No existe la menor duda de que América Latina está orientada a satisfacer su compromiso de reducir a la mitad la tasa máxima de la pobreza de 1990 para la fecha objetivo de 2015. Las estimaciones más recientes efectuadas por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) muestran que unos 14 millones de latinoamericanos escaparon de la pobreza en 2006 y otros 10 millones han dejado de ser indigentes. El número de pobres sigue representando el 36 por ciento de la población (194 millones) y los que viven en situación de indigentes el 13,4 por ciento (71 millones); durante 2007; estas cifras es probable que se reduzcan a 190 millones y a 69 millones, respectivamente. Por primera vez desde 1990 el número total de personas que viven en la pobreza en la región se ha reducido a menos de 200 millones.
Sin embargo, estas cifras merecen ser objeto de un análisis meticuloso. Por término medio, América Latina está en el 87 por ciento del camino para alcanzar el primer objetivo de desarrollo del Milenio (ODM 1) de reducir a la mitad la tasa de pobreza extrema de 1990 para el año 2015. Sin embargo, los niveles de pobreza son elevados si se consideran en función de la capacidad potencial de América Latina, que sólo recientemente ha recuperado los niveles que registró anteriormente con respecto a la crisis de la deuda que debilitó a la región durante el decenio de 1980. Además, la tasa de progreso difiere considerablemente de un país a otro. De los 17 países sobre los que la CEPAL tiene datos, sólo cuatro -- el Brasil, Chile, Ecuador (sólo las zonas urbanas) y México -- han alcanzado la meta del ODM; cinco -- Colombia, El Salvador, Panamá, el Perú y Venezuela -- están en buen camino; y ocho -- la Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Uruguay -- están retrasados.
El cumplimiento de los ODM con respecto al hambre y a la desnutrición en toda América Latina y el Caribe demuestra una pauta similar. Desde 2001 se han observado progresos en la lucha contra la desnutrición -- el 48 por ciento de la meta objetivo -- , pero las cifras correspondientes a toda la región ocultan considerables disparidades entre los países y no aportan una base para efectuar una evaluación precisa de los progresos individuales. Cinco países superan actualmente la meta para 2015 y ocho han progresado más allá del objetivo a plazo medio. Sin embargo, los países restantes muestran menos progresos de lo previsto y para alcanzar las metas deben incrementar el suministro de alimentos y mejorar la accesibilidad a índices considerablemente superiores a los alcanzados en el pasado. La región en conjunto parece probable que alcance la meta relativa al número de niños con peso insuficiente de menos de cinco años. Su índice de progreso medio de los niños con peso superior a la media corresponde al 54 por ciento, pero la situación entre los países y dentro de ellos varía considerablemente. Cinco Estados muestran un progreso insuficiente y tres países comunican retrocesos importantes; los restantes, sin embargo, alcanzan o superan las metas establecidas. Con excepción de retrocesos económicos importantes, desastres naturales o la interrupción de políticas y programas actuales, podemos confiar en que esos países alcanzarán esta meta.
El examen de los progresos alcanzados con las metas de los ODM en lo que se refiere a la reducción de la pobreza en toda la región nos invita a examinar las fuerzas que explican estos resultados. Del lado positivo, podemos destacar las formas en que algunos países se han beneficiado de la creación de empleo a raíz de la recuperación de la estabilidad económica en el 2003. Podemos asimismo señalar la importancia de la disminución de la proporción de dependencia demográfica (el número de personas dependientes en relación con el número de empleados por familia) que es característica de la etapa actual de transición demográfica de la región. Las transferencias monetarias, con inclusión de las subvenciones en efectivo, las prestaciones de las pensiones y las remesas, contribuyen a explicar los diferentes resultados entre los países. Otro aspecto importante es el de las variaciones en los ingresos medios, que se han reducido en varios países, tendencia que sugiere que, en gran medida, el aumento del empleo no es sinónimo de un mejoramiento del empleo. Esta reducción en los ingresos, unida a la inversión futura de la relación de dependencia demográfica actual como resultado del envejecimiento de la población, pone claramente de manifiesto que la creación de un empleo de calidad mediante el desarrollo de la competitividad y la productividad es la principal dificultad que afronta América Latina para alcanzar sus metas de reducción de la pobreza. La importancia del gasto social público y la función que desempeña en el desarrollo institucional de las políticas sociales en general, y de las políticas de reducción de la pobreza en particular, no debe subestimarse. Como consecuencia de las políticas de ajuste económico adoptadas en respuesta a la crisis de la deuda, en la región se están produciendo fuertes reducciones en los gastos sociales públicos como porcentaje del producto interno bruto (PIB). Pero esos gastos han aumentado en el 50 por ciento per cápita desde 1990. Teniendo en cuenta las variaciones entre países, el gasto social público global había alcanzado el 16 por ciento del PIB en el año 2002 y se ha mantenido próximo a ese nivel desde entonces. El aumento del gasto social público como porcentaje del PIB entre 2003 y 2007 se está produciendo en un momento en el que el PIB per cápita ha aumentado en más del 3 por ciento al año. Numerosos países disfrutan ahora de las condiciones necesarias tanto para garantizar una estabilidad macroeconómica como para ampliar el gasto social que puede contribuir a proteger a sus ciudadanos frente a los riesgos relacionados con el desempleo y la pobreza.
Mas algunas palabras de cautela están justificadas. A pesar de su repercusión en la reducción de la pobreza y en la redistribución de los ingresos, el nivel actual de gastos sociales públicos en América Latina es insuficiente para compensar la enorme desigualdad generada por las diferencias en las fuentes de ingresos primarios. La repercusión distributiva del gasto social público también varía en función de su composición por sector -- seguridad social, educación, salud, asistencia, social, vivienda -- y la extensión de la cobertura. Estos factores responden a presupuestos y a instituciones establecidos que son difíciles de modificar, y no a la estructura cambiante de las necesidades sociales y de los ciudadanos. Además, estos aspectos son procíclicamente administrados, obstaculizando la aplicación de un sistema de seguridad social estable para la mayor parte de la población vulnerable.
En conclusión, nos atenemos a las recomendaciones del período de sesiones bianual más reciente de la CEPAL, celebrado en 2006 en Montevideo, Uruguay: para proseguir nuestra lucha contra la pobreza, debemos promover un pacto social que no sólo garantice recursos para las políticas sociales en condiciones macroeconómicas sostenibles, sino que también -- y ello es más importante -- asigne esos recursos a un sistema de protección social global en el que los derechos sociales, económicos y culturales constituyan el horizonte normativo para hacer frente a las desigualdades existentes y a las restricciones presupuestarias, mediante una combinación de mecanismos de financiación contributivos y no contributivos. Referencias
CEPAL, Dando forma al futuro de la protección social: acceso, financiación y solidaridad. Santiago, Chile, 2006
CEPAL, Panorama social, 2007. Santiago, Chile, 2007
**Construcción de un paso superior de una línea de metro en la ciudad de México. Para que los países más pobres obtengan el dinero que necesitan para mejorar de manera significativa las vidas de su población, deben encontrar mercados no sólo para sus materias primas, sino también para sus productos manufacturados. En consecuencia, los sistemas adecuados de transporte y comunicaciones son fundamentales para el transporte de mercancías, así como de personas.