Colombia

Información basada en el Informe del Secretario General al Consejo de Seguridad (S/2018/250) publicado el 16 de avril de 2018.

En noviembre de 2016, las negociaciones entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) culminaron en un acuerdo de paz histórico, que marca el fin de medio siglo de conflicto entre esas partes, en el que la violencia sexual fue generalizada y sistemática. La justicia de género ocupó un lugar central en el acuerdo, que incluye 100 disposiciones relativas a las cuestiones de género y los derechos de la mujer, varias de las cuales abordan específicamente la violencia sexual relacionada con los conflictos. En el acuerdo se nombra a la Oficina de mi Representante Especial, a la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres), el Gobierno de Suecia y la Federación Democrática Internacional de Mujeres como partes que apoyan su cumplimiento. En su resolución 2366 (2017), de 10 de julio de 2017, el Consejo de Seguridad autorizó la creación de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia para supervisar la próxima fase de la aplicación del acuerdo, en particular de la reintegración política, económica y social de las FARC-EP. Se han hecho esfuerzos para que todos los supervisores y observadores reciban capacitación en cuestiones de género y la violencia sexual relacionada con los conflictos. En octubre de 2017, el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional acordaron un alto el fuego, así como un mecanismo de vigilancia, supervisión y verificación, cuyo mandato incluye un anexo sobre la incorporación de la perspectiva de género y una hoja de ruta para responder a la violencia sexual, si bien las conversaciones han quedado suspendidas desde entonces.

 

Colombia cuenta con un marco normativo sólido, aunque sigue siendo difícil obtener acceso a la justicia. En 2017, la dependencia nacional de víctimas registró 24.576 casos de violencia sexual relacionada con el conflicto, de las cuales un tercio habían recibido indemnización. Si bien ese nivel de justicia reparadora por delitos de violencia sexual perpetrados en tiempo de guerra no tiene precedentes a nivel mundial, la administración de reparaciones colectivas sigue siendo difícil debido al gran número de víctimas afectadas y a la dificultad de identificar a las víctimas de manera que no sea perjudicial para ellas. En cuanto a los esfuerzos para promover la rendición de cuentas, a finales de 2017 la Oficina del Fiscal General había dictado actos de acusación en el 17% de los casos de violencia sexual, el 5% de las cuales dieron lugar a condenas, incluidas tres condenas penales por actos de violencia sexual relacionada con el conflicto cometidos por miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

A pesar de las medidas positivas adoptadas para consolidar la paz, en 2017 la violencia esporádica siguió provocando el desplazamiento de miles de civiles, en su mayoría mujeres y niños (70%), y los colombianos afrodescendientes y las comunidades indígenas se vieron afectados de manera desproporcionada (73%). La violencia sexual sigue siendo un factor de desplazamiento forzoso. En un incidente ilustrativo, una mujer desplazada de la provincia de Arauca fue llevada por la fuerza al otro lado de la frontera con la República Bolivariana de Venezuela, donde fue violada por miembros de un grupo armado que la habían estado amenazando y exigiéndole dinero. Tras su puesta en libertad, huyó a un nuevo lugar en busca de seguridad. Los defensores de los derechos de las mujeres que son colombianos afrodescendientes y personas indígenas se han visto obligados a huir de sus hogares tras recibir amenazas de violencia sexual. Las líderes comunitarias, especialmente las que denuncian la violencia de género, son objeto de amenazas, ataques y agresiones sexuales por parte de miembros de grupos armados. La actividad económica ilegal sigue alimentando el conflicto y el riesgo de violencia sexual. En respuesta a la gran demanda de servicios sexuales por parte de ciertos grupos armados, los carteles de traficantes de drogas han facilitado la explotación sexual de mujeres y niñas. Las redes delictivas, que se dedican principalmente a actividades mineras ilícitas, también han participado en la trata de mujeres y niñas indígenas dentro del país y a través de las fronteras con fines de prostitución forzada. En 2017, el sistema de alerta temprana de la Oficina del Defensor del Pueblo publicó 22 informes sobre el elevado riesgo de violencia sexual relacionada con el conflicto, incluidos dos casos de trata transfronteriza de mujeres venezolanas.

Las estadísticas oficiales indican que el 73% de las víctimas de violaciones son niñas, lo que a menudo conduce al embarazo en la adolescencia y la deserción escolar. Las niñas de 12 a 16 años de edad fueron objeto de amenazas de violación selectiva por parte de miembros de los grupos surgidos después de la desmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia y Clan del Golfo, en cuatro departamentos de la parte occidental del país. Las Naciones Unidas verificaron el abuso sexual de dos civiles varones por parte de miembros de un grupo surgido después de la desmovilización en la provincia de Putumayo en 2017, aunque por lo general los supervivientes varones son renuentes a buscar apoyo por temor a represalias.
Asimismo, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales han sido hostigadas por agentes armados, pero rara vez denuncian los abusos sexuales o de otro tipo. En el informe de septiembre de 2017 del Defensor del Pueblo se señala el riesgo de violencia sexual en los puntos de desmovilización de las FARC-EP y sus alrededores y se observa además que las excombatientes han sufrido violencia doméstica o infligida por la pareja. Ello pone de relieve la importancia de una política de desarme y reintegración con perspectiva de género.

Recomendación
Encomio a las partes por haber hecho de la justicia de género un elemento central del proceso de paz y las insto a que se aseguren de que siga ocupando el centro de la atención durante la aplicación, en particular mediante el fortalecimiento de la capacidad institucional y el fomento de un amplio sentido de asunción como propias de las disposiciones del acuerdo relativas al género. Insto al Gobierno a que se asegure de que los servicios, la justicia y las reparaciones lleguen a los supervivientes de la violencia sexual relacionada con el conflicto, prestando especial atención a la difícil situación y los derechos de las mujeres y las niñas de las zonas rurales, las comunidades indígenas, los colombianos afrodescendientes, las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales y los hogares encabezados por una mujer.
Insto a las partes pertinentes a velar por que la justicia de género y la violencia sexual relacionada con el conflicto sean consideraciones centrales en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional.