Está cobrando impulso un movimiento para poner fin a la violación más generalizada, pero menos reconocida, de los derechos humanos en el mundo: la violencia contra las mujeres. Los estudios indican que el 70% de las mujeres sufren algún tipo de violencia física o sexual durante la vida. En todas partes, las comunidades, la sociedad civil y los gobiernos se están movilizando para poner fin a prácticas que atentan contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las mujeres y que resultan perjudiciales a la sociedad en su conjunto. El sistema de las Naciones Unidas trabaja de consuno para respaldar a sus asociados en ese empeño.

Red de hombres líderes


El 24 de noviembre de 2009, el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció la creación de la Red de hombres líderes que han asumido públicamente el compromiso de poner fin a la violencia contra la mujer. La Red cuenta entre sus miembros a Paulo Coelho, novelista brasileño, José Luis Rodríguez Zapatero, Primer Ministro de España, Ricardo Lagos, ex Presidente de Chile, el arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica, Premio Nobel de la Paz, y muchos otros hombres distinguidos que sumarán sus voces al coro mundial, cada vez más nutrido, que clama porque se adopten medidas al respecto.

Esta nueva red forma parte de la campaña del Secretario General "Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres", iniciada en 2008, que impulsa la adopción de medidas en este ámbito en todo el sistema de las Naciones Unidas y en el mundo entero. La campaña insta a todos los países a promulgar leyes firmes, formular planes de acción multisectoriales, adoptar medidas preventivas, reunir datos y emprender iniciativas sistemáticas para enfrentar la violencia contra las mujeres y las niñas, a más tardar para 2015. Se trata de un esfuerzo conjunto del sistema de las Naciones Unidas para impulsar acciones concretas, aprovechando la labor emprendida por grupos de mujeres en muchos países.

A lo largo de los años hemos sido testigos de iniciativas cada vez más intensas de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de mujeres, los grupos comunitarios y otras redes para poner fin a la violencia contra la mujer. Hoy día se entienden mejor la naturaleza y el alcance de la violencia y sus efectos en las mujeres y la sociedad. Asimismo, se han establecido marcos jurídicos y normativos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, queda mucho más por hacer para poner fin a la impunidad y cambiar las actitudes discriminatorias que permiten que esa violencia persista.

Hasta el día de hoy, la violencia contra las mujeres sigue en gran medida oculta, amparada por una cultura de silencio. Una de cada tres mujeres ha sido golpeada o forzada a mantener relaciones sexuales, o ha sufrido algún otro tipo de atropello, por lo general por alguien que conoce. Esa violencia vulnera los derechos humanos, socava el desarrollo, genera inestabilidad y hace más difícil alcanzar la paz. Hay que hacer responsables a los autores de esos ultrajes y escuchar y apoyar a las víctimas.

La campaña "Unidos para poner fin a la violencia contra las mujeres" y muchas otras iniciativas están rompiendo el silencio que rodea a este problema y consiguiendo que la violencia contra las mujeres no se considere una cuestión que sólo compete a la mujer, sino una cuestión política, social, económica y cultural que merece una respuesta integral.


10 Países piloto


Las Naciones Unidas, con sus amplios mandatos y sus entidades diversas, están bien equipadas para prestar apoyo a una respuesta integral, con un respaldo político firme y recursos financieros adecuados. Como parte de sus iniciativas en curso, el sistema de las Naciones Unidas ha seleccionado a 10 países piloto para dar una respuesta coordinada e intersectorial. En estos países se han establecido programas conjuntos sobre la base de una evaluación minuciosa de las iniciativas y la capacidad existentes, sobre todo en las esferas del derecho, la prestación de servicios, la prevención y la reunión de datos. También hay iniciativas en curso en muchos otros países. Además de los programas de las Naciones Unidas, el Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas en apoyo de las medidas para eliminar la violencia contra la mujer ha distribuido más de 44 millones de dólares entre casi 300 iniciativas dirigidas por los gobiernos, la sociedad civil y las autoridades locales en 119 países y territorios.

La organización que yo dirijo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, participa activamente en estas iniciativas, prestando apoyo a los países en que se desarrollan programas piloto y también a otros: en Indonesia y Honduras, por ejemplo, se ha capacitado a la fuerza de policía y las organizaciones religiosas para que respondan con sensibilidad a los casos de violencia contra las mujeres; en Guatemala se han logrado progresos con solo mejorar la coordinación y la sinergia entre el gobierno nacional y las autoridades locales; en la India y Nepal, los asociados nacionales trabajaron juntos para institucionalizar una respuesta, utilizando el sistema de salud como punto de partida; y en Camboya, se promulgó en 2007 una ley nacional para enfrentar la violencia doméstica. Hoy día, el plan de desarrollo nacional de ese país contempla la necesidad de hacer frente a la violencia por razones de género, para lo cual incluye un indicador de la violencia doméstica que permite seguir los progresos logrados en el cumplimiento del Tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio: promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer.

A nivel mundial, las Naciones Unidas están fortaleciendo la recopilación y el análisis de información para supervisar los progresos y detectar las deficiencias en los países. En 2009 se creó una base de datos sobre la violencia contra la mujer, que es el primer centro mundial de acopio de información sobre las medidas adoptadas por los Estados Miembros para combatir la violencia contra la mujer. También ayudará a detectar prácticas prometedoras que sirvan para combatir la impunidad y poner fin a las actitudes y los estereotipos que permiten o condonan la violencia.

Las Naciones Unidas también están a punto de efectuar cambios importantes en su estructura de género interna. Las propuestas que se debaten en la Asamblea General piden que se sustituyan varias estructuras actuales por una sola entidad dinámica de las Naciones Unidas que refuerce considerablemente nuestra labor para promover la igualdad entre los géneros y enfrentar la violencia contra las niñas y las mujeres. Esto reviste particular importancia en los casos de conflicto, en que los cuerpos de las mujeres a menudo se convierten en campos de batalla y se recurre a la violación como un arma de guerra para humillar, dominar o dislocar los vínculos sociales.


Una respuesta de seguridad


En su resolución 1325, aprobada en 2000, el Consejo de Seguridad abordó por primera vez los efectos de la guerra para las mujeres, y subrayó la importancia de incluir a las mujeres en la solución de los conflictos y el papel fundamental que éstas desempeñan en la consolidación de la paz. La resolución 1325 se ha traducido a más de 100 idiomas. Ocho años después, el Consejo de Seguridad reconoció, en su resolución 1820, que la violencia sexual constituye una cuestión de seguridad y exige, por tanto, una respuesta de seguridad. En 2009, el Consejo de Seguridad profundizó el concepto de la rendición de cuentas con respecto a las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto armado mediante la aprobación de las resoluciones 1888 y 1889, que fortalecen la protección de la mujer y abordan el problema de su exclusión de las iniciativas de consolidación de la paz después de los conflictos. El Consejo de Seguridad también pidió al Secretario General de las Naciones Unidas que nombrara a un Representante Especial que asumiera un liderazgo coherente y estratégico para tratar la cuestión.

Todas estas resoluciones proveen un marco sólido para propiciar la participación de la mujer en la solución de los conflictos y en el establecimiento y consolidación de la paz, proteger su salud sexual y reproductiva, impedir la violencia en su contra en las situaciones de conflicto y protegerla en los casos en que sea víctima de actos de violencia. La campaña "No más violaciones: medidas de las Naciones Unidas para acabar con la violencia sexual en situaciones de conflicto" también está impulsando la adopción de medidas a este respecto. Asimismo, ha aumentado el número de iniciativas comunitarias promovidas por la sociedad civil, las instituciones gubernamentales y otros asociados que se pronuncian contra la violencia ejercida contra las mujeres en situaciones de conflicto.

Me siento alentada por todas estas iniciativas pero soy consciente de la apremiante necesidad de hacer más. Es necesario asignar una mayor prioridad a la lucha para poner fin a la violencia contra la mujer en todos los niveles, y esto incluye redoblar los esfuerzos para apoyar las intervenciones comunitarias. Se requiere un compromiso político aún más sólido y un aumento sustancial de los recursos. Hace más de sesenta años, los fundadores de las Naciones Unidas reafirmaron su fe en "Nosotros los pueblos", en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Eliminar la violencia contra las mujeres es un paso crucial para alcanzar este objetivo. No es una cuestión que competa exclusivamente a las mujeres. Es una cuestión que compete a todos: los hombres y los niños, las familias, las comunidades. Se trata de un desafío a la vez mundial y nacional. Convirtiendo lo usual en inusual, lo aceptable en inaceptable, la impunidad en justicia, el sufrimiento en apoyo, hemos de construir un mundo en que la violencia contra las mujeres sea cosa del pasado.


1 Burkina Faso, Chile, Fiji, Filipinas, Jamaica, Jordania, Kirguistán, el Paraguay, Rwanda y el Yemen.