Acceso a la justicia

El acceso a la justicia es un principio básico del estado de derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden hacer oír su voz, ejercer sus derechos, hacer frente a la discriminación o hacer que rindan cuentas los encargados de la adopción de decisiones. La Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho hizo hincapié en el derecho a la igualdad de acceso a la justicia para todos, incluidos los miembros de grupos vulnerables, y reafirmó el compromiso de los Estados Miembros de adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios y responsables que promovieran el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica (párrs. 14 y 15) . Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de las iniciativas de los Estados Miembros para asegurar el acceso a la justicia son un componente básico de la labor en la esfera del estado de derecho.

La administración de justicia debe ser imparcial y no discriminatoria. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros resaltaron que la independencia del sistema judicial, junto con su imparcialidad e integridad, es un requisito previo esencial para apoyar el estado de derecho y lograr que la justicia se administre sin discriminación (párr. 13).

Al fortalecer el acceso a la justicia, el sistema de las Naciones Unidas colabora con asociados nacionales para elaborar planes y programas estratégicos nacionales para la reforma de la justicia y la prestación de servicios. Las entidades de las Naciones Unidas prestan apoyo a los Estados Miembros en el fortalecimiento de la justicia en esferas como: la supervisión y la evaluación; el empoderamiento de los pobres y marginados para buscar recursos y reparaciones ante la injusticia; la mejora de la protección jurídica, la sensibilización jurídica y la asistencia letrada; la supervisión de la sociedad civil y parlamentaria; la respuesta ante desafíos en el sector de la justicia como la brutalidad policial, las condiciones inhumanas de encarcelamiento, los prolongados períodos de detención preventiva, así como la impunidad de los autores de violencia sexual y de género y otros delitos graves relacionados con conflictos; y el fortalecimiento de los vínculos entre las estructuras oficiales y oficiosas.

Uno de los principales obstáculos para el acceso a la justicia es el costo de la representación y el asesoramiento jurídicos. Los programas de asistencia letrada son un componente central de las estrategias para mejorar el acceso a la justicia. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias para prestar servicios justos, transparentes, eficaces, no discriminatorios, responsables y que promuevan el acceso a la justicia para todos, entre ellos la asistencia jurídica (párrs. 12 y 14). En diciembre de 2012, la Asamblea General aprobó por unanimidad los Principios y Directrices de las Naciones Unidas sobre el Acceso a la Asistencia Jurídica en los Sistemas de Justicia Penal (resolución 67/187), el primer instrumento internacional sobre el derecho a la asistencia jurídica. Los Principios y Directrices de las Naciones Unidas establecen normas mínimas para el derecho a la asistencia jurídica en los sistemas de justicia penal y ofrecen orientación práctica sobre el modo de garantizar el acceso a servicios eficaces de asistencia letrada en materia penal.

Las Naciones Unidas prestan asistencia en la elaboración y la reforma de las políticas y marcos nacionales sobre la asistencia jurídica, y apoyan el desarrollo de la capacidad de los agentes estatales y no estatales que prestan servicios de asistencia jurídica en asuntos civiles, penales y de familia. El sistema de las Naciones Unidas apoya también la prestación de asistencia jurídica mediante el fortalecimiento de la capacidad de los titulares de derechos, el fomento de los programas de asistencia jurídica para empoderar a los titulares de derechos, en particular los pobres y los grupos marginados, y el apoyo a la concienciación jurídica y a los centros de asistencia jurídica y campañas de divulgación pública. A fin de seguir contribuyendo a la base mundial de conocimientos sobre la asistencia jurídica, el sistema de las Naciones Unidas ha iniciado un Estudio Mundial sobre la Asistencia Jurídica a fin de reunir datos sobre la situación actual del acceso a los servicios de asistencia jurídica en todo el mundo.

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