Teodora Vasquez estaba embarazada de nueve meses cuando comenzó a sufrir un dolor muy intenso. Llamó a emergencias, pero se desmayó. Cuando se despertó, su bebé había nacido muerto. Esta tragedia le costó a Teodora, de El Salvador, una condena de 30 años de cárcel en 2008.
El miércoles, un tribunal de apelaciones mantuvo la condena a Teodora por homicidio agravado, un cargo que se usa para penalizar a las mujeres sospechosas de haber interrumpido su embarazo.
El Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, se reunió con Teodora y otras mujeres que han pasado por situaciones similares en el centro de rehabilitación de Ilopango en su visita reciente a El Salvador.
«El Alto Comisionado quedó muy afectado y por eso ha hablado mucho del caso de Teodora, como un ejemplo de una mujer que fue acusada porque es mujer y porque es pobre», explica la portavoz de la oficina del Alto Comisionado en Ginebra, Liz Throsell en una entrevista con Noticias ONU.
Para el responsable de Derechos Humanos de la ONU, «El Salvador tiene una de las leyes sobre abortos más draconianas del mundo», ya que prohíbe totalmente a las mujeres acceder a un aborto independientemente de las circunstancias, incluso si está en riesgo su vida o ha sufrido una violación.
El Artículo 133 del Código Penal del país estipula penas de prisión de entre dos y ocho años para aquellas mujeres que decidan abortar o para quien practique el aborto. Al menos 41 mujeres más han sido condenadas bajo el código penal de 1988 por intento de homicidio o homicidio agravado después de sufrir abortos espontáneos u otras complicaciones.
«Es importante resaltar que el Código Penal de El Salvador afecta desproporcionadamente a las mujeres pobres, como Teodora. No hemos visto que mujeres de orígenes más pudientes sean encarceladas en circunstancias similares en El Salvador», añadió Throsell.
Zeid ha pedido que se ponga una moratoria a la aplicación de ese artículo y que se revisen todos los casos de mujeres que han sido detenidas por abortar. «Si se descubre que esos casos no siguieron los estándares internacionales, las mujeres deberían ser liberadas inmediatamente», dijo la portavoz.
La ONU también ha pedido a El Salvador que cumpla con sus obligaciones internacionales en cuanto a derechos humanos y termine con la prohibición absoluta de abortar.
Embarazos en niñas y adolescentes
El Salvador tiene uno de los índices de embarazos en adolescentes más altos de América Latina.
Entre el año 2013 y el 2015, uno de cada tres embarazos era de adolescentes, según el informe «El costo económico del embarazo en niñas y adolescentes».
En el año 2016, según datos del Instituto de Medicina Legal que recoge ese mismo informe, en El Salvador se registraron 1844 niñas y adolescentes que habían sido agredidas sexualmente (alrededor de cinco casos diarios). Sin embargo, si una niña o adolescente es violada y trata de terminar su embarazo, podría enfrentarse a una pena de prisión.