16 de abril de 2021
Hace 75 años, la Corte Internacional de Justicia celebró su inauguración en una sesión solemne de apertura en el Palacio de la Paz de La Haya en presencia de la Princesa Juliana y el Príncipe Bernardo de Holanda, entre otros dignatarios. Ese mismo día, en Ginebra, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones adoptó una resolución por la que se disolvía la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI), predecesora de la Corte Internacional de Justicia. Así pues, esa fecha, el 18 de abril de 1946, marca la «cesión del testigo» de la adjudicación internacional a la nueva Corte, con perspectivas muy prometedoras como órgano judicial principal de la recién creada Organización de las Naciones Unidas.
La Corte Internacional de Justicia heredó de la CPJI no solo una rica jurisprudencia y su icónica sede, el Palacio de la Paz, sino también su apodo de «Corte Mundial». Este alias iba como anillo al dedo de este tribunal permanente con la función de resolver discrepancias entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas de todas las regiones y sobre cualquier tema. Los primeros Jueces de la Corte, que hicieron sus solemnes juramentos en la sesión inaugural, procedían de los cinco continentes.
No obstante, en un importante ámbito, la referencia a una Corte «Mundial» era errónea. Cuando se adoptó la Carta de las Naciones Unidas, más de 750 millones de personas, casi un tercio de la población mundial vivía en colonias y en territorios no autónomos. Un pequeño número de Estados fueron primordiales para la conclusión de importantes pactos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y para la arquitectura institucional que incluía la Corte Internacional de Justicia. Había 51 miembros en las Naciones Unidas en 1945. Representantes de 44 Estados participaron en el Comité de Juristas responsable de redactar el Estatuto de la Corte.
Mucho ha cambiado en los siguientes 75 años. En la actualidad, las Naciones Unidas cuenta con 193 Estados Miembros, cada uno de ellos con derecho de igualdad soberana en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Todos ellos contribuyen a la formación, interpretación y aplicación del derecho internacional y a la construcción y funcionamiento de sus instituciones. Los miembros contemporáneos de las Naciones Unidas son diferentes en muchos aspectos, entre ellos, cultura, idioma, tradiciones legales, sistemas políticas y niveles de desarrollo. Esta diversidad enriquece el campo del derecho internacional mientras, al mismo tiempo, complica la búsqueda de bases comunes para responder a los muchos desafíos a que se enfrenta el mundo.
La Corte Internacional de Justicia de nuestros días debe entenderse en este contexto. La fuerza de la Corte, medida en términos de la calidad de su jurisprudencia y la aceptada legitimidad de sus sentencias, reside en primera instancia en la selección de los Jueces que intachablemente desempeñan su labor en el Tribunal, procedentes de países de todas las regiones del mundo y formados en las más diversas tradiciones legales. Pero los miembros de la Corte no están solos a la hora de dar forma a las decisiones de este órgano. Escuchamos los argumentos de los agentes de los Estados y su consejo. Recibimos el apoyo de una pequeña, pero muy diligente Secretaría. Y tenemos el privilegio de recibir cada año a un grupo de 15 «Becarios Judiciales», sobre los que hablaré más extensamente.
Es un verdadero honor ocupar un asiento en el tribunal del Gran Salón de Justicia del espléndido Palacio de la Paz. Cada vez que miro a las delegaciones que representan a las partes, me llama la atención que su composición guarda mucho parecido con los grupos de personas que se reunieron en 1945 para redactar la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte. Muy pocos de los abogados proceden de países en desarrollo y, casi todos, independientemente de la nacionalidad, son hombres.
Es una situación inaceptable. Mientras hay muchos aspectos del derecho internacional sobre los que se puede esperar que los juristas de todos los partidos estén de acuerdo, debemos reconocer que no existe una respuesta única y homogénea a muchas cuestiones legales que surgen en disputas internacionales. Igual que cada persona puede aspirar a una perspectiva cosmopolita, todos nosotros debemos tener la humildad de apreciar que estamos moldeados por nuestras respectivas experiencias. Debemos buscar activamente perspectivas discrepantes y fomentar un intercambio abierto de ideas, especialmente con aquellos cuyos puntos de vista difieren de los nuestros.
Me he basado en estos ideales para guiar mi trabajo como Juez de la Corte Internacional de Justicia y ahora como su Presidente. En línea con este enfoque, le doy mucha importancia al Programa de Becas Judiciales de la Corte, que permite a los Jueces desempeñar un papel en el desarrollo de los futuros líderes del campo del derecho público internacional. Cada año, a través de este programa, la Corte selecciona a 15 recién graduados en derecho que hayan estudiado derecho público internacional para venir a la Corte a desarrollar su experiencia en este ámbito. A cada Juez se le asigna un Becario por un periodo de unos diez meses, durante los cuales asiste a audiencias públicas del tribunal, investiga y redacta memorandos sobre cuestiones de hecho y de derecho de casos pendientes y participa en otros aspectos del trabajo de la Corte. Además, los participantes tienen la oportunidad de formar parte de la próspera comunidad de La Haya de abogados internacionales, asistiendo a conferencias y participando en otros eventos relacionados con las muchas instituciones destacadas situadas en esta «Ciudad de la Paz y la Justicia».
Este programa, creado en 1999 cuando la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York ofreció como premio a cinco de sus antiguos alumnos que sirvieran como «pasantes universitarios» en el Tribunal, cambió posteriormente su nombre al de «Programa de Becas Judiciales» y ha atraído hasta la fecha a un número creciente de candidatos e instituciones patrocinadoras. Este año, por ejemplo, 29 instituciones diferentes propusieron a un total de 55 candidatos para los 15 puestos disponibles en la edición 2021-2022 del Programa.
Los Becarios Judiciales no son pasantes autofinanciados. Al contrario, la participación exige apoyo económico de la universidad patrocinadora, que se compromete a financiar el estipendio, el seguro sanitario y los gastos de viaje de los candidatos seleccionados. A lo largo de los años, la Corte ha observado claramente que la financiación que se exige a las instituciones patrocinadoras ha tenido un papel disuasorio para universidades con menos recursos, en particular, para las situadas en países en desarrollo, a la hora de nombrar candidatos. Mientras las universidades participantes de países desarrollados se han mostrado receptivas a las peticiones de miembros de la Corte de proponer a graduados de regiones infrarrepresentadas, el número de candidatos de estas zonas se ha mantenido demasiado bajo.
Por tanto, durante la Presidencia de mi predecesor, el Juez Abdulqawi Yusuf, la Corte propuso la creación de un fondo fiduciario para el Programa de Becas Judiciales. Gracias a los esfuerzos de un grupo central de Estados que representan a todas las regiones geopolíticas del mundo, 86 Estados Miembros copatrocinaron una resolución para solicitar al Secretario General de las Naciones Unidas que creara y administrara el fondo fiduciario, adoptada por consenso de la Asamblea General en diciembre de 2020.
De conformidad con la resolución 75/129 de la Asamblea, el fondo fiduciario financiará la participación en el Programa de Becas Judiciales de un número de candidatos seleccionados procedentes de países en desarrollo y patrocinados por universidades situadas en países en desarrollo. Mejorará la diversidad geográfica y lingüística de los participantes en el Programa y ofrecerá una oportunidad formativa a la que, de otra forma, estos jóvenes juristas no habrían podido acceder. Los Estados, las instituciones financieras internacionales, los organismos donantes, las organizaciones intergubernamentales, las organizaciones no gubernamentales y las personas físicas y jurídicas pueden hacer contribuciones financieras voluntarias al fondo, que será administrado por el Secretario General de las Naciones Unidas. Con el fin de preservar su imparcialidad e independencia, la Corte no se comprometerá con los Estados Miembros individuales a movilizar las contribuciones al fondo fiduciario, ni participará directamente en la administración de los recursos económicos recaudados.
Se están negociando algunos aspectos de la implementación del fondo fiduciario con la Secretaría de las Naciones Unidas en el momento de la redacción de este artículo. La Corte anhela la creación de mecanismos que permitan que se realicen contribuciones en los próximos meses, con la esperanza de que el fondo fiduciario se pueda utilizar para apoyar a candidatos competentes propuestos por las universidades elegibles en la próxima convocatoria, que se publicará en octubre de 2021.
He tenido la suerte durante mi tiempo en la Corte de conocer a muchos de los jóvenes abogados talentosos que han participado en el Programa de Becas Judiciales. Uno de mis mayores placeres es observar cómo progresan en sus carreras en derecho internacional. Resulta emocionante leer sus trabajos académicos y, más especialmente, verlos aparecer como abogados ante la Corte. Estoy entusiasmado tanto por las futuras contribuciones de este grupo como por la mayor diversidad que traerá el fondo fiduciario al Programa de Becas Judiciales.
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