Jóvenes refugiados sirios rescatados de una embarcación que viajaba frente a la costa de Lesbos, Grecia. © ACNUR/Andrew McConnell
Me duele que el año pasado tantas personas vieran vulnerados sus derechos básicos o siguieran sin poder ejercerlos. Los derechos de los solicitantes de asilo, los refugiados y los migrantes fueron una de las máximas preocupaciones. Millares de personas perdieron la vida durante los viajes en busca de seguridad, protección y una vida más digna. Los refugiados y los migrantes se enfrentaron a niveles alarmantes de discriminación y abusos en los países de origen, tránsito y destino, así como a la falta de respeto de las normas de derechos humanos. Dado que el desplazamiento forzoso de personas alcanzó niveles más elevados que en ningún otro momento desde que se fundó la Organización, se convirtió en una cuestión apremiante de interés mundial. Si queremos proteger los derechos humanos básicos y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, debe mejorar considerablemente la cooperación entre los Estados en materia de migración, el reparto de la responsabilidad respecto de los refugiados, y las políticas y leyes sobre migración, de modo que tengan en cuenta la perspectiva de género y se basen en los derechos humanos. Reconociendo la gravedad de la situación, en febrero el Consejo de Derechos Humanos celebró un diálogo interactivo intensificado sobre los derechos humanos de los migrantes. En mayo presenté un informe (A/70/59) en que instaba a que se protegiera a los refugiados y los migrantes y, entre otras cosas, propugnaba un pacto mundial sobre el reparto de la responsabilidad respecto de los refugiados, otro pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular, y una campaña mundial contra la xenofobia. Exhorto a los Estados Miembros a que en la reunión de alto nivel que se celebrará en septiembre de 2016 para examinar estos problemas adopten medidas decisivas.
La discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia van más allá de la cuestión de la migración y siguen siendo demasiado comunes en el mundo entero. Las Naciones Unidas pusieron todo su empeño en aumentar la igualdad y luchar contra todas las formas de discriminación, incluidas las que se basan en la identidad indígena o minoritaria, la identidad de género y la orientación sexual, la edad, la discapacidad, los ingresos y el albinismo. En este sentido, en 2015 se inició el Decenio Internacional de los Afrodescendientes. También persiste la discriminación contra las mujeres en la legislación y en la práctica, y muchas la sufren en formas múltiples. Para acelerar el progreso hace falta que la ratificación de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer sea universal y su aplicación, plena, que se elimine la discriminación en las leyes, que aumenten las inversiones en la igualdad entre los géneros y los derechos humanos de las mujeres, que se refuercen los mecanismos de rendición de cuentas, que las mujeres participen en todos los niveles de adopción de decisiones, y que se corrijan las desigualdades.
Las repercusiones que acarrea para los derechos humanos el aumento de las desigualdades, tanto dentro de los Estados como entre ellos, siguen siendo motivo de grave preocupación para mí. Puesto que uno de los objetivos fundamentales de la Agenda 2030 es reducir las desigualdades y hacer efectivos los derechos humanos para todos, el año pasado se hicieron intensos esfuerzos para integrar los derechos humanos en el desarrollo y la economía. Las Naciones Unidas procuraron mantener las preocupaciones relativas a los derechos humanos en un lugar prominente de los debates sobre el seguimiento, el examen y la rendición de cuentas conexos, así como sobre la financiación para el desarrollo. Esta especial atención se extendió a la labor relativa a la alerta temprana en marcha en las Naciones Unidas, concretamente las medidas iniciales para establecer un sistema de alerta temprana que reconozca los vínculos entre los conflictos y las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos elementos constituyen el núcleo de la iniciativa Los Derechos Humanos Primero, que se ha seguido aplicando, en consulta con la Asamblea General. La iniciativa tiene por objeto lograr que los mandatos de las Naciones Unidas en el ámbito de la prevención y la alerta temprana se cumplan aunando los tres pilares de su actuación —la paz y la seguridad, el desarrollo y los derechos humanos— mediante el cambio cultural, el cambio operacional y el fortalecimiento de la colaboración con los Estados Miembros. La reciente aprobación de resoluciones sustancialmente idénticas por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad sobre el examen de la estructura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz reforzó este enfoque al reconocer que el sostenimiento de la paz debería encauzarse a través de los tres pilares de la labor de las Naciones Unidas en todas las etapas de los conflictos.
El año pasado fue testigo de una espantosa falta de respeto por la protección de los derechos humanos fundamentales y los principios básicos del derecho internacional humanitario en el contexto de los conflictos que se desarrollaban por todo el mundo. El desprecio de los principios básicos de la distinción, la proporcionalidad y la humanidad demostrado en las situaciones de conflicto por los agentes tanto estatales como no estatales provocó un inmenso sufrimiento, en particular en la República Árabe Siria, el Yemen y el Iraq. No obstante, se realizaron progresos importantes en la integración de la perspectiva de los derechos humanos en la labor que dedicamos a la paz y la seguridad. Los miembros del Consejo de Seguridad pidieron con mayor frecuencia recibir información de expertos en derechos humanos e incluyeron análisis de tales derechos en sus procesos de adopción de decisiones. Las resoluciones aprobadas sobre el examen de la estructura para la consolidación de la paz alentaron a los Estados Miembros que participaban en el examen periódico universal a considerar las dimensiones de la consolidación de la paz relativas a los derechos humanos. El Grupo Independiente de Alto Nivel sobre las Operaciones de Paz puso de relieve la importancia que revisten los derechos humanos y la protección de los civiles en las operaciones de esa índole. Como seguimiento, las Naciones Unidas adoptaron medidas para asegurar la presentación periódica de informes públicos sobre derechos humanos, reforzar la capacitación del personal de mantenimiento de la paz en derechos humanos e integrar las funciones de protección especializadas en los componentes de derechos humanos de las misiones. Nuestro compromiso con la alerta temprana y la protección se plasmó en respuestas rápidas a las crisis de derechos humanos. Se enviaron rápidamente equipos multidisciplinarios a países donde se habían declarado crisis o se corría el riesgo de que se declararan. El compromiso renovado de las Naciones Unidas con la prevención de los conflictos es también un reconocimiento de la importante función que puede desempeñar el análisis de los derechos humanos en la configuración de instrumentos para la acción preventiva.
Con respecto al principio de la responsabilidad de proteger, exhorto a los Estados Miembros a que garanticen que las obligaciones jurídicas se cumplan plenamente en la práctica y que se mantengan los estándares más elevados posibles de respeto de los derechos humanos.
Los Estados Miembros siguieron acudiendo a las Naciones Unidas para que realizaran evaluaciones independientes, imparciales y fidedignas de situaciones preocupantes en el ámbito de los derechos humanos por medio de comisiones de investigación y misiones de determinación de los hechos. El Consejo de Derechos Humanos encargó misiones relativas a Boko Haram, Libia, la República Árabe Siria, Eritrea y Sudán del Sur. Combatir la impunidad y fortalecer la rendición de cuentas y el estado de derecho siguió siendo una prioridad destacada. Los Estados Miembros de todo el mundo solicitaron apoyo de las Naciones Unidas en relación con las reformas constitucionales y legislativas, la administración de justicia y la aplicación de la ley, las reparaciones que tienen en cuenta el género, las medidas de protección de testigos y las iniciativas de justicia de transición, así como en relación con las medidas adoptadas para prevenir y contrarrestar el extremismo violento y combatir el terrorismo. Este apoyo permitió a los Gobiernos y sus colaboradores de la sociedad civil armonizar los sistemas jurídicos y judiciales con las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos. La abolición de la pena de muerte siguió siendo una de las prioridades en la esfera de los derechos humanos y la labor de la Organización para alcanzar ese objetivo incluyó la mesa redonda bienal de alto nivel en el Consejo de Derechos Humanos sobre las actividades regionales al respecto.
Los Gobiernos tienen la responsabilidad primordial de hacer que se atiendan las obligaciones en materia de derechos humanos y han de cumplir ese deber. Puesto que es fundamental garantizar un espacio para que la sociedad civil desempeñe su papel complementario, resulta muy preocupante que a lo largo del período sobre el que se informa continuara la tendencia mundial a limitar ese espacio. Las libertades de expresión, asociación y reunión pacífica se vieron gravemente coartadas en muchos países y en todas las regiones. Asimismo, hubo gravísimas represalias contra personas que cooperaban con las Naciones Unidas. Durante las elecciones, las campañas de los defensores de los derechos humanos, los movimientos sociales y las protestas políticas y en relación con las medidas contra el terrorismo surgieron frecuentes problemas. Las Naciones Unidas defendieron firmemente las libertades públicas que caracterizan a las sociedades democráticas mediante labores de promoción y asesoramiento jurídico a nivel mundial, nacional y local.
En el período que abarca esta memoria el Consejo de Derechos Humanos se ocupó de crisis crónicas, emergentes y en curso al respecto. En su labor destaca el diálogo sobre los migrantes y dos períodos extraordinarios de sesiones para ocuparse de las atrocidades cometidas por Boko Haram y de la forma de evitar que continuara deteriorándose la situación de los derechos humanos en Burundi. En sus tres períodos ordinarios de sesiones el Consejo adoptó medidas para prevenir que se agudizaran aún más las violaciones de los derechos humanos, en particular los de los musulmanes rohinyá y otras minorías de Myanmar, así como en relación con Ucrania, Sudán del Sur, el Sudán, el Yemen y Libia, mientras mantenía bajo vigilancia la situación imperante en la República Centroafricana y Côte d’Ivoire. El segundo ciclo del examen periódico universal siguió gozando de una participación plena. Aumentó el número de titulares de mandatos de procedimientos especiales independientes del Consejo y se están estableciendo nuevos mandatos sobre el albinismo y el derecho a la privacidad. En 2015 los titulares de mandatos realizaron 76 visitas. Por su parte, los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos se beneficiaron considerablemente del tiempo adicional asignado a sus reuniones que aprobó la Asamblea General en su resolución 68/268, gracias a lo cual se examinaron 173 informes de Estados partes, se aprobaron dictámenes y decisiones sobre más de 160 comunicaciones individuales, el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes realizó ocho visitas, y se llevaron a cabo actividades a nivel nacional en más de 40 países.
En su septuagésimo período de sesiones la Asamblea General aprobó 48 resoluciones relacionadas con los derechos humanos, 30 de las cuales se aprobaron sin votación. Lamento que en ese período de sesiones hubiera que someter a votación una serie de resoluciones que tradicionalmente se aprobaban por consenso, incluidas las relativas a los derechos del niño, al fortalecimiento de la función de las Naciones Unidas para mejorar las elecciones periódicas y auténticas, y a los defensores de los derechos humanos, y que para aprobar sin votación otras resoluciones que solían gozar de un apoyo amplio, como la relativa a la prevención de la tortura, hicieran falta niveles sin precedentes de compromiso político.