Capítulo II : D.Promoción y protección de todos los derechos humanos

Las agencias humanitarias y los asociados de la ONU están ayudando a cientos de miles de refugiados rohingyas en Bangladesh, septiembre de 2017. Foto: PMA/Saikat Mojumder

La paz es en sí misma un imperativo de derechos humanos

 Estoy convencido, hoy más que nunca, de que la paz es en sí misma un imperativo de derechos humanos. En todo el mundo han estallado numerosas crisis y conflictos en los que se violan reiteradamente las leyes que protegen los derechos humanos, incluso en situaciones de emergencia pública y de guerra. En el Afganistán, el Iraq, Libia, Sudán del Sur, la República Árabe Siria y el Yemen, las instalaciones médicas, los lugares de culto y las escuelas fueron atacados y bombardeados repetidamente. En esas y otras zonas en crisis —como Burundi, la República Democrática del Congo, la región del lago Chad que ha sufrido los ataques de Boko Haram, Malí, partes de Myanmar, Somalia, el Sudán, Ucrania y el Territorio Palestino Ocupado— cientos de miles de personas han perdido la vida.

Cada vez con mayor frecuencia, quienes sobreviven a esos ataques se ven obligados a huir, exponiéndose a un mayor riesgo de morir o sufrir nuevas violaciones al desplazarse en condiciones en las que no se respeta la dignidad humana y en las que los niños quedan hambientos, sin escolarizar y sometidos a violencia. Detener esos crímenes contra la paz y garantizar que las víctimas reciban reparación y que los responsables respondan por sus actos son algunas de las tareas más apremiantes que nos competen.

Además de los conflictos sangrientos, durante el último año persistió la privación de los derechos económicos y sociales básicos de millones de mujeres, hombres y niños, debido en algunos casos a la pobreza crónica o en muchos otros a la gobernanza deficiente o la austeridad impuesta. Las enormes desigualdades que existen entre los géneros, los grupos sociales y los niveles de ingreso han mermado la confianza de la población. Con demasiada frecuencia la inseguridad económica y social se achaca a “los otros”, ya sean migrantes o personas de raza, etnia, género o clase social diferente, y no a las políticas públicas fallidas.

 En ese contexto, millones de personas escaparon de los conflictos armados y emigraron en busca de oportunidades y de protección de sus derechos humanos. El número de personas que murieron al intentar cruzar el mar Mediterráneo es desconsoladamente elevado: unos 1.900 muertos y desaparecidos al mes de julio de 2017, pese a que el número total de llegadas a Europa disminuyó con respecto a 2015/2016. Muchos más perdieron la vida o desaparecieron en otras regiones del mundo o padecieron torturas y traumas u otras violaciones de los derechos humanos antes de llegar a su destino.

Me ha causado consternación el malintencionado discurso político que se difunde en numerosos países. Muchos dirigentes, en lugar de adoptar criterios razonados y de cooperación, han atizado las ardientes llamas del prejuicio y el temor, que dividen y debilitan a sus sociedades. En el mundo se ha desatado una ola de racismo y xenofobia que se manifiesta en estereotipos, comportamientos con sesgo racista, el discurso de odio y delitos motivados por prejuicios. Debemos apoyar unánimemente, quizás hoy más que nunca, las normas y los mecanismos universales de derechos humanos.

En la Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes (véase el párr. 52), que brinda un atisbo de esperanza para el futuro, se adoptó una firme posición de principios y los Estados Miembros se comprometieron a proteger en todo momento los derechos humanos de todos los migrantes independientemente de su estatus migratorio y teniendo en cuenta las necesidades específicas de los que se encuentran en situación de vulnerabilidad. La Organización apoya a los Estados en este empeño, pero se necesita un liderazgo mayor y más constante en cada una de las regiones. 

Los derechos humanos son un elemento central de mi llamamiento en favor de la prevención y del sostenimiento de la paz   

Las medidas en favor de los derechos humanos son el núcleo de toda iniciativa encaminada a prevenir los conflictos y sostener la paz. Esas medidas constituyen inversiones que reportan beneficios tanto inmediatos como a largo plazo al fomentar la resiliencia, reparar los agravios, reducir las desigualdades y promover el desarrollo sostenible.

Por esa razón, durante el último año desplegamos con rapidez “equipos ligeros” multidisciplinarios ante situaciones preocupantes en Burkina Faso, Lesotho y el Congo. Durante el período de que se informa, el Consejo de Derechos Humanos estableció tres comisiones de investigación y misiones de constatación de los hechos sobre Sudán del Sur, la República Árabe Siria y Burundi, así como un grupo de expertos independientes sobre la rendición de cuentas en la República Popular Democrática de Corea. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos también estableció otras nueve investigaciones, entre ellas sobre el Yemen y Myanmar.

Esas misiones están encargadas de realizar investigaciones sobre el terreno y evaluaciones imparciales y basadas en los hechos, dar voz a las víctimas y llamar la atención sobre situaciones sumamente preocupantes a nivel mundial. Sobre la base de sus constataciones y recomendaciones específicas, se exigirán cuentas a los Estados, los agentes no estatales y los particulares. Los oficiales destacados sobre el terreno también investigan las denuncias y les dan seguimiento con el fin de alentar a los Estados a cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos y prevenir así la comisión de violaciones en el futuro. La colaboración con los medios de información también es esencial. Recientemente, durante el asedio y bombardeo de la zona oriental de Alepo, en la República Árabe Siria, y durante las hostilidades en Burundi, la emisión de declaraciones públicas firmes y bien informadas ayudó a generar una cobertura mediática que contribuyó a mitigar algunos abusos y violaciones graves.

Las reacciones negativas a la promoción de los derechos de las mujeres han provocado la eliminación de leyes relativas a la violencia por razón de género y los derechos sexuales y reproductivos. Debemos avanzar rápida y deliberadamente hacia una mayor igualdad, sobre todo en lo que respecta a la violencia contra las mujeres, los abusos sexuales en situaciones de conflicto, la trata y la explotación conexa y la discriminación generalizada que priva a millones de mujeres de educación, recursos económicos y derechos reproductivos. Deben tomarse medidas más enérgicas contra el reclutamiento y la utilización de niñas en los conflictos armados, incluso como esclavas sexuales y terroristas suicidas. Durante el período de que se informa, seguimos prestando asistencia a países interesados en mejorar las leyes relativas a los derechos humanos de las mujeres y las niñas y acordamos marcos de acción para prevenir la violencia sexual relacionada con los conflictos y responder ante ella y asegurar la rendición de cuentas por esos actos.

Me preocupan las medidas represivas que limitan las libertades públicas fundamentales, a saber, la libertad de expresión, de opinión y de reunión pacífica. La participación plena de la sociedad civil es indispensable para avanzar en el cumplimiento de todos los objetivos de las Naciones Unidas. Es evidente que cuando los Gobiernos y sus agentes toman medidas drásticas contra los activistas, abogados, defensores de los derechos humanos, periodistas y opositores políticos —o eliminan las garantías de independencia del poder judicial— su actuación no pone fin a la violencia sino que desacredita a sus propios Estados y menoscaba la confianza de su población. La denegación de la libertad de expresión menoscaba las oportunidades de cooperación internacional de los Estados y su capacidad de respuesta ante las verdaderas amenazas a la seguridad y los problemas de desarrollo.

Alarmado por los actos de intimidación y represalia cometidos contra personas que colaboran con las Naciones Unidas en cuestiones de derechos humanos, he adoptado medidas para reforzar la respuesta de la Organización a esos incidentes. La participación de la sociedad civil es esencial para la labor de las Naciones Unidas y la de todos nuestros asociados. Durante el pasado año observé con preocupación cada vez mayor los ataques perpetrados contra defensores de los derechos humanos, incluidas varias personas dedicadas a defender a poblaciones perseguidas, pueblos indígenas y minorías, así como los derechos de las mujeres, los derechos sobre la tierra y el medio ambiente. En todo el planeta ha ido en aumento la persecución de defensores pacíficos de los derechos humanos y de quienes actúan en solidaridad con ellos.

El proceso del examen periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos entra en un nuevo ciclo, y cada Estado Miembro de las Naciones Unidas pasará por una tercera ronda de escrutinio. Trabajaremos para aumentar la pertinencia, precisión y repercusión de las recomendaciones del Consejo, en particular mediante un mayor apoyo a los Estados Miembros con miras a su cumplimiento, una colaboración más estrecha con los equipos de las Naciones Unidas en cada país y la creación de mecanismos nacionales para la presentación de informes sobre derechos humanos y el seguimiento de las recomendaciones a fin de vincular el examen periódico universal con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mi Representante Especial para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados presenta informes anuales al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General sobre los delitos graves cometidos contra los niños y saca a la luz las situaciones desesperadas en que se encuentran esos niños.

En definitiva, la Agenda 2030 ofrece una hoja de ruta hacia un mundo en que se respeten más los derechos. En las directrices revisadas del Marco de Desarrollo de las Naciones Unidas se ha hecho especial hincapié en los derechos humanos, la igualdad y el empoderamiento de las mujeres; al mismo tiempo, todo el sistema de las Naciones Unidas se ha comprometido a integrar la necesidad imperiosa de eliminar la discriminación y reducir las desigualdades, sin dejar a nadie atrás.