La resistencia a la discriminación se remonta al origen del concepto de los derechos humanos. El rechazo a la diferenciación de las personas en función de su origen nacional, étnico o social, religión y sexo, como también la resistencia a la esclavitud, fue lo que caracterizó la historia de los derechos humanos. Desde la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional adoptó un marco integral para erradicar la discriminación racial, desde la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de 1965 hasta la Declaración y Programa de Acción de Durban de 2001. Dicho marco expresa claramente el programa común para la aplicación de los dos principios paralelos de igualdad y no discriminación.

En 2001, la comunidad internacional organizó en Durban (Sudáfrica) la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia para responder a la aparición y la persistencia de la discriminación en sus formas y manifestaciones contemporáneas más sutiles. Los participantes destacaron la profundidad histórica y cultural del racismo, y reconocieron las principales causas históricas de la discriminación racial. Evaluaron y estudiaron maneras de abordar las formas incipientes y contemporáneas del racismo, y se mostraron de acuerdo en que era necesario disponer de planes de acción nacionales, legislaciones nacionales más severas y más asistencia letrada para las víctimas de discriminación racial. Además, se subrayó la importancia de disponer de recursos apropiados y medidas de acción afirmativa para las víctimas, y se planteó una amplia variedad de medidas educativas y de sensibilización. También se previeron medidas para asegurar la igualdad en el empleo, la atención de la salud y el medio ambiente, junto con acciones para contrarrestar el racismo en los medios de difusión, incluida Internet. Todos estos elementos se incluyeron en una Declaración y Programa de Acción global y orientado a la acción que ofrece a la comunidad internacional una vía genuina para combatir la discriminación y un marco para el progreso.

Sin embargo, a pesar de disponer de un buen marco jurídico y buenas directrices, la comunidad internacional está lejos de vencer el mal del racismo, el cual extiende sus tentáculos de forma sutil y despiadada. Hay gran cantidad de información que documenta la lamentable ineficacia de las normas y los programas internacionales. Los datos que indican que hay un exceso de personas de ascendencia africana, minorías étnicas y religiosas e indígenas entre los detenidos y la población penitenciaria y entre los casos de muerte durante la detención, son alguna muestra de sus efectos limitados.

Observamos con verdadera preocupación que la policía, los fiscales y la judicatura son a menudo demasiado lentos en investigar y castigar los actos de discriminación racial, lo cual da lugar a la impunidad total o parcial de los autores. También somos conscientes de que muchas veces no hay recursos accesibles para que las víctimas obtengan compensación y se restituyan sus derechos. Si bien el derecho a la educación se reconoce universalmente, los niños indígenas, particularmente las niñas, no tienen acceso adecuado a ella. Las comunidades minoritarias son objeto de abusos en muchas partes del mundo y están cada vez más expuestas a medidas equivocadas de lucha contra el terrorismo. Las múltiples dimensiones de la discriminación, que abarcan motivos como el sexo, la raza y la religión, también tienen efectos devastadores en los derechos de los migrantes. La interacción de los distintos motivos de discriminación genera modelos de exclusión, desventajas y abusos relacionados entre sí, que afectan a todas las esferas de la vida pública, desde las condiciones en el lugar de trabajo hasta el acceso a los servicios sociales, la justicia, la educación, la vivienda, la atención de la salud y la participación en los procesos de adopción de decisiones.

Todas esas cuestiones se fundamentan en una desconfianza arraigada hacia lo diferente. La discriminación, la exclusión y la desigualdad reflejan identidades e intereses estructurados socialmente que, según las circunstancias, se basan en aspectos como el sexo, la raza, el color, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento u otra condición. Éstos siguen desencadenando todo tipo de prejuicios. El racismo y las opiniones xenófobas están muy cerca de adquirir legitimidad y vigor renovados cuando se invocan para apoyar plataformas políticas reaccionarias dirigidas a enardecer a la opinión pública en contra de los migrantes, los que buscan asilo y las minorías.

El Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia determinó que una causa importante del resurgimiento de la violencia racista y xenófoba era la resistencia intelectual y política al multiculturalismo y su conflicto con identidades nacionales antiguas. Este rechazo a la diversidad es un factor importante en el aumento del racismo y la xenofobia, y se manifiesta cada vez más con la intolerancia, e incluso la represión, de los símbolos y expresiones culturales que revelan la identidad de diversas comunidades étnicas, culturales y religiosas. El resurgimiento del antisemitismo y la retórica antiislámica es motivo de especial preocupación.

Para erradicar esas prácticas detestables, es imperativo corregir los desequilibrios que afectan a grupos marginados y vulnerables con intervenciones amplias, que enfrenten los múltiples aspectos que caracterizan la exclusión, y con reformas de la administración de justicia para acabar con las desigualdades. La exclusión social, en su sentido amplio, puede definirse como la incapacidad de una persona para participar en la base política, social y económica de la sociedad en que vive. En el centro de todos esos aspectos se halla el problema de la pobreza, que encierra a millones de personas en un ciclo de persistente exclusión y marginación.

Es necesario establecer urgentemente formas de facilitar la inclusión de grupos marginados en todos los aspectos políticos, económicos, sociales y culturales de la sociedad con el fin de lograr la realización de los derechos humanos, como se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos. Un enfoque basado en los derechos es la estrategia hacia el logro de la inclusión social plena. Los principios de los derechos humanos guían la programación en todos los sectores, desde la salud, la educación y la gobernanza, hasta la nutrición, el agua y el saneamiento, el VIH/SIDA, el empleo y las relaciones laborales, y la seguridad social y económica. Las políticas de inclusión social repercuten directamente en el bienestar de las personas y deberían desempeñar un papel decisivo en la reducción de la pobreza, la promoción del crecimiento y el fomento de la estabilidad y la cohesión sociales. El estigma y la discriminación deben contrarrestarse con leyes y medidas de acción afirmativas. En primer lugar, es esencial tener marcos jurídicos contra la discriminación, pero también es importante asegurar la aplicación de esos instrumentos y el conocimiento de su existencia. En segundo lugar, y tal vez lo más importante, están las medidas para aumentar la participación y el peso político de los grupos excluidos en el programa nacional, con el fin de combatir estereotipos y prejuicios, y promover la solidaridad, la cohesión social y una cultura de tolerancia y aceptación de la diversidad.

También es importante combatir todas las formas de intolerancia celebrando la diversidad y las diferencias que enriquecen a la especie humana. Pero debemos trabajar para reducir las diferencias que han sido impuestas en vez de elegidas, que hablan de privación en vez de satisfacción, y que alimentan el discurso xenófobo sobre el mérito relativo de las personas basado en atributos estereotipados vinculados a su raza, religión u origen étnico. Sobre todo, debemos asegurar que no se conceda ninguna legitimidad a la retórica racista. Al promover la tolerancia y un mejor entendimiento entre las comunidades y dentro de ellas, el conocimiento nos aleja de la arbitrariedad y el prejuicio y nos permite respetar y apreciar otras culturas, religiones y tradiciones. La educación es sobre todo el mejor instrumento de empoderamiento, y deberíamos asegurarnos de que todo su potencial esté al alcance de los que pueden ser objeto de intolerancia violenta, en parte debido a su impotencia.

Otras medidas similares de empoderamiento requieren medidas específicas a nivel local y a veces incluso a nivel comunitario. La protección de todas las minorías y los derechos de los pueblos indígenas, los migrantes y los refugiados son especialmente importantes en este contexto. El acceso a la justicia es vital. Las instituciones del Estado, incluida la administración de justicia, deben prestar atención especial a sus propias ideas estereotipadas y deben cuestionar algunas de sus prácticas, que podrían ser discriminatorias, incluso cuando no tengan intención discriminatoria. Necesitamos un enfoque común para erradicar la discriminación racial y necesitamos un programa común. Afortunadamente, tenemos uno: la Declaración y Programa de Acción de Durban no sólo registra el compromiso solemne de los Estados de trabajar de consuno, sino que también ofrece un programa funcional común contra el racismo.

Los Estados Miembros tienen la responsabilidad principal de asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad y la no discriminación. Su participación en la elaboración del programa de lucha contra la discriminación establecido por la Conferencia Mundial de 2001 generó expectativas que sólo pueden cumplirse mediante una acción determinada y cooperativa. El verdadero éxito de la Conferencia debe medirse con la ejecución de la Declaración y Programa de Acción de Durban. Para evaluar dicho progreso, las Naciones Unidas han pedido que se celebre una Conferencia de Examen de Durban, que tendrá lugar en 2009.

La Conferencia de Examen debería ser una plataforma que ofrezca a todas las partes interesadas, desde los Estados Miembros hasta las organizaciones de la sociedad civil, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, la oportunidad de renovar su determinación y sus compromisos para luchar contra el flagelo del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. Debería ser un foro de reflexión sobre las acciones que habría que emprender para ejecutar eficazmente el programa de lucha contra la discriminación. También debería ser una oportunidad para que la comunidad internacional detecte y trate de resolver, una a una, las razones por las que, a pesar de la existencia de buenos programas y leyes, no hayamos progresado considerablemente en la erradicación de las prácticas generadas por la intolerancia racial, y adopte soluciones concretas y prácticas del problema.