Reafirma la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas que afectan a todas las personas y entidades incluidas en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida. Señala que las disposiciones relativas a la congelación de activos se aplican a las transacciones financieras con fondos, recursos económicos o actividades generadoras de ingresos que beneficien a personas, grupos, empresas y entidades incluidos en la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida, que comprenden, entre otras cosas, el comercio con productos derivados del petróleo, recursos naturales, productos químicos o agrícolas, armas o antigüedades por personas, grupos, empresas y entidades incluidos en la Lista, los secuestros para obtener rescate, y el producto de otros delitos, como la trata de personas, la extorsión y los atracos a bancos. Exhorta a los Estados Miembros a desarrollar la capacidad de procesar los datos de los registros de nombres de los pasajeros (PNR) y garantizar que los datos de los PNR sean utilizados por las autoridades nacionales competentes. Exhorta a los Estados Miembros a mejorar la cooperación para hacer frente a la cuestión de los combatientes terroristas extranjeros que regresan a sus países de origen, o que transitan a través de otros Estados Miembros, viajan a ellos o se trasladan desde o hacia ellos. Insta a los Estados Miembros a intercambiar información con rapidez sobre la identidad de los combatientes terroristas extranjeros. Exhorta a todos los Estados a que presenten al Comité, en un plazo máximo de 120 días después de la fecha de aprobación de la resolución, un informe actualizado sobre la aplicación de las medidas. Prorroga los mandatos del Equipo de Vigilancia y de la Oficina del Ombudsman hasta diciembre de 2021. Decide que los nombres especificados en el anexo III de la resolución estarán sujetos a las medidas establecidas en el párrafo 1 de la resolución y se agregarán a la Lista de Sanciones contra el EIIL (Dáesh) y Al-Qaida.