Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 de avril de 2018.
La reducción de los enfrentamientos militares entre las fuerzas del Gobierno y los grupos rebeldes, y la cesación unilateral y sostenida de las hostilidades durante 2017, se tradujeron en una mejora general de las condiciones de seguridad en Darfur. Sin embargo, la situación sigue siendo precaria debido a la presencia de grupos de milicianos, alimentada por la inestabilidad de la situación regional. Los actos de violencia sexual relacionada con el conflicto se han producido principalmente en los alrededores de los campamentos de desplazados, aunque también se han observado
en aldeas y zonas remotas a las que han comenzado a regresar personas desplazadas y donde los perpetradores suelen aprovecharse de las víctimas cuando estas se dedican a actividades de subsistencia. En algunos casos, los temores por la seguridad han impedido el regreso de los civiles a sus aldeas de origen. En un caso, una familia que vivía en Darfur Occidental, cuyos miembros habían huido al Chad como refugiados, fue obligada a cruzar la frontera y regresar al Chad después de que uno de ellos fue víctima de una violación colectiva, por temor a nuevos ataques por parte de los autores del acto (véase S/2017/1125). La campaña del Gobierno para recoger armas ilícitas en Darfur, de conformidad con el Decreto Presidencial núm. 419 (2017), es una medida importante para la protección de las poblaciones vulnerables. Si bien esos esfuerzos se vieron obstaculizados por la resistencia de algunas comunidades, los incidentes de violencia armada entre comunidades parecían haber disminuido considerablemente, probablemente como resultado de los esfuerzos del Gobierno por contener y mediar en las controversias tribales. Aunque la tasa de nuevos desplazamientos fue menor en 2017 que en años anteriores y el acceso humanitario había mejorado, la violencia sexual siguió prevaleciendo debido a un entorno de seguridad inestable en el que proliferan las armas pequeñas y las armas ligeras, la delincuencia y los enfrentamientos esporádicos.
En 2017, la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur documentó 152 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto (84 mujeres, 66 niñas y dos niños) en los cinco estados de Darfur, lo que representa una disminución con respecto a las 222 víctimas registradas en 2016. Los casos se referían a violaciones (90%), tentativas de violación (6%) y violaciones colectivas (4%). En el 2% de los casos, las víctimas fueron asesinadas, y en muchos otros sufrieron graves lesiones corporales. La violencia sexual sigue dejándose de denunciar de manera crónica, debido al estigma, el acoso, el trauma, la falta de protección de las víctimas y los testigos y la presunta inacción de los órganos encargados de hacer cumplir la ley, ya que tanto la policía como los proveedores de servicios han sido presionados para que desestimen los casos. La violación suele resolverse mediante mecanismos tradicionales de justicia, que tienden a ordenar a las víctimas que se casen con el perpetrador.
Las víctimas identificaron a los autores de actos de violencia sexual relacionada con el conflicto como hombres armados o milicianos vestidos de civil en el 70% de los casos y como miembros del aparato de seguridad nacional; a saber, las Fuerzas Armadas Sudanesas, las Fuerzas de Apoyo Rápido, la Guardia de Fronteras y miembros de la Fuerza de Policía Sudanesa, en el 30% de los casos. Al igual que en años anteriores, el aumento de la violencia sexual coincidió con la temporada agrícola, de julio a octubre, especialmente a lo largo de las rutas de migración de pastores nómadas armados, en las que los agricultores varones fueron agredidos físicamente y las mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales. Los datos recopilados por el Fiscal Especial para los Delitos de Darfur indican que las violaciones de menores, en particular de niñas, han ido en aumento, y que las mayores tasas de violación de menores se han registrado en Darfur Meridional (58%). De los 286 casos de violación de menores denunciados en 2017, solo se ha juzgado a los autores en 86 de ellos, aunque a juicio del Fiscal Especial ninguno de esos casos constituye violencia sexual relacionada con el conflicto. El Gobierno atribuye el aumento de esas cifras a los esfuerzos por aumentar la conciencia y mejorar la recopilación de datos.
Aunque el artículo 149 de la Ley Penal del Sudán (1991) fue enmendado en 2015 para tipificar la violación de manera más coherente con las normas internacionales, en la práctica las víctimas siguen temiendo que de no poder probar la violación ello las exponga a la acusación de adulterio, lo que perpetúa la renuencia de las supervivientes a presentar denuncias. Las autoridades judiciales locales han recalcado su determinación de hacer que los autores rindan cuentas por sus delitos y han señalado el despliegue de nuevos fiscales y policías, incluso en las zonas rurales. Las Naciones Unidas han impartido capacitación al personal de los sectores de la justicia y la seguridad y han apoyado la creación de “oficinas encargadas de las cuestiones de género” en varias comisarías de policía. El UNFPA ayudó a fomentar la capacidad del personal médico para prestar servicios de tratamiento clínico de los sobrevivientes de violaciones sexuales capaz de salvar vidas, y a ampliar los programas de lucha contra la violencia por razón de género a las zonas de reciente acceso. En febrero de 2018, el Gobierno facilitó la primera visita al Sudán de mi Representante Especial, que incluyó recorridos por varios lugares en Darfur Septentrional y Darfur Occidental. Me siento alentado por el diálogo constructivo iniciado durante la visita con una amplia gama de partes interesadas, incluidos altos funcionarios de los sectores de la seguridad, la justicia y la salud.
Recomendación
Aliento al Gobierno a que establezca rápidamente un marco de cooperación con las Naciones Unidas de conformidad con la resolución 2106 (2013) del Consejo de Seguridad, que servirá de base para el futuro apoyo a las autoridades nacionales a fin de mejorar las medidas de prevención y respuesta. También aliento al Gobierno a que apruebe y aplique su proyecto de plan de acción nacional sobre la resolución 1325 (2000) del Consejo, que permitirá medir los progresos a partir de parámetros claros con partidas presupuestarias conexas. Insto a la comunidad internacional a que apoye al Gobierno para que aborde las cuestiones relacionadas con el regreso voluntario de los desplazados.