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La reforma de las instituciones del estado de derecho, incluido el mejoramiento de la supervisión, la rendición de cuentas y la administración, a menudo es una prioridad clave para los países que salen de conflictos. El desarrollo de estas y otras instituciones básicas es una tarea a largo plazo, que debe basarse en acuerdos políticos inclusivos para asegurar la legitimidad popular de las reformas. El Fondo para la Consolidación de la Paz de las Naciones Unidas Disponible en inglés (FCP)) apoya programas y proyectos en la esfera del estado de derecho en los países en que el análisis de los conflictos ha determinado que ese sector es una fuente de continuas tensiones o de un posible conflicto, o donde se deben restaurar las estructuras legítimas para resolver controversias jurídicas tras el restablecimiento de la paz. Como consecuencia, los proyectos de Fondo en esta esfera tienden a centrarse en la reforma jurídica y en el fortalecimiento de las instituciones judiciales nacionales y locales y la policía. El objetivo de ese apoyo es asegurar que las instituciones y entidades jurídicas sean eficaces, inclusivas y sometidas a leyes que se promulguen públicamente, se hagan cumplir por igual y se apliquen de manera independiente, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos. Se hace hincapié particular en el apoyo a los derechos humanos, entre otras cosas mediante la armonización de los marcos constitucionales, jurídicos y de políticas existentes; la educación y formación sobre derechos humanos; el fortalecimiento de la capacidad de los sistemas judiciales y de aplicación de la ley y el acceso a estos; la vigilancia y protección de los derechos humanos; y el apoyo a los mecanismos de justicia de transición. En la actualidad, el Fondo presta apoyo a proyectos relacionados con el estado de derecho en Burundi, Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Guatemala, Kirguistán, Liberia, Nepal y el Yemen.

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