20 de febrero de 2022

Seguramente no exista nada peor que referirse a una política, una sociedad o una institución como injusta. Pero ¿cuáles son los criterios que empleamos para determinar que algo es injusto? O, por decirlo de otra forma, ¿cuál es el concepto de justicia que nos lleva a señalar algo y decir que es, o no, una muestra de justicia? ¿Y cuál es la respuesta social necesaria frente a algo que se considera injusto? Aunque estas son preguntas complicadas que se podrían analizar en seminarios académicos de filosofía, desde hace más de dos años, términos como “justicia sanitaria”, “justicia social” y “justicia mundial” han aparecido en repetidas ocasiones en las noticias y las publicaciones de los medios sociales que tratan sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Incluso algunos políticos, responsables de políticas y funcionarios de las Naciones Unidas han empleado dichos términos.

Al mismo tiempo, cabe destacar que muchas personas e instituciones que han desempeñado funciones importantes a la hora de formular respuestas nacionales y mundiales a la pandemia se las han arreglado para no utilizar nunca la palabra “justicia” y han evitado en gran medida conceptos conexos como los derechos, la equidad y la imparcialidad. 

¿Cómo no va a ser la justicia fundamental para que entendamos lo que todas las personas de este planeta han estado viviendo en los últimos dos años? Cada uno de nosotros nos hemos visto afectados de forma negativa, sobre todo por la aparición de un nuevo riesgo para nuestra salud y, potencialmente, para nuestra vida. Hemos presenciado errores catastróficos de muchos dirigentes políticos y responsables de organizaciones, de instituciones nacionales e internacionales, así como una estimación actual de más de 23 millones de fallecimientos adicionales relacionados con la pandemia. 

En lugar de contemplar la COVID-19 como una tragedia o un desastre natural, resulta complicado a la par que necesario entender la pandemia como un reflejo de la injusticia social a gran escala en todo el mundo. Esta concepción pone de relieve la función de las acciones sociales y la desatención en múltiples dimensiones de la COVID-19, entre las que se incluyen las causas de la propagación de la enfermedad, los niveles y los patrones de distribución del perjuicio entre los países y dentro de ellos, las diferentes experiencias en relación con la enfermedad, las desigualdades en los resultados de los tratamientos, las consecuencias no relacionadas con la salud, entre otras.

Como muchos ya han manifestado, esta está lejos de ser la peor pandemia de una enfermedad infecciosa. No obstante, las diferentes medidas sociales y la desatención han derivado en millones de fallecimientos y un mayor sufrimiento psicológico y físico; han supuesto una carga desproporcionada para las personas más pobres, las minorías sociales y las niñas y mujeres; han agravado la desigualdad social y la división; han borrado decenios de progreso en materia de desarrollo social; han alimentado la corrupción hasta unos niveles sin igual, y mucho más. 

El reconocimiento de las injusticias sociales en torno a la pandemia también supone una gran oportunidad para comprender los vínculos de larga data que existen entre la justicia sanitaria, social y mundial.

Justicia sanitaria

Uno de los aspectos mundialmente reconocidos de la injusticia sanitaria es el acceso limitado a la atención en materia de salud, en particular a las vacunas contra la COVID-19. Actualmente, más de 3.000 millones de personas todavía no han recibido la primera dosis de la vacuna, muchas de las cuales viven fuera de los países de renta alta. En el grupo de países más pobres, únicamente en torno al 4 % de la población está completamente vacunada. Esta diferencia en los niveles de vacunación es una consecuencia directa de que los países más ricos hayan comprado y acumulado más dosis de las que necesitaban. No obstante, al margen de las vacunas, desde los primeros días de la pandemia ha habido un suministro limitado de respiradores, equipos de protección personal (EPP), bombonas de oxígeno, camas de hospital y tratamientos entre los países y dentro de ellos. Algunos países requisaron suministros mundiales de este tipo de bienes en beneficio de sus propios ciudadanos. 

Ante esta situación de escasez, en muchos países, aquellas personas que podían recurrir a sus contactos personales o permitirse pagar comisiones desorbitadas fueron capaces de adquirir lo que necesitaban, mientras que otras no lo consiguieron. Incluso en países en los que el acceso a la atención sanitaria está garantizado, se dio prioridad a los pacientes en función de burdos criterios como la edad cronológica. Es decir, no fueron las personas que necesitaban camas de cuidados intensivos o determinados medicamentos las que más los recibieron, sino las personas más jóvenes y sanas. Dentro de unos años, miraremos atrás horrorizados al ver cómo nuestra desatención y nuestras medidas sociales permitieron que millones de personas de edad y personas más vulnerables físicamente de nuestras sociedades enfermasen y muriesen.

La justicia y los factores determinantes de enfermedad y muerte

La indignación que propició las protestas por la muerte de George Floyd en mayo de 2020 surgió ante las injusticias o la violencia estructural que las personas negras en los Estados Unidos y en todo el mundo soportan y debido a las cuales mueren a diario. Asimismo, también ha aflorado la ira por las injusticias sociales que subyacen tras la propagación de enfermedades como la COVID-19 y que llevan a las personas negras y otras minorías a acudir a los hospitales para recibir atención. Estas injusticias se ven agravadas dentro de los hospitales cuando no se otorga prioridad a la atención de estas personas, ya que se considera que no se benefician tanto como otras debido a sus problemas de salud subyacentes. Además, existe un problema real de racismo en la prestación de atención sanitaria y la provisión de financiación, pero también, cada vez más, en las tecnologías digitales y los algoritmos conexos que afectan a numerosos aspectos de nuestras vidas. 

Si bien a algunas personas les puede resultar complicado reconocer la injusticia social como causa de enfermedad y muerte, es posible que, a raíz de la pandemia de COVID-19, sean capaces de reconocer que la protección de la salud de una persona requiere mucho más que la atención sanitaria tradicional. Millones, si no miles de millones de personas en todo el mundo han pasado tiempo en sus casas durante los confinamientos para protegerse de una infección y una enfermedad potencialmente mortal. Para ello, era necesario que tuvieran una vivienda digna, agua y saneamiento, electricidad, teléfono y acceso a Internet, y dinero, entre otras cosas. Muchas entidades gubernamentales garantizaron que los servicios públicos siguieran funcionando y que las tiendas de alimentación se mantuvieran abiertas, e incluso prestaron apoyo financiero a las personas y las empresas. Estas condiciones permitieron que algunas personas y familias evitasen enfermar, mientras que la falta de esta protección y este apoyo ha provocado que millones de personas enfermasen y falleciesen durante la pandemia. La distribución desigual del apoyo y los servicios con fines no médicos durante las épocas no pandémicas genera desigualdades en materia de salud en nuestras sociedades.  

Salud y orden mundiales

La pandemia ha hecho que reconozcamos más que nuestra salud no solo se ve afectada por factores internos, sino que está interrelacionada con el funcionamiento de otras sociedades y la salud de otras personas que se encuentran tanto cerca como lejos. El hecho de garantizar que todas las personas de todos los países tengan acceso a atención sanitaria puede ayudar a proteger la salud de todos. No obstante, un modo de proceder más relevante y eficaz consiste en cambiar las circunstancias que propician la aparición de enfermedades nuevas y prevenibles y muertes prematuras. Estas circunstancias están profundamente condicionadas por nuestro orden internacional.

El orden internacional actual, que está compuesto por instituciones, prácticas, normas y otros elementos, no es favorable para nuestra salud. La pandemia es un ejemplo espantoso de cómo este orden no aborda el problema de la salud como una grave preocupación, o no con la misma seriedad con la que aborda otras cuestiones en materia de seguridad y finanzas. Se ciñe al Estado nación como agente principal, con relaciones de poder desiguales integradas en organizaciones internacionales, mientras que algunos agentes no estatales han adquirido más poder y tienen una mayor influencia en la salud de la población que los Estados. 

Independientemente de si se refleja en esta pandemia o en lo que no se ha logrado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y hasta ahora en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), nuestro actual orden mundial no está a la altura de la tarea de mejorar las condiciones necesarias para garantizar la buena salud de la mayoría de los habitantes del mundo, especialmente los más pobres y vulnerables. De hecho, tal y como han señalado muchas personas dedicadas al estudio de la globalización y la salud, el orden internacional actual está obstaculizando estas iniciativas.

Sin embargo, nos encontramos en un punto en el que todos los dirigentes y burócratas de los países y del mundo pueden apreciar de manera fácil y personal la importancia de la salud, el acceso a la atención sanitaria y las condiciones sociales que causan enfermedades y protegen la salud. Si un número razonable de dirigentes reconociera que todas las naciones y la comunidad internacional deben trabajar para crear las circunstancias que permitan a todos, y no solo a unos pocos privilegiados, tener una buena salud, este sería un extraordinario resultado de la pandemia de COVID-19, y nos ayudaría a avanzar hacia un mundo más justo.

 

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