Sudán del Sur

Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 de avril de 2018.

Durante las hostilidades que estallaron en Yuba en julio de 2016 y que afectaron a otras regiones de Sudán del Sur, y con posterioridad a ellas, los ataques contra civiles incluyeron la violencia sexual generalizada y sistemática empleada como táctica de guerra, con un evidente trasfondo político y étnico, tendencia que no disminuyó a lo largo de 2017. En casi todos los casos registrados, los autores y las víctimas procedían de grupos étnicos rivales, y la violencia física a menudo iba acompañada de insultos verbales contra las víctimas sobre la base de su identidad y su presunta afiliación. Según la Comisión de Investigación de la Unión Africana sobre Sudán del Sur (A/HRC/3771), se cometieron atroces actos de violación, mutilación de órganos sexuales y otras formas de violencia sexual contra mujeres, niñas, hombres y niños, a menudo en presencia de familiares, a fin de humillar a las víctimas, las familias y comunidades enteras, o como forma de castigo en centros de detención. La proliferación de milicias, con fácil acceso a las armas, aumentó la tasa de violencia sexual, incluso como factor de desplazamiento. A finales de 2017, había casi dos millones de civiles desplazados en el interior de Sudán del Sur, de los cuales 209.898 vivían en emplazamientos para la protección de los civiles, gestionados por la Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS). Otros dos millones de civiles habían huido a través de la frontera, con el riesgo de violencia sexual exacerbado durante la huida, debido a que elementos de las fuerzas de seguridad, milicias y bandas itinerantes de jóvenes armados que se desplazan por la frontera se aprovechan de las mujeres y las niñas. El estigma social y la presión de la comunidad perpetúan
el silencio en torno a esos delitos, lo que puede dar lugar a que las esposas sean rechazadas por sus maridos y a que las niñas sean retiradas de la escuela. Se estima que el 90% de las controversias se remiten a mecanismos tradicionales, en virtud de los cuales se puede ordenar a las víctimas que se casen con sus agresores.
En 2017, la UNMISS documentó 196 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, que afectaron a 128 mujeres y 68 niñas. Los incidentes correspondieron a violaciones (88), violaciones colectivas (63), secuestros con fines de agresión sexual (31) y tentativas de violación (14). La disminución del número de incidentes denunciados, en comparación con los 577 corroborados en 2016, se atribuye a las graves restricciones de acceso a las zonas de conflicto. Además, la UNMISS no pudo verificar las violaciones sufridas por las personas que se trasladaron a otras regiones
o a terceros países. Los ataques fueron atribuidos al ELPS (67), la facción pro-Taban Deng del Ejército de Liberación del Pueblo del Sudán en la Oposición (ELPS en la Oposición) (4), la facción pro-Machar del ELPS en la Oposición (7), el Movimiento/Ejército de Liberación Nacional de Sudán del Sur (M/ELNSS) (1), el Frente Patriótico Popular de Sudán del Sur (2), milicias aliadas al ELPS (5), milicias aliadas al ELPS en la Oposición (4), el Servicio de Policía Nacional de Sudán del Sur (1), y el resto a hombres armados no identificados. Ninguno de esos incidentes ha sido enjuiciado hasta la fecha.

Desde 2014 se han firmado sucesivos compromisos, acuerdos de alto el fuego, órdenes de mando y comunicados, incluso para prevenir y castigar la violencia sexual, y las Naciones Unidas siguen colaborando con las partes para alentar su cumplimiento, que sigue siendo sumamente insuficiente. Por lo tanto, como señalé en mi informe especial sobre la renovación del mandato de la UNMISS (S/2018/143), me propongo seguir fortaleciendo la rendición de cuentas. El grupo de trabajo de las Naciones Unidas y el Gobierno sobre la aplicación del comunicado conjunto acerca de la violencia sexual se reunió periódicamente a lo largo de 2017, en particular para elaborar un plan de aplicación con las fuerzas nacionales de seguridad. La UNMISS, en colaboración con el Equipo de Expertos, facilitó la capacitación de 310 miembros del ELPS y 85 agentes de la policía nacional (incluidas 21 mujeres) a fin de reforzar la responsabilidad individual y de mando para prevenir y combatir la violencia sexual.
Los comandantes del ELPS han aprobado un plan de acción para hacer frente a la violencia sexual relacionada con el conflicto y, en noviembre de 2017, el Inspector General de Policía formó una comisión para que preparara un plan similar para la policía. En mayo de 2017, el Tribunal Especial constituido por el Consejo de Guerra General del ELPS inició el enjuiciamiento de los soldados del ELPS acusados de delitos como la violación y la violación colectiva de trabajadores humanitarios alojados en el complejo del hotel Terrain en 2016. El tribunal permitió que las víctimas prestaran declaración por videoconferencia y que se celebraran sesiones a puerta cerrada para proteger la identidad de las víctimas y los testigos. El tribunal desestimó los cargos contra un acusado (ya fallecido) y continúa el juicio de los 11 acusados restantes, cuyas actuaciones judiciales son supervisadas por la UNMISS.

En un entorno operacional cada vez más difícil, la UNMISS y los agentes humanitarios han logrado mejorar los sistemas de alerta temprana, acelerar el ritmo de las patrullas, incluidas las patrullas de recogida de leña, y establecer zonas libres de armas en torno a los emplazamientos para la protección de los civiles. A pesar de esas medidas, se siguen recibiendo denuncias de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto perpetrados en los lugares de desplazamiento y sus alrededores, y con frecuencia se roba y viola a las mujeres que salen a buscar agua o leña y tratan de obtener acceso a mercados o molinos o cultivar campos. El consiguiente temor restringe la movilidad de las mujeres, lo que obstaculiza la realización de actividades de sustento vitales de las que dependen las familias. Un total de 2.670 víctimas de la violencia por razón de género en todo el país recibieron apoyo médico y psicosocial a través de las vías de remisión establecidas, mientras que las Naciones Unidas siguieron prestando apoyo a las instalaciones médicas para asegurar que se almacenaran kits de atención posterior a las violaciones y se capacitara al personal en materia de servicios de tratamiento clínico de los sobrevivientes de violaciones sexuales.

Recomendación
Insto a las partes en el conflicto a que cumplan los compromisos contraídos en sus respectivos comunicados de prevenir y castigar la violencia sexual relacionada con el conflicto, a que retiren de las fuerzas armadas y de seguridad a presuntos autores de delitos y a que respeten la inviolabilidad de los emplazamientos para la protección de los civiles. Hago un llamamiento a las autoridades para que velen por el funcionamiento eficaz de las dependencias especiales de protección de la policía, a fin de mejorar su capacidad de respuesta a las necesidades de las mujeres afectadas por el conflicto.