D Í A D E L O S D E R E C H O S H U M A N O S 2 0 0 6
Folleto informativo 4
¿Compasión o deber?
La pobreza rara vez es accidental. Según se entiende hoy en día, la pobreza es a menudo resultado de elecciones de política entre otras razones. Las políticas públicas a nivel nacional e internacional con frecuencia ignoran o violan flagrantemente las normas esenciales para la reducción de la pobreza, incluso los derechos humanos. En diferente grado, todos los Estados han aceptado la obligación jurídica de garantizar que su población disfrute, entre otros, del derecho a la vida, a la libertad, a un nivel de vida adecuado, a la educación, al más alto nivel posible de salud física y mental, a la alimentación y a la vivienda. Se acepta que la realización de esos derechos llevará tiempo en los países más pobres. Pero también es evidente que los derechos humanos no son opcionales ni meras aspiraciones.
El vínculo entre la realización de los derechos humanos y la reducción de la pobreza es claro. Las obligaciones en materia de derechos humanos requieren que los gobiernos den prioridad al bienestar de su población. Y exigen que los gobiernos y las autoridades proscriban las causas fundamentales de la pobreza, a saber, la discriminación y las diferencias de trato entre los diferentes grupos. Todos los Estados han ratificado por lo menos uno de los siete tratados internacionales básicos de derechos humanos, y el 80% de ellos han ratificado cuatro o más. Un creciente número de países, incluso del mundo en desarrollo, han venido poniendo en práctica esas obligaciones en forma muy concreta, otorgando a los individuos la posibilidad de recurrir a los tribunales para exigir que el Estado sostenga su deber de garantizar una vida de dignidad y respeto por los derechos humanos para sus ciudadanos.
En Johanisburgo, Sudáfrica, alrededor de 300 personas que vivían en edificios supuestamente inseguros recientemente lograron obtener una orden judicial para impedir su desahucio por la autoridad municipal. Con arreglo a la Constitución sudafricana los individuos tienen un derecho constitucionalmente protegido a una vivienda adecuada. El Tribunal Supremo de Sudáfrica dictó un fallo en el sentido de que las 300 personas no podían ser desahuciadas de los edificios hasta que se les proveyera de otras viviendas adecuadas o la ciudad de Johanisburgo hubiera aplicado un programa amplio y coordinado para realizar progresivamente el derecho a una vivienda adecuada de los habitantes de la sección central superpoblada de la ciudad que se encuentran en situación de crisis o necesitan desesperadamente vivienda.
Al aprobar el Documento Final de la Cumbre Mundial 2005 los dirigentes mundiales resolvieron integrar los derechos humanos en las políticas nacionales. La responsabilidad primaria de proteger los derechos humanos corresponde a los gobiernos nacionales, pero otros estados, así como instituciones, también tienen la responsabilidad de actuar de acuerdo con las normas y principios internacionales de derechos humanos. Un estado que carezca de los medios para proteger eficazmente los derechos humanos básicos de su pueblo tiene la obligación de buscar activamente asistencia y cooperación internacionales. Igualmente, a los estados que estén en posición de prestar asistencia incumbe la responsabilidad de apoyar a otros estados con objeto de que puedan garantizar la protección adecuada de los derechos de sus poblaciones. A ese respecto, muchos de los países más ricos no están cumpliendo ese deber como corresponde. Deben estar a la altura de sus compromisos de asistir a los países màs pobres en la reducción de la pobreza. Al ritmo actual, los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se cumplirán para el plazo de 2015. Incluso donde probablemente se cumplan, pueden aún prevalecer enormes disparidades dentro de los países, violando compromisos jurídicos nacionales y amenazando la sostenibilidad de los beneficios obtenidos.
El deber mundial de luchar contra la pobreza
El principio consagrado en la Declaración del Milenio de que todos los países comparten la responsabilidad de reducir la pobreza a escala mundial, incluso si los países pobres deben tomar la delantera en la lucha contra las privaciones a nivel nacional, tiene amplia aceptación. No obstante, en general, no se han cumplido las condiciones para aumentar la eficacia de la ayuda en la lucha contra la pobreza. La ayuda no se ha suministrado en cantidad suficiente; no se ha entregado en base a una relación costo-eficacia lo suficientemente previsible y muchos países receptores no han creado las condiciones necesarias, incluso en materia de derechos humanos, para que la ayuda proporcione óptimos resultados.
El gran déficit de ayuda para financiar los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha de aumentar de 46.000 millones de dólares en 2006 a 52.000 millones de dólares en 2010. La brecha en la financiación es especialmente grande en lo que respecta a África al sur del Sahara, donde las corrientes de ayuda tendrán que duplicarse a través de cinco años para atender los costos estimados del logro de los Objetivos. Según el PNUD, si no se supera la brecha financiera mediante un aumento gradual de la ayuda, los gobiernos no podrán hacer las inversiones necesarias en salud, educación e infraestructura para mejorar el bienestar y apoyar la recuperación económica en la escala requerida para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Sin embargo, no se trata únicamente de la cantidad de ayuda sino también de su calidad. La falta de condiciones equitativas en el comercio internacional, especialmente en el comercio agrícola, también sigue siendo un grave impedimento que se opone a los esfuerzos de muchos países en desarrollo para eliminar la pobreza en su territorio.
La meta preponderante de los marcos de derechos humanos es la habilitación de los más débiles y más marginados, incluso los pobres. Los derechos humanos pueden ayudar a lograr y fortalecer su capacidad para reclamar derechos y aprovechar oportunidades. Cabe subrayar que muchos organismos multilaterales de desarrollo han venido integrando los derechos humanos en sus políticas y programas, especialmente los del sistema de las Naciones Unidas, con la aprobación de la concepción común de las Naciones Unidas del enfoque de la cooperación para el desarrollo basado en los derechos humanos. Un número cada vez mayor de países donantes también están integrando un enfoque de derechos humanos en sus actividades de cooperación para el desarrollo, incluidos Alemania, Dinamarca, Nueva Zelandia, Noruega, el Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros. Por ejemplo, el organismo de desarrollo suizo informa de que su labor está orientada por la convicción de que “el desarrollo sostenible, la reducción de la pobreza y la promoción de la prosperidad económica en los países en desarrollo sólo son posibles con una buena gobernanza y únicamente cuando la población interesada se responsabiliza de su propio futuro.” Varios bancos multilaterales y regionales de desarrollo reconocen cada vez más los aspectos de derechos humanos y la pertinencia de los derechos humanos en sus operaciones.
