u00f3n constitucional de la ciudad como \u201ccapital de Israel\u201d, demostrando as\u00ed su \u00e1nimo<\/em> de adquirir el territorio con car\u00e1cter permanente.[31]<\/a> El estudio concluye asimismo que Israel se ha anexionado de facto<\/em> la zona C de la Ribera Occidental. En 1967, el asesor jur\u00eddico del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, en un cable clasificado, comunic\u00f3 las razones anexionistas por las que Israel no pod\u00eda aplicar el Cuarto Convenio de Ginebra (1949): \u201cdebemos dejar abiertas todas las opciones relativas a las fronteras, no debemos reconocer que nuestra condici\u00f3n en los territorios administrados es simplemente el de una potencia ocupante\u201d.[32]<\/a>\u00a0Durante decenios, las sucesivas administraciones israel\u00edes han ejecutado planes maestros para asentarse en la Ribera Occidental. En 1992, de las 70.000 hect\u00e1reas de territorio palestino en la zona C, solamente un 12% segu\u00eda disponible para desarrollo urban\u00edstico palestino despu\u00e9s de que Israel se apropiara de dicho territorio como \u201ctierra del Estado\u201d[33]<\/a>. Al mismo tiempo, Israel alter\u00f3 radicalmente la demograf\u00eda de la zona C al trasladar a dicha zona a m\u00e1s de 500.000 pobladores jud\u00edos israel\u00edes,[34]<\/a> una medida irreversible con consecuencias permanentes e\u00a0indicativa de una expresi\u00f3n soberana.[35]<\/a> Entretanto, Israel aplica varias de sus leyes internas a la Ribera Occidental, entre ellas la Ley de educaci\u00f3n superior[36]<\/a> y la Ley sobre el Tribunal de Asuntos Administrativos.[37]<\/a><\/p>\n

En segundo lugar, la conducta de Israel en la administraci\u00f3n de la Palestina ocupada, caracterizada por el car\u00e1cter prolongado de la ocupaci\u00f3n y por sus pol\u00edticas y planes de construcci\u00f3n de asentamientos, evidencia adem\u00e1s una violaci\u00f3n del derecho a la libre determinaci\u00f3n[38]<\/a>. Teniendo en cuenta la considerable duraci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n beligerante de Israel, aproximadamente 56 a\u00f1os despu\u00e9s de la resoluci\u00f3n 242 (1967) del Consejo de Seguridad que exig\u00eda su \u201cretirada\u201d, 45 a\u00f1os despu\u00e9s de los acuerdos de Camp David que pusieron fin al conflicto con Egipto y 39 a\u00f1os despu\u00e9s del acuerdo de paz con Jordania, est\u00e1 claro que la supuesta amenaza original que provoc\u00f3 el uso de la fuerza por parte de Israel aludiendo a su leg\u00edtima defensa preventiva ha desaparecido por completo y de forma irrevocable. Al mismo tiempo, la zonificaci\u00f3n israel\u00ed de los bienes inmuebles palestinos para asentamientos residenciales, agr\u00edcolas, industriales y tur\u00edsticos, reservas naturales y\u00a0arqueol\u00f3gicas y zonas militares de tiro, ha supuesto la apropiaci\u00f3n de m\u00e1s de 100.000 hect\u00e1reas de tierra palestina p\u00fablica y privada y la demolici\u00f3n de m\u00e1s de 50.000 viviendas palestinas desde 1967.[39]<\/a> Se argumentar\u00e1 que la tergiversaci\u00f3n por parte de Israel de los hechos ocurridos sobre el terreno borra la presencia palestina e interfiere en el proceso democr\u00e1tico con el fin de comprometer la viabilidad de Palestina como Estado independiente, negando as\u00ed el derecho colectivo del pueblo palestino a la libre determinaci\u00f3n.[40]<\/a><\/p>\n

En tercer lugar, existe en la actualidad un reconocimiento creciente en torno al hecho de que Israel est\u00e1 llevando a cabo pol\u00edticas y pr\u00e1cticas discriminatorias y de apartheid<\/em> contra los palestinos a ambos lados de la l\u00ednea verde[41]<\/a>. Cabe destacar que Israel confiere derechos a los jud\u00edos israel\u00edes y discrimina sistem\u00e1ticamente a los palestinos. La Ley 5713-1953 de adquisici\u00f3n de tierras, por ejemplo, facilita la enajenaci\u00f3n de tierras confiscadas a los palestinos en favor de diversas instituciones estatales israel\u00edes, incluida la Direcci\u00f3n de Ordenaci\u00f3n Territorial. Las organizaciones paraestatales, como la Agencia Jud\u00eda y la Organizaci\u00f3n Sionista Mundial, se encargan de la discriminaci\u00f3n material, incluso mediante la asignaci\u00f3n de tierras palestinas confiscadas a jud\u00edos israel\u00edes[42]<\/a>. De manera simult\u00e1nea, los jud\u00edos israel\u00edes pueden reclamar la propiedad de inmuebles residenciales palestinos en la Jerusal\u00e9n Oriental ocupada en virtud de la Ley de asuntos jur\u00eddicos y administrativos de 1970.[43]<\/a> Los sucesivos gobiernos israel\u00edes han promovido la b\u00fasqueda de una mayor\u00eda demogr\u00e1fica jud\u00eda y la reducci\u00f3n y eliminaci\u00f3n de los palestinos. En virtud de la Ley de retorno de Israel (1950), \u201ctodo jud\u00edo tiene derecho a venir a este pa\u00eds como oleh<\/em>\u201d y se concede la ciudadan\u00eda israel\u00ed \u201ca todo jud\u00edo que haya expresado su deseo de asentarse en Israel\u201d[44]<\/sup><\/a>. Al mismo tiempo, se niega el derecho de retorno a unos siete millones de refugiados palestinos, entre los cuales figuran 450.000 desplazados palestinos como refugiados durante la Naksa producida como consecuencia de la Guerra de los Seis D\u00edas de 1967.[45]<\/sup><\/a> Tales pr\u00e1cticas indican, entre otras cosas, que Israel est\u00e1 administrando el Territorio Palestino Ocupado bajo un r\u00e9gimen de discriminaci\u00f3n racial sistem\u00e1tica y apartheid<\/em>.<\/p>\n

Esta secci\u00f3n concluye que, considerados de manera conjunta, el incumplimiento por parte de Israel de la prohibici\u00f3n de anexi\u00f3n, su negaci\u00f3n del ejercicio del derecho a la libre determinaci\u00f3n y la aplicaci\u00f3n de un r\u00e9gimen de apartheid<\/em> en la Palestina ocupada pueden ser indicativos de una administraci\u00f3n ilegal de mala fe<\/em> del territorio ocupado, vulnerando los principios de urgencia, necesidad y proporcionalidad para la leg\u00edtima defensa. A\u00a0continuaci\u00f3n, el estudio examina las consecuencias de una ocupaci\u00f3n de mala fe<\/em> sobre el ejercicio del derecho externo a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos. Dado el estatuto de Palestina como ex territorio bajo mandato, la comunidad internacional sigue teniendo una obligaci\u00f3n internacional, un \u201cencargo sagrado\u201d para con el pueblo palestino, de \u201cno reconocer ninguna modificaci\u00f3n unilateral del estatuto del territorio\u201d[46]<\/a>. La idea de que los territorios ocupados o los ex territorios bajo mandato volver\u00edan a tener un estatus colonial fue descartada de plano en el dictamen consultivo sobre \u00c1frica Sudoccidental<\/em>. En dicho dictamen, la Corte Internacional de Justicia explic\u00f3 que \u201caceptar el argumento del Gobierno de Sud\u00e1frica sobre este punto habr\u00eda implicado la reversi\u00f3n de los territorios bajo mandato al estatus colonial, y la virtual sustituci\u00f3n del r\u00e9gimen de mandatos por la anexi\u00f3n, tan decididamente excluida en 1920\u201d[47]<\/a>. Es importante se\u00f1alar que la situaci\u00f3n en Palestina se ha reconocido como un caso \u201cque concierne al derecho a la libre determinaci\u00f3n de los pueblos bajo dominaci\u00f3n colonial o extranjera\u201d que todav\u00eda no se ha resuelto[48]<\/a>. Como tal, la ocupaci\u00f3n de mala fe<\/em> del territorio palestino por parte de Israel, trat\u00e1ndolo como \u201cterritorio en disputa\u201d con un \u201csoberano ausente\u201d y repleto de anexiones de jure<\/em> y de facto<\/em>, manipulaci\u00f3n demogr\u00e1fica y esfuerzos de asentamiento, entre otras infracciones, viola el derecho permanente a la libre determinaci\u00f3n y la soberan\u00eda del pueblo palestino como territorio bajo mandato.<\/p>\n

Parte V. Obligaci\u00f3n de poner fin a la ocupaci\u00f3n ilegal<\/strong><\/p>\n

El derecho internacional sobre la responsabilidad del Estado exige que Israel ponga fin a sus hechos internacionalmente il\u00edcitos y ofrezca \u201cseguridades y garant\u00edas adecuadas de no repetici\u00f3n\u201d[49]<\/a>. Cabe destacar que la Corte Internacional de Justicia sostuvo que Sud\u00e1frica ten\u00eda la obligaci\u00f3n de \u201cretirar su administraci\u00f3n del territorio de Namibia\u201d y, de manera similar, alent\u00f3 en el asunto Chagos <\/em>a poner fin a la administraci\u00f3n brit\u00e1nica del archipi\u00e9lago de Chagos \u201clo m\u00e1s r\u00e1pidamente posible\u201d.[50]<\/a> En el caso de Palestina, un resarcimiento adecuado podr\u00eda, por tanto, adoptar la forma de la liberaci\u00f3n de presos pol\u00edticos palestinos, devoluci\u00f3n de propiedades (incluidos los bienes culturales incautados por las autoridades ocupantes), el desmantelamiento de asentamientos israel\u00edes ilegales en la Ribera Occidental ocupada y\u00a0Jerusal\u00e9n Oriental, el levantamiento del bloqueo de la Franja de Gaza, el desmantelamiento del r\u00e9gimen institucionalizado de leyes, pol\u00edticas y pr\u00e1cticas discriminatorias y de apartheid<\/em> y\u00a0el desmantelamiento de la administraci\u00f3n ocupante. Teniendo en cuenta que Israel no aplic\u00f3 el anterior dictamen consultivo sobre la construcci\u00f3n del muro de anexi\u00f3n, las seguridades y garant\u00edas de no repetici\u00f3n pueden ser una soluci\u00f3n insuficiente[51]<\/sup><\/a>. Tambi\u00e9n podr\u00eda ser necesario crear una comisi\u00f3n arbitral de reclamaciones independiente para examinar la gran cantidad de reclamaciones derivadas de las consecuencias de las violaciones de la Potencia ocupante[52]<\/a>. En particular, un estudio realizado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2019 estim\u00f3 que los costos fiscales acumulados de la ocupaci\u00f3n de Israel para la econom\u00eda palestina en el per\u00edodo 2000-2019 ascend\u00edan a 58.000 millones de d\u00f3lares de los Estados Unidos. En la Franja de Gaza, los costos econ\u00f3micos de la ocupaci\u00f3n en el per\u00edodo 2007-2018 se estimaron en 16.700 millones de d\u00f3lares[53]<\/a>. La explotaci\u00f3n y el impedimento al desarrollo de los recursos naturales han supuesto un costo de 7.162 millones de d\u00f3lares para la econom\u00eda palestina a lo largo de 18\u00a0a\u00f1os por la p\u00e9rdida de ingresos provenientes del gas del yacimiento conocido como Gaza Marine y 67.900 millones de d\u00f3lares por la p\u00e9rdida de ingresos procedentes del petr\u00f3leo del yacimiento de Meged, en Rantis[54]<\/a>. En t\u00e9rminos globales, se calcula que las p\u00e9rdidas experimentadas por Palestina desde 1948 superan los 300.000 millones de d\u00f3lares[55]<\/a>.<\/p>\n

El estudio se\u00f1ala que la ocupaci\u00f3n ilegal de Israel y sus violaciones de las normas imperativas de derecho internacional tienen consecuencias internacionales[56]<\/a>, y que los terceros Estados y la comunidad internacional tienen la obligaci\u00f3n de poner fin a la administraci\u00f3n il\u00edcita del territorio ocupado. Al hacerlo, este estudio subraya los requisitos para la plena desocupaci\u00f3n y descolonizaci\u00f3n del territorio palestino, empezando por la retirada inmediata, incondicional y total de las fuerzas de ocupaci\u00f3n israel\u00edes y el desmantelamiento de la administraci\u00f3n militar. Un aspecto crucial es que la retirada, dado que constituye la finalizaci\u00f3n de un hecho internacionalmente il\u00edcito, no puede ser objeto de negociaci\u00f3n. Se deber\u00eda aplicar de forma inmediata un arsenal completo de sanciones y\u00a0contramedidas que incluyan restricciones econ\u00f3micas, embargos de armas y el corte de las relaciones diplom\u00e1ticas y consulares, como respuesta erga omnes <\/em>de los terceros Estados y la comunidad internacional a las graves violaciones de las normas imperativas de derecho internacional por parte de Israel. La comunidad internacional debe dar pasos inmediatos hacia la realizaci\u00f3n de los derechos colectivos del pueblo palestino, incluidos los refugiados y los exiliados en la di\u00e1spora, comenzando por un plebiscito convocado bajo la supervisi\u00f3n de las Naciones Unidas para acometer la descolonizaci\u00f3n.<\/p>\n

Cabe destacar que la resoluci\u00f3n 2334 (2016) del Consejo de Seguridad instaba a llevar a cabo sin demora esfuerzos internacionales y diplom\u00e1ticos para \u201cponer fin a la ocupaci\u00f3n israel\u00ed que se inici\u00f3 en 1967\u201d. Sin embargo, los esfuerzos diplom\u00e1ticos realizados desde el decenio de 1990 parecen haberse basado en la premisa de una dudosa f\u00f3rmula de \u201ctierra a cambio de paz\u201d, que, de utilizarse con el objetivo de privar a la poblaci\u00f3n palestina protegida de sus derechos inalienables a la libre determinaci\u00f3n y la soberan\u00eda permanente sobre sus recursos naturales, tambi\u00e9n constituir\u00eda un hecho internacionalmente il\u00edcito. En consecuencia, la obligaci\u00f3n del Estado de retirarse del territorio ocupado ilegalmente es incondicional, inmediata y absoluta. Las resoluciones de la Asamblea General incluyen importantes calificaciones para la \u201cretirada incondicional y total\u201d de Israel, lo que significa que la retirada no debe convertirse en objeto de negociaci\u00f3n, sino suponer la finalizaci\u00f3n de un hecho internacionalmente il\u00edcito.<\/p>\n

Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n

El plan m\u00e1s presciente para la desocupaci\u00f3n y descolonizaci\u00f3n del territorio palestino se manifiesta en el rico entramado de recomendaciones internacionales y de los terceros Estados avanzadas en los casos Chagos <\/em>y Namibia<\/em>. Tambi\u00e9n queda claro que el derecho general sobre la responsabilidad del Estado por las violaciones graves de las normas imperativas de derecho internacional puede inferirse de las resoluciones del Consejo de Seguridad \u201ccomo idea general aplicable a todas las situaciones creadas por las violaciones graves\u201d, incluida la prohibici\u00f3n de ayuda o asistencia en el mantenimiento del r\u00e9gimen ilegal[57]<\/a>. Como es natural, el foro m\u00e1s adecuado para examinar la legalidad de la ocupaci\u00f3n es la Corte Internacional de\u00a0Justicia. Tanto si la ocupaci\u00f3n es ilegal ab initio<\/em> como si se convierte en ilegal posteriormente, las consecuencias deber\u00edan ser la retirada inmediata, incondicional y total de las fuerzas militares israel\u00edes, la retirada de los pobladores coloniales y el desmantelamiento del r\u00e9gimen administrativo, con instrucciones claras de que la retirada por la comisi\u00f3n de un hecho internacionalmente il\u00edcito no est\u00e1 sujeta a negociaci\u00f3n. Se deber\u00edan conceder reparaciones plenas y proporcionadas a los ciudadanos, empresas y entidades palestinos afectados por los da\u00f1os causados durante generaciones por las apropiaciones de tierra y\u00a0propiedades por parte de Israel, las demoliciones de viviendas, el saqueo de recursos naturales, la denegaci\u00f3n de retorno y otros cr\u00edmenes de guerra y de lesa humanidad orquestados por los objetivos coloniales y anexionistas de un ocupante ilegal.<\/p>\n

[1]<\/a> Sir Robert Jennings, Arthur Watts, Oppenheim\u2019s International Law, Volume I, Peace<\/em> (9\u00aa edici\u00f3n, Longman, Londres y Nueva York) 204.<\/p>\n

[2]<\/a> Ottoman Debt Arbitration, Borel Arbitration,<\/em> 3 International Law Reports 1925-1926 (28 de abril de 1925), caso n\u00fam. 360.<\/p>\n

[3]<\/a> Gregory H. Fox, \u201cTransformative Occupation and the Unilateralist Impulse\u201d, 885 International Review of the Red Cross<\/em>, (marzo de 2012) 237.<\/p>\n

[4]<\/a> Shwenk Edmund H., \u201cLegislative Power of the Military Occupant under Article 43 Hague Regulations\u201d, 54(2) Yale Law Journal<\/em> (1944-1945) 393-416, 399.<\/p>\n

[5]<\/a> Tribunal Supremo de Noruega, A. v. Oslo Sparebank (The Crown Intervening) <\/em>(14 de enero de 1956) International Law Reports Year, 1956, p\u00e1g. 791.<\/p>\n

[6]<\/a> Michael Lynk, \u201cProlonged Occupation or Illegal Occupant?\u201d (EJILTalk<\/em>, 16 de mayo de 2018).<\/p>\n

[7]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Case Concerning Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo v. Uganda) <\/em>(sentencia), International Court of Justice Reports 168 (19 de diciembre de\u00a02005), p\u00e1rr. 345, p\u00e1g. 280.<\/p>\n

[8]<\/a> Resoluci\u00f3n 674 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (29 de octubre de 1990), p\u00e1rr. 8.<\/p>\n

[9]<\/a> Resoluci\u00f3n 435 (1978) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, p\u00e1rr. 2; resoluci\u00f3n 276 (1970) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.<\/p>\n

[10]<\/a> Resoluci\u00f3n 62\/243 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (25 de abril de 2008), p\u00e1rr. 5.<\/p>\n

[11]<\/a> Resoluci\u00f3n 3061 (XXVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, p\u00e1rr. 2.<\/p>\n

[12]<\/a> Comisi\u00f3n de Derechos Humanos de las Naciones Unidas,\u00a0\u201cSituation in Kampuchea\u201d, (27 de febrero de 1985), E\/CN.4\/RES\/1985\/12,\u00a0p\u00e1rr. 3.<\/p>\n

[13]<\/a> Resoluci\u00f3n 32\/20 (1977) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, pre\u00e1mbulo; v\u00e9ase tambi\u00e9n la resoluci\u00f3n 3414 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas (5 de diciembre de 1975), p\u00e1rr. 1.<\/p>\n

[14]<\/a> Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas, E\/RES\/2010\/6 (20 de julio de 2010); Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas, E\/RES\/2013\/17 (9 de octubre de 2013); Consejo Econ\u00f3mico y\u00a0Social de las Naciones Unidas, E\/RES\/2015\/13, 19 de agosto de 2015; Consejo Econ\u00f3mico y Social de las Naciones Unidas, E\/RES\/2016\/4, 22 de julio de 2016.<\/p>\n

[15]<\/a> Ministerio de Asuntos Exteriores, Asentamientos Israel\u00edes y Derecho Internacional (30 de noviembre de 2015).<\/p>\n

[16]<\/a> HCJ 1661\/05 Gaza Coast Regional Council v Knesset of Israel<\/em> (9 de junio de 2005), p\u00e1rr. 3.<\/p>\n

[17]<\/a> Amarachi Orie, \u201cAustralia Reverses Decision to Recognise West Jerusalem as Israel\u2019s Capital\u201d, Sky News<\/em>, 25 de octubre de 2022.<\/p>\n

[18]<\/a> Ministerio de Asuntos Exteriores, Asentamientos Israel\u00edes y Derecho Internacional (30 de noviembre de 2015).<\/p>\n

[19]<\/a> Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, Trial of <\/em>Goring, von Schirach et al., <\/em>1946-1949, 10 Law Reports\u00a0of the Trials of War Criminals (1946 – 1949), p\u00e1g. 533.<\/p>\n

[20]<\/a> Antonio Cassese, Self-determination of Peoples: A Legal Reappraisal<\/em> (CUP 1995) 99; Christine Gray, International Law and the Use of Force<\/em> (OUP 2008) 154-155.<\/p>\n

[21]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v\u00a0United States of America)<\/em> (sentencia, fondo), International Court of Justice Reports 1984, p\u00e1g. 213, p\u00e1rr. 237.<\/p>\n

[22]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons<\/em> (dictamen consultivo), International Court of Justice Reports 1996, p\u00e1g. 245, p\u00e1rr. 42.<\/p>\n

[23]<\/a> ACNUR, \u201cImplementation of United Nations Resolutions Relating to the Right of Peoples Under Colonial and Alien Domination to Self-Determination, Study Prepared by Mr. Hector Gros Espiell, Special Rapporteur\u201d (20 de junio de 1978), E\/CN.4\/Sub.2\/405 (vol. I), p\u00e1rr. 78.<\/p>\n

[24]<\/a> Corte Internacional de Justicia, East Timor (Portugal v. Australia)<\/em> (sentencia), International Court of Justice Reports 1995, p\u00e1g. 90, p\u00e1rr. 29.<\/p>\n

[25]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Case Concerning the Frontier Dispute (Burkina Faso\/Republic of Mali)<\/em> (sentencia), International Court of Justice Reports 1986, p\u00e1g. 554, opini\u00f3n independiente del juez Luchaire, p\u00e1g.\u00a0653.<\/p>\n

[26]<\/a> Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (29 de junio de 1967), documento de las Naciones Unidas con signatura A\/PV.1541, p\u00e1g. 7; Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas (27 de junio de 1967), documento de las Naciones Unidas con signatura A\/PV.1538, p\u00e1g. 9.<\/p>\n

[27]<\/a> Tom Ruys, \u201cArmed Attack\u201d and Article 51 of the United Nations Charter, Evolutions in Customary Law and Practice<\/em> (CUP 2010) 277.<\/p>\n

[28]<\/a> Schwarzenberger, International Courts, Volume II, The Law of Armed Conflict<\/em> (Stevens and Sons Limited 1968) 35.<\/p>\n

[29]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Corfu Channel Case (United Kingdom v Albania)<\/em> (fondo, sentencia), International Court of Justice Reports 1949, p\u00e1g. 4 (9 de abril de 1949), p\u00e1g. 29.<\/p>\n

[30]<\/a> Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, \u201c1967: The Six-Day War and the Historic Reunification of Jerusalem\u201d (2013).<\/p>\n

[31]<\/a> Ley b\u00e1sica: Jerusal\u00e9n, capital de Israel, 34 leyes del Estado de Israel 209 (1980).<\/p>\n

[32]<\/a> \u201cThe Comay-Meron Cable Reveals Reasons for Israeli Position on Applicability of 4th Geneva Convention\u201d (Akevot,<\/em> 20 de marzo de 1968).<\/p>\n

[33]<\/a> ONU-H\u00e1bitat, \u201cSpatial Planning in Area C of the Israeli Occupied West Bank of the Palestinian Territory Report of an International Advisory Board\u201d (mayo de 2015), 18.<\/p>\n

[34]<\/a> \u201cPopulation \u2013 Statistical Abstract of Israel 2019 \u2013 No. 70, Population of Jews and Others by Natural Region\u201d (2018); OCHA, \u201cUnder Threat: Demolition orders in Area C of the West Bank\u201d; Claire Parker, \u201cJewish Settler Population in West Bank Passes Half a Million\u201d, The Washington Post<\/em> (2 de febrero de 2023).<\/p>\n

[35]<\/a> Al-Haq, Establishing Guidelines to Determine whether the Legal Status of \u2018Area C\u2019 in the Occupied Palestinian Territory represents Annexed Territory under International Law<\/em> (2020), 47.<\/p>\n

[36]<\/a> \u201cIsrael\u2019s Creeping Annexation: Knesset Votes to Extend Israeli Law to Academic Institutions in the West Bank\u201d, Haaretz<\/em>, 12 de febrero de 2018.<\/p>\n

[37]<\/a> Naschitz Brandes Amir, \u201cAdministrative Law: The Jurisdiction of the Administrative Affairs Court is Extended to Cover a Variety of Additional Matters\u201d, Lexology<\/em> (4 de marzo de 2016).<\/p>\n

[38]<\/a> Corte Penal Internacional, Prosecution Request Pursuant to Article 19(3) for a Ruling on the Court\u2019s Territorial Jurisdiction in Palestine<\/em>, n\u00fam. ICC-01\/18 (22 de enero de 2022), p\u00e1rr. 9.<\/p>\n

[39]<\/a> Amnist\u00eda Internacional, \u201cLa ocupaci\u00f3n de Israel: 50 a\u00f1os de desposesi\u00f3n\u201d, 2017.<\/p>\n

[40]<\/a> HCJ 7803\/06, Khalid Abu Arafeh, et al. v Minister of Interior<\/em> (2006).<\/em><\/p>\n

[41]<\/a> CERD\/C\/ISR\/CO\/17-19, \u201cObservaciones finales sobre los informes peri\u00f3dicos 17\u00ba a 19\u00ba combinados de Israel\u201d (27 de enero de 2020) p\u00e1rr. 23; ACNUR, \u201cIsrael\u2019s 55-year Occupation of Palestinian Territory is Apartheid \u2013 UN Human Rights Expert\u201d (25 de marzo de 2022); Al-Haq et al<\/em>., Israeli Apartheid: Tool of Zionist Settler Colonialism<\/em> (29 de noviembre de 2022); Al Mezan, The Gaza Bantustan \u2013 Israeli Apartheid in the Gaza Strip<\/em> (29 de noviembre de 2021); Addameer y Harvard Human Rights Clinic, Joint Submission on Apartheid to the UN Independent Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory and Israel<\/em> (3 de marzo de 2022); B\u2019Tselem, A regime of Jewish Supremacy from the Jordan River to the Mediterranean Sea: This is Apartheid<\/em> (12 de enero de 2021); Human Rights Watch, A Threshold Crossed, Israeli Authorities and the Crimes of Apartheid and Persecution<\/em> (27 de abril de 2021); Amist\u00eda Internacional, El apartheid israel\u00ed contra la poblaci\u00f3n palestina. Un an\u00e1lisis de d\u00e9cadas de opresi\u00f3n y dominaci\u00f3n<\/em> (2022).<\/p>\n

[42]<\/a> \u201cThe Constitution of the World Zionist Organization and the Regulations for its Implementation\u201d (versi\u00f3n actualizada a noviembre de 2019). El art\u00edculo 2 de la Constituci\u00f3n de la Organizaci\u00f3n Sionista Mundial establece que \u201cel objetivo del sionismo es crear para el pueblo jud\u00edo un hogar en Eretz Israel protegido por el derecho p\u00fablico\u201d.<\/p>\n

[43]<\/a> Naciones Unidas, \u201cAmid International Inaction, Israel\u2019s Systematic \u2018Demographic Engineering\u2019 Thwarting Palestinians\u2019 Ability to Pursue Justice, Speakers Tell International Conference East Jerusalem Crisis \u2018Far from Over\u2019, Under-Secretary-General Says, Warning Threats to Status Quo in Holy City Can Have Severe Global Repercussions\u201d (1 de julio de 2021).<\/p>\n

[44]<\/a> Ley de retorno 5710-1950 (5 de julio de 1950).<\/p>\n

[45]<\/a> Estado de Palestina, \u201cIt Is Apartheid: The Reality of Israel\u2019s Colonial Occupation of Palestine\u201d (junio de 2021), 18.<\/p>\n

[46]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory<\/em> (dictamen consultivo), International Court of Justice Reports 136 (2004), opini\u00f3n independiente del juez Koroma, p\u00e1rr. 7.<\/p>\n

[47]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) Notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970) <\/em>(dictamen consultivo), International Court of Justice Reports 16 (1971) p\u00e1g. 21.<\/p>\n

[48]<\/a> H\u00e9ctor Gros Espiell, Relator Especial de la Subcomisi\u00f3n de Prevenci\u00f3n de Discriminaciones y Protecci\u00f3n a las Minor\u00edas, \u201cEl derecho a la libre determinaci\u00f3n. Aplicaci\u00f3n de las resoluciones de las Naciones Unidas\u201d (1980), 48-51.<\/p>\n

[49]<\/a> Art\u00edculos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente il\u00edcitos (2001), letras a) y b) del art. 30.<\/p>\n

[50]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Legal Consequences of the Separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965<\/em> (dictamen consultivo), International Court of Justice Reports 2019, p\u00e1g. 25 (25 de febrero de 2019), p\u00e1rr. 178.<\/p>\n

[51]<\/a> Corte Internacional de Justicia, Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory<\/em> (dictamen consultivo), International Court of Justice Reports 136 (2004), p\u00e1g. 136.<\/p>\n

[52]<\/a> Por ejemplo, el tratado de paz firmado entre Etiop\u00eda y Eritrea el 12 de diciembre de 2000, por el que se dispon\u00eda la creaci\u00f3n de una comisi\u00f3n arbitral de reclamaciones neutral.<\/p>\n

[53]<\/a> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, \u201cThe Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Impoverishment of Gaza under Blockade\u201d (2020), p\u00e1g. 34.<\/p>\n

[54]<\/a> Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, \u201cThe Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People: The Unrealized Oil and Natural Gas Potential\u201d (2019), p\u00e1gs. 15, 25.<\/p>\n

[55]<\/a> Ibid.<\/p>\n

[56]<\/a> Rosalyn Higgins, \u201cThe Place of International Law in the Settlement of Disputes by the Security Council\u201d, 64 AM. J. INT\u2019L L. <\/em>1, (1970) 8; Gabriella Blum, \u201cThe Fog of Victory\u201d 24 Eur. J. Int\u2019l L.<\/em> (2012), 391; Omar Dajani, \u201cSymposium on Revisiting Israel\u2019s Settlements: Israel\u2019s Creeping Annexation\u201d, 111 American Journal of International Law <\/em>(2017), 52; Salvatore Fabio Nicolosi, \u201cThe Law of Military Occupation and the Role of De\u00a0Jure<\/em> and De Facto<\/em> Sovereignty\u201d, XXXI Polish Yearbook of International Law<\/em> (2011).<\/p>\n

[57]<\/a> Resoluci\u00f3n 1284 (1999) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, p\u00e1g. 115, p\u00e1rr. 12.<\/p>\n

 <\/p>\n

Puedes leer el estudio completo a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

\n<\/div>\nEstudio \u201cLa legalidad de la ocupaci\u00f3n del Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusal\u00e9n Oriental\u201d<\/a>
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