La corrupción es un grave impedimento para el estado de derecho y el desarrollo sostenible. En la Declaración de la Reunión de Alto Nivel sobre el Estado de Derecho, los Estados Miembros reconocieron el impacto negativo de la corrupción, que obstaculiza el crecimiento económico y el desarrollo, socava la confianza pública, la legitimidad y la transparencia y entorpece la elaboración de leyes imparciales y eficaces, así como su administración, ejecución y aplicación (párr. 25). También destacaron la importancia del estado de derecho como elemento esencial para hacer frente a la corrupción.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
fue aprobada por la Asamblea General en su resolución 58/4 en 2003 y entró en vigor en diciembre de 2005. La Convención contra la Corrupción es el primer instrumento jurídicamente vinculante contra la corrupción. Presenta un conjunto amplio de normas, medidas y reglamentos que todos los Estados partes en la Convención deberían aplicar para fortalecer sus regímenes jurídicos y reglamentarios de lucha contra la corrupción. Las Naciones Unidas proporcionan asistencia a los Estados Miembros en la aplicación de la Convención, así como en el fortalecimiento de la capacidad para prevenir, detectar e investigar la corrupción, y poner en marcha programas para promover la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en materia de justicia penal e instituciones del estado de derecho.