La trata de personas es un delito serio y una violación grave de los derechos humanos, que constituye una amenaza para la seguridad nacional y menoscaba el desarrollo sostenible y el estado de derecho, como se reconoce en la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho (párr. 24).
El sistema de las Naciones Unidas ofrece ayuda práctica a los Estados para que elaboren leyes y creen estrategias nacionales amplias de lucha contra la trata de personas, y aporta recursos para aplicarlas. Los Estados reciben asistencia especializada, incluido el desarrollo de la capacidad local y conocimientos especializados, así como instrumentos prácticos con miras a fomentar la cooperación transfronteriza, las investigaciones y los enjuiciamientos. La aprobación en 2000 por la Asamblea General del Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños 
supuso un hito importante en los esfuerzos internacionales para poner fin a la trata de personas. En la actualidad, una gran mayoría de Estados ya han firmado y ratificado el Protocolo. Otras respuestas de las Naciones Unidas son el Grupo Interinstitucional de Coordinación contra la Trata de Personas y el el Grupo Mundial sobre Migración , establecido por la Asamblea General en su resolución 61/180 
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