Memoria del Secretario General sobre la labor de la Organización: F. Promoción de la justicia y del derecho internacional

La Sala del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia. © TPIY

En el período sobre el que se informa concluyó por primera vez el mandato de un tribunal especial, con el fallo en apelación dictado por el Tribunal Penal Internacional para Rwanda en la causa Butare. El Consejo de Seguridad reconoció los logros del Tribunal, incluida su contribución al proceso de reconciliación nacional y al restablecimiento y mantenimiento de la paz. La clausura del Tribunal para Rwanda no significa que se otorgue impunidad a aquellos cuyos casos no llegaron a someterse a él. De hecho, uno de los prófugos (Ladislas Ntaganzwa) fue detenido en la República Democrática del Congo y trasladado a Rwanda en marzo para ser enjuiciado. Entretanto, el Tribunal Internacional para la ex-Yugoslavia concluyó los juicios de Radovan Karadžić y Vojislav Šešelj. El Sr. Karadžić fue declarado culpable de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, mientras que el Sr. Šešelj resultó absuelto de todos los cargos. Al cierre del período que abarca esta memoria, el Tribunal seguía tramitando dos apelaciones y dos juicios de personalidades políticas y militares de alto nivel. El Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales continúa ejerciendo la jurisdicción y las principales funciones de los Tribunales para la ex-Yugoslavia y Rwanda.

También se produjeron acontecimientos importantes en la Corte Penal Internacional. La Corte concluyó el juicio de Jean-Pierre Bemba Gombo, que fue declarado culpable y condenado a 18 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra (asesinato, violaciones y saqueo) en la República Centroafricana. Ahmad al-Faqi al-Mahdi, acusado de crímenes de guerra por dirigir ataques intencionales contra monumentos históricos y edificios dedicados a la religión en Tombuctú (Malí), expresó su intención de declararse culpable de los cargos. Esta es la primera causa centrada exclusivamente en el crimen de guerra consistente en dirigir ataques intencionales contra bienes culturales.

Se están sustanciando procedimientos en las tres Salas Especiales de los Tribunales de Camboya. El Tribunal Especial para el Líbano está juzgando en rebeldía a cinco personas acusadas de perpetrar el ataque en que resultaron muertos Rafiq Hariri y otras 22 personas. El Tribunal también dictó sentencia en el primer juicio por desacato celebrado contra una entidad empresarial ante un tribunal penal internacional, que se resolvió con la absolución de dicha entidad empresarial y de un periodista. El Tribunal Especial Residual para Sierra Leona, que sigue ejerciendo la jurisdicción del Tribunal Especial para Sierra Leona, prosigue igualmente su labor.

El principio de complementariedad consagrado en el Estatuto de Roma exige que el enjuiciamiento en primera instancia de los delitos graves de trascendencia internacional se celebre a nivel nacional. En este sentido, las Naciones Unidas están apoyando las iniciativas a favor de la rendición de cuentas en Sudán del Sur, la República Centroafricana y Sri Lanka, en colaboración con los Estados Miembros y las organizaciones regionales. En Sudán del Sur, se está prestando asistencia técnica a la Comisión de la Unión Africana en el establecimiento del Tribunal Híbrido para Sudán del Sur, con objeto de que se ocupe de los crímenes internacionales y nacionales cometidos desde diciembre de 2013. Es la primera vez en que se encomienda a las Naciones Unidas la tarea de prestar asistencia técnica a una organización regional para establecer un tribunal híbrido. En la República Centroafricana, la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas está ayudando a las autoridades de transición a establecer un tribunal penal especial. Por lo que respecta a Sri Lanka, las Naciones Unidas están dispuestas a colaborar para llevar a la práctica la propuesta gubernamental de establecer un mecanismo judicial que investigue las denuncias de violaciones y abusos de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario, señaladas por el Consejo de Derechos Humanos.

En 2015 se celebró el 70º aniversario de la Corte Internacional de Justicia como principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Durante el período sobre el que se informa, la Corte dictó cinco fallos, tres sobre objeciones preliminares y dos en cuanto al fondo. En la causa relativa a Determinadas actividades realizadas por Nicaragua en la zona fronteriza (Costa Rica c. Nicaragua) la Corte constató que se había producido una violación de la soberanía territorial y los derechos de navegación de Costa Rica. En la causa relativa a la Construcción de una carretera en Costa Rica a lo largo del río San Juan (Nicaragua c. Costa Rica), la Corte dictaminó que Costa Rica había incumplido su obligación de evaluar el impacto ambiental de la construcción de la carretera. En ambas causas, la Corte estableció que no se habían incumplido obligaciones sustantivas en materia de medio ambiente.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer emitió su recomendación general núm. 33, relativa al acceso de las mujeres a la justicia. En ella se hace hincapié en la importancia de que todas las mujeres tengan acceso a la justicia en los distintos ordenamientos jurídicos y en todos los ámbitos del derecho, con independencia de su condición económica y social, filiación política, situación geográfica, discapacidad, orientación sexual o identidad de género.

La cuestión de los océanos ha ocupado un lugar importante en el quehacer de la Organización. Los Estados Miembros han seguido esforzándose por aplicar las normas del derecho internacional recogidas en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta tiene una importancia fundamental para la aplicación de la Agenda 2030, ya que proporciona el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los océanos y sus recursos. La primera evaluación integrada del medio marino a escala mundial ofrece una base científica esencial para esta labor. La Organización también tomó medidas encaminadas a elaborar un instrumento internacional jurídicamente vinculante en el marco de la Convención relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional.