Algunos de los mayores desafíos para la paz y la seguridad consisten en delitos que, si bien son cometidos en territorio nacional, trascienden las fronteras de los países y afectan a regiones enteras, y en definitiva, a la comunidad internacional en su conjunto. Se trata de un problema en constante evolución respecto al estado de derecho y la protección de los derechos humanos, y pone bien de manifiesto los firmes vínculos existentes con la paz y la seguridad.

El terrorismo genera violencia e inestabilidad, puede limitar la libertad de circulación, el acceso al empleo y las oportunidades educativas, degrada la calidad de vida y amenaza los derechos básicos de las personas, incluido el derecho a la vida y a la seguridad. El terrorismo representa una amenaza para la seguridad y la estabilidad y puede obstaculizar el desarrollo económico y social. Por su parte, en distintas zonas la delincuencia organizada transnacional amenaza la paz y la seguridad y obstaculiza el desarrollo económico y social de las sociedades de diversas partes del mundo. La Asamblea General y la Conferencia de las Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y los Protocolos Disponible en inglés que la complementan han recalcado las repercusiones negativas de la delincuencia organizada transnacional sobre los derechos humanos y el estado de derecho. En este contexto, la cooperación internacional, sobre la base de los principios de la responsabilidad compartida y de conformidad con el derecho internacional, es fundamental a fin de desmantelar redes ilícitas, como el tráfico de drogas y la trata de personas.

Los actos de piratería amenazan la seguridad marítima al poner en peligro, en particular, el bienestar de la gente de mar y la seguridad de la navegación y el comercio. Los ataques de los piratas pueden tener ramificaciones generalizadas, entre ellas prevenir la asistencia humanitaria y aumentar los costos de futuros envíos a las zonas afectadas, y socavan el estado de derecho. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 proporciona el marco para la represión de la piratería de conformidad con el derecho internacional.